No faltará quien alegue que una pintada callejera no representa el punto de vista de un sindicato entero, pero quienes estamos atentos al debate actual sobre la educación, sabemos perfectamente que esa inquietante consigna sí lo representa, porque casi cada día algún dirigente sindical nos recuerda que comulga con esa convicción. La palabra clave aquí es “autonomía”, que está permanentemente en la boca de los docentes sindicalizados y cuya pertinencia tenemos prohibido impugnar. Ni tan siguiera discutir, so pena de vernos engrosando las ya numerosas falanges neoliberales.

Supongo que es innecesario que aclare que no soy docente ni pedagogo ni licenciado en ciencias de la educación, pero sí ciudadano. Y que es en condición de tal que me atribuyo el derecho a cuestionar la sacralizada autonomía del sistema educativo, tan bien ilustrada por la desgraciada consigna del muro que tuve la ocasión de contemplar. Es más, voy a incurrir en la herejía de defender sin atenuantes la injerencia de la política en el quehacer educativo.

Después de todo, ¿qué puede significar la bendita autonomía aplicada a la enseñanza básica y secundaria?, ¿qué pretensiones se ocultan detrás de la resistencia a que los poderes públicos intervengan en la educación? Que no haya incluido a la enseñanza universitaria en la primera pregunta no se debe a un descuido. La idea de la autonomía universitaria tiene una larga y fundada tradición en Occidente, que responde a las exigencias de independencia inherentes a la investigación, la libertad de cátedra y la actividad universitaria en general. Por lo demás, los sujetos de la vida universitaria son todos adultos. ¿Acaso pueden aplicarse sin más esos mismos criterios a la enseñanza básica y media?

¿Para qué educamos? ¿Cómo educar? Son las preguntas que asoman detrás de cualquier debate educativo. Agregaría la siguiente: ¿quién debe responder esas preguntas? O mejor, ¿quién debería tomar las decisiones que se deriven de las respuestas? Si educar es dar instrucción básica o transmitir saberes y destrezas a los más jóvenes para que se puedan desenvolver en el mundo que les toque vivir, pero también, o sobre todo, la preparación de las nuevas generaciones por los adultos para que estén facultadas para vivir con los demás en la ciudad democrática, es incomprensible que alguien diga que la política nada tiene que hacer en la educación.

Por si alguno se ha alarmado al leer estas líneas, diré que preparación no significa adaptación. Preparar a los más jóvenes para vivir como ciudadanos de una democracia no quiere decir educarlos en el respeto a las tradiciones o en la adhesión a los tabúes de la propia tribu, aunque curiosamente, en medio de disputas tan severas, parece haber consenso, por ejemplo, en las bondades de educar en la adoración al padre Artigas. “El objetivo de la educación –escribió Fernando Savater— es la reproducción social consciente; no el intento de fotocopiar el orden establecido hasta en sus peores defectos, sino una selección crítica de sus aspectos (…) más promisorios”. Educar incluye, pues, adiestrar a los jóvenes en asuntos tales como discernir lo justo de lo injusto, la tolerancia de la indiferencia (tan a menudo confundidas en nuestros días), aprender a exponer una idea, a argumentar, a estar dispuestos a persuadir y a ser persuadidos, a erradicar el recurso a la violencia, a apreciar la fuerza de las razones, no la razón de la fuerza. Convertirse en ciudadanos activos exige adiestramiento, esto es, de nuevo, educación. No ocurre espontáneamente.

Educar es, pues, lo más alejado de la neutralidad valorativa. Si educar es elegir, valorar, sopesar, discernir, para lo cual se debe deliberar y permitir la libre exposición de todas las razones, porque nadie puede atribuirse por sí y ante sí el monopolio de ese desafío ¿qué mejor que las decisiones que conciernen a la educación recaigan en todos, esto es en un ámbito, el de la política, del que en principio nadie está excluido? Y que, a pesar de sus imperfecciones, no tiene un competidor que ostente mayor legitimidad para definir el interés general.

Comparto la observación de que el actual sistema de representación política es manifiestamente mejorable, y el reparo de que padece males que piden a gritos su corrección, pero no la idea de que hay otros ámbitos más legítimos para ocuparse de la educación, porque ninguno de ellos podría expresar al conjunto de la ciudadanía, con sus variados y numerosos puntos de vista inherentes al carácter pluralista de nuestras sociedades. El desafío inherente al quehacer educativo tiene unos cuantos riesgos como para que lo dejemos en manos de un grupo en particular.

Pero asumamos por un momento la lógica de la resistencia a la injerencia política en la educación, que paradójicamente hermana a izquierdistas radicales con padres salesianos, carmelitas descalzos y directores de colegios privados. Si la política, y a través de ella, el conjunto de la comunidad, no tiene arte ni parte en la educación, ¿qué queda?, ¿quién o quiénes estarían legitimados para definir en qué consiste la educación y cómo se educa a las nuevas generaciones de ciudadanos? En el ámbito de la educación básica, la respuesta es obvia: quedan los maestros y los profesores. Es obvia si, como prefiero pensar, estamos de acuerdo en que la educación tampoco puede recaer enteramente en las preferencias particulares de los padres, como si se tuviera derecho a elegir en esta materia en los mismos términos en que se elige cualquier bien y servicio en el mercado.

A falta de una palabra mejor; elijo la muy gastada de corporativismo para definir esa pretensión del gremio docente de mantener al sistema político lo más lejos posible de la educación. ¿Se imaginan en el mundo en que viviríamos si las cosas funcionaran con arreglo a ese criterio? El tipo de sistema de salud, por ejemplo, sería definido por los médicos, la legislación laboral, por trabajadores y empresarios, la política agropecuaria por los llamados productores rurales y así sucesivamente. Viviríamos en medio de una agregación de reinos de taifas con cada uno ocupándose de lo suyo y sin que nadie se ocupe de todos, sin una perspectiva de conjunto. A eso conduce la retórica anti-política tan extendida en nuestros días.

Los dirigentes de Ades alegarán que no pretenden ejercer el poder en ese ámbito, sino apenas que se los consulte, como a cualquier otro actor del quehacer educativo. Sin embargo, el sindicato docente ha ejercido, de hecho, un poder de veto sobre todas las reformas que se intentaron implementar en este país tras la restauración democrática. Desde la reforma Rama hasta nuestros días el sindicato se ha opuesto sistemáticamente a todas las reformas, planes, programas, sistemas de evaluación que intentaron implementar las autoridades de la educación pública de este país. En la mayoría de los casos defendieron el inmovilismo con argumentos peregrinos, como que los cambios eran financiados por el BID, o falsos, como en lo que atañe al actual plan ProMejora, que es acusado de pinochetista, privatizador y generador de desigualdades (Ades parece ser la única entidad que no se enteró de que uno de los mayores productores de desigualdad es el actual sistema educativo). Todo ello sin que hayamos asistido nunca a una propuesta alternativa. O bien los profesores sindicalizados (una minoría del profesorado) piensan que el sistema educativo no necesita mayores enmiendas o bien defienden el actual orden de cosas, con sus modos de gestión, de tomar decisiones y de distribución del poder, por puro interés corporativo.

Va de suyo que la “politización” de la que hay que cuidarse es la que podría derivarse de que el gobierno de turno tuviera las manos completamente libres para hacer lo que quisiera en el ámbito educativo y se viera tentado a adoctrinar a las nuevas generaciones de imberbes. Como en Cuba, por ejemplo.

Pero hay que decir que en Uruguay ese peligro está conjurado, gracias a una arquitectura organizativa y legal de la educación pública plagada de pesos y contrapesos, encorsetada por disposiciones constitucionales, la exigencia de que sus directivos cuenten con la aprobación del Senado, y preocupada hasta extremos delirantes por la “autonomía” y la no injerencia de “los políticos”. Hasta tal punto es así que no debe haber un ministerio de Educación que tenga menos injerencia en la gestión diaria de los asuntos educativos que el de este país. En rigor, los peligros parecen ser otros: uno es la parálisis, el “no toquen nada”, con los estudiantes como rehenes; otro es que la educación se blinde frente a la política y se convierta en un campo de batalla por parcelas de poder o en un mercado educativo.

Me parece que aquí reside uno de los grandes temas de debate (y confrontación política) en este campo: defender o derribar las murallas erigidas (o por erigir) en torno a la educación para impedir que la sociedad, a través de la política, diga lo que tenga para decir acerca de para qué y cómo educar. No será la primera vez que la sociedad se divida en torno a este asunto. Nunca faltaron los que perciben impulsos totalitarios detrás de cualquier iniciativa del Estado en materia educativa pero tampoco los que se opusieron al control de la educación por la Iglesia Católica, defendieron el laicismo y la igualdad de oportunidades, que sólo la educación pública puede garantizar, ni los que dieron una batalla cultural contra la pretensión de que la educación es, esencialmente, un asunto privado, de los padres. El batllismo, la socialdemocracia, una parte de la izquierda libraron esas batallas durante casi todo el siglo XX precisamente porque pensaban que el campo político sí debía tener la última palabra en la preparación de los futuros ciudadanos. En la vereda de enfrente tenían a la Iglesia y al patriciado. Nosotros tenemos a Ades.

Entre las constataciones, una nada menor es que la aparición del cuerpo de Julio Castro con un balazo en la cabeza demuestra que las ejecuciones sumarias de algunos desaparecidos no fueron una excepción a la regla de las muertes por excesos en la tortura. El caso de Castro pone en entredicho la extendida creencia de que todos los desaparecidos uruguayos murieron como consecuencia de las brutalidades de sus torturadores, que luego no tuvieron mejor ocurrencia que deshacerse de sus cuerpos para no dejar rastros de los tormentos a los que los habían sometido. No es que matar a alguien en la tortura exculpe al responsable o constituya un crimen menor, como al parecer sugieren quienes se resisten (o resistían) a admitir que en este país sí hubo fusilamientos, tiros en la nuca y salvajadas semejantes. Lo que quiero decir es que además de torturar sistemáticamente a los detenidos, a los militares no les tembló la  mano cuando tuvieron que pegarles un tiro en la cabeza a algunos de ellos.

La famosa y difunta Comisión para la Paz pergeñada por el presidente Jorge Batlle para conocer la verdad sobre lo ocurrido con los desaparecidos había concluido hace unos años, gracias a la información suministrada por militares retirados, que Julio Castro había muerto en la tortura y que sus restos habían sido incinerados y enterrados o arrojados al mar. De modo que ahora también constatamos que, no satisfechos con sus crímenes, los responsables cometieron una fechoría más: mintieron y siguen mintiendo acerca del destino de los cuerpos de los desaparecidos. Treinta años después de esas muertes, y con todas las garantías para revelar anónimamente, y sin riesgos, información que pudiera llevar algún sosiego a las familias de las víctimas, volvieron a mentir. Es muy probable que los informes suministrados cinco años después por los comandantes de las tres fuerzas militares al presidente Tabaré Vázquez también hayan consistido en la misma burla cruel. Después de todo, los resultados de meses de excavaciones en predios militares han arrojado resultados poco significativos.

Lo que de ninguna manera puede catalogarse de poco significativa es la reacción del actual comandante en jefe del Ejército, general Pedro Aguerre, al hallazgo del cuerpo de Julio Castro. Aguerre compareció ante la prensa, junto a todos los generales en actividad para que no quedaran dudas, y dijo que el Ejército que dirige no amparará a asesinos y criminales, que su fuerza no es una horda o un malón, que sus miembros deben colaborar con las investigaciones sobre el destino de los desaparecidos y respetar las convenciones sobre derecho humanitario y las reglas en tiempos de guerra. El contraste con las justificaciones, eufemismos y autoexculpaciones de sus predecesores es enorme. Hasta hace pocas semanas, cuando el general Aguerre asumió el mando del Ejército, la alta jerarquía militar siguió poniendo en duda la existencia de los delitos denunciados y verificados y/o amparándose en inciertas agresiones foráneas y marxistas para justificar la violación de la ley y de los derechos humanos.

Es cierto que esta reacción del comandante del Ejército es tardía. También lo es que el reconocimiento de los desmanes no es explícito y que aún se echa en falta en este país un general en actividad con el coraje suficiente como para admitir ante la sociedad entera, y con todas las letras, que las Fuerzas Armadas como institución, no alguno de sus miembros que perdió “los puntos de referencia”, como se dijo en algún momento, torturó a miles de detenidos, mató o desapareció a centenares de personas inermes (no en combate), violó las leyes y que eso no debió ocurrir, que no volverá a ocurrir, porque ningún militar puede ampararse en órdenes superiores si esas órdenes son manifiestamente ilegales, y que quienes cometieron esos crímenes deben ser condenados. La magnitud de lo ocurrido durante la dictadura en este país exige llamar a las cosas por su nombre y, en ese sentido, las declaraciones de Aguerre siguen teniendo gusto a poco. Va de suyo también que, para que resulten creíbles, las palabras del comandante deben estar acompañadas por hechos. De modo que pronto veremos cuánto ha cambiado y cuánto pervive en nuestro Ejército.

Sin embargo, aunque resulte increíble que diga que desconoce la existencia de pactos de silencio entre los asesinos y que la orden que dio a sus subordinados de colaborar con la justicia sea de obediencia incierta, sería políticamente miope no darle a su discurso la importancia que tiene. Al escuchar al general Aguerre, he tenido la sensación de que por primera vez en treinta años un jefe del Ejército no justifica a la dictadura ni apaña a los criminales.  Ya es algo.

De la paz mundial, del combate al odio, de la tolerancia, dice Benetton. “Con esta campaña hemos decidido dar notoriedad mundial a una idea profunda de tolerancia, para invitar a los ciudadanos de todos los países (…) a reflexionar sobre cómo el odio nace principalmente del ‘miedo al otro’ y de aquello que se desconoce. (…). Es una campaña única porque llama a la acción a todos aquellos a los que se dirige, a los ciudadanos del mundo. Asimismo, se inscribe cabalmente en los valores y en la historia de Benetton, que eligiendo temas sociales y promoviendo activamente causas humanitarias que, de lo contrario, no habrían podido desarrollarse en escala global, ha dado sentido y valor a su propia marca, con la construcción de un diálogo duradero con las personas del mundo”, sostiene Alessandro Benetton, vicepresidente de la compañía. Pfff. ¿De verdad? Con sólo leerlo queda uno abrumado. ¿No será demasiado esperar de una campaña publicitaria?

Síntoma de una época: la crítica más indignada que suscitó la campaña de la empresa italiana ha sido el uso público y no autorizado de la imagen de algunas personalidades (públicas), como el papa o el presidente Obama. El 90% de los comentarios y análisis que he leído en Internet versan sobre ese uso. El asunto tiene su gracia: cuando uno de los rasgos de nuestra época es precisamente el desdibujamiento de las fronteras entre lo público y lo privado, cuando son del dominio público asuntos que hasta no hace mucho tiempo pertenecían al ámbito de lo íntimo y se hace política con los sentimientos, la sexualidad, la religión y hasta las preferencias domésticas, en este contexto, digo, la Casa Blanca y el Vaticano (y miles de ciudadanos en las redes sociales) se enrabietaron porque esos rostros aparecieron en imágenes públicas. Es como reclamar que se le ponga una multa por exceso de velocidad a los pilotos de Fórmula 1. Apuesto a que los creativos involucrados en la campaña de Benetton conocían esta sensibilidad colectiva y contaban con la reacción que suscitarían las imágenes. No dudaron en retirarlas inmediatamente tras las primeras críticas. La brevedad de la campaña no demostró su fracaso, sino su éxito. Se habló, y se sigue hablando, de la campaña de Benetton después de concluida.

No se han escuchado, en cambio, voces que pusieran en entredicho el que acaso sea el aspecto más discutible de la campaña “por la paz” de Benetton: la pretensión de que la buena voluntad es la clave para resolver los conflictos que desgarran al mundo contemporáneo. Si Chávez y Obama vencieran sus prejuicios, si Netanyahu amara a sus vecinos palestinos, si el “comunista” de Hu Jintao dejara por una vez de lado su ideología y ambiciones y antepusiera el amor por sus semejantes, si el papa y los imanes aparcaran por un instante sus dogmas religiosos es posible que viviéramos en un mundo más tolerante y feliz. Vamos, animémonos y abracemos a nuestros adversarios, besémonos con ellos si fuera necesario. ¿Quién en su sano juicio no preferiría creer en estas declaraciones de amor en lugar de complicarse la vida con las complejidades y dolores de cabeza de los asuntos del poder y la política? Que casi nadie haya reparado en el carácter brutalmente anti-político de este mensaje tal vez se deba a que huimos de la política como de la peste y a que abrigamos la esperanza de que acaso existan soluciones indoloras a todos los males. Por si no fuera suficiente, la sugerencia de que en la generosidad y el amor de los líderes residen las posibilidades de superar cualquier conflicto borra de un plumazo cualquier consideración acerca de las razones que les asisten, o no les asisten, a unos y a otros en el conflicto. Los besos no dejan ver los orígenes del problema, la buena voluntad no sabe de criterios de justicia, no hay daño que no pueda ser reparado por dos corazones bien dispuestos, independientemente de si uno es víctima de una injusticia y el otro su beneficiario. He aquí lo que dicen, no las imágenes, que nunca dicen nada, sino la campaña de Benetton, que para ello tuvo que recurrir a la tan devaluada como irreemplazable palabra. Unhate en este caso.

La campaña de Benetton también es interesante desde otro punto de vista, en el que tampoco parece haberse reparado lo suficiente: ¿se pueden conciliar en una misma iniciativa, como ocurre en el caso que nos ocupa, propósitos tan diferentes como el lucro y el fomento de la paz y la tolerancia? Para anticiparme a una crítica previsible: no estoy sugiriendo que quien adora el dinero no puede estar interesado en la paz y la concordia (disponemos de suficientes pruebas de que muchas veces los negocios tienen a la paz como requisito). No tengo una respuesta definitiva a la pregunta que formulo, pero en principio ambas preocupaciones me parecen tan diferentes que el intento de conjugarlas en la misma empresa suele desembocar en síntesis imposibles, cuando no ridículas.

Esas imágenes, las imágenes en general, no suscitan reflexión, como pretende el bueno de Alessandro, sino simplemente emoción. No son las más apropiadas para pensar. No se piensa con imágenes, sino con palabras. ¿Quién no se compadeció del seropositivo que yacía en la cama junto a familiares en aquella campaña pionera de Benetton hace tantos años? La experiencia de su contemplación provocaba compasión o escándalo, pero no creo que nadie pueda sostener seriamente que le sirvió para comprender el fenómeno del Sida o pensar en sus posibles soluciones. Si Benetton no hubiera colocado sobre las imágenes la palabra UNHATE (‘contra el odio’, ‘anti-odio’ o como se la quiera traducir), esas imágenes hubieran podido ser interpretadas de mil, de infinitas, maneras diferentes. Es lo que tiene la palabra, que una de ellas puede llegar a valer más que mil imágenes. Hasta tal punto la imagen es inadecuada para comprender y explicar, que Benetton se vio obligada a recurrir a la palabra para transmitir su mensaje. Si los que vimos las imágenes de la campaña de Benetton no hubiésemos contado con la ayuda de esa palabra, con las explicaciones de la compañía (también hechas de palabras, como todas las explicaciones) y, por descontado, no dispusiéramos previamente del apabullante volumen de información de que disponemos, cualquiera hubiera podido interpretarlas como un gesto de cariño, o de amor erótico, entre hombres de diferentes razas, formas de vestirse y edades. O cualquiera de las numerosas variaciones en torno a esas posibilidades. Sin esa palabra y sin esa información, no hubiera resultado nada fácil atribuirle a esas imágenes el sentido que Benetton alega que tienen y que a nosotros, ahora, nos resulta evidente. Necesitamos, en primer lugar, leer UnHate y luego saber que Obama, Hu Jintao, Netanyahu y Abas y los demás son líderes políticos relevantes, lo que ciertamente no sabemos por imágenes. Las palabras son a veces polisémicas, las imágenes siempre lo son. Por eso, y a pesar de la recurrente pretensión de que vivimos en un mundo de primacía de la imagen, ésta siempre estará subordinada a la palabra, le irá a la zaga, cuando se trata de reflexionar, conocer y/o explicar. La imagen puede ser más eficaz para describir (los atributos físicos, materiales, de algo o alguien ya conocido), pero sin las muletas de la palabra, la imagen dice poco. O, si se prefiere, puede decir tantas cosas y tan opuestas entre sí que de poco sirve para reflexionar, como pretende Benetton. (Supongo que aún debo pensar esta afirmación en relación con el arte, cosa que no he hecho; pero en lo que atañe a la comunicación ordinaria no tengo dudas.)

La publicidad quiere fijarse en la memoria. Esa es su gran obsesión y para ello necesita temas fuertes, que pervivan. Tal vez por eso a ellos recurren sistemáticamente las campañas de Benetton; es muy posible que quienes las conciben también piensen que las imágenes se olvidan más fácilmente que los conceptos.

Nada que sorprenda. Cada vez que las crisis golpearon a la puerta suscitaron ira, indignación y rebeldía en quienes las padecieron. Hubo un tiempo, sin embargo, en el que las crisis alumbraron revoluciones o, como mínimo, alteraron el estado de cosas que las precedieron (no es del caso juzgar ahora si para bien o para mal). Lo que ahora me empuja a escribir es la posibilidad cierta de que las energías ciudadanas movilizadas a raíz de este descalabro terminen encallando en la mera indignación moral, en la enésima ofuscación, condenada a engrosar las páginas de una futura historia universal de la impotencia.

