La “solución” al problema de los niños de la calle

Un fiscal de la República pidió hace un par de semanas a un juzgado que el organismo estatal responsable de velar por los derechos de los niños en este país se hiciera cargo de los menores que viven en la calle. Conmovida por el descubrimiento de que entre 3.000 y 4.000 niños uruguayos encontraron en la calle una forma de supervivencia acaso menos penosa que la que padecían en sus “hogares”, la jueza ante la que se hizo la demanda dispuso que el INAU emprendiera la piadosa y civilizada tarea de barrer a los menores de las plazas y avenidas de Montevideo y los internara en instituciones del Estado.

Es cierto que el número de infantes que se buscan la vida en las calles de este país es irrisorio en comparación con el de cualquier otro país latinoamericano, y que la obligación del INAU es velar por los derechos y la salud de los menores. Pero eso no supone que la decisión judicial pueda cumplirse sin más. Si los problemas sociales se resolvieran con la misma prontitud con la que un juez estampa una firma sobre un papel con la leyenda “comuníquese y cúmplase”, viviríamos en el paraíso terrenal.

El fallo de la jueza bien podría tomarse como un ejemplo de las ilusiones que anidan en el alma de algunos burócratas y que desgraciadamente muchos ciudadanos han asumido como verdad indiscutible. Se trata de la idea de que todos los problemas tienen una solución (administrativa, jurídica, económica) más o menos rápida, que alguien debería aplicar pero no aplica: el sentido común indica que si algo va mal, alguien tiene que tener la culpa. La versión más sofisticada viene a decir que todos los males de este mundo residen en la ausencia de ”voluntad política” para resolverlos. Como si la “voluntad política” fuera una virtud personal que le es dada a unos (la mayoría inocente e impotente) y negada a otros (los que para colmo toman las decisiones por todos nosotros).

Influida quizá por la teoría de la falta de voluntad política, la jueza Graciela Barcelona le dio al INAU un plazo de 90 días (sí, 90 días) para sacar a todos los niños de las calles… porque de eso se trata en este fallo, de sacar a los niños de la calle, no de empezar a terminar con las causas que “producen” niños de la calle, un asunto que naturalmente no depende de la buena voluntad de una jueza y que llevaría mucho más tiempo que el que las urgencias de los políticos están dispuestos a invertir.

He aquí lo que se dice una “solución” expeditiva: tres meses para resolver lo que gobiernos dictatoriales, conservadores y de izquierda no pudieron resolver en 25 años, que es el tiempo que, según los conocedores de la materia, llevamos conviviendo con el problema. No faltarán quienes atribuyan los impulsos moralizadores de la magistrada (apoyados entusiastamente por la oposición) a un intento de poner al gobierno en aprietos cuando empiezan a oírse ruidos de urnas y papeletas de votación. Pero también ésta es una explicación fácil.

Sospecho que la humanísima inclinación a encontrar cabezas de turco constituye la otra cara de lo que con propiedad podríamos llamar pensamiento mágico, que tiene la virtud de simplificar problemas complejos, achacarle la culpa al funcionario de turno, desresponsabilizar al ciudadano, despolitizar la solución de cuanto problema aparece y remitirla a los expertos, que para eso los votamos y les pagamos. Este proceder también tiene el beneficio añadido de suprimir los remordimientos de quienes lo suscriben: la pelota está ahora en el campo del INAU, que es como decir en el del gobierno, con lo que los denunciantes ya cumplieron con su deber. Quienes denuncian el oprobio de que en este país haya niños que viven de las migajas que los demás dejamos caer pueden dormir tranquilos, ya hicieron lo suyo, gritar fuerte: ‘cúmplase la ley, suprímanse los niños de la calle y problema resuelto’. Si sacamos a los niños de las calles, el problema de los niños de la calle deja de existir, parece ser el lema de los colonizados por el pensamiento mágico.

No habrá que descartar impericia, ignorancia o torpeza entre los responsables de velar por los derechos de los menores, pero ello no suprime el carácter eminentemente político de la solución de este drama. Si los jerarcas del INAU son incompetentes o corruptos habrá que reemplazarlos. Si no hay medios ni recursos disponibles para resolverlo, la sociedad deberá discutir de dónde extraerlos, que es como decir a quién sacárselos. En cualquiera de los dos casos, el problema es político, es decir que demanda de los involucrados en el asunto un diagnóstico apropiado de la situación y una propuesta para resolverlo, que incluya los recursos para llevarla a la práctica, y que la sociedad se dote de las garantías necesarias para impedir que los infantes sean rehenes de la burocracia. No hay en este caso (ni en ningún otro) atajo administrativo ni invocación a leyes sagradas ni cabezas de turco que nos puedan ahorrar el conocimiento profundo de un problema complejísimo (cuya solución no depende únicamente del dinero, como a menudo se tiende a creer de forma simplificada) ni el debate político para encontrar las soluciones a un fenómeno que nos interpela cada día.