Por un lado, el movimiento de los indignados pone en tela de juicio la extendida convicción de que vivimos una era de desafección por lo público, de ensimismamiento en la esfera privada. Ahí están las masivas manifestaciones de Madrid para desmentirlo; pero, por otro, esa energía social, como digo, no parece trascender la mera indignación moral. El propio nombre que han elegido los movilizados es harto elocuente. El problema con la indignación moral es que suele curarse con analgésicos livianos: basta con que ruede la cabeza de algún personaje odioso, que el sufrimiento empiece a mitigarse para que las aguas vuelvan a su curso y la indignación se aplaque… hasta la próxima crisis. No es que la indignación sea despreciable. Seguramente en el origen de muchos cambios sociales y políticos hubo una cierta dosis de indignación moral frente a la injusticia y el sufrimiento propio y ajeno. El problema es que únicamente con nobles sentimientos es improbable que algo vaya a cambiar. Que es de lo que se trata, después de todo. No de dejar testimonio de lo enfadados que estamos. El asunto trasciende largamente lo que ahora sucede en Madrid, Atenas o Nueva York. Concierne a la dificultad de encontrar alternativas políticas en un mundo cada vez más complejo, en el que la imputación de resposanbilidades es cada vez más problemática, en el que las oposiciones sin matices y las soluciones totalizadoras e indubitables de antaño ya dan poco de sí. De modo que hablamos de Madrid, pero perfectamente podríamos estar hablando de Montevideo o de Sao Paulo.

Digámoslo de una vez: sin una perspectiva política, el movimiento de los indignados está abocado, me parece, a apagarse lenta pero inexorablemente. Se dirá, no sin razón, que la protesta es una actitud política. Política pero meramente reactiva, obstructiva y, por ende, condenada a su incesante repetición. Y la idea de política que aquí quiero traer es una que debería estar más preocupada por la configuración de un mundo común, que exige no desentenderse del conjunto, de la complejidad del presente, de todos los intereses en juego y de sus condiciones actuales de posibilidad, que poco tienen que ver con las de unas pocas décadas atrás. Es, por tanto, una política que exige reflexión y no solamente indignación.

Si el movimiento de los indignados fuera un movimiento social más, de los muchos que hoy pueblan la esfera pública, con sus preocupaciones monotemáticas (ecológicas, feministas, pacifistas, etc.) o una organización tradicional, como los sindicatos, no cabría esperar de él esa perspectiva que aquí se echa en falta. Sencillamente su función no es suministrarla ni ellos pretenden que la sea. No sucede lo mismo con un movimiento que reclama, nada más y nada menos, que algo así como la regeneración de la democracia. (“¡Democracia real, ya!” es una de sus consignas fundantes).

Uno de los problemas de los indignados para trascender la protesta y el mero rechazo y pensar en términos políticos es que llevan la marca indeleble de casi todos los movimientos y prácticas informales de control, vigilancia, fiscalización, denuncia y obstrucción del poder que coexisten con la democracia electoral-representativa, con la que forman un régimen único, a pesar de que están basadas en legitimidades en permanente competencia. Han servido como vehículo de la desconfianza hacia el poder, que desde tiempos remotos inquietó a quienes reflexionaron sobre la democracia, y para corregir los excesos de quienes en los sistemas representativos desempeñan funciones de gobierno. No debería llamar la atención, pues, que en una época en la que la desconfianza y la sospecha frente a la política –uno de cuyos vástagos es el generalizado afán de transparencia– han llegado a su apoteosis, esas prácticas de vigilancia y denuncia tiendan a desplazar a la política institucionalizada como expresión de la verdadera “voluntad del pueblo” (si es que existe semejante voluntad), a convertirlas en las únicas “auténticas”, por oposición a la falsedad de la representación.

La soberanía, dice el pensador Pierre Rosanvallon, se manifiesta cada vez más como poder de rechazo de un pueblo-veto. Pone énfasis en una dimensión negativa de la vida política. La crítica, inherente a la vida conflictiva de la democracia, se ha degradado a una soberanía puramente negativa. La soberanía efectiva del pueblo se afirma ahora en una sucesión de rechazos antes que a través de un proyecto coherente. Incluso en las elecciones se suele sancionar al poder saliente antes que proponer opciones para el porvenir. Los votantes son a menudo meros ‘rechazantes’.

Pero el hábito de controlar, vigilar y denunciar al poder (o el mero reclamo que se desentiende de cualquier otra consideración) no es equipaje suficiente para abocarse a la ambiciosa tarea de regenerar la democracia. Una democracia esencialmente negativa no debe confundirse con una democracia crítica. El rebelde tenía un horizonte, el ciudadano de la era de la desconfianza, no. Su empeño consiste en impedir, en vetar. El primero podía ser utópico o delirante, éste es impotente.

No debería atribuirse a estas constataciones un propósito denigratorio. Después de todo, a esas prácticas y movimientos le debemos que la política se enriquezca y corrija. Una buena parte de las conquistas sociales y de las reformas que mejoraron las condiciones de vida de las personas se la debemos a las presiones de fuera del sistema político. Que han sido un aguijón cada vez que el universo de la representación se durmió en los laureles, está fuera de discusión. No ocurre lo mismo, sin embargo, con sus peligros, que parecen no percibirse.

Ya han sido sugeridos en las líneas precedentes, pero conviene decirlo a título expreso: estas formas de intervención tienden a debilitar la política como esfera de articulación y síntesis desde la que pensar la configuración del futuro, contribuyen a crear un imaginario en el que el campo político queda en una situación de exterioridad respecto de la sociedad; dicho con algo de simpleza, esta última sería portadora de todos los atributos positivos y el primero de los negativos; el político es degradado sistemáticamente a politiquero.

Uno de los problemas que tienen los indignados es que sus reivindicaciones son inabordables desde fuera del campo político institucionalizado: ¿cómo hacer –por mencionar las demandas que resumen su malestar– para que los platos rotos de la crisis sean pagados según criterios de justicia y no según la conveniencia del sistema financiero o para que nuestras democracias recuperen la vitalidad que se les reclama? ¿Cómo hacerlo sin un horizonte político? ¿Acaso renunciando a involucrarnos en la “sucia” política y dejándolo todo en manos de quienes consideramos responsables? ¿Acaso repitiendo “esto o aquello es lo que no queremos”? ¿Pero qué queremos? (“Se nos pide un programa. No tenemos programa, estamos aquí para pasárnosla bien”, dijo hace poco desde una tribuna un activista anti-Wall Street). Ni el estado de asamblea permanente ni la crítica de la representación nos pueden ahorrar el desafío de ir más allá del mero rechazo, un desafío ineludible cuando se interviene en política.

A la política representativa, basada en la legitimidad de la mayoría, le han aparecido muchas competidoras, pero pienso que no puede ser ignorada sin más, como de alguna manera hacen quienes al grito de “nuestros sueños no caben en sus urnas” parecen tener expectativas desmesuradamente elevadas en la política y un sentimiento de extrañamiento respecto de la democracia. Para empezar, nuestros sueños no caben en sus urnas transmite una idea de ajenidad respecto de la democracia que me parece manifiestamente falsa, porque nadie que pague impuestos, respete la ley y/o vote puede alegar que nada tiene que ver con esta democracia. Por no hablar de la referencia a los sueños, que da cuenta de unas expectativas desmesuradas en la política (¡que debería hacer realidad nuestros sueños!), que inexorablemente conducen a la decepción.

Desde luego que el diseño de las democracias realmente existentes no constituye un horizonte insuperable ni el orden político al que debemos resignarnos hasta el final de los tiempos. No dudo de que las actuales democracias padecen males que piden a gritos su corrección; los partidos se han anquilosado, no hay estímulos ni cauces para la participación ciudadana, sus instituciones son a menudo secuestradas por grupos de interés y la corrupción se impone a la ley y a las consideraciones de justicia. ¿Pero cómo superar estos problemas sin propuestas políticas concretas para hacer, si cabe la expresión, más democrática esta democracia? En lugar de someter a debate público iniciativas concretas sobre eventuales nuevos diseños institucionales, el movimiento de los indignados, haciéndose eco del ciudadano común, reclama a un interlocutor incierto (a “ellos”) democracia real ya.

Detrás de ese pedido laten dos ideas que convendría abandonar: una es la de que en algún momento se llegará a un régimen político más o menos perfecto (el adjetivo “real” de la democracia lo sugiere) cuando en verdad la democracia, no sólo ésta, sino cualquier otra, es y será siempre –está en su esencia– una tarea inacabada, pendiente; la segunda es la urgencia implícita en el ¡ya! Paradójicamente, los indignados no parecen escapar a uno de los mayores defectos de la democracia electoral-representativa: su sometimiento a los tiempos cortos de los ciclos electorales, que se llevan muy mal con los tiempos largos de la deliberación y, sobre todo, de la implementación de reformas sociales y políticas.

Se me ocurre que otro de los problemas de los indignados –tal vez el problema– es su idealización de las formas de democracia directa, su desprecio de la representación, que sería intrínsecamente perversa. Pero sin representación sólo queda “el pueblo” a secas, un pueblo sacralizado, único y virtuoso y sin embargo inexistente (entre otras cosas, en el pueblo llano y sencillo no hay sólo virtud, sino también egoísmo, prejuicio, oscurantismo y bajeza). Ese pueblo único es una ficción que oculta su pluralismo, su diversidad de intereses y opiniones, a veces tan irreconciliables que la identificación de algo parecido al bien común, a la justicia o como se lo quiera llamar, sólo puede lograrse a través de las tareas de reflexión, deliberación, mediación y arbitraje que son propias de la política. No están directamente disponibles en Plaza del Sol ni en Zucotti Square. Sin comprometerse en el universo de la política representativa –aunque sea para rediseñarla radicalmente– es improbable que se pueda evitar que la indignación desemboque en más indignación.

El populismo (que gracias a la desconfianza hacia las mediaciones políticas, nos impregna un poco a todos) pretende haber descubierto un pueblo evidente, inmediatamente disponible,  que habla con una sola voz. Le basta con tener un buen enemigo (elemento central de su retórica), sea la prensa, el imperialismo o los políticos, para identificar al pueblo, que seríamos todos los demás. El eslogan de los indignados de Nueva York habla del “99%”, en oposición al “1%”, la élite, el enemigo.

Sin embargo, el pueblo como sujeto político resulta cualquier cosa menos evidente. En el mejor de los casos puede resultar sociológicamente evidente. Pero no existe una traducción automática y directa de lo social a lo político; por eso la política exige un trabajo de reflexión, de mediación, de elaboración, en el que la no coincidencia entre la representación (política) y lo representado (la sociedad), antes que un problema es la que la hace posible. Salvo que se piense que la sociedad es apenas la suma de unos individuos autónomos, completamente independientes, que no tienen propósitos compartidos, sino apenas intereses. Si no es así, si uno no se queda con ese pueblo único que encarnaría las virtudes naturales ni cree que los ciudadanos sean consumidores políticos, entonces es necesario, imprescindible, que la política sea relativamente autónoma de los ‘mandatos’ de la sociedad, que evite ser su sierva. Si se limitara a obedecer la voz de sus representados, su tarea resultaría imposible, salvo que se reduzca esa tarea a mera gestión de los conflictos (reales) que atraviesan al pueblo (mítico) de los populistas. Pero si la política aspira, dentro de sus modestas posibilidades, a configurar el futuro y no solo a perseguirlo de atrás, entonces no debería limitarse, como se ha hecho habitual exigir, y no sólo entre los indignados, a ser el eco fiel de los ruidos que emite la sociedad.

Según el diccionario de la RAE, una estupidez es una “torpeza notable en comprender las cosas. Dicho o hecho propio de un estúpido”. Y un estúpido sería un “necio, falto de inteligencia”. A falta de mejores definiciones, ambas me parecen muy pertinentes para dar cuenta del patinazo de nuestro oncólogo mayor. Decidido a ganar alguna parcela en el poblado mercado de la atención, un afán que suele obnubilar el entendimiento de muchos políticos profesionales, el ex mandatario debió de pensar que una revelación de tal magnitud le catapultaría al primer plano de la escena política, que concitaría una atención generalizada y que, de ahora en más y hasta 2014, su nombre estaría en boca de todos.

Vázquez demostró una torpeza notable en comprender cómo funcionan las cosas de este mundo, como le ocurre a todos los estúpidos, según el diccionario de la RAE. Su hipótesis de guerra con Argentina estaba basada en conjeturas tan serias como los anuncios de la asamblea de Gualeguaychú de sabotear los suministros a Botnia, la amenaza de una abuela de colocar una bomba en la planta de celulosa o las espectaculares escaramuzas de Greenpeace. Como si entre semejantes empeños y una agresión militar argentina mediara apenas un paso.

Si tomamos al pie de la letra sus declaraciones, el gran estadista con el que algunos confundieron a Vázquez parece no haber comprendido, aún hoy, el carácter doméstico y demagógico de la jugada política de su colega Néstor Kirchner cuando calificó de “causa nacional” la reivindicación de los asambleístas entrerrianos. Tampoco fue, ni es, capaz de entender las claves más elementales del mundo contemporáneo (entre ellas el orden de prioridades de las grandes potencias) cuando concibió la disparatada ilusión de que tal vez George W. Bush, sumergido entonces en las ciénagas de Irak y Afganistán, dedicaría algo más de un minuto de su atención a un conflicto entre dos países insignificantes –al menos para él– de una región insignificante del mundo. También incurrió en esa necedad propia de muchos políticos uruguayos de creer que el pueblo llano se deleita con las manifestaciones más ruines de nacionalismo. Y si así fuera, un estadista como el que pretende ser Vázquez no debería ceder tan fácilmente a esa tentación.

Pero como no sólo de torpezas y necedades viven los estadistas como Vázquez, también podemos intuir que los dardos lanzados por el ex presidente y candidato tenían destinatarios menos evidentes. Dado el previsible impacto que sus declaraciones tendrían en ambas orillas del Río de la Plata, no hay que descartar que su intención fuera quitarle brillo al que acaso fuera uno de los mayores logros de Mujica en materia de política internacional, la recomposición de las relaciones con Argentina. A su manera, Vázquez sugiere que, después de todo, las buenas relaciones con Argentina, a las que él fue incapaz de contribuir, tal vez no sean algo que debamos celebrar.

La ocurrencia de Vázquez de volver sobre un conflicto en vías de superación, y del que en parte fue personalmente responsable, adquiere un carácter más inquietante aun si se repara que hasta estas horas se lo daba por uno de los posibles candidatos, si no el candidato, de la izquierda para la próxima elección presidencial. Vázquez es además uno de los más entusiastas y rutinarios convocadores de la renovación ideológica y política de la izquierda uruguaya, con lo que el asunto ya pasa de castaño oscuro. Cada vez que Vázquez intentó ir más allá del quehacer político doméstico más pedestre terminó encallando en elucubraciones penosas. Puede alegarse, después de todo, que no abundan hoy los políticos con alguna estatura intelectual y que no se ve por qué habría de exigírsele a Vázquez aquello de lo que carecen casi todos. Enteramente de acuerdo. El problema, como acaba de quedar en evidencia en este episodio, es que en nuestro precandidato parecen haber encarnado, además de la infertilidad intelectual, todos los vicios que acompañan a la política posmoderna: la personificación, la mediatización (y la permanente gestación de acontecimientos), la sujeción a los tiempos cortos de las elecciones, la renuncia a cualquier ambición configuradora en aras de la mera adaptación al orden del mundo, el menosprecio de los partidos, por mencionar los más evidentes.

Vázquez dijo ayer que renunciaba a la actividad política porque cayó en la cuenta de que sus palabras fueron inoportunas, es decir, no rectificó, cosa que sería digna de admiración en un político. Entiéndase bien, no dio marcha atrás porque sus palabras hayan sido infelices o equivocadas, sino simplemente inoportunas. Es más, hábil y viscoso como suele ser, Vázquez ha logrado que ahora no hablemos más de sus infelices declaraciones, sino de si abandona o no abandona la actividad política.

Después de todo, ya nos tiene acostumbrados a estas jugadas basadas en la indemostrable suposición de que su figura es imprescindible para que la izquierda se mantenga en el poder. Más de una vez renunció a la presidencia del Frente Amplio cuando aparecieron voces díscolas en su seno (una de ellas de Jorge Zabalza a propósito de la concesión del Hotel Carrasco) y luego dio marcha atrás. No podía renunciar a la presidencia de la República cuando la bancada de la izquierda aprobó la legalización del aborto, pero sí lo hizo al Partido Socialista. También dijo que abandonaría el Mercosur (y todo lo contrario a los pocos días), que no buscaría la reelección (y lo opuesto cuando en los hechos le dio luz verde a la iniciativa de sus incondicionales), que disolvería las cámaras si se aprobaba la legalización del aborto (y todo lo contrario a la semana), que a propósito de la Ley de Caducidad, la palabra del pueblo era sagrada (y al tiempo todo lo contrario), que estaba en contra de la reforma de la Constitución de 1996 (y todo lo contrario cuando la misma se aprobó en un referendo). En suma, nos ha tratado a todos los ciudadanos de estúpidos y amnésicos. Aunque nunca faltaron los hermeneutas entregados a la ímproba tarea de demostrar la coherencia oculta de la retórica vazquista.

De modo que si alguien sintió alivio con el anuncio de su retiro a cuarteles de invierno, le recomiendo que no eche las campanas al vuelo. Persuadido de que Tabaré Vázquez es el password para abrir las puertas a un tercer mandato de la izquierda, el secretariado ejecutivo del Frente Amplio ya ha formado una comisión para ir a pedirle de rodillas que rectifique su decisión.

Recordemos, pues, algunas de esas obviedades con las que les he amenazado. No incluyo en esta categoría a la expulsión manu militari de centenares de miles de palestinos por las fuerzas israelíes tras la partición del Protectorado británico de Palestina, que dio lugar a la resolución 194 de diciembre de 1948, que afirma que se debe “permitir a los refugiados que lo deseen regresar a sus hogares lo más pronto posible y vivir en paz con sus vecinos (…) y pagar indemnizaciones a título de compensación por los bienes de aquellos que decidan no regresar a sus hogares”. En el origen del Estado de Israel estuvo esta infamia, que ha quedado en el olvido.

Las resoluciones de la ONU que le siguieron en los últimos sesenta años son mucho más conocidas aunque no menos ignoradas. Lamento tener que insistir en este tedioso procedimiento, pero ¿de qué otra forma, si no, podrían sopesarse los reclamos que unos y otros quieren hacer valer? El 22 de noviembre de 1967 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 242, que exige la retirada total de Israel de los territorios que ocupó durante la Guerra de los Seis Días en junio de ese año. La resolución 338 de octubre de 1973, durante la guerra de Yom Kippur, confirma la validez de la precedente. La resolución 3236 de noviembre de 1974 reafirma el “derecho inalienable de los palestinos a regresar a sus hogares y recuperar sus bienes desde donde quiera que se encuentren desplazados y desarraigados”. La 446 de marzo de 1979 declara que la creación de asentamientos por Israel en los territorios árabes ocupados desde 1967 no tiene validez legal y constituye un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en el Oriente Medio. Además, exhorta a Israel a que “desista de adoptar medida alguna que ocasione el cambio del estatuto jurídico y la naturaleza geográfica y que afecte apreciablemente la composición demográfica de los territorios árabes ocupados desde 1967, incluida Jerusalén, y, en particular, que no traslade partes de su propia población civil a los territorios árabes ocupados”. La resolución 478 del Consejo de Seguridad de agosto de 1980  “censura en los términos más enérgicos”, por considerarla violatoria del derecho internacional, a la Ley de Jerusalén, aprobada un mes antes por el Parlamento israelí y por la cual se declaró a aquella ciudad “entera y unificada” como capital del Estado hebreo.

Israel ha incumplido sistemáticamente estas resoluciones y ha dado pruebas irrefutables de que no está dispuesto a volver a las fronteras de antes de 1967 ni a permitir el regreso de los refugiados ni que Jerusalén Este sea la capital de un futuro Estado palestino. No sólo eso, sino que además no ha cesado de incrementar los asentamientos y la población judía en los territorios ocupados y en la propia Jerusalén. De los 150 asentamientos que se construyeron desde 1967, donde viven actualmente casi 300.000 israelíes, apenas ha desmantelado los 21 que existían en la Franja de Gaza y 4 en Cisjordania. Hasta antes de ayer, hasta hoy, ha seguido con esa política de hechos consumados. Mientras escribo estas líneas, a pocos días de que Mahmud Abas, presidente de la Autoridad Palestina, pidiera en la asamblea general el reconocimiento de un Estado palestino, las autoridades israelíes autorizaron la construcción de 1.100 nuevas viviendas en Jerusalén Este. No encuentro otra forma de definir esta iniciativa que como una auténtica provocación. Esa política es la que hizo naufragar las negociaciones directas reanudadas el año pasado con el patrocinio de Estados Unidos. Lo único que pedían los palestinos para permanecer en la mesa de negociaciones era que no se siguieran construyendo asentamientos en los territorios ocupados. No que se desmantelaran los ya existentes, sino simplemente que no se incrementaran. Pues ni esa concesión juzgo aceptable el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien sostiene que Jerusalén seguirá siendo “la capital eterna e indivisible de Israel”.

La única razón que esgrime el gobierno israelí para justificar su política de hechos consumados es la seguridad del Estado de Israel. No se avista un solo argumento que haga referencia a la justicia, ni siquiera a la legalidad internacional (no faltan quienes evocan inciertos mandatos bíblicos y voluntades divinas para justificar este terrenal expolio, pero aún no han tenido la osadía de exponerlos en foros internacionales). Sin embargo, es dudoso que la seguridad del Estado de Israel vaya a garantizarse a través de la ocupación y la opresión. Diríase que es la garantía de que los israelíes vivirán bajo permanente amenaza, que sin duda es funcional a la retórica del pueblo asediado. La apelación palestina a las resoluciones de la ONU y a las fronteras de 1967 no es un gesto sin consecuencias. Del reconocimiento de esa legalidad derivaría necesariamente el reconocimiento de Israel, cuya existencia también es resultado de aquélla. Israel está hoy formalmente reconocido sólo por los dos únicos países con los que tiene acuerdos de paz: Egipto y Jordania. El apego de Israel a la legalidad internacional supondría automáticamente su reconocimiento por todos los Estados vecinos, tal vez con la excepción de Irán.

Yaser Arafat dijo hace años en la tribuna de las Naciones Unidas que llegaba con una rama de olivos y un fusil y pedía que no dejaran que se le cayera la rama de olivos. La semana pasada Abas dijo en esa misma tribuna que sólo tenía una rama de olivos. Y tenemos motivos para creerle. Aunque más no sea porque sabe que el camino de las armas está condenado y que la palabra es la única posibilidad de que sus pedidos sean escuchados. Evocar la hostilidad de Hamas hacia Israel supone tomar la parte por el todo. Hamas no es el pueblo palestino y tomarlo por tal se parece demasiado a una coartada para la intransigencia israelí. Por lo demás, una paz justa, erosionaría totalmente la influencia de esa organización islamista, algo que las autoridades israelíes no pueden desconocer.

En este contexto y con todos estos antecedentes, la sugerencia de que la iniciativa de la Autoridad Palestina de pedir la adhesión como Estado de pleno derecho a la ONU es unilateral y conspira contra las negociaciones entre las partes suena a broma macabra. Abas recurrió al máximo exponente del (imperfecto) multilateralismo actual para pedir que se ponga fin a los excesos del unilateralismo de Israel. ¿Cómo es posible, pues, que las responsabilidades se inviertan de forma tan grotesca? Asunto diferente es la muy difundida creencia en que la creación de un Estado propio pondrá fin como por arte de magia a cuantos padecimientos se han sufrido y se siguen sufriendo. Yo no adhiero a esa fe, pero es derecho de los palestinos profesarla.

Hay pocos conflictos en el mundo en los que resulte tan evidente que la razón le asiste (mayormente, si se prefiere) a una de las partes. No ignoro que sobre esta afirmación caerá el sambenito de antisemitismo, pero no estoy dispuesto a retirarla ni a dejarme amedrentar por una acusación infame a la que sistemática y calculadamente recurren diplomáticos israelíes, asociaciones judías de todo el mundo, e incluso judíos progresistas, cada vez que alguien se atreve a impugnar la política de los gobiernos israelíes.

Si faltaba alguna evidencia de que los conflictos internacionales no suelen dirimirse con arreglo al derecho y al criterio de justicia, el palestino-israelí está aquí, frente a nuestras narices, para suministrárnosla. Si en una deliberación política nacional nadie puede alegar el interés o la fuerza para defender una postura, porque automáticamente quedaría deslegitimado, no sucede lo mismo en el ámbito de las relaciones entre Estados, en el que la fuerza suele ser más decisiva que el más persuasivo de los argumentos y en el que se considera legítimo defender intereses despojados de razones.

El poder y la fuerza desnuda no dejan espacio para la exposición razonada de argumentos ni para la deliberación acerca de la justicia de las soluciones propuestas ni para la eventual persuasión de unos por otros. Cuando ambos ocupan toda la escena, a lo sumo queda espacio para la negociación, es decir para las concesiones mutuas… si es que las fuerzas en liza son medianamente parejas. He aquí el drama del conflicto entre israelíes y palestinos cuyas fuerzas no son precisamente parejas. La principal explicación del impasse en el que se encuentra ahora, y desde hace más de medio siglo, el conflicto –un conflicto que es sinónimo de sufrimiento y humillación para la mayoría de los palestinos– es la abrumadora superioridad militar de Israel. Otro problema añadido es que para negociar, tiene que existir un margen para las concesiones mutuas. Los palestinos ya no lo tienen, han concedido todo lo que tenían para conceder. La única concesión que se le pide a Israel, si es que a ello se le puede llamar concesión,  consiste en que respete las resoluciones de las Naciones Unidas y que renuncie a lo que nunca tuvo derecho. Por decirlo en pocas palabras, la única salida justa y duradera a este inacabable conflicto es que Israel cese la ocupación y la colonización de unos territorios que no le pertenecen.

El problema con la parte que ahora reclama algo perfectamente razonable (el 22% del territorio en el que vivieron durante siglos) es que es la más débil de la relación. Las armas condujeron, y seguirán conduciendo, a un callejón sin salida frente al poder militar israelí. La negociación bilateral que hoy se le vuelve a ofrecer a los palestinos sólo ha servido para darle largas al asunto y para que Israel ganara tiempo para consolidar su avances territoriales.

Por eso puede argüirse que el pedido de reconocimiento de un Estado palestino la semana pasada en la ONU es el recurso al que apeló Abas para romper el inmovilismo. “Esta es la hora de la verdad, nuestro pueblo está esperando oír la voz del mundo”, ha dicho en su discurso. Ante la amenaza de veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, lo más probable es que la iniciativa palestina no tenga consecuencias políticas. ¿O sí? Porque ese último gesto desesperado pone a todos los gobiernos del mundo ante la exigencia de tomar partido.

En su discurso de hace dos años en la universidad de El Cairo Obama dijo que “no es posible negar que el pueblo palestino sufre desde hace más de 60 años el dolor del desarraigo y las humillaciones diarias de la ocupación. La situación es insostenible”. El propio Obama dio indicios al comienzo de su gestión de que no sería un aliado incondicional de Israel, pero con su amenaza de vetar la solicitud palestina ha dejado claro que Estados Unidos sigue siendo juez y parte en este conflicto. La postura de Estados Unidos y de Occidente en general desafía mi capacidad de entendimiento. Está condenada a sufrir el repudio de buena parte del mundo, a mantener la inestabilidad en esa región y a servir de coartada para la violencia islamista. No lo comprendo: la influencia del lobby judío en Washington es una explicación trivial de una postura que, a primera vista, parece contraria a los intereses de una potencia en un tiempo en el que el poder se basa más en la seducción que en el garrote.

Y a pesar de que hoy parezca un camino que conduce a ninguna parte, la Autoridad Palestina no dispone de otro recurso que la rama de olivo. El apego al derecho internacional, la insistencia en la justicia de sus reclamos son los únicos terrenos en los que la superioridad palestina es aplastante. Convocar a derramar más sangre sólo puede servir para aumentar el sufrimiento, en primer lugar el de los propios palestinos.

Varios de ustedes supondrán que mi amigo resultó un impostor, y que los sabuesos de la Seguridad Social descubrieron que no había estado preso durante la dictadura o que si lo estuvo fue por cometer una estafa o algo semejante. Nada de eso. Mi amigo cometió un pecado mucho “más grave” que hacerse pasar por ex preso político: trabajar legalmente y cobrar un sueldo cuya cuantía no lo hacía acreedor, de acuerdo con las disposiciones de la citada ley, a una reparación económica. No recibe un salario japonés, hay que decir. Apenas unos pesos más que la pensión mensual que recibía. De modo que todo legal: con el último aumento, mi amigo empezó a recibir un salario que automáticamente lo descalificaba como víctima-de-la-dictadura-que-merece-una-reparación… y las autoridades, como no podía ser de otra manera, le quitaron la pensión.

El problema no es este lamentable episodio. El problema, obviamente, es la ley misma. Entre las buenas acciones de nuestro gobierno que las autoridades no se cansan de destacar se halla la aprobación de una ley que supuestamente repara a las víctimas de la dictadura (familias de desaparecidos, presos políticos y exiliados). Pero la ley es un mamarracho.

Si no se incurre en la autocomplacencia y se analiza la ley con algo más de detenimiento, se verá que la mencionada reparación está sujeta a determinadas condiciones. Como todas las leyes, se alegará. Efectivamente, como todas las leyes. El problema, sin embargo, es que esa condición no consiste únicamente, como debiera, en que los potenciales beneficiarios de la reparación hayan sido víctimas de la dictadura y puedan demostrarlo. La ley pone, además, la condición de que el beneficiario tenga un ingreso inferior a las 8,5 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), unos 19.000 pesos mensuales. Me pregunto –y pregunto– qué tendrá que ver el actual nivel de ingresos de los ex perseguidos por la dictadura con el daño sufrido por la acción del Estado.

El Estado infligió en el pasado un daño imperdonable a determinados ciudadanos y por ello les paga, o así dice, una determinada suma en concepto de reparación. No pretendo abordar aquí la discusión acerca de si esas sumas pueden compensar o no el daño sufrido. Eso es harina de otro costal. Lo que pretendo señalar aquí es que ese propósito justiciero no debería depender, como en efecto depende en la ley que nos ocupa, de la condición socio-económica de las antiguas víctimas. Es jurídica, moral y políticamente aberrante pretender que no se merece esa reparación porque se goza de una determinada posición económica. Digámoslo de una vez: ni siquiera en el caso de que una de esas víctimas fuera hoy millonaria se justificaría semejante exclusión, porque lo que se supone que movió al Estado a disponer esas reparaciones fue el daño causado y no la pobreza (o riqueza) de sus potenciales beneficiarios. No soy menos víctima de la dictadura porque hoy sea un rico heredero o el accionista mayoritario de British Petroleum. Si el Estado quiere, además, hacer justicia social, puede eventualmente gravar esos ingresos con los impuestos del caso.

La “solución” frenteamplista al problema de la reparación a las víctimas de la dictadura casa perfectamente bien con cierta sensibilidad pobrista de buena parte del elenco gubernamental. Es como si se dijeran a sí mismos: no le vamos a dar dinero a quien no lo necesita. El problema con ese pobrismo es que olvida que esta ley se aprobó para hacer justicia con las víctimas de la dictadura, no para mejorar la suerte de los pobres. Esta “filosofía” también inspiró la idea de que los exiliados durante la dictadura reciban una pensión si, y sólo si, al cabo de su vida laboral les correspondiera una jubilación miserable. En caso contrario, la ley dispone que no tienen derecho a reparación alguna. Imposible pedir mayor confusión conceptual. Es como si, salvando las diferencias, se le negara una plaza en la escuela pública a quien se puede pagar una privada.

En el apartado 25 del capítulo XI (sobre la no discriminación) de la resolución 60/147 de las Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a obtener una reparación se establece que “la aplicación e interpretación de los presentes Principios y Directrices básicos se ajustará sin excepción a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sin discriminación de ninguna clase ni por ningún motivo”.

Tal vez haya que recordar que la pobreza no es la única injusticia que debe enmendar una sociedad democrática. Hay injusticias que no atañen a la distribución de la riqueza. La padecida por las víctimas de la dictadura es una de ellas, y haríamos mal en subordinar su reparación a un mezquino cálculo económico.

El asunto que nos ocupa aquí es un ejemplo más del país del como si: el gobierno del Frente Amplio hace como si reparara a las víctimas de la dictadura, aunque en verdad sólo repara a aquellas pocas que son pobres de solemnidad.

Cito apenas un pasaje de la carta de renuncia del profesor Juan Pablo Cajarville: “Lamentablemente debo decir que (…) el nivel de la enseñanza ha descendido hasta tal punto que, salvo contadísimas excepciones de algunos estudiantes que por ventura aparecen, las clases deben necesariamente limitarse a una mecánica repetición de conceptos cada vez más elementales y los períodos de exámenes son ocasión de reiteradas y profundas decepciones. Si esto ocurriera sólo conmigo, pues entonces razón de más para renunciar. Lamentablemente, me consta que la misma comprobación la comparten muchos profesores de la casa”.

Como suele decirse, Cajarville puso entonces el dedo en la llaga. Hoy, cuatro años más tarde, lo vuelven a poner otros. La directora de un liceo de Montevideo, que estuvo a punto de ser linchada por los populistas vernáculos, incurrió en la osadía de denunciar que, en nombre de una mal entendida “inclusión” de todos, se estaban degradando a niveles lastimosos las exigencias académicas para pasar de curso. Un decano advirtió que más del 80% de los estudiantes secundarios que accedían a la Facultad de Ingeniería carece de los conocimientos básicos de matemáticas como para emprender la carrera y otros aseguran que un porcentaje similar es incapaz de interpretar adecuadamente un texto. Al parecer, la enseñanza privada, de la que proviene aproximadamente la mitad de los estudiantes universitarios, no escapa al marasmo. El difundido lugar común de que los uruguayos constituyen un pueblo culto y educado se cae a pedazos.

Los síntomas que describen unos y otros son alarmantes, pero parecen reducir el problema de la pésima formación de los estudiantes a un asunto interno de las instituciones educativas. El origen del mal residiría, a su juicio, en el descalabro de la enseñanza media, que habría reducido sus exigencias académicas y puesto el listón para aprobar un curso a la altura de un zócalo.

Sin embargo, aunque tentador, es demasiado cómodo atribuirle todos los males a nuestras instituciones escolares, que son responsables de unos cuantos como para que además les endilguemos aquellos que prosperan fuera de las aulas, que son, me parece, los que nos pueden suministrar pistas sobre la escasa disposición al estudio, cierta celebración de la ignorancia y el desdén por el saber de los que se ufanan muchos jóvenes. La “cultura de masas” de la que se nutren nuestros imberbes circula fuera de las escuelas y liceos y no la han concebido los docentes. Si educar consiste en la preparación para la vida en común de los más jóvenes por los más viejos –una tarea bastante más vasta que la mera formación, aunque es habitual que se confunda a una con la otra–, los adultos en general, y no sólo los docentes, somos responsables de la mala educación.

No es que quiera transformarme en abogado de nuestra enseñanza vareliana. Sólo quiero advertir que resulta algo grotesco rasgarnos las vestiduras por la decadencia de la educación y al mismo tiempo ignorar olímpicamente la atmósfera social y cultural en la que crecen nuestros hijos. El sistema educativo formal padece una hiperinflación de exigencias. La enmienda de casi todos los desarreglos gestados en la sociedad es sistemáticamente incluida en la ya extensa lista de deberes de ese sistema.

Para empezar, resulta llamativo, por decir lo menos, que quienes acatan los cánones de la corrección política imperante no establezcan siquiera una vaga relación entre el mimo y la condescendencia que se le dispensa a la juventud y la cada vez menor exigencia académica de los docentes. Esa misma corrección política condenará por autoritario y/o elitista a quien sugiera que los educandos también tienen que poner “algo” de sí para acceder al conocimiento. Por ejemplo, la disposición a someterse a la traumática experiencia de leer un libro o la dolorosa renuncia a un par de horas de Facebook. Salvo que se piense en el estudiante en términos de mero receptáculo pasivo de datos y conocimientos que los docentes deben llenar como se llena un tanque de gasolina, habrá que concluir que no es posible hacer recaer la tarea educativa exclusivamente en estos últimos. Sin embargo, los manuales de Instrucciones para el Adulto Moderno y Progresista no incluyen entre sus recomendaciones el recordarle a los jóvenes que el saber no es un producto que se compra hecho, como los i-Pod o los mp3, que el acceso al conocimiento depende en buena medida del propio esfuerzo y que casi nunca consiste en esa diversión en la que al parecer quieren convertirlo algunos pedagogos. Es posible que esta sensibilidad contemporánea, que ha convertido a los infantes y jóvenes en objeto de culto, lisonja y veneración también sea una reacción a cierta brutalidad y autoritarismo de un tiempo en el que se creía que la letra con sangre entraba. Ya no ocurre eso, afortunadamente. Pero ahora asistimos a la ilusión de que el aprendizaje puede ser una fiesta, con premios a fin de curso incluidos.

Este espanto frente al esfuerzo y el trabajo, inherentes a la tarea de aprender, tampoco debe atribuirse exclusivamente a las fallas del sistema educativo. Es propio del paradigma del consumo reinante. Cuando la satisfacción inmediata de cualquier deseo o capricho está socialmente legitimada y ningún esfuerzo vale la pena si no trae consigo un beneficio instantáneo, es normal que los jóvenes también apliquen esos criterios al estudio. Pero acceder al conocimiento es un asunto arduo y complejo, duro por momentos, que lleva tiempo y paciencia y no hay ardides didácticos que puedan convertirlo en un quehacer divertido. Un buen docente puede hacerlo ameno e interesante y un padre podrá suscitar la curiosidad intelectual de sus retoños, pero ninguno de los dos podrá “contarle” la teoría darwiniana de la evolución de las especies o el impacto de la Ilustración en Occidente en los diez minutos de atención que están dispuestos a prestarle. Hay objetos de estudio que son complejos y sólo se los puede simplificar al precio de falsearlos.

Pensándolo bien, aunque este mal prospera fuera de las aulas, las instituciones escolares contribuyen a consolidarlo cuando, en defensa de una incierta “inclusión” de todos y para “que nadie quede rezagado”, muestran una pasmosa benevolencia a la hora de calificar los conocimientos de los estudiantes. Pero si trascendemos las apariencias y los discursos estandarizados, la invocación de la “inclusión” social para justificar el poco rigor examinador de los docentes, se revela exactamente como su opuesto. Porque esa benevolencia es puro paternalismo. En el fondo, lo que late detrás de esa condescendencia es la idea de que a los hijos de las familias pobres no se les puede exigir demasiado, porque, víctimas al fin, estarían inhabilitados para acceder a cualquier saber más o menos complejo. Cuando, en rigor, el mejor estímulo para un estudiante que vino al mundo en un hogar de bajos recursos (económicos y educativos) es plantearle los mismos desafíos que a cualquier otro, cuanto más altos tanto mejor. El mensaje debería ser: ‘no te lo vamos a poner fácil, porque no eres menos que nadie y eres tan capaz como cualquier otro’.

Tampoco viene a cuento escandalizarse ante el escaso amor por el conocimiento cuando el mensaje que se envía a los jóvenes es que éste es apenas un medio para procurarse bienestar material. La idea de que la educación debe ser tributaria de las demandas del mercado de trabajo ya forma parte del sentido común. Nadie la discute. ¿A qué fingir sorpresa entonces? Si ser una persona culta no es un fin en sí mismo, sino que ha sido degradado a la categoría de mera herramienta, a un medio para fines ulteriores, nadie debería sorprenderse de que los estudiantes apelen a cualquier triquiñuela para superar algo que perciben como un incordiante peaje que hay que pagar para acceder al premio gordo. ¿Por qué no copiar durante un examen? ¿Por qué no estudiar en esos incomprensibles pero sencillos apuntes del vecino? ¿No se les ha dicho hasta el hartazgo que “no hay más remedio” que ir al liceo para que en el futuro se les abran las puertas del mercado de trabajo? ¿No se pone como loco el pater familias cuando escucha que sus hijos quieren estudiar antropología o literatura, que “¿me querés decir para qué carajo le van a servir en la vida?”. No hay con qué darle: nosotros mismos no estamos convencidos de que ser más cultos sea un fin en sí mismo y necesitamos encontrarle alguna utilidad a la comprensión de por qué el sol sale cada mañana o de por qué a Aristóteles se le ocurrió escribir su Etica (seguro que no tenía nada útil que hacer). Pero tal vez el conocimiento científico o la sensibilidad estética que nos permiten comprender los misterios de la naturaleza y gozar de una pieza musical o de una buena novela no necesiten justificarse por su incierta utilidad. Útiles, lo que se dice útiles, no son. Y sin embargo nos humanizan, porque nos permiten trascender nuestra condición animal, ampliar nuestra libertad y a la postre nos pueden hacer mejores individuos y ciudadanos. ¿Acaso se necesitan mejores razones para hacer el elogio de la educación?

A juzgar por lo que se ve y se oye, sí: hacer dinero, la actividad instrumental por excelencia. Cuando un padre asegura que a su hijo ‘le va bien’, muy a menudo quiere decir que tiene un empleo bien remunerado. He aquí el gran mensaje, el gran señuelo con el que pretendemos seducir a nuestros adolescentes para que estudien: acceder al bienestar material, que no necesariamente conduce al bienestar a secas. Pero las evidencias indican que hasta el más lerdo de nuestros adolescentes intuye que nadie se hace rico estudiando (a lo sumo podrá acceder a un puesto de trabajo que le permita vivir razonablemente bien… y a veces ni eso). Pero para hacer dinero hay que seguir la vía Paco Casal (por cierto, una encuesta reciente indica que Paco Casal es percibido por nuestros jóvenes como el paradigma del empresario moderno). Un buen número de los que pasaron por la universidad también ha descubierto que la academia puede darles satisfacciones de diversa naturaleza pero no necesariamente materiales.

El relativismo imperante viene a completar un paisaje desolador que en nada contribuye a convencer a las personas de que en el estudio riguroso y sistemático se pueden hallar explicaciones a las perplejidades del presente o que ser más cultos puede ser una experiencia gozosa que contribuya a la autorrealización de las personas. Cuando la verdad es un asunto de puntos de vista, entonces se comprende el escepticismo frente al estudio. Cuando me refiero a la verdad no estoy pensando en una verdad mayestática con artículo determinado, que pertenece más bien al reino de la teología. Ni imaginar una respuesta a la pregunta de qué es la verdad, sino, más modestamente, si podemos saber si algo es verdad o no. Si no podemos saberlo, tampoco resulta descabellado desdeñar el estudio, la interrogación o la búsqueda de explicaciones.

Cuando una opinión o una creencia valen lo mismo que un razonamiento fundado, cuando la superstición es tan respetable como los criterios científicos, cuando se está convencido de que la razón vale tanto como “los sentimientos” o las intuiciones a la hora de laudar sobre la pertinencia de cualquier juicio científico o político o un charlatán goza de la misma atención en la televisión que un sabio y asistimos a la multiplicación de programas en los que el mejor y el peor, lo bueno y lo malo o lo verdadero y lo falso se deciden por votación popular, la ignorancia puede terminar elevándose a sabiduría alternativa. Hay que avisar que en el terreno del conocimiento no rige la democracia plena, hay jerarquías. No vale lo mismo un saber contrastado (siempre revocable y provisorio naturalmente) que el palabrerío de un astrólogo.