En su lugar, la jueza (y muchos ciudadanos) se conforman con el efecto placebo de la ley o de las órdenes judiciales. Los placebos no curan, pero generan la ilusión de que sí lo hacen. Porque la orden de la jueza de que en 90 días no debe haber más niños en la calle tiene todas las características de un placebo: tranquiliza las conciencias y, si se la cumple, no se terminará con las causas que empujan a los niños a las calles pero al menos se los dejará de percibir.

La cuestión de la visibilidad no parece ser ajena a tanto súbito desvelo. Hay niños de la calle “visibles” y niños de la calle “invisibles”. Los primeros son los que con toda lógica se buscan desde hace 25 años la vida en los barrios en los que pueden recibir alguna dádiva, aquellos en los que viven y trabajan quienes se sienten moralmente interpelados y que además suelen tomar las decisiones. Por otro lado, están los que “técnicamente” no son niños de la calle, porque supuestamente tienen un “hogar” o una “familia” o algo parecido. A ellos no se los ve, porque son los que viven desde hace mucho tiempo, no desde hace unos años, en las calles de los barrios populares y pobres. No se buscan la vida en la calle. Simplemente están en la calle. Cuando hablamos de sacar a los niños de la calle, estamos pensando casi siempre en los primeros, es decir en los de última generación, que afean y perturban el paisaje y la tranquilidad. Me pregunto si se hubiera armado todo este escándalo en el caso de que “el problema de los niños de la calle” estuviera confinado en el barrio Borro, el 40 Semanas y Cerro Norte.

Al margen del cuestionable procedimiento del “ordeno y cúmplase”, queda por verse si la supuesta solución de fondo –es decir el internamiento de los menores en instituciones públicas– no termina siendo peor que los males que pretende enmendar. La tradición del encierro ha sido sometida a tantos cuestionamientos, entre otras razones por sus escasos resultados, que convendría no seguir presentándola como el remedio de todos los desarreglos. Salvando las distancias, lo mismo puede decirse de las cárceles y los hospitales psiquiátricos.

Pero sea el que fuere el juicio que se tenga de él, debería prestarse atención al hecho de que los propios beneficiarios del paternalismo del Estado se suelen negar en redondo a internarse en esos “hogares”, como ocurre también con muchos adultos que en invierno prefieren seguir durmiendo en la calle y no en los refugios que les ofrecen las autoridades. Si no se investiga por qué algunos eligen esa alternativa, difícilmente se podrán hallar soluciones apropiadas. La calle es para esos menores la fuente de muchas miserias, pero también la del sustento y el único ámbito de socialización a su alcance. Tal vez por eso, muchos niños (y adultos) de la calle experimentan la protección que se les ofrece y que ellos no solicitaron como un castigo y una pérdida de libertad. Ni el texto de la constitución que se invoca para obligar al INAU a internar a los niños de la calle ni las eventualmente elevadas motivaciones de los responsables autorizan a ignorar la voluntad y los derechos de unos niños que ya se han hecho cargo de sí mismos.

[Una reflexión parecida hizo el director del INAU, Víctor Giorgi, cuya cabeza piden los santurrones del momento. En lugar de ponerse a la defensiva, Giorgi se animó a decirles a algunos periodistas que querían sentarlo en el banquillo de los acusados que la cosa no es tan simple como agarrar a los menores de las pestañas e internarlos en contra de su voluntad en instituciones del Estado. Además, ¿por qué habría que hacerlo si no cometen ningún delito? Giorgi, a quien no conozco personalmente (lo aclaro por las dudas) es uno de los pocos funcionarios de este gobierno que cuando interviene no se deja correr por los prejuicios, el sentido común o el indignado moralismo de algunos periodistas que supuestamente se hacen eco de “lo que piensa la gente”. Recuerdo que hace unos meses, en ocasión del escándalo por la aparición de una teta en las pantallas en horario de protección al menor, les dijo a los inquisidores que querían ver sangre y castigos que no había que hacer una tormenta en un vaso de agua, que en estos tiempos los niños veían tetas por doquier y que aunque se velaría por el cumplimiento de la ley, esta vez no habría sanciones.]

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