Me parece propio de ciegos no darnos por enterados de que todos estos fenómenos de civilizada incultura a los que están sometidos nuestros jóvenes y adolescentes tienen mucho que ver con la desvalorización del conocimiento y la cultura en general. En ese contexto, el naufragio del empeño educativo no debería sorprender tanto. No dispongo de ninguna receta para superar el descalabro. Tampoco niego que las instituciones escolares tengan su cuotaparte de responsabilidad y un importante papel que desempañar en la lucha contra la mediocridad cultural, pero no nos engañemos, la escasa seducción que ejerce sobre los jóvenes la perspectiva de convertirse en personas cultas y el lamentable nivel académico del que ahora se alarman tantos no se superarán con una nueva reforma progresista ni con el 45% del PBI para la educación ni con otra distribución del poder en las instituciones educativas. Las raíces de esas plagas están en otra parte, casi por todas partes.

Dibujo de Eduardo Cardozo

Un lamento recorre el mundo: ¡se han perdido los valores! Ya no debe de quedar nadie que no se haya referido en alguna oportunidad a esa pérdida, que sería un (o el) rasgo propio de esta época. La queja se oye en todos los países y en todos los ámbitos. La semana pasada le llegó el turno a nuestro presidente. Tras amonestar a la prensa por caer en el sensacionalismo, pidió que los medios transmitieran valores, que a juzgar por lo que se oye y lee sería lo que más anda necesitando la sociedad actual.

Una búsqueda en Internet con las palabras “pérdida de valores” y “crisis de valores” arroja un resultado abrumador, que da la pauta del lugar preeminente que ocupan en la cultura social: diez millones de páginas. Nada debería sorprender menos, ya que cuando alguien dice que se han perdido los valores puede estar refiriéndose a muchas cosas, casi a cualquier cosa, lo que multiplica ad infinitum el número de los posibles rescatadores de valores: que se ha perdido el respeto a la autoridad, que los jóvenes ignoran el valor del esfuerzo y el trabajo, que el lenguaje vulgar se ha apoderado de la televisión, que la violencia campea en los estadios de fútbol, que con el casamiento entre personas del mismo sexo se ha pervertido el valor del matrimonio, etc., etc. Me he enterado incluso de que una modelo dijo que estaba escandalizada porque “se habla alto (y) la gente joven no cede su asiento a las personas mayores en los transportes públicos”, que Johann Cruyff culpa al presidente Florentino Pérez por (¡adivinen!) la “pérdida de valores” del Real Madrid. Y el rector de la Universidad Tecnológica de Santiago (República Dominicana), doctor Príamo Rodríguez Castillo, sentenció que “la pérdida de valores morales y sociales en nuestra sociedad es más terrible que todos los cataclismos que han sucedido en la humanidad” (caramba). Pero no sólo los conservadores sufren de nostalgia por los valores perdidos; también los progresistas tienen sus cuadernos de quejas: dicen que los jóvenes perdieron el interés en la política, se drogan a la vuelta de la esquina y que el egoísmo, la indiferencia por los asuntos colectivos, la irresponsabilidad, el consumismo y la búsqueda de la satisfacción a corto plazo reinan por doquier. [Lo curioso de este último diagnóstico es que quienes lo formulan siempre comparan a los jóvenes de hoy con los jóvenes que ellos fueron alguna vez pero no con los adultos que hoy son. Si lo hicieran, tal vez descubrirían que esas disposiciones que lamentan entre los jóvenes no son tan diferentes de las que predominan en el mundo de los adultos.]

A pesar de su diversidad, estas quejas tienen al menos dos cosas en común. Una de ellas es que, a su manera, todas hablan de la desaparición de determinados comportamientos, costumbres o ideales, que parecen haberse perdido para siempre. Si esto es así, hay que decir que el fenómeno no tiene nada de nuevo. Al menos desde que Marx escribió que bajo la moderna sociedad burguesa todo lo sólido se disuelve en el aire, asistimos a la constante alteración de normas, ideas, creencias, jerarquías y eso que llaman valores. Uno de los rasgos de la modernidad es que nada está abocado a durar eternamente. Una cosa es que nos creamos que la época que nos ha tocado vivir es única y otra cosa es que realmente lo sea. Al menos en lo que concierne a este bendito tema de los valores, el individuo moderno siempre experimentó los padecimientos y el desasosiego propios de la alteración de aquello que le daba certidumbre y seguridad a su existencia. Y nunca faltaron los que reaccionaron con espanto o temor ante esas mutaciones. La idea de crisis de valores es una característica más o menos común de cualquier presente.

Acaso el rasgo más sobresaliente de estos tiempos globales sea la aceleración de esa dinámica, no su aparición. De modo que ahora no sólo los que antaño llamábamos reaccionarios se rasgan las vestiduras por la “crisis de valores”, sino casi todos. ¿Quién no ha apelado alguna vez a esos faros para orientarse en la oscuridad que son “los valores” para sobrellevar la incertidumbre y la inseguridad a las que estamos expuestos en este mundo líquido e individualizado en el que vivimos? Sin ir más lejos, a mí me escandaliza la paulatina desaparición de la sana costumbre de que sean las madres las que se levantan por la noche cuando los niños berrean.

La otra marca de los valores supuestamente perdidos es su vaguedad. En la escuela, en el fútbol, en la política, casi en cualquier ámbito se habla de recuperar los valores. Sin embargo, casi nadie dice con todas las letras cuáles son esos valores o qué hacer para que arraiguen en la vida social. La apelación a los valores perdidos, así a secas, tiene la fuerza de una “evidencia” incontrovertible y generalizada. Cuando nadie se atreve a decir de qué está hablando cuando habla de valores, entonces cualquiera puede adherir a la prédica de la pérdida de valores, porque cada cual puede darle el contenido que mejor le apetezca. La seducción que ella ejerce sobre las almas turbadas por un mundo cada vez más complejo, en el que nada parece seguro, reside precisamente en su brutal y abstracta simpleza. Quien evoca la pérdida de valores como explicación de los problemas de este mundo huye de la complejidad de este mundo. El problema con esta forma de proceder es que difícilmente vaya a cambiar nada. ¿La decadencia de la institución familiar, por ejemplo, se evitará (si es que debe ser evitada) evocando inciertos “valores familiares” o modificando la tiranía de los horarios laborales que hoy padecen hombres y mujeres? La constante erosión del poder y la influencia de los Estados nacionales, ¿debe achacarse a la creciente desafección patriótica de los jóvenes? ¿Obtendremos mayor seguridad si se difunden “valores”, como sugiere Pepe Mujica? De seguir este curso, llegará el día en que nos propongan darle de comer valores a los hambrientos.

El impreciso discurso de la pérdida de valores moraliza la política o, si prefieren, despolitiza problemas que piden a gritos un abordaje político, huye de la complejidad de la política y de la necesidad de tomar partido. He aquí una de las explicaciones de la universal inclinación a tener siempre un valor perdido entre labios.

Varias serían las consecuencias de precisar con un poco más de detalle en qué consistirían los mentados valores. Todas ellas inquietantes. Una es que ya no sería posible tener la fiesta en paz, porque no bien se abandona la vaguedad, aparecerá la controversia inherente al pluralismo de valores que impera en las sociedades actuales. Si hay que tener ojo con los valores, no es porque no existan, sino porque hay demasiados. Otra es que nos obligaría a sopesar los benditos valores, a compararlos, a discernir entre positivos y negativos, cuya desaparición, supongo, no deberíamos lamentar. Ahora, en cambio, dada su opacidad, todos los valores son pardos… ninguno es más valioso que otro. Para algunos, la utilidad, la eficacia y la competitividad son valores positivos, pero otros consideran más valiosos el disfrute y la cooperación. Por fin, hablar de valores con nombre y apellido, nos permitiría tomarle el pulso a esos valores y establecer si estamos mejor, igual o peor que siempre (que es lo que viene a decir el discurso de los valores perdidos). Tal vez el eterno lamento por la pérdida de valores no esté siempre y en todos los casos justificado.

Tampoco sabemos si cuando se habla de la decadencia de los valores se hace referencia a valores útiles (capacidad/incapacidad; eficacia/ineficacia), estéticos (bello/feo, armonioso/caótico), intelectuales (verdad/falsedad, conocimiento/error), morales (justicia/injusticia, libertad/dominación, igualdad/desigualdad, solidaridad/insolidaridad) o religiosos (sagrado/profano), según la atinada clasificación de Adela Cortina. Si fuera el caso de que hablamos de los valores morales a los que hace referencia Cortina, no está nada claro que vayamos de mal en peor. ¿Acaso vivimos en un mundo más injusto, más desigual, menos libre que antes? ¿cuál es ese antes?

Pero al margen de lo apropiadas o inapropiadas que resulten las apocalípticas advertencias de educadores, obispos y políticos (todos ellos imputan sus problemas a la pérdida de valores morales ), cabría preguntarles cómo piensan enfrentar el marasmo supuestamente resultante de esa crisis de valores, lo que nos conduce invariablemente a la política, porque es improbable que ello vaya a ocurrir con sermones moralistas, que no otra cosa son los llamados a transmitir valores.

En un sentido, al menos, hay que tomarse muy en serio el ruido que se hace con los ideales y valores, en detrimento de los derechos y las reglas,  porque supone un debilitamiento del espacio de la política y en particular de los derechos. Cuando los protectores de los valores perdidos hablan del valor de la familia, la seguridad o el esfuerzo, siempre hay una amenaza en puerta a los derechos. A los derechos de los sexualmente “desviados”, a las libertades ciudadanas o a los derechos laborales.

Antes de exponer algunas reflexiones sobre el asunto, quiero dedicar unas líneas a esos pocos que sí dudan de que la actual distribución de la riqueza social sea injusta y de que, por ende, deba alterarse. Entre ellos hay que contar al ex ministro de Economía Ignacio de Posadas, quien en una reciente columna de opinión en el diario El País afirmó que lo que no se puede aceptar, por resultar moralmente reprobable, es la existencia de pobres… no así de ricos. Lo que ultraja nuestra conciencia, vino a decirnos, es que haya pobres, no que haya ricos. La conclusión de semejante afirmación se impone por sí sola: el combate a la pobreza no tiene por qué ir de la mano de una distribución más equitativa de la riqueza.

Después de todo, ¿no les asistirá razón a nuestros conservadores cuando alegan que es legítimo el empeño por reducir la pobreza pero no la impugnación de la riqueza, que sería hija de la envidia y el resentimiento?

Uno de los tantos problemas que tiene este tipo de sugerencias es que es improbable que en sociedades de desarrollo intermedio como la nuestra se destierre la pobreza sin distribuir mejor la riqueza social disponible. Salvo que nos imaginemos, como los niños en vísperas de la llegada de los Reyes Magos, que pronto habrá de todo para todos, no resulta nada sencillo imaginar cómo terminar con la pobreza sin mejorar la distribución de la riqueza. Ni siquiera en las sociedades más desarrolladas ha ocurrido ese milagro. Precisamente los países donde los rastros de la pobreza resultan más imperceptibles –incluso en aquellos pocos donde la pobreza ha desaparecido por completo– son aquellos en los que no está prohibido ser millonario pero sí donde la disparidad de ingresos es menor, tal como indica ese prodigio de la ciencia económica que es el índice de Gini. Es posible que la elevada productividad del trabajo en esos países haya permitido distribuir mejor la riqueza y reducir (o suprimir) la pobreza sin las tensiones sociales y políticas que invariablemente suscitan en países donde la famosa torta es más escuálida, pero ello no debería inducirnos al error de creer que ese bienestar más o menos generalizado del que gozan se ha producido sin reducir en parte los ingresos de los más ricos.

Esta constatación no nos exime, sin embargo, de responder a la siguiente pregunta: si en teoría fuera posible terminar con la pobreza sin erosionar las cuentas bancarias de los más ricos, ¿tendríamos alguna objeción que formular a la riqueza desmedida? Yo tengo algunas.

Una de ellas es que una sociedad atenta al criterio de justicia no puede retribuir el esfuerzo de sus miembros de una forma tan patente e irritantemente desigual como ocurre en la actual. Nadie se hace millonario trabajando desde que aparece hasta que se oculta el sol, pero sí es posible enriquecerse especulando en las redes financieras o gracias a un batacazo bursátil. Hay algunos que ni siquiera derramando todo el bíblico sudor de su frente logran tener una vida materialmente digna, mientras que, gracias a sus capitales, otros logran multiplicar sus panes y sus pesos sin mayores penalidades.

Una buena parte de la tradición moral occidental ha condenado la especulación económica, el préstamo con intereses, la usura y cualquier procedimiento que permita multiplicar la riqueza propia sin trabajar. Aristóteles advertía que el dinero se inventó para el intercambio comercial y que no era legítimo que la riqueza proviniera del propio dinero en forma de interés. Santo Tomás condenó la usura y dijo que la abundancia de riqueza sólo se justificaba cuando se la empleaba para mitigar la indigencia de otros.

Estas consideraciones resultan hoy tan o más pertinentes que antaño si se repara en el carácter social del metabolismo económico del capitalismo contemporáneo. A diferencias de las formas premodernas de producción, no existe hoy incremento de la riqueza que no sea el resultado de la interacción con los demás o del esfuerzo de muchos, por más que en apariencia la riqueza individual no guarde relación con el trabajo (físico o intelectual) pretérito de una sociedad.

La  riqueza desmedida y la chocante disparidad con que se retribuye el esfuerzo de cada cual (una de cuyas manifestaciones más visibles es el derecho de herencia) no implica únicamente un menoscabo de la idea de justicia. Repercute asimismo en el compromiso de los ciudadanos con la democracia. Es difícil que los miembros de una comunidad tan injusta sientan que están embarcados en la misma nave. Con grandes desigualdades es improbable que los ciudadanos asuman que tienen intereses en común y, por tanto, también lo será el compromiso cívico. Me anticipo a un eventual reparo a estas consideraciones y aclaro que las mismas no deberían confundirse con un igualitarismo radical. No creo que una retribución justa del esfuerzo equivalga a que todos recibamos exactamente lo mismo, entre otras cosas porque no hay que descartar que algunos prefieran, por ejemplo, trabajar menos y vivir más austeramente. Y una sociedad justa debería contemplar la posibilidad de hacer esa elección.

Finalmente, no hace falta ser padre franciscano ni hacer de la austeridad una virtud ni albergar el menor encono hacia los ricos y poderosos para tener presente que el matrimonio entre la riqueza y el poder puede erosionar la democracia, al menos si se la entiende también como un sistema que asegure la máxima autonomía de los individuos a la hora de hacer sus elecciones vitales. El dinero es en las sociedades contemporáneas un recurso que además de ampliar el propio poder, es decir de ampliar las posibilidades de acción de quien lo posee, permite ejercer poder sobre otros. No voy a extenderme sobre este asunto, porque ya lo he hecho en otra parte. Baste con recordar que quien tiene una riqueza infinitamente superior a la que necesita para satisfacer sus necesidades, puede utilizarla para torcer la voluntad de otros, en ámbitos que van desde el trabajo a la política, pasando por el matrimonio.

* * *

Uruguay es uno de los muchos ejemplos de que la reducción de la pobreza no necesariamente va de la mano de una distribución más equitativa de la riqueza. Desde que el Frente Amplio asumió el gobierno se ha reducido sensiblemente la pobreza, pero la distribución del ingreso ha permanecido casi inalterada, incluso en un contexto de crecimiento económico sin parangón en la historia de este país, como el que ha tenido lugar en el último lustro.

Según Andrea Vigorito y Verónica Amarante, autoras del trabajo  “La evolución de la desigualdad de ingresos en Uruguay entre 1980 y 2009”, recién en 2008, y por primera vez en 15 años, comenzó a apreciarse una modesta mejora de la distribución de la riqueza. A pesar del impresionante aumento del 30% del salario real desde que el Frente Amplio asumió el gobierno, la aplicación de planes de asistencia social, como el Panes, y una reforma tributaria (menos justa de lo que sus promotores arguyen, aunque en cualquier caso más justa que el sistema que reemplazó), la desigualdad, medida por el índice de Gini, apenas se redujo un 5% en el período 2007-09. Es probable, argumentan las autoras del trabajo citado, que sin esas políticas públicas la desigualdad hubiera aumentado. Es que, dejada a su libre y espontánea evolución, la economía capitalista tiende a concentrar los ingresos y la riqueza en general. La pequeña mejora señalada debe atribuirse, pues, a la política del gobierno.

El actual debate en la izquierda remite a la pregunta de si acaso la exasperante lentitud con la que mejora la distribución de la riqueza en este país no podría acelerarse con otras iniciativas políticas. Sin embargo, cada vez que aparecen propuestas para modificar esa rígida distribución de la riqueza, desde el gobierno progresista se levanta, como un muro, el mismo argumento, pétreo, impermeable a la deliberación: sería un riesgo, una amenaza, un peligro, una insensatez mover cualquier pieza del ajedrez de la política económica. Según esta visión, mejorar la distribución de la riqueza tendría consecuencias catastróficas para toda la sociedad. Conspiraría contra el llamado clima de inversión. La alarma que desata cualquier propuesta de alterar la actual distribución de la riqueza no es una simple coartada de burócratas preocupados por no hacer olas y conservar sus cargos. El riesgo no es desdeñable, particularmente en una época en la que el capital se ha desterritorializado y puede levantar vuelo a la menor contrariedad. Tal vez esto explique que la política de la mayoría de los gobiernos consista en atraer o retener a ese capital nómada. Sean de izquierda o de derecha, parecen competir entre ellos por ofrecer las mejores condiciones a ese capital. Y anunciar medidas que erosionarán sus ganancias no es la mejor forma de darle la bienvenida a esos capitales. El Estado nacional, la política nacional son patéticamente inadecuados para subordinar a esos capitales a los imperativos de la justicia.

Pero la política no es una ciencia exacta cuyo conocimiento permita establecer con exactitud matemática las consecuencias de sus movimientos. Me parece que es más apropiado definirla como un arte. Porque está sujeta a contingencias, a sorpresas, o lo imprevisible. Los pronósticos de la ciencia tienen, al menos hasta que se demuestre lo contrario, el carácter de certezas. El arte, en cambio, no puede prometer esa certidumbre, es siempre incompleto, inquietante y está sujeto a múltiples interpretaciones. La política entendida como ciencia nos dice lo que va a pasar (si distribuimos mejor la riqueza, por ejemplo… va de suyo que algo malo). La política entendida como arte duda, no lo sabe con seguridad. Pero sabe que no todo está decidido, que hay un espacio para la voluntad. Un espacio cada vez más acotado, qué duda cabe, pero que deberíamos proteger como a un tesoro. Las fronteras de ese espacio no están constituidas por leyes de acero o históricas, como se decía antaño. Las únicas exigencias que no debería ignorar la política para no resultar impotente en el asunto que nos atañe (y en cualquier otro, sospecho) son las de la audacia y la responsabilidad. Si nos resignamos –porque supuestamente el devenir tiene algo de inexorable como pretende la ciencia— nos situamos fuera de la política o la condenamos a una función meramente adaptativa al mundo no político (en este caso, al económico). Otro tanto ocurre si, en nombre de los buenos propósitos que nos animan, nos desentendemos de las consecuencias de nuestros actos e iniciativas.

¿Que qué tienen que ver estas disquisiciones con el tema de la distribución de la riqueza? Mucho. Se me ocurre que la mayoría de las propuestas expuestas hasta ahora por diferentes partidos del Frente Amplio para mejorar la distribución de la riqueza tienen la audacia y el coraje necesarios para cambiar algo en política y al mismo tiempo son suficientemente responsables (hasta tímidas podría decirse) como para poner seriamente en duda la pretensión de algunos tecnócratas de que mil plagas y calamidades se abatirán sobre nosotros si las ponemos en práctica. ¿Que no se sabe exactamente el impacto que tendrán? Claro, como todo en política. ¿Acaso las políticas “serias” y ortodoxas nos ahorraron esas calamidades en el pasado reciente?

En todo caso, el margen de incertidumbre, el “riesgo” inherente a cualquier política, debería ser sopesado por los ciudadanos y las decisiones que se deriven de su examen, tomadas democráticamente por ellos, no por los expertos. Qué riesgos y peligros está dispuesta a correr una sociedad y cuáles no es un asunto eminentemente político, no técnico, después de todo.  Y si no, preguntémosle a los islandeses, que en un referémdum decidieron asumir los riesgos de no pagar los platos rotos por sus banqueros, a pesar de las advertencias apocalípticas que recibieron antes de votar.

Dibujo de Cecilia Astiazarán

El abordaje de la ley de Caducidad por el Frente Amplio, sobre todo desde que está en el gobierno, ha sido una interminable cadena de despropósitos y de las peores maneras de entender la política. Ahora tenemos un escenario surrealista: un presidente que pone reparos a un proyecto de ley elaborado por su propio canciller y ya aprobado en el Senado por sus propios legisladores, mientras cada hora que pasa algún dirigente de la coalición nos obsequia una nueva ocurrencia sobre qué hacer con esta ley.

La telaraña en la que parecen atrapados el partido de gobierno, y el gobierno mismo, fue pacientemente tejida, año a año, congreso a congreso, cálculo político tras cálculo político. Es una larga historia que conviene recordar en momentos en que muchos de sus dirigentes parecen haber perdido la memoria que tanto evocan.

El primer despropósito, va de suyo, es la ley misma. Una norma cuya aplicación depende de la voluntad del gobierno de turno no debería ser parte del ordenamiento jurídico de ninguna sociedad democrática. Es una afrenta a Montesquieu, por decir lo  menos.

Sin embargo, tras su confirmación en un plebiscito en 1989, el Frente Amplio, el mismo Frente Amplio que ahora la quiere derogar, dijo que respetaría a rajatabla ese pronunciamiento popular y no tomó ninguna iniciativa política para intentar quebrar la impunidad que fomentaba la ley. Paralizado por el fetichismo de “la voluntad de la mayoría”, durante veinte años el Frente Amplio se mantuvo incólume en el dogma de que el tema había sido laudado en las urnas (hablo del Frente Amplio, no de las organizaciones de derechos humanos ni de los sindicatos). El razonable reparo que ahora se esgrime, recién en 2011, en el sentido de que en lo que atañe a los derechos básicos no hay voluntad de la mayoría que valga, fue sencillamente omitido de su discurso durante veinte años. Ya me he referido en otra parte al hecho de que las decisiones políticas en las democracias modernas tienen al menos dos fuentes de legitimidad, la de la mayoría expresada en las urnas y las así llamadas contramayoritarias –establecidas por tribunales constitucionales, cortes supremas, convenciones internacionales, cartas magnas, etc-–. Estos textos y organismos limitan –para bien y para mal– aquello que la mayoría  puede decidir. Ese acotamiento de la voluntad mayoritaria no es una imprevista novedad de los últimos años. Ya tiene una larguísima historia en las democracias occidentales. De modo que la izquierda bien pudo recurrir en los últimos veinte años a una fuente de legitimación contramayoritaria para impugnar la Ley de Caducidad. Ni más ni menos que como está haciendo ahora. Pero no lo hizo. No quiso hacerlo. Y aquellos polvos trajeron estos lodos.

Pudo hacerlo, por ejemplo, tal como lo está haciendo ahora, durante los cinco años de su primer gobierno, cuando gozó de mayoría absoluta en el Parlamento. Pero cuando, por fin, se encontró a las puertas del poder, durante la campaña electoral de 2004, terminó por incurrir en los mismos vicios que cualquier otro partido: por un lado, sacralizó la “voluntad del pueblo” expresada en el plebiscito de quince años antes (no podía alegar que a ese pueblo le asistía razón cuando estaba a punto de llevar a la izquierda al poder pero no cuando ratificó la Ley de Caducidad) y, por otro, hizo cuentas electorales, calculó riesgos y beneficios y concluyó que no convenía incluir en su programa de gobierno la derogación de la Ley de Caducidad. Pensó quizás que proponer el fin de la impunidad podía espantar votantes. Tal vez algunos de ustedes recuerden que Eleuterio Fernández Huidobro, cual Lenin rioplatense, pronunció un encendido discurso en el Congreso del Frente previo a los comicios sobre la inconveniencia de prometer su derogación. ¡Se podían perder las elecciones! Y otros tendrán presente el de Tabaré Vázquez el día de la asunción, cuando en las escalinatas del Palacio Legislativo, en un escenario propio de emperador romano, se comprometió a no tocar esa ley.

Tabaré Vázquez merece un capítulo aparte en esta historia de despropósitos, un capítulo que debería figurar en una antología del cinismo. Nuestro ex presidente alega ahora que jamás debió existir la Ley de Caducidad, pero durante todo su mandato se comprometió a respetarla. Y la respetó. En junio de 2006 dijo textualmente en una entrevista radial: “Defender la consulta popular implica defender también el resultado de esa consulta (…) implica defender en todo momento lo que es la opinión de la gente”.

En 2007 se opuso a recolectar firmas para el segundo plebiscito de 2009, pero cuando esas firmas se consiguieron “descubrió” la conveniencia de eliminar la ley. Dijo entonces desde Costa Rica que el pueblo uruguayo no se merecía esa ley, Pero nos advirtió que no era el presidente quien así hablaba, sino la persona Tabaré Vázquez. ¡Un prodigio!

Ahora sostiene que nunca se debió convocar a un plebiscito (no sabemos si porque se debía mantener la ley o porque todo lo que concierne a los derechos humanos no puede someterse al humor de las mayorías). Sin embargo, Tabaré Vázquez formó parte de la comisión pro-referéndum a fines de los 80. En suma, nuestro ex presidente dijo de todo, y nada, se contradijo, se desdijo y no tuvo a bien explicar a qué se debieron semejantes mutaciones.

El problema que tiene hoy el Frente Amplio es que no puede explicar por qué recién ahora nos propone una derogación que estuvo al alcance de sus votos durante cinco años y que hubiera resultado tan legítima como pueda resultarlo ahora, aunque políticamente mucho menos inconveniente de lo que está resultando seis años más tarde (entre otras cosas porque en el medio hubo un segundo pronunciamiento popular, que ratificó la ley). Una posible explicación, que los partidos de izquierda no tendrán el coraje de suministrar a los ciudadanos, es que siguieron sumisamente los caprichosos vaivenes de su líder máximo (en éste y en muchos otros asuntos). Otra es su devoción por las soluciones plebiscitarias. La tercera es que, en el fondo, los máximos dirigentes del Frente Amplio y sus principales partidos jamás pensaron en volver a toparse con este tema. Entre 1989 y las postrimerías de la presidencia de Fray Tabaré (es decir durante casi veinte años) la posición oficial del Frente Amplio fue que el tema había sido laudado por el plebiscito de 1989. Conviene recordar estas cosas.

En rigor, la dificultad que padece el gobierno del Frente para encontrar la salida del laberinto en el que se encuentra comenzó con la recolección de firmas para el segundo plebiscito. Una iniciativa que no suscitó el menor entusiasmo en la cúpula frenteamplista. Si la palabra no estuviera tan gastada como está, les propondría hacer memoria. Pero les propongo simplemente recordar. El Frente Amplio se vio literalmente arrastrado al segundo plebiscito, cuando se enteró de que finalmente las firmas necesarias habían sido reunidas por la central sindical, los organismos de derechos humanos y (algunos) militantes de base de izquierda. Mujica dijo que había firmado para que “no me jodan más”, Tabaré Vázquez, dicho está, no firmó. Y durante la campaña ninguno de ellos movió un dedo para promover el Sí a la derogación. El Frente tuvo que hacer “como si” apoyara el plebiscito aunque no lo apoyara en absoluto, porque, se sabe, la izquierda siempre tiene que apoyar la consulta al soberano, aunque se trate de decidir si el Jardín Zoológico debe adquirir una cría de oso panda. El problema es que aún sin haberlo promovido, el resultado del mismo se interpuso (si no legalmente, al menos políticamente) en el camino de su derogación parlamentaria, tal como contemplaba (algo fuera de tiempo hay que decir) el programa electoral de 2009 del Frente Amplio. Este fue el penúltimo capítulo de esta historia de desmesuras.

El último es el que nos está deparando este 2011 y tengo para mí, aunque no lo pueda demostrar, que de no haber mediado la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que urge a Uruguay a derogar el engendro jurídico, el segundo plebiscito hubiera clausurado el tema, tal como lo clausuró durante 20 años el plebiscito de 1989. Recuerdo que al menos Danilo Astori dijo al día siguiente de la votación, con rostro de alivio, que el asunto estaba terminado con el segundo pronunciamiento ciudadano.

La vergüenza de que un gobierno de izquierda sea internacionalmente condenado por no ser capaz de juzgar a sus represores superaba lo que el canciller Almagro podía aguantar. Tal vez esto explique su papel protagónico en la redacción de la nueva norma que pretende anular la ley de Caducidad. El es, como suele decirse, quien tendrá que dar la cara en foros y tribunales internacionales.

Aprobada la ley en el Senado, en medio de advertencias acerca de las desgracias que se abatirían sobre la izquierda por no respetar la sagrada voluntad popular, el presidente sale a la palestra a aclarar que no está de acuerdo con ella, porque “se le está pasando por arriba a dos plebiscitos”. ¡En medio del tratamiento parlamentario! ¡Arguye que nadie le ha consultado! ¿Que el canciller no le ha consultado? ¡El presidente Mujica acaba de descubrir que la nueva ley derogatoria contradice el voto popular! Ahora bien, la única forma de respetar el resultado de los plebiscitos es no anular, ni derogar ni interpretar la ley de Caducidad. Es mantenerla. No es creíble que Mujica diga que no le gusta este proyecto. En verdad, no le gusta ninguno que suponga la anulación de la ley. Si la influencia moral de Mujica logra detener la aprobación de la nueva ley en Diputados, asistiremos a otro despropósito: una buena parte de los representantes de los partidos que integran el Frente votarán en una cámara lo contrario de lo que votaron sus compañeros en la otra.

Extraviados en este laberinto, ¿cómo no preguntarnos si acaso la tenacidad con la que Mujica y Fernandez Huidobro defienden el mantenimiento de la ley no tendrá alguna relación con la pretensión de algunos militares retirados de que hubo un pacto de ex combatientes para dejar en el olvido los enfrentamientos del pasado? Tampoco puedo demostrarlo fehacientemente pero resulta totalmente plausible cuando ambos dirigentes interpretan ese pasado en clave de enfrentamiento entre tupamaros y militares. Un asunto de combatientes, como quien dice. Pero a quienes pensamos que lo ocurrido durante la dictadura no puede resumirse en esa guerrita, los pactos entre ex combatientes nos resultan irrelevantes. Mucho más a las víctimas de la dictadura y a los ciudadanos en general, que no tienen por qué sentirse concernidos por un pacto entre soldados.

Ya todo es posible, incluso tener que escuchar que el Partido Comunista Uruguayo diga que la pretensión del presidente y el vicepresidente de dar marcha atrás con la aprobación de la nueva ley es –¡adivinen!- propia de un sistema “de partido único”. A este chiste le siguieron otras desgraciadas intervenciones: Mujica pone sobre la mesa un nuevo argumento para no anular la ley de Caducidad; sostiene que si lo hace, el Frente Amplio podría perder las elecciones de 2014; el senador Enrique Rubio muestra una tozudez inmune al escarmiento: propone aprobar la nueva ley y organizar un tercer plebiscito para que, esta vez sí, el pueblo la santifique con su voto. Es como si no acreditara que ese pueblo, que-siempre-tiene-razón, quiera mantener una ley infame. Otros líderes izquierdistas proponen mantener la Ley de Caducidad pero derogar todos los decretos de anteriores gobiernos que bloquearon las investigaciones judiciales.

Con estos antecedentes, la salida del laberinto parece improbable y cualquier solución resultará jurídicamente dudosa y políticamente devastadora para el gobierno. El gran error del Frente Amplio fue no haber derogado la ley el 1 de marzo de 2005, cuando disponía de mayoría parlamentaria y de una legitimidad fuera de cualquier duda para hacerlo. Pudo incluso en vísperas del plebiscito de 2009 tomar distancia de la consulta que se preparaba (de modo que su resultado no tuviera un carácter vinculante para él) y, obviamente, comprometerse a derogar la ley en el Parlamento durante un segundo gobierno del Frente Amplio. Pero no hizo ni una cosa ni la otra. Dicho está, la veneración al líder máximo, los cálculos electorales, los eventuales pactos entre ex combatientes, la sacralización de los plebiscitos (incluidos los que el Frente nunca promovió) condujeron a la izquierda a enterrarse en esta ciénaga.

Ahora, seis años después, es tan legal como entonces anular la ley por vía parlamentaria, pero resulta políticamente muy discutible, porque en el medio tuvimos un segundo pronunciamiento ciudadano en el sentido de dejar las cosas como están. No es que no se pueda recurrir a una legitimidad contramayorítaria (como por ejemplo, un fallo de un tribunal de justicia o la adhesión a una convención internacional). Se puede. Lo que no se debería es invocar una legitimidad basada en el criterio de la mayoría (el del voto) y cuando esa mayoría nos da la espalda, apelar a un criterio contramayoritario, como por ejemplo, el principio de que los derechos humanos tienen preeminencia sobre cualquier otra consideración.

Dos apuntes finales para terminar. El primero: me pregunto si la (relativamente reciente) obsesión por terminar con la Ley de Caducidad al precio que sea no obedecerá a la tradicional inclinación de una buena parte de la izquierda a dejarse enredar en ideas-fetiche, en principios indiscutibles. Porque si de lo que se trata es de terminar con la impunidad, bastaría con tener un presidente que cada vez que un juez le pregunta si tal o cual caso está amparado en la cuestionada ley, respondiera que no (la ley seguiría siendo un engendro, por cierto, pero deja resquicios suficientes para que actúe la justicia, como demuestran los procesamientos de varios dictadores y represores)

Por último, creo que es un abuso afirmar que en esta controversia se juega la posibilidad de que alguna vez tengamos “verdad y justicia” como se proclama pomposamente. Creo que se está jugando con las expectativas de muchas personas que lucharon sincera e incansablemente contra la impunidad. Porque aunque finalmente se anule la Ley de Caducidad, el escenario no variará sustancialmente. En primer lugar, porque una parte de los responsables de los mayores crímenes de la dictadura ya está en prisión, otros han muerto, y otros sólo pueden ser acusados de delitos que posiblemente hayan prescrito, como el de haber torturado. Es probable incluso que algunas de esas pocas demandas que acojan los jueces terminen naufragando en un mar de apelaciones y recursos de inconstitucionalidad si se aprueba el proyecto a estudio del Parlamento. Es discutible incluso que, al punto al que hemos llegado, al que la izquierda ha dejado que se llegara, la verdad y la justicia sigan siendo compatibles. No es una afirmación simpática, claro. Es mucho más simpático seguir llenándose la boca con esas dos palabras, como si al evocarlas se pudieran enmendar todos los despropósitos en que han incurrido los gobiernos del Frente Amplio y el propio Frente Amplio.

Puede que el entusiasmo por los escuadrones de la muerte no se haya generalizado aún entre nosotros, pero resulta obvio que sí ha echado raíces la inclinación por las soluciones drásticas e inmediatas que se desentienden de las complejas determinaciones de un fenómeno como la delincuencia infantil (y de la mayoría de los problemas). Las propuestas que insisten en que no hay soluciones milagrosas al problema de la inseguridad provocan fastidio. De allì la facilidad con la que el ciudadano medio se aferra a propuestas que tienen un mero efecto placebo, como la de bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, que en el fondo nada resolverá.

El problema con la iniciativa del senador Bordaberry consiste en que no es una simple ocurrencia de un reaccionario, sino que expresa el anhelo de muchísimos ciudadanos a quienes lo único que les preocupa es que los “menores infractores” no perturben su tranquilidad. Si para ello hay que encerrrarlos a todos, pues que los encierren. He aquí la fuerza irresistible de esta propuesta: es sencilla, identifica al bien y al mal sin ambigüedades. Tan irresistible que el gobierno ha terminado por competir en el terreno propuesto por la oposición, como demuestran las redadas masivas de los últimos días en los barrios marginales de Montevideo, que además de una dudosa constitucionalidad, tienen toda la apariencia de ser una alocada carrera por demostrar que la izquierda gobernante también es capaz de hacer algo drástico e inmediato como reclaman los votantes, aunque, de nuevo, ese algo nada resuelva.

Si el derecho no es un mero capricho de legisladores o juristas, si la edad de imputabilidad penal debe guardar alguna relación con la responsabilidad que se les puede y debe exigir a las personas en las diferentes etapas de sus vidas, no puedo evitar formularle las siguientes preguntas a quienes, entre saladitos y champán, piden escuadrones de la muerte y en los debates públicos piden la rebaja de la imputabilidad penal:

¿Consideran que sus propios hijos son adultos a los 16 años? En un tiempo en el que se multiplican los discursos sobre la eterna adolescencia en la que discurren las vidas de los vástagos de la clase media, sobre la tardía maduración de los jóvenes, ¿aceptarían que sus hijos sean penalmente imputables a  los 16 años? ¿O sólo algunos son adultos a los 16? ¿Creen los padres horrorizados ante la “indetenible ola de crímenes y robos” supuestamente cometidos por menores que los adultos tienen algo que ver con la formación del juicio moral de esos menores? ¿Y a qué se debe que algunos de ellos lo tengan y otros carezcan de él? ¿A que los hijos de los pobres están intrínsecamente impedidos de adquirir ese juicio? ¿O a que los adultos (y hablo aquí de los adultos como comunidad política, es decir de todos nosotros) han fallado estrepitosamente en esa tarea? ¿No se les ocurre pensar en la posibilidad de que hacerlos imputables a los 16 años acaso sea una forma de culpar a las víctimas, de condenarlas por partida doble? Si las respuestas a estas preguntas no son también aplicables a los propios hijos de quienes reclaman mano dura con los menores, entonces son cínicas o irrelevantes, como terminan siendo –en todos los ámbitos de la vida– las ideas o propuestas de las que personalmente no nos podemos hacer cargo.

El ex presidente Julio Sanguinetti dijo a propósito de todo este debate que a los 16 años se tiene una idea del bien y del mal, se tiene conciencia de que matar, por ejemplo, es algo moralmente reprobable. A la vista está que tal afirmación no resulta obvia para todos los que han cumplido esa edad y un ex presidente debería poder explicar sin despeñarse en el clasismo o la eugenesia por qué algunos pocos menores carecen de ese juicio moral.

Aunque frecuentemente repetido, el argumento de Sanguinetti es falaz, porque apenas una ínfima minoría de los 500 o 600 menores que delinquen (sí, estamos hablando de ese número) ha matado a alguien. Y sobre la base de esta falacia se pretende erigir toda una política para los menores infractores. Es la misma a la que se apela para defender las peores políticas punitivas contra los que “asesinan y violan”, como si las figuras del violador y el asesino fueran las más comunes entre la población carcelaria. El 80% de quienes hoy se pudren en las cárceles de este país jamás le levantó la mano a nadie y no llegan al 3% quienes violaron o asesinaron. De estas excepciones se alimentan los impulsos represivos de una opinión pública que ha sido persuadida de que el sistema penal uruguayo es una jauja, cuando en verdad es el más severo de Sudamérica.

Para esa ínfima minoría de menores que le han quitado la vida a un semejante ya existen disposiciones que contemplan el encierro en establecimientos específicos para ellos. No veo motivos para modificar la legislación. Mucho menos si esos cambios legislativos llevan, como creo que llevan, la marca de la desreponsabilización de la sociedad: lo que venimos a decirle a estos niños es que sólo ellos son culpables de sus fechorías, que no nos incumben las causas de su conducta, que nuestra principal preocupación es defendernos de sus actos reprobables.

Es obvio que la rebaja de la edad de imputabilidad penal no aportará la solución mágica que tantos espíritus desasosegados están reclamando. Por eso mismo no es difícil sospechar que el vigor de la iniciativa obedece a otras causas. Al margen de las propias del juego inherente a la democracia electoral-representativa, en la que los mayores réditos se obtienen poniendo de relieve la incapacidad del adversario para resolver unos problemas que no se dejan resolver en los plazos electorales, la rebaja de la imputabilidad penal hace recaer toda la culpa del mal sobre los nuevos menores imputables, convierte a las víctimas del abandono de los adultos en responsables de sí mismas y expurga a la sociedad de cualquier responsabilidad sobre unos menores cuyos destinos aparentemente no le conciernen.

No estoy sugiriendo que el propósito de la iniciativa de Bordaberry sea suministrar un bálsamo para la culpa de unos ciudadanos que no parecen experimentar remordimiento alguno. Lo que quiero decir es que la imputación de responsabilidades en la sociedad individualizada de nuestros días también es de carácter individual. Es la forma que hemos encontrado para lidiar con casi todos los problemas: si el criterio que ahora rige la vida es que el individuo, y sólo él, es responsable y “culpable” de sus éxitos y desgracias, no hay motivo alguno para no aplicarlo a todos, incluidos unos adolescentes de cuyos extravíos ellos, y sólo ellos, serían responsables. Esto es lo que late detrás del reclamo de rebajar la edad de imputabilidad penal.

El problema es que, incluso desde la perspectiva más estrecha y egoísta, la alternativa represiva es totalmente miope e inconducente: enviaremos a algunos menores tras las rejas y los demás viviremos tras otras rejas. Creo que fue Einstein quien definió a la estupidez como el hábito de repetir la misma conducta y aguardar resultados diferentes.

Lo que está en juego es, nada más y nada menos, que, a diferencia de lo que ha ocurrido no hace tanto en Egipto y Túnez, el tirano que gobierna Libia ha decidido ahogar a sangre y fuego la rebelión contra su régimen.

No encontré mejor manera de abordar el asunto –una manera tan discutible como cualquier otra– que comenzar por considerar los reparos de los que se oponen a la tan citada como poco leída resoluciòn de las Naciones Unidas que autoriza la intervenciòn en Libia. Una buena parte de ellos invoca un principio absoluto, el de la no intervención, que así formulado no está sujeto a circunstancias ni contextos. Pero responder a la pregunta con que se inician estas líneas con un principio abstracto (“¡estamos en contra de la intervención en los asuntos internos de otros países!”) o con un arrebato moral que no contemple el contexto específico y los riesgos de que una intervención militar agrave la situación (“¡hay que detener como sea la masacre que está perpetrando Gadafi!”) es una frivolidad.

Es demasiado fácil defender la no intervención cuando se está a 10.000 km del terreno y se asiste a los crímenes de un tirano extravagante a través de la televisión. Aplicado al caso que nos ocupa, es decir al hecho de que los que se levantaron en contra de Gadafi estaban (o están) siendo víctimas de una masacre, el principio de no intervención (expresado una y otra vez en la solemne frase “el destino de los libios es un asunto de los libios”) equivale a afirmar “arréglense como puedan… no es asunto nuestro”. Precisamente cuando una buena parte de las sociedades árabes se levanta, a riesgo de sus propias vidas, contra las tiranías que tanto hemos condenado, cuando aniquilan todos nuestros prejuicios sobre su fanatismo religioso y reclaman las libertades democráticas que nosotros creemos merecer, les respondemos con una consigna de rutina, con un desdén por sus “asuntos internos”. Sin embargo, ya no es posible seguir aferrados a semejante dogma. En los últimos veinte años se ha aprobado una considerable legislación en materia de derechos humanos, se han creado tribunales penales internacionales para castigar los crímenes contra la humanidad y se ha perseguido, con mayor o menor fortuna, a los déspotas. Las violaciones de los derechos humanos ya no son, afortunadamente, un asunto interno de cada país. Existe incluso doctrina que no sólo autoriza, sino que obliga, a la comunidad internacional a evitar que se cometan crímenes contra la humanidad o genocidios.

Que el asunto no es tan sencillo como limitarse a proclamar el sacrosanto principio de no intervención lo demuestra el hecho de que cuando el mundo asistió impasible a los genocidios de Ruanda y Bosnia en los años 90, no faltaron las voces indignadas que clamaron, con razón, contra la pasividad cómplice de la ONU y las potencias occidentales, incluidas las de algunos que hoy defienden “la autodeterminación del pueblo libio”…  como si bajo Gadafi, el pueblo libio se estuviera autodeterminando. La pregunta es ineludible: ¿habría que haber hecho algo para evitar que 800.000 tutsis fueran asesinados en tres meses?, ¿habría que haber hecho algo para evitar la limpieza étnica en la antigua Yugoslavia? ¿El resto de los países deben hacer algo para evitar que los árabes que finalmente se rebelan contra sus dictadores sean masacrados? Si las respuestas a estos interrogantes son afirmativas (aunque ese “algo” admita todas las controversias y matices que se quieran), entonces el principio de no intervención es una herencia como mínimo problemática.

Una idea de lo que ha significado la resolución de las Naciones Unidas para quienes se han rebelado contra la autocracia de Gadafi la suministran las celebraciones en Bengasi no bien se conoció la aprobación de la zona de exclusión aérea. Es que en ella les iba la última esperanza de no ser aplastados por los aviones y la artillería de su propio gobierno. Claro que con esta constatación no pretendo dar por zanjada la controversia acerca de la resolución de la ONU, sino insistir en que la famosa doctrina de la no intervención se ve de una manera muy diferente cuando uno vive en Libia y aspira a sacarse una tiranía de encima que cuando se es un pacifista-por-principio.

Cuando se confronta a los defensores del principio de no intervención con la irrelevancia de una postura propia de Poncio Pilatos, cambian súbitamente de registro, tiran por la borda su oposición inicial a la intervención y recurren a argumentos completamente ajenos a esa doctrina. Por ejemplo: que la ONU es un organismo de opereta, una tapadera de la política imperial de Estados Unidos, y que por ende carece de legitimidad para defender a las víctimas de Gadafi, o que el gobierno de Obama quiere colonizar Libia y quedarse con su petróleo, o que las operaciones aéreas en Libia son el preámbulo de una invasión, como ocurrió en Irak hace pocos años, o invocan la hipocresía de unos burócratas que tienen un doble rasero para lidiar con las autocracias o incluso llegan a poner en duda que estemos asistiendo a una masacre de la población civil (ya sabemos que los grandes medios son tan capaces de ocultar una matanza como de inventársela). Repasemos cada uno de los reparos.

Va de suyo que la ONU no es la perfección, no es el foro de una naciente democracia cosmopolita, va de suyo también que sus estatutos y forma de organización son herederos de la Guerra Fría y, en fin, que en las relaciones internacionales la fuerza cuenta tanto o más que el derecho. La cuestión decisiva, sin embargo, no son estas constataciones evidentes, casi banales, sino si acaso estaríamos mejor sin las Naciones Unidas. Con  todas sus imperfecciones y flaquezas, la ONU es lo que tenemos y me atrevo a pensar que su inexistencia empeoraría aun más el panorama internacional. George W. Bush, por ejemplo, hubiera deseado que no existieran la ONU ni el derecho internacional. Las Naciones Unidas son las que deben aplicar el derecho internacional (a veces lo hacen muy mal, ciertamente) y en ella están representados todos los gobiernos. De modo que si la ONU no tiene legitimidad para intervenir en aras de evitar una matanza, ¿quién la tiene? La alternativa a la ONU es el imperio de la fuerza desnuda. Con la ONU y el derecho internacional ese imperio tiene ahora cortapisas. ¿Insuficientes? Sin duda. Una razón más para mejorarla, en lugar de arrojar leña a la hoguera en la que se pretende incinerarla.

Por eso mismo, esta intervención, aprobada por la ONU,  no puede compararse con la invasión de Irak, una iniciativa unilateral del gobierno de Bush, a la que se opusieron las Naciones Unidas. La invasión de Irak fue pacientemente diseñada mentira sobre mentira (Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva ni vínculos con Al Qaeda); la resolución del Consejo de Seguridad que autoriza la intervención en Libia se basa en datos incontrovertibles sobre una masacre en curso. Es llamativo cómo la fluidez de los acontecimientos nos lleva a olvidar el origen de la situación en Libia: la revuelta en este país se inició hace cuarenta días con características no del todo diferentes a las de sus vecinos. Y si hoy asistimos a lo que asistimos es únicamente porque Gadafi respondió con una represión salvaje a manifestaciones pacíficas. De no haber sido por la destrucción de las defensas anti-aéreas del régimen, sus tropas ya habrían ocupado Bengasi y todo esto hubiera acabado, con los rebeldes cazados “casa por casa”, como se encargó de anunciar el propio Gadafi. La desigualdad de fuerzas es tan patente, que no es posible hablar con propiedad de una guerra civil.

No hay indicios de que el propósito de la coalición internacional que hoy controla el espacio aéreo libio sea ocupar ese país y derrocar al tirano, sino detener la masacre, algo que por cierto no está del todo claro que se esté consiguiendo. No es que el presidente Obama no haya tomado partido; lo ha tomado en contra de Gadafi (pero, finalmente, ¿hay alguien que no lo haya tomado ya?, ¿hay alguien que sea neutral en este conflicto?), pero sabe, como no lo supo su tosco predecesor, que derrocar gobiernos y ocupar países en plena modernidad líquida resulta una estrategia demasiado pesada y costosa. Sabe que el poder real no depende del control de un territorio (Irak y Afganistán están ahí para recordárselo cada mañana). En las actuales condiciones de crecientes interdependencias no hay imperio capaz de lograr que su dominio sobre un territorio se traduzca automáticamente en un dominio político y económico. Después de todo no se trata de creer o no creer en que Sarkozy, Cameron u Obama se detendrán a las puertas de la jaima de Gadafi, sino de comprender que lo último que debe de estar pasando por la cabeza de esos dirigentes es ocupar Libia con sus tropas.

El control de los recursos petroleros –el argumento preferido de los artículos de Fidel Castro y de las denuncias de Chávez, Daniel Ortega y Evo Morales (quien, por cierto, recibió cuando era líder de los cocaleros ¡el Premio Gadafi a los derechos humanos!)– como explicación de la intervención tampoco resulta convincente. Las potencias occidentales no necesitan ocupar Libia ni derrocar a Gadafi para garantizarse el suministro de petróleo, entre otras cosas porque ya disponen del petróleo libio, del venezolano, del saudí y el de la gran mayoría de los países árabes. El 80% de los hidrocarburos libios se exporta a Europa y las grandes multinacionales occidentales ya tenían o tienen contratos para extraer crudo de los pozos del coronel.

Si tuviera que dar una explicación que excluya totalmente la posibilidad de que las Naciones Unidas y los líderes de las potencias occidentales estén realmente preocupados por los derechos humanos, es decir un motivo geopolítico o una razón de Estado pura y dura, diría que, a diferencia de muchos de sus críticos, el gobierno de Obama cuenta con que la revolución democrática en el mundo árabe ya no tiene vuelta atrás; se toma en serio que, salvando las diferencias, los cambios a los que asistimos representan para estos países lo que la caída del muro de Berlín para el antiguo bloque soviético. Si esto es así, Estados Unidos querrá estar del lado de los ganadores y tolerar una masacre en Libia hubiera sido un muy mal comienzo de la relación con sus futuros socios. “Lo que estamos tratando de conseguir  (…) es que la nueva generación de líderes que en esas naciones están emprendiendo el cambio se puedan identificar con Estados Unidos”, dijo el senador Dick Durbin, número dos de la bancada demócrata en el Senado.

El reparo de que Naciones Unidas no asume la misma postura en parecidas circunstancias en otros países es un argumento atendible. El Global Centre for the Responsability to Protect identifica al menos diez países (Libia entre ellos) en los que se debería aplicar el principio de la Responsabilidad de Proteger y, por ende, autorizar alguna forma de intervención de la comunidad internacional para proteger a las víctimas de crímenes masivos. Sin embargo, este argumento (esta constatación habría que decir) bien puede volverse en contra de quienes lo invocan: recordar que en este mismo momento existen otras nueve matanzas en curso no abona la hipótesis de que no hay que intervenir en Libia, sino, en todo caso, que también habría que intervenir para detener las demás.

En resumen, los motivos expuestos por los partidarios de la “autodeterminación de los libios” no terminan de resultar convincentes. Las dudas que abrigo sobre esta intervención son de naturaleza completamente diferente.

Hace una década, una comisión internacional independiente encargada por la ONU elaboró seis criterios para decidir en qué casos está justificada la intervención militar. Ellos son: autoridad legítima, causa justa, intención debida, último recurso, medios proporcionales y posibilidades razonables (de triunfar). La experiencia indica que tanto en política como en el ámbito militar, esas “posibilidades razonables” de éxito son difíciles de aquilatar.

No está nada claro en la actual intervención qué sería tener éxito pero sí lo está en qué consistiría el fracaso y las posibilidades de este último son enormes. Por empezar, no habría que dar por hecho que el control del espacio aéreo por las fuerzas internacionales detendrá a las tropas de Gadafi, sobre todo si se quiere evitar una matanza sin organizar otra. A juzgar por las informaciones disponibles en el momento en que escribo estas líneas, el sátrapa sigue bombardeando ciudades y cometiendo asesinatos masivos. Lo que se preguntan los expertos en asuntos militares es si es posible detener a las fuerzas del coronel sólo con una fuerza aérea, sin poner pie en tierra. Y naturalmente soy el menos indicado para responder a esa pregunta.

Las contradictorias declaraciones de los mandos de la operación abonan la sospecha de que sabemos cómo empieza esta intervención pero no cómo termina, lo que en el polvorín del Magreb y Oriente Medio no deja de ser un gran problema. Obama sostiene que el propósito de la operación no es derrocar a Gadafi, sino proteger a la población libia; Cameron no opina lo mismo. ¿Cuándo puede darse por concluida la tarea de proteger a las víctimas? ¿Se la puede dar por concluida con Gadafi en el poder? ¿Habrá que negociar la salida de Gadafi? ¿Quién lo hará y en nombre de quiénes? Nada de esto está claro y las interpretaciones acerca de la ya de por sí ambigua resolución 1973 varían desde una harto flexible, que contempla la aniquilación del régimen, hasta las que rechazan rotundamente esa posibilidad. Es difícil no percibir cierta improvisación en la iniciativa (y es posible que la haya habido si, como muchos sospechamos, uno de los propósitos de la misma era evitar que Bengasi, la capital de la revuelta, cayera en manos de Gadafi). Si se tiene en cuenta que estamos hablando de una parte del mundo en la que la fama de las operaciones extranjeras (con o sin autorización de la ONU) no es lo que se dice gloriosa, el menor error podría terminar por dar aire a los autócratas y contribuir a detener (o al menos posponer) una rebelión que ya se extiende como un huracán por la mayoría de los países de la zona y que amenaza con barrerlos.

La pregunta del principio, sin embargo, sigue siendo necesaria. Ninguna de las dudas expuestas justifica, a mi juicio, renunciar a formularla. Mucho menos a declararse neutral frente a lo que está en juego en Libia.

La primera atañe, antes que a nadie, a uno mismo. Si no me autorizo a dudar por temor a que mis interrogantes me conduzcan a lugares tan inquietantes como poner en cuestión mis propias convicciones, si me detengo ante las murallas de los principios, que es como decir las sagradas escrituras, he renunciado a la libertad de pensar por mí mismo.

La segunda, que es a la que están dedicadas estas líneas, atañe a los otros, a la posibilidad de que los demás impugnen y sometan a crítica mis propias ideas o cualesquiera otras que circulen en la sociedad.

Si la verdad no es un lugar al que se llega para quedarse allí confortable y definitivamente instalados, sino un estado revocable y provisorio; si ella no es el patrimonio de unos iluminados cedido por la gracia divina, se convendrá que sólo podremos aproximarnos a ella a través del enfrentamiento de ideas, del intercambio de argumentos. Sólo puedo saber si una idea es cierta cuando resiste todos los intentos de ser refutada y esa posibilidad sólo se presenta en la exposición pública de razones, no cuando me cuezo en mi propia tinta. La libertad de expresión –la de los que no piensan como yo, claro– es, pues, como decía Voltaire, inherente al quehacer intelectual.

Se me ocurrieron estas reflexiones a raíz de la pretensión de algunos intelectuales argentinos de impedir que el escritor Mario Vargas Llosa pronuncie un discurso en la inauguración de la próxima Feria del Libro de Buenos Aires. Intelectuales supuestamente de izquierda, o progresistas si prefieren. Entre las razones que esgrimen para defender semejante pretensión, destaca la de que Vargas Llosa es un neoliberal conservador que ha criticado duramente al gobierno argentino. ¡Vaya argumento en boca de un intelectual! Ya me dirán ustedes qué clase de libertad de pensamiento y de expresión es aquella que sólo admite que tomen la palabra los de la propia tribu. La propuesta de censura de estos intelectuales progresistas, que no de otra manera se la puede definir, es heredera de una larga tradición de buena parte de la izquierda y tiene sus raíces, creo yo, en la convicción de que no hay nada que discutir, porque aquello que se tiene por justo, razonable y verdadero ha superado todas las pruebas de la historia y no necesita ser sometido a examen crítico.

La palabra es la materia prima de las ideas y privar a un intelectual de la palabra es como privar a las plantas de sol y agua, es condenarlo a una muerte lenta. Los autócratas de todos los colores han recurrido a las explicaciones más variadas para justificar la censura y prohibir que los que no pensaban como ellos tomaran la palabra. Aún hoy, en plena era de las tecnologías de la información y de la comunicación generalizada, asistimos a las formas más sutiles o brutales de acallar las voces disonantes, las de aquellos y aquellas que no se pliegan al conformismo imperante.

Pero si tuviera que resumir las razones de esa inclinación secular, diría que se trata del temor. De un doble temor. Por un lado, temor a que los propias ideas no resistan la interpelación de ideas opuestas, que no resulten tan sólidas como creemos, ya que de otro modo no se entiende tanta resistencia a que esas impugnaciones se expongan a la luz pública. ¿Cómo puede justificarse, si no, la censura de un discurso, la prohibición de un libro o la exposición de un argumento? Si los argumentos de Vargas Llosa son tan vulnerables, si sus ideas son tan perversas, ¿qué mejor que permitir que las exponga en público y refutarlas?

Por otro, temor al “efecto contaminante” que pueda tener sobre el ciudadano común y corriente la difusión de “ideas incorrectas”. En pocas palabras, miedo a que los corderos se desvíen del camino prescrito por sus pastores. Imbuidos del papel de guardianes de la salud espiritual de las masas, los censores temen que la menor permisividad en materia de ideas pueda provocar un daño irreparable en las almas de unos ciudadanos a los que, en el fondo, creen incapaces de escuchar, leer y formarse un criterio propio sin tutelas de ningún tipo. Aunque no se recurra a estas palabras, tal es el temor que se oculta detrás de la prohibición de una película, un libro, un disco o un discurso.

No ignoro que la palabra también puede emplearse con propósitos dañinos. No voy a incurrir, pues, en la ingenuidad de proclamar que bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia pueden ponerse cortapisas a la difusión de ideas y a la libertad de expresión en general. No debería permitirse, y en efecto la mayoría de los países democráticos no permite, hacer la apología del delito, del racismo, convocar a dar un golpe de Estado o a exterminar a un sector de la población. Puede haber incluso otras circunstancias parecidas que justifiquen esas limitaciones, pero en ninguna de ellas ha incurrido, que yo sepa, Vargas Llosa, un crítico implacable de todas las dictaduras.

No sería un mal comienzo preguntarnos de qué se cumplen esta vez doscientos años en este país. Nada sencilla debe de resultar la respuesta cuando la propia comisión oficial del Bicentenario inicia la justificación de su creación contándonos que en 1811 se inició  “el Proceso de Emancipación Oriental” –con las mayúsculas de rigor– y concluye naufragando en las procelosas aguas de la identidad colectiva y los valores nacionales cuyas actas de nacimiento hasta ahora nadie ha tenido la osadía de fechar.

Tan complicado resulta rastrear los orígenes de nuestra nacionalidad (me refiero aquí a un Estado uruguayo independiente, distinto al de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no a la ruptura con el poder colonial) que desde que se comenzó a hablar del Bicentenario se han mencionado las fechas más extravagantes para celebrarlo. Desde la del ex presidente Sanguinetti, que propuso hacerlo en 2013, cuando se cumplirán doscientos años de las famosas Instrucciones del Año XIII, que al parecer condensan el pensamiento político de nuestro héroe nacional, José Artigas, hasta la de otro ex presidente, que –no estoy bromeando– propuso datar el año cero de la uruguayeidad en ese instante fecundo en el que un espermatozoide del padre de Artigas terminó encontrándose con un óvulo de la madre, hasta las más razonables de hacerlo en mayo de 2010, año del bicentenario de la Primera Junta de Buenos Aires, un movimiento autonomista al que estuvo inequívocamente subordinado el levantamiento en la Provincia Oriental. Curiosamente nadie ha propuesto celebrar el bicentenario de la declaración de independencia (del imperio brasileño)* el 25 de agosto de 1825, con la que, salvo noticia en contrario de última hora, seguimos machacando a nuestros escolares.

La dificultad para encontrar un consenso reside, en mi opinión, en que los entusiastas de la celebración del bicentenario están más pendientes de su significación político-cultural actual que del apego a la “verdad histórica” (sea el que fuere el estatuto, siempre discutible, de esa verdad).

Toda comunidad política es portadora de un relato sobre sus orígenes; relato que guarda una vaga relación con el de los historiadores, porque su propósito no es acercarse a alguna forma de verdad sobre el pasado, sino dotar a la propia comunidad política de un mito fundacional, esto es de por qué nosotros, los ciudadanos de este bendito país, por ejemplo, formamos una comunidad política diferenciada de nuestros vecinos. Esa narración debe estar, pues, expurgada de cualquier referencia factual que la contradiga, de todo lo que no queremos recordar, de las vergüenzas sobre las que se erigió el Estado, y en general de todo aquello que pone en entredicho nuestra supuesta singularidad. El mito del origen, el mito fundacional incluye, pues, y en lugar privilegiado, lo que algunos han llamado el narcisismo de la diferencia: constituimos hoy una comunidad política separada de las demás porque somos diferentes, porque siempre fuimos diferentes. (“Nunca tan pocos fueron capaces de semejante hazaña”, dijo nuestro presidente a propósito de nuestra independencia). A esa narración no le bastan las vicisitudes y contingencias de la historia para explicar el origen de la propia comunidad política. Le parecen poca cosa, tal vez porque en eso todas las historias nacionales se asemejan. Necesita apelar a una voluntad primigenia, prepolítica, anterior a la formación de esa comunidad política. Es decir, necesita una ficción que dé cuenta, que explique y legitime, los poderes constituidos (porque esa voluntad es un genial invento del acuerdo que dio nacimiento a la comunidad política). Ficciones son la soberanía del pueblo, de la nación o la voluntad general invocadas por todas las constituciones modernas, que presuponen esa soberanía y esa voluntad general, cuando en verdad las crean en el acto mismo de su fundación para dotarse de una legitimidad inhallable en otra parte. Son, pues, ficciones políticamente necesarias.

La historia oficial de este país, la que se enseña en las escuelas y liceos, es una fábula para dotar a este país de su propio mito del origen. Lo preocupante no es, sin embargo, el carácter mitológico o fabuloso de esa historia (después de todo, también en esto nos parecemos a los demás pueblos de la Tierra), sino que buena parte de la academia no se atreva a impugnar los tabúes patrióticos. Dos grandes nombres de nuestra historiografía nacional así lo confirman. José Pedro Barrán polemizó en su momento con Sanguinetti sobre el justificado rechazo de éste a celebrar el 25 de agosto de 1825 alegando que los líderes políticos deben “respetar y asumir las tradiciones y los mitos”. Y Juan Pivel Devoto no tuvo remilgos en reconocer que “no estoy dispuesto a dar elementos que socaven a los grandes héroes que han contribuido a crear la nacionalidad […]. De esos elemento no doy datos, aunque los conozca”.

La ficción tiene dos ingredientes infaltables en todo relato sobre los orígenes nacionales, la fecha del nuevo comienzo y un héroe que personifica la voluntad de ser independientes. Su propósito inocultable, desargentinizar (verbo que tomo prestado de Guillermo Vázquez Franco) la historia uruguaya. No me ocuparé esta vez de José Artigas, ese caudillo algo brutal que estaba condenado a ser en su contexto histórico y que la historiografía autóctona se ha empeñado en convertir en un Thomas Jefferson de las Pampas. Me referiré únicamente a las otras justificaciones de las inminentes celebraciones del Bicentenario que se ciernen, amenazantes, sobre nosotros.

Pretender que 1811 fue el año cero de la independencia uruguaya, sólo puede atribuirse a la porteñofobia propia de los uruguayos, al empeño, como digo, de desargentinizar nuestra historia, una de cuyas iniciativas más notables consiste en separar el inicio del “Proceso de Emancipación Oriental” del resto de las Provincias Unidas, que comenzó un año antes… si es que un proceso puede fecharse.

El problema con el farragoso palabrerío de la comisión del Bicentenario es que los sentimientos y la voluntad independentistas de los orientales son inhallables en el año escogido como coartada del bicentenario (1811). No hay ninguna continuidad, sino más bien ruptura, entre aquellos episodios y la independencia uruguaya. Sencillamente porque los caudillos de extensas haciendas que se levantaron aquel año de este lado del río Uruguay contra el imperio español podían estar llenos de fantasías pero ninguna de ellas incluía convertir a esta llanura, poblada por unas decenas de miles de habitantes mayoritariamente analfabetos, en un Estado independiente.

La independencia no figuraba ni remotamente como hipótesis de este incipiente movimiento. No figuraba en la proclama de Mercedes (1811) ni en el discurso de abril de 1813 (Congreso de Tres Cruces, convocado, conviene no olvidarlo, para mandatar a los delegados orientales al Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas reunido en Buenos Aires). En su discurso de Tres Cruces Artigas no deja dudas: “esto ni por asomo se acerca a una separación nacional” (citado por Vázquez Franco en el libro sobre Francisco Berra). Las maneras que siguió luego para resolver sus discrepancias con Buenos Aires acerca de la dirección de la guerra contra Montevideo, el último bastión colonial en el Río de la Plata, o sus inciertas ideas federalistas no deberían confundirse, como hace interesadamente la mitología patria, con un espíritu independentista. Son el mismo federalismo y las mismas discrepancias que mantendrían con Buenos Aires provincias como Entre Ríos o Santa Fe.

Miguel Barreiro, secretario personal del caudillo y gobernador delegado de Montevideo, designado para tal cargo por el propio Artigas (quien jamás vivió en Montevideo, porque detestaba la vida urbana) escribió el 27 de diciembre de 1816 a Juan Martín Pueyrredón, director supremo de las Provincias Unidas; “es muy claro que nosotros [los orientales] no podemos caer en el delirio de constituir solos una nación”.

“Nunca fue la Banda Oriental menos feliz que en la época de su desgraciada independencia”, dirá unos años más tarde Fructuoso Rivera, primer lugarteniente de Artigas, sobre el período en el que su jefe reinó sobre esta provincia (la cita también la tomo de Vázquez Franco).

En fin, no hay historiador serio que aporte un solo dato significativo en defensa de la indemostrable hipótesis de que en 1811 se inició el “Proceso de Emancipación Oriental” como pretende la comisión del Bicentenario, salvo que se lo entienda pura y exclusivamente como separación de la Península. Pero si ese proceso refiere, tal como sugiere pero no dice explícitamente el mito fundacional, a la constitución de esta provincia en Estado separado de las Provincias Unidas del Río de la Plata, la confederación precursora de la República Argentina, entonces ingresamos de lleno en la ficción.

La ventaja que tiene la elección de 1811 para la leyenda patria consiste en que cualquier otra hubiera resultado mucho más embarazosa, sino lisa y llanamente destructora de los pilares en los que se basa. Repasemos las alternativas a disposición de nuestra comisión oficial.

La declaración de la Independencia por la Sala de Representantes de esta provincia de agosto de 1825, feriado nacional desde tiempos inmemoriales y motivo de celebraciones en todos los centros escolares, con los preceptivos discursos, banderas e himnos, fue olímpicamente desechada como alternativa. Resultaba demasiado vulnerable para el mito de la fundación nacional. Esa declaración incluía dos leyes: la de independencia, que comienza por declarar “írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre, todos los actos de incorporación, reconocimientos (…) arrancados a los pueblos de la Provincia Oriental por la violencia de la fuerza, unida a la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y el Brasil, que han tiranizado sus inalienables derechos” y cuyo artículo segundo afirmaba que esta provincia “se declara de hecho y de derecho libre e independiente del rey de Portugal y el emperador de Brasil”. En suma, la declaración de independencia refería sin ningún género de dudas a Portugal y a Brasil, cuyos ejércitos ocuparon esta provincia en la década previa a su impensable e impensada independencia. Todos los escolarizados en esta comarca conocemos muy bien esta declaración de intenciones (no más que eso, pues de hecho la provincia tardaría tres largos años en hacerla efectiva), por habérsenos horadado la mente con su constante mención desde nuestra más tierna infancia.

El mito fundacional, sin embargo, oculta piadosamente la segunda ley aprobada en aquella ocasión, la Ley de Unión, que sostiene que “su voto general, constante, solemne y decidido es, y debe ser, por la unidad con las demás Provincias Argentinas a que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Por tanto, ha sancionado y decreta lo siguiente: ‘Queda la Provincia Oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre por ser libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen’”. Esta página fue extirpada de los manuales escolares, tal como lo fue esta provincia de la confederación argentina cuando en 1828 Brasil, Argentina y Gran Bretaña fraguaron una independencia artificiosa e inimaginada por sus habitantes. Decididamente el 25 de agosto de 1825 resultaba contraindicado para el empeño desargentinizador de nuestra historia oficial. Aún hoy, nuestro mayor desvelo sigue siendo cómo no ser confundidos con los argentinos. Un escritor mexicano, Jorge Volpi, fue el que halló la mejor definición de los uruguayos: ser uruguayo es no ser argentino.

Meses antes de aquella declaración, cuando se produjo el celebérrimo desembarco de los llamados treinta y tres orientales en la playa de la Agraciada (financiados por, y armados en, Buenos Aires, y que en rigor, no sabemos si eran 33, aunque sí sabemos que no todos eran orientales, pues había argentinos de otras provincias), con el propósito de expulsar al ocupante luso-brasileño, la proclama de su jefe, Juan Antonio Lavalleja, a los residentes de la provincia hace una y otra vez referencia al gentilicio “argentinos orientales” y en una de ellas, “argentinos orientales, las provincias hermanas sólo esperan vuestra presencia para protegeros”, y en otra “La gran Nación argentina de la que sois parte…”.

Tres meses después, el Congreso Nacional Constituyente reunido en Buenos Aires (no hace falta aclarar que el adjetivo nacional siempre estaba referido a Argentina), aprueba “con el voto uniforme de las Provincias del Estado, y con el que deliberadamente ha reproducido la Provincia Oriental por el órgano legítimo de sus representantes en la ley de 25 de agosto del presente año, el Congreso General Constituyente, a nombre de los pueblos que representa, la reconoce de hecho reincorporada a la República de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a que por derecho ha pertenecido y quiere pertenecer. En consecuencia, el Gobierno encargado del Poder Ejecutivo Nacional proveerá a su defensa y seguridad”. Era, de hecho una declaración de guerra al ocupante brasileño, que “enseguida se hizo popular y todos aceptaron con sus dolorosos sacrificios en nombre de la integridad nacional”, según Bartolomé Mitre, citado por Vázquez Franco.

La reacción de Lavalleja es exultante: “¡Pueblos! Ya están cumplidos vuestros más ardientes anhelos; ya estamos incorporados a la Nación Argentina”. ¿Puede quedar alguna duda acerca de los propósitos de quien es considerado –¡ay!– uno de los precursores de nuestra independencia? A ese Congreso prestó “su reconocimiento, respeto y obediencia” el gobierno provisorio de la Provincia Oriental.

Lavalleja y Rivera fueron premiados por la victoria de Sarandí con la banda de generales de la República Argentina y al menos hasta 1882 el gobierno argentino pagó los sueldos de todos los militares (argentinos u orientales) o a sus descendientes, que hicieron la campaña contra Brasil entre 1825 y 1828.

Una razonable alternativa disponible para los entusiastas de las celebraciones era mayo de 1810, pero –ya ha sido dicho– en ese caso “nuestro” bicentenario hubiera quedado adherido al argentino, que aunque más apegado a los hechos históricos, es precisamente lo que nuestros celebradores quieren evitar.

Queda, por fin, la verdadera fecha de la independencia (cabría decir de la amputación de esta provincia de sus hermanas argentinas), el 27 de agosto de 1828 con la firma de la Convención Preliminar de Paz en Rio de Janeiro entre las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil, y la experimentada mediación de Inglaterra. Demasiado tardía para la ansiedad oficial, demasiado vergonzosa para el mito fundacional, erigido pacientemente, ficción a ficción, censura a censura, a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

Empantanada la guerra entre las dos potencias sudamericanas, persuadido el imperio brasileño de que el Río de la Plata era su frontera natural, impermeable el gobierno de Buenos Aires a la posibilidad de ceder una de sus provincias a su gran vecino y rival, la independencia apareció como la única alternativa para destrabar el bloqueo. En ese contexto hace su irrupción la diplomacia británica, la más interesada en poner fin a una guerra que amenazaba con hacerse interminable y que conspiraba contra el desarrollo del comercio. El canciller George Canning y las artes persuasivas (y las presiones) de su enviado al Río de la Plata, lord Ponsonby, hicieron el resto.

De las negociaciones para la firma de la Convención de Paz en Río de Janeiro no participaron orientales, sino representantes del emperador brasileño y de la República de las Provincias Unidas y el mediador lord Ponsonby. A los orientales se les comunicó tras la firma que estaban condenados a encabezar un Estado independiente. El texto de la Convención sostiene que tanto el emperador como el gobierno de las Provincias Unidas no reconocen, sino que declaran, la independencia de la Provincia de Montevideo.

Dice el historiador Guillermo Vázquez Franco: “Los propios argentinos (hablo del medio millón largo, incluidos los setenta u ochenta mil orientales, obviamente) ni siquiera se enteraron de que, entre gallos y medias noches, con el artero negocio de la Convención Preliminar de Paz, se cercenaba de un plumazo el territorio nacional y, por ese acto, celebrado en Río de Janeiro, a la sombra tutelar de Ponsonby, orientales y entrerrianos, separados por unos metros, pasaban a ser (y lo seguirán siendo hasta la actualidad) formalmente extranjeros entre sí cuando, hasta el día anterior –26 de octubre- habían sido, como siempre, compatriotas”.

Pero temiendo que los orientales repitieran el trámite de 1825 y además de declararse separados de cualquier potencia extranjera, utilizaran su independencia para reunificarse con las Provincias Unidas, la Convención resuelve para qué declara separada a la provincia: “para que pueda constituirse en Estado libre e independiente” y no para otra cosa.

Por si fuera poco, ambas potencias se reservaban el derecho de intervenir en los años siguientes en la recién independizada provincia en caso de que disputas internas amenazaran la seguridad de cualquiera de ellas. Si algo pone en evidencia la naturaleza de la citada Convención es que la primera Constitución del futuro Estado soberano debía ser analizada y ratificada por las partes signatarias.

En un pasaje del “Manifiesto de la Asamblea General Constituyente y Legislativa” que redactó la primera constitución de este país en 1830 puede leerse que ”por un tratado entre la República Argentina y el Gobierno del Brasil, debía elevarse el suelo de nuestros hijos al rango de Nación libre e independiente”.

¿Y qué dice el Preámbulo de aquella Constitución? Que “nosotros, los representantes de los pueblos situados en la parte oriental del río Uruguay (ni siquiera tenía nombre el país), que en conformidad con la Convención Preliminar de Paz celebrada entre la República Argentina y el Imperio del Brasil […] debe componer un estado libre e independiente, reunidos en asamblea general, usando de las facultades que se nos han concedido cumpliendo con nuestro deber […] acordamos establecer y sancionar la presente Constitución”.

Para desilusión y contrariedad de las almas inflamadas por el patriotismo, la Convención Preliminar de Paz de agosto de 1828 es la única fecha cierta de nuestra independencia.

* Nota para el lector no uruguayo: la Provincia (o Banda) Oriental estuvo ocupada en los últimos ocho años antes de su independencia por tropas portuguesas primero y brasileñas después.

Conviene, pues, no apresurarse a tratarlas como si fueran enteramente diferentes, regidas por motivaciones completamente ajenas a las nuestras, como si los árabes, aunque no se lo diga a título expreso, estuvieran hechos de otra madera y abocados a tolerar lo que a nosotros nos resultaría intolerable.

Aún hoy ese mundo compartido se reduce para buena parte de los líderes políticos e intelectuales latinoamericanos a la propia región, a Estados Unidos y a la Unión Europea. Increíblemente, China, India y el mundo árabe –más de la mitad de la población de la Tierra– no entran en la ecuación y a lo sumo se avienen a mencionarlos en notas a pie de página; tal vez porque sus dinámicas políticas y sociales no se dejan interpretar fácilmente en clave de “piezas del ajedrez imperialista” o “enclaves arcaicos que se resisten al advenimiento del progreso” como sugieren la ignorancia o la pereza ideológica.

En este contexto, no resulta nada sencillo explicar los acontecimientos de Túnez y Egipto (y a pesar de las informaciones que se filtran a cuentagotas, también en Yemen y Argelia), a los que bien podría aplicárseles el concepto de revolución si no estuviera tan gastado como está. No incurriré, pues, en la temeridad de suministrar explicaciones concluyentes, como las que en estos días sugieren que lo que está ocurriendo en el Magreb viene a ser, salvando las distancias, el equivalente de la caída del Muro de Berlín para el Islam. Es demasiado pronto para saber si las revueltas de Túnez y Egipto terminarán inexorablemente con la caída de los regímenes autoritarios (o dictatoriales) y la creación de modernos sistemas democráticos. Ya sabemos lo suficiente, en cambio, para impugnar la catarata de clichés sobre el mundo islámico, como la supuesta incompatibilidad entre este último y la democracia, la “guerra de civilizaciones”, el antioccidentalismo congénito de los árabes y otras lindezas por el estilo. Lo que sabemos de las revueltas en esos dos países han demolido, creo yo, algunas certezas ampliamente difundidas hasta ahora. Digamos a título de inventario:

1. Las protestas de centenares de miles de tunecinos y egipcios que desafiaron en estos días el toque de queda, los tanques y las armas de la policía empezaron por algún acto de arbitrariedad de las autoridades y terminaron reclamando el fin del remedo de democracias que imperan en ambos países y el establecimiento de democracias en serio. Los alzados contra Mubarak y Ben Alí reclaman el fin de ambos regímenes; no se conforman con la salida de los dos presidentes (de hecho, el tunecino Ben Alí ya huyó a Arabia Saudita y las protestas no amainan). Todas las informaciones que nos llegan coinciden en que el movimiento se nutre de todas las clases sociales: no es únicamente una protesta de los desheredados; convergen en ella millares de jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarios, profesionales, empleados y, por supuesto, muchas mujeres (sobre todo en Túnez). Los primeros piden trabajo, control de precios y justicia social. Los estudiantes y jóvenes, al igual que sus pares de Occidente, iniciativas para terminar con la incertidumbre propia de los tiempos globales, de cuyas tecnologías se sirven masivamente. Todos piden elecciones libres y transparentes, legalización de todos los partidos, amnistía para los presos políticos, el fin de la censura, de la corrupción y de los clanes familiares que llevan décadas en el poder en ambos países, es decir los ingredientes propios de las democracias contemporáneas. No están arriesgando, y perdiendo, sus vidas para defender sus tradiciones o exigir la aplicación de los principios del Corán a la vida terrenal. Es más, una de las preocupaciones recurrentemente mencionadas por los manifestantes es que no se menoscaben los derechos conquistados por las mujeres en esos dos países (junto a Irak, los más laicos de todo el mundo árabe). Es difícil no encontrar en estas protestas algún aire de familia; e imposible no fruncir el ceño frente al mito de una “calle árabe” dominada por la turba fanática, siempre dispuesta a cortar las cabezas de los herejes o inmolarse en defensa de las sagradas escrituras.

2. Estas protestas a favor de la democracia resultarían incomprensibles si nos atenemos a la superficialidad de buena parte de la prensa y a los preconceptos del izquierdismo tradicional que sugieren que en esas sociedades sólo pueden hallarse desheredados del campo y la ciudad, cuya secular opresión ha terminado por lanzarlos en brazos del islamismo radical anti-moderno y anti-occidental. La modernización económica y la integración a los circuitos económicos globales han gestado en ambos países unas clases medias con aspiraciones (aspiraciones insatisfechas por esa misma modernización) que van más allá de un subsidio estatal para no morirse de hambre. Se trata de la emergencia de sectores sociales para los que no parece haber lugar bajo las autocracias familiares del Magreb y la teocracia de los ayatolás en Irán. Son invisibles para la mirada dominada por el cliché, que sólo ve atraso y religión en el mundo islámico, pero han terminado por expresarse en la escena política. Ni más ni menos que como en Irán hace dos años tras el grotesco fraude de la reelección de Ahmadineyad. Quieren empleo, el fin de la censura y la represión, libertades políticas, quieren, sobre todo los jóvenes, democracia a la occidental. En un mundo global, del que se sienten parte, no pueden comprender ni aceptar que no gocen de las mismas libertades que en Europa. Al igual que en Irán hace dos años, las nuevas tecnologías manejadas por la juventud han sido claves en la protesta. No en vano la primera medida que tomó Mubarak cuando se produjeron las primeras manifestaciones fue decretar un “apagón” de Internet. Me parece que no por casualidad las protestas no emergieron en Sudán, Mauritania o Somalia, sino precisamente en dos de los países más “modernos” del mundo árabe.

3. A diferencia de lo que ocurrió hace ya treinta años en Irán con los descontentos con la modernización conducida por el régimen del sha, esta vez los disconformes no se vieron tentados por la oferta del islamismo radical anti-occidental. Ya conocen demasiado bien sus consecuencias. Si algo llama la atención en estas manifestaciones multitudinarias en Túnez y Egipto es la ausencia de cualquier expresión emparentada con el fundamentalismo islámico. Esta vez tampoco se quemaron banderas estadounidenses ni se atacaron consulados de países occidentales. Significativamente, son el gobierno y sus seguidores los que en Egipto acusan a Occidente y a los medios occidentales de atizar la protesta. La única presencia islamista de relieve son los Hermanos Musulmanes, una organización egipcia de islamistas moderados, ilegal pero tolerada, que se sumó tardíamente a las protestas, y para suscribir las reivindicaciones generales del movimiento como elecciones libres y el fin de la presidencia de Mubarak.

Antes de estas protestas no era infrecuente escuchar el argumento de que el fundamentalismo islámico era –según la versión izquierdizante– la expresión del malestar de las masas árabes frente al mundo global, o –según la versión neoconservadora— que la “civilización islámica”, sea lo que fuere ese discutible concepto, es incompatible con la democracia y está abocada a nutrir el fundamentalismo. En ambos casos se asume sin demasiado rigor la idea de que la mayoría de los árabes se identifica con el empeño redentor de Osama bin-Laden. Ninguno de esos dogmas debería salir indemne de los acontecimientos de estas semanas en el Magreb.

El generalizado disgusto con los empleados públicos no comenzó, sin embargo, con estas antipáticas huelgas. Es de larga data, existe en casi todos los países y se nutre, creo yo, de la creencia de que gozan de unos privilegios inaccesibles al común de los mortales. Pero, al menos en este país, es muy discutible que la condición de funcionario pueda asimilarse sin más a la de unos privilegiados. Los salarios de la gran mayoría de ellos (es decir si se excluye el personal jerárquico) pueden ser más elevados que los de muchos trabajadores del sector privado, pero en ningún caso les permite vivir en la abundancia o el despilfarro. Tampoco se corresponde con la realidad la creencia de que constituyen una pandilla de vagos entregados al ocio a costa del dinero de los contribuyentes. La mayoría, de nuevo, cumple funciones imprescindibles en las sociedades contemporáneas. Son docentes, personal sanitario, policías, funcionarios judiciales, sin cuya labor nuestras vidas serían hoy impensables.

Pero hay algo más que molesta, y hasta irrita, secretamente, a los ciudadanos que no somos empleados del Estado, porque también le atribuimos el carácter de privilegio. Ese algo es la seguridad en el empleo. Los funcionarios públicos son los únicos trabajadores que en tiempos posmodernos tienen un empleo seguro, no sujeto a los avatares de los movimientos del capital, siempre ligero de equipaje y a la búsqueda de aquellos lugares en los que las condiciones le resulten más favorables. El capital se desentiende ahora de los compromisos locales, propios de una época en la que la relación entre capital y trabajo se parecía más a un matrimonio para toda la vida, pautada por acuerdos y concesiones recíprocas, cristalizadas en una legislación laboral estricta y a la postre en el Estado del Bienestar. Es que ambos estaban atados al territorio y se necesitaban mutuamente. El sindicato era la organización emblemática de ese tiempo, porque entre otras cosas, era el garante (garante eficaz hay que decir) de los contratos que ataban al capital y al trabajo. En aras de la brevedad y a riesgo de incurrir en la simplificación, puede decirse que ya no es ese el escenario en el que transcurren nuestras vidas… salvo para los empleados del Estado.

A diferencia del capital, el Estado sí está atado al territorio. Sus trabajadores, por decirlo brutalmente, lo tienen tomado del pescuezo. No puede levantar vuelo ni amenazar con hacerlo, como sí puede hacer, y hace, el capital. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito privado, en el que el sindicato es patéticamente inadecuado para enfrentar la movilidad del capital (¿qué sindicato puede evitar que una empresa cierre y se vaya a Singapur o a Chile?), en el ámbito estatal los sindicatos gozan de relativa buena salud. A diferencia de lo que ocurre en las empresas privadas, donde cada día gana más terreno la individualización como estrategia del trabajador, en el Estado el sindicato sigue siendo a ojos de sus funcionarios una herramienta apropiada. Es posible conjeturar que no es ajeno a esta seguridad en el empleo el hecho de que los sindicatos del Estado sigan teniendo, aquí y en muchos países occidentales, tasas relativamente altas de afiliación para los tiempos que corren y que sus dirigentes puedan permitirse el lujo del radicalismo, la intransigencia y el maximalismo. Los demás trabajadores negocian o negocian.

Intuyo que es precisamente la nostalgia de los buenos viejos tiempos de la seguridad en el empleo, que para la mayoría ya quedó atrás, la que desata la furia de los ciudadanos contra los funcionarios. Una furia envidiosa, podría agregarse, toda vez que ese “privilegio” del que gozan los empleados públicos no está en el horizonte de lo posible para la inmensa mayoría. Al menos no en tiempos de economía global y política nacional.

El problema con ese “privilegio” de los funcionarios es que muchas veces es utilizado de forma tal que termina uno comprendiendo las iras y las frustraciones de unos ciudadanos que, además de no disponer de él, se sienten, no sin razón, rehenes y víctimas de los reclamos de los sindicatos públicos, como ocurre cuando se echa mano a la táctica de perjudicar a la población para presionar a un tercero, en este caso el gobierno. La huelga de Adeom, que acumuló 7.000 toneladas de basura en Montevideo, y la de los anestesistas públicos, cuya fuerza se basa en la escasez de esos especialistas, son casos típicos de ese proceder sindical. La filosofía que lo inspira parece extraída de la máxima: “después de mí, el diluvio”.

Ahora que está a la orden del día hablar de corporativismo, conviene no sembrar confusión. Si nadie puede exponer sus intereses ni defenderlos, porque es inmediatamente acusado de corporativismo, el interés general se convierte en una entelequia, en una pura abstracción que todos y cualquiera pueden identificar con el bien propio. Cuando el “interés general” es tierra de nadie, cualquiera puede apropiárselo y hablar en su nombre. El bien común no es un decálogo definido de una vez para siempre, pero tampoco un punto vacío o una tierra de nadie como cuando se alude a los “intereses del país”. Es un horizonte, un anhelo, cuyos contenidos concretos siempre serán discutibles y revocables y nunca terminarán por contentar enteramente a nadie. Su precaria legitimidad sólo puede provenir de la deliberación pública y de un cierto consenso en torno a la idea de justicia, que en una sociedad con recursos limitados exige sopesar y valorar los reclamos y demandas. O, por decirlo en pocas palabras, tomar partido, porque en una sociedad tal hay reclamos que es más justo atender que otros. Va de suyo que adoptar una postura de neutralidad frente a los intereses en pugna, como recomienda el punto de vista liberal, supone dejar librada la resolución de esos conflictos a la pura fuerza, que raramente está atenta al criterio de justicia. Si nadie puede atribuirse el monopolio de la idea de justicia, si ésta no es un programa inmune al paso del tiempo y a las cambiantes circunstancias de la historia, no me imagino otra forma de definirla que en el diálogo argumentado, una de cuyas mayores ventajas reside en que exige justificar lo que se propone, como no ocurre cuando únicamente se defienden intereses. En una deliberación pública, por ejemplo, nadie puede decir ‘propongo tal o cual cosa porque nos conviene a los de mi grupo’.

El corporativismo, en rigor, empieza cuando, como en el caso de Adeom, el reclamante dice “satisfágase mi demanda así el mundo se venga abajo”, o cuando una organización gremial quiere hacer valer sus intereses alegando que su razón de ser es lograr lo máximo posible para los suyos, indispuesta al diálogo y a la consideración de aquellos reclamos que necesariamente quedarán sin satisfacerse, y sin la cual la idea de justicia se reduce a un dogma o a una abstracción.

Con todo, nadie puede alegar sorpresa ni rasgarse las vestiduras porque una corporación intente por las bravas que se contemplen sus reclamos. Por las bravas quiere decir por todas las vías imaginables menos la de la deliberación y la persuasión políticas, antes por el lobby y la coacción que por la apelación a la justicia. Puede resultar paradójico que quienes denuncian sin descanso las presiones corporativas en el ámbito de la política para conservar privilegios estén siempre dispuestos a justificar las propias, pero en ningún caso puede alegarse que se trata de una excepción. Son prácticas que forman parte de nuestra más normal normalidad política.

En verdad, lo más grave no es que el sindicato de trabajadores municipales, o cualquier otra organización obrera o empresarial, intente hacer valer sus intereses. Lo realmente grave es que los políticos satisfagan sin mayor examen unos reclamos amparados bien en la fuerza desnuda o bien en la pretensión de que la satisfacción de las demandas de un determinado grupo o clase es sinónimo de justicia. Para nuestra desgracia, los políticos optan muy a menudo por el fácil expediente de “no comprar un problema” con los poderosos (sean éstos un gobierno extranjero, una empresa o un sindicato) y de ese modo terminan satisfaciendo reclamos que nada tienen que ver con la justicia. Así de impotente es la política en nuestros días.

¿Por qué sostengo que la postura de Adeom, impermeable a la negociación y tributaria de un clasismo elemental, es lo más parecido al corporativismo y, a pesar de sus pretensiones en sentido contrario, lo más anti-política que pueda concebirse? Precisamente porque se desentiende del todo, porque una vez condenado ese horizonte cambiante y discutible que es el bien común (una  patraña burguesa, según su ideología), automáticamente queda legitimada a sus ojos la opción por la defensa innegociable de una de las partes, la que ellos llaman la clase obrera. Lo dijo sin mayores circunloquios una dirigente de Adeom: su única preocupación es conseguir un salario más alto para sus afiliados. Le faltó agregar: “con independencia de cualquier otra consideración”. Una perspectiva que no se plantea la pregunta acerca de cómo satisfacer esos reclamos (mucho menos la respuesta). Pero detengámonos en este punto crucial, que Adeom ignora olímpicamente pero que resulta ineludible para quien piense en términos políticos, si es que la política debe ocuparse, como pienso que debe, de la distribución, de la justa distribución, de los recursos limitados.

La primera opción para otorgar el aumento salarial por encima de la inflación que reclama Adeom sería aumentar el ya desmesurado porcentaje del presupuesto municipal dedicado a salarios de sus empleados (más del 60% en la actualidad) y encoger aun más el dedicado a obras y servicios, con lo que es probable que en unos años el municipio de Montevideo se parezca más a una organización filantrópica que a un auténtico municipio al servicio de sus ciudadanos. La segunda es aumentar la ya de por sí elevada carga tributaria a los vecinos de Montevideo. A cuenta de una tercera, dejo a criterio del lector las posibles respuestas a ambas alternativas. La tercera alternativa, cómo no, es muy simple: ¡¡Saquémosle más dinero a los ricos!! No puedo estar más de acuerdo con esa aspiración, aunque quedaría por verse si las millonadas que extraigamos de las cuentas bancarias de los ricos deberían ir prioritariamente a aumentar los salarios de los trabajadores municipales de Montevideo (sí, de nuevo el “incordiante” asunto de la justicia).

El problema con la consigna ‘saquémosle más dinero a los ricos” es que es más fácil de corear que de llevar a la práctica, como ha quedado demostrado en estos años de gobiernos progresistas y de izquierda bolivariana en América Latina. Aunque siempre está disponible la falta de voluntad política de los gobernantes para explicar la exasperante lentitud con que mejora la distribución de la riqueza en esta parte del mundo (voluntad política que sólo tendría la izquierda radical modelo Adeom), lo cierto es que, como se ha dicho, en un mundo global y líquido el capital tiene un arma mucho más poderosa que la basura que Adeom no recogió para eludir las constricciones de la política y el eventual empeño en distribuir mejor la riqueza: su extrema movilidad.

De modo que de acuerdo con quitarle más dinero a los ricos. El asunto es cómo hacerlo, cómo reemplazar la mera consigna por una propuesta razonable y viable. Es decir, cómo hacerlo sin correr los riesgos de convertir a este país en una nueva Cuba o en una Corea del Norte sudamericana, cuyas promesas no seducen ya a ninguno de los trabajadores de este país. Ni siquiera, sospecho, a los dirigentes de Adeom, cuyos salarios y bienestar son mucho más altos que los de sus pares cubanos o norcoreanos, por no hablar del destino que les aguardaría si osaran hacer una huelga en esos países.

Dediquemos un solo párrafo a la demonización de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, detenido en Londres mientras escribo estas líneas, y a la pretensión de que con sus revelaciones ha puesto en peligro la seguridad del mundo. El derecho a acceder a la información pública está reconocido por la legislación internacional y por muchas legislaciones nacionales. Tenemos derecho a saber qué hacen nuestros gobernantes y a exigirles que rindan cuentas de cómo manejan nuestros recursos y el poder que hemos delegado en ellos, incluso cuando nos representan internacionalmente. Sólo puede negarse el acceso a determinadas informaciones para proteger intereses legítimos, como la seguridad o la privacidad de las personas. La vergüenza pública, por ejemplo, no es uno de ellos. El asunto no debería dar más de sí.

Lo que sí da mucho más de sí es la generalizada convicción de que con la revelación de los cables ha llegado a su fin una forma de entender la diplomacia, como aseguran sesudos analistas y los periódicos supuestamente más serios del mundo.

Vivimos en un mundo en el que los poderes son menos visibles que antaño, en el que las responsabilidades de los problemas no son fáciles de imputar, porque si bien sus efectos rompen la vista, sus causas son a menudo remotas, complejas y nada sencillas de identificar, lo que (además de fomentar la irresponsabilidad política y moral) explica, sospecho, la generalizada demanda de transparencia; vivimos en un sistema que no está gobernado por un centro visible al que se le puede exigir que se haga cargo y cuentas si no lo hace, sino en uno que se parece más a una trama, o a una red, que no están constituidas por quienes tienen todo el poder y quienes carecen enteramente de él; por tanto, en un mundo cuya dinámica no se puede atribuir a actores visibles y concretos, ya que todos contribuimos a ella en alguna medida; un mundo en el que ocupa un lugar central la referencia a algo virtual e inaprensible por naturaleza como el futuro (que remite a realidades invisibles como las oportunidades y los riesgos), y cuyo rasgo irrevocable es la incertidumbre.

Vivimos en un mundo, dice el filósofo Daniel Innerarity, en el que existe una complicidad general y una cierta irresponsabilidad generalizada. La verdad de la globalización, afirma, es que “nadie se hace cargo”. Y en política esto es un gran problema. Por eso es tan difícil protestar como gobernar. ¿A quién podemos exigirle que resuelva tal o cual asunto? ¿Quién es el responsable de la inseguridad, el miedo, la incertidumbre, la desocupación, asuntos emblemáticos de nuestra época? ¿Los mercados?, ¿quiénes son los mercados? Encontrar quien se haga cargo, alguien que “dé la cara”, he aquí un reclamo no del todo ajeno al anhelo de transparencia.

En un mundo así, opaco e intransparente, en el que las cosas no se agotan en sus signos, ni muestran su “verdad” de buenas a primeras, en un mundo “incomprobable” por uno mismo, siempre mediatizado, de segunda mano, en un mundo así, digo, no debería sorprender que la búsqueda incesante de autenticidad (en oposición a la simulación, el engaño y la conspiración) figure, junto a la sospecha y la desconfianza, en lugar destacado entre las motivaciones del individuo contemporáneo, incluidas sus motivaciones políticas. O que, para ir a lo que nos ocupa, se celebre (o condene, pero en cualquier caso se atribuya una importancia desmesurada a) la divulgación de unos documentos que, con ciertas excepciones, podría uno catalogar de perfectamente anodinos. Pero nos comportamos como si hubiéramos descubierto, al fin, la cara oculta de algo que se intuye y sospecha pero que no termina de mostrarse.

Anhelamos y celebramos cualquier síntoma de transparencia, la caída de todos los velos, la utopía de la absoluta visibilidad, las pequeñas victorias sobre la opacidad, al parecer convencidos de que con la agregación de datos y hechos, con más y más información, se hará definitivamente la luz y se harán patentes las imposturas, como si fuera posible descubrir de una vez y para siempre la esencia oculta de las cosas. Pero ver no equivale a comprender. Ni la imprescindible interpretación puede ser reemplazada por el “estar enterados de”.

Un columnista del mayor diario en lengua española, El País de Madrid, acaba de suministrar la prueba de que la admiración que suscitaron estas revelaciones constituye acaso uno de los vicios más extendidos de nuestra época: aseguró que representaban para un periodista lo que un depósito de dulces para un goloso y que sólo la envidia de quienes no tenían acceso a ellas podía explicar el intento de minimizar su enorme significación.

¿Pero cuánto revelan en el fondo estos documentos? La inmensa mayoría de ellos son comentarios y opiniones de los propios embajadores y diplomáticos estadounidenses sobre la vida política de los países donde están destinados. No valen más que las opiniones de cualquier persona mínimamente informada, sobre todo si se tiene en cuenta la holgazanería de esta generación de diplomáticos cuyas fuentes de información son los propios medios de comunicación. Muchos de los cables mencionados incluyen la advertencia de que tal o cual cosa es “lo que se dice” pero que no está cabalmente demostrada. Algunos de ellos son meros chismes sobre el carácter o la personalidad de sujetos como Vladimir Putin, Nicolas Sarkozy o Silvio Berlusconi.

Otros son comentarios de interlocutores de los diplomáticos estadounidenses: informantes calificados, como suele decirse. Si algo revelan esas conversaciones no es tanto la inclinación a conspirar de los representantes de Estados Unidos como la hipocresía y el doble discurso de sus interlocutores, como en el caso del ex jefe de gabinete argentino Sergio Massa, quien al parecer tenía unas opiniones sobre el matrimonio Kirchner muy diferentes de las que expresaba en público, el de altos funcionarios españoles bien dispuestos a colaborar con Estados Unidos para evitar el juzgamiento de los responsables de la muerte de un fotógrafo español en Irak o el de los gobernantes árabes que reclamaron a Washington una intervención contundente para detener el programa nuclear iraní. Revelan, además, algo que no siempre estamos dispuestos a “ver” aunque sus síntomas sean inocultables, que Estados Unidos ya no puede diseñar el mundo a su antojo.

Por fin, quedan los cables del departamento de Estado en los que se pide a sus diplomáticos que espíen a determinadas personas, entre ellas al mismísimo secretario general de las Naciones Unidas.

Ninguno de los documentos incluye grandes revelaciones. Al menos no para quienes saben que forman parte de los quehaceres habituales de los diplomáticos de las grandes potencias. La inclinación a descubrir el lado oculto que, al parecer, necesariamente deben tener todas las iniciativas políticas, incluidas las más ordinarias, se debe, creo yo, a esa incurable y siempre pendiente búsqueda de la transparencia y a ese ingrediente propio de la política actual que es la desconfianza.

Al margen de las disculpas que se verá obligada a pedir, que ya ha pedido, Hillary Clinton a sus homólogos de medio mundo por las chabacanerías de algunos diplomáticos estadounidenses, los cables divulgados tampoco tendrán las consecuencias sobre las relaciones internacionales que muchos auguran. El ministro alemán de Economía, Rainer Brüderle, tomó debida nota de una de ellas: “Está claro que apenas se pueden mantener ya conversaciones que no acaben publicadas. Hay que vivir con ello”. Habría que agregar que la conclusión del ministro luce algo tardía y nostálgica, porque la alteración de las fronteras entre lo público y lo privado, propia de nuestro tiempo, ha legitimado definitivamente, para bien o para mal, el derecho a la “curiosidad” del ciudadano contemporáneo.

Es dudoso, sin embargo, que cualesquiera sean las medidas que se vayan a tomar en el futuro para evitar filtraciones como las de WikiLeaks, logren blindar las comunicaciones de los servicios estadounidenses, porque antes que de las malas artes de Julian Assange, si las hubiere, la filtración de los 250.000 cables diplomáticos estadounidenses es hija de la paranoia post 11 de setiembre. Desde entonces los servicios de inteligencia norteamericanos no han cesado de multiplicarse como los panes y los peces. Se engullen ahora 50.000 millones de dólares anuales y emplean a centenares de miles de funcionarios civiles y militares abocados a la ímproba tarea de proteger al país. Nada debería sorprender menos que ese monstruo de mil cabezas sea cada vez más incontrolable y vulnerable.

La modestia del impacto de las filtraciones de WikiLeaks también se debe a que los países cuyos dirigentes y funcionarios fueron humillados o cuyo doble discurso fue puesto en evidencia por la publicación de los cables, no están dispuestos a montar un escándalo por ese motivo, entre otras cosas porque todos hacen lo mismo y porque aceptan que ésas son las reglas del juego.

A falta de interpretaciones mejores, me quedo con la del secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates. “¿Son embarazosos (los cables)? Sí. ¿Son delicados? Sí, pero las consecuencias para la política exterior son bastante modestas”, dijo la semana pasada. “Los gobiernos tratan con Estados Unidos porque es de su interés, no porque nos aprecien, no porque nos tengan confianza, no porque crean que podemos guardar secretos (…), algunos gobiernos tratan con nosotros porque nos temen, otros porque nos respetan, la mayoría porque nos necesita”, concluyó.

En estos días se cumplen 35 años de la muerte del generalísimo (y dictador) Francisco Franco. En la casa de mis abuelos maternos estuvo colgado durante toda mi infancia y parte de mi adolescencia un retrato enmarcado del personaje, dedicado de puño y letra a mi abuelo. Sí, crecí en una familia franquista de pura cepa, con denominación de origen (tío abuelo ministro del régimen incluido). Oí hablar de los “rojos” como si fueran seres no del todo humanos. A pesar de que mi familia lo consideró siempre el gran líder de la cristiandad, eso no me impidió descubrir con el paso de los años el rostro menos amable de Franco: los crímenes, las desapariciones forzadas, que no inventaron los dictadores latinoamericanos por cierto, y el oscurantismo en el que sumió a España durante cuarenta años. Por si eso no bastara para retratarlo, además puso fin a una experiencia republicana que, con todas sus ambigüedades y contradicciones, se propuso desterrar el autoritarismo, la opresión secular de los campesinos, la influencia de la Iglesia en los asuntos mundanos, jubilar a los borbones y convertir a España en un país laico, democrático y socialmente justo. Durante cuarenta años, lo mejor de España marchó al exilio, a la cárcel o terminó en fosas comunes. Y aunque parezca un asunto menor frente a la magnitud de esa tragedia, no puedo dejar de pensar en cuánto pudo haber cambiado la historia de este continente si en lugar de Franco, España hubiera seguido gobernada por Azaña. Al menos tendríamos una tasa de caudillos, curas y militares per cápita sensiblemente inferior a la que tenemos.

Desde luego que también pasé por una etapa de idealización de quienes resistieron a las hordas franquistas. El Frente Popular, el POUM, los anarquistas ibéricos, además de detener a Franco, querían hacer la revolución social. Suficiente para venerarlos, como hice a fines de los 70 cuando me exilié en Barcelona (azares de la historia: cincuenta años después de que España exportara a Uruguay a un católico protofranquista, Uruguay le devolvía un nieto ateo y anti-franquista). En España visité con devoción los lugares que evocaban la resistencia contra el fascismo, leí tomos y más tomos sobre la guerra civil y el franquismo, me enteré de las comunas ácratas de Aragón donde se quemaba el dinero, asistí a exposiciones fotográficas, de afiches al mejor estilo del realismo socialista y a muestras de cine de aquellos tiempos. Dejé de idealizar a los anti-franquistas, pero eso no me impidió seguir pensando hasta hoy que la razón estaba del lado de la República. Se ha dicho hasta la saciedad que durante la guerra ambos bandos cometieron atrocidades. Y las cometieron. No eludí la incómoda pregunta de qué hubiera sucedido si el PC español, uno de los más estalinistas de Europa y que hacia el final de la guerra era hegemónico en el bando anti-franquista, hubiera terminado gobernando España. Un anticipo de esa posibilidad no realizada fue el asesinato y desaparición de Andreu Nin, dirigente del POUM, y de no pocos anarquistas a manos de los comunistas y la Cheka.

Sobre todo esto se seguirá escribiendo y discutiendo, porque la historia, en particular la historia contemporánea, no es un saber definitivo y acabado, pero ninguna nueva versión de aquellos episodios podrá alterar el hecho de que Franco se levantó contra un gobierno legítimo, que defendía el orden constitucional vigente, y que para detener las transformaciones que emprendió el gobierno del Frente Popular no dudó en encarcelar, desterrar, torturar, fusilar y desaparecer a quienes se le pusieron en el camino.

Vaya este pequeño prólogo para justificar las historias que voy a contar a continuación. Los datos que reuní con el paso de los años son datos muy fragmentarios. Abundantes en algunos casos, escasos en otros.

Tal vez los motivos que los empujaron a embarcarse e ir a combatir a 10.000 kms de distancia fueran muy diferentes para cada uno de esos hombres, pero tenían algunas cosas en común: todos estaban convencidos de que aquella guerra civil no era un asunto estrictamente español. Pensaban, y así lo aseguraban explícitamente muchos de ellos, que en España se jugaba la causa de la libertad de todos, independientemente de dónde se hubiera nacido. Llama la atención ese cosmopolitismo o ese internacionalismo, por decirlo con las palabras de antes, en una época en la que el carácter global de nuestro mundo y, por tanto, de las luchas por ampliar la libertad y la justicia no era tan evidente como es ahora. Cuando proliferan ridículos nacionalismos es cuando más se echa en falta esa disposición internacionalista que algunos juzgan vetusta.

Lo segundo que tenían en común era su convicción de que vencerían, de que como la razón estaba de su parte y la causa a la que estaban dispuestos a inmolarse era justa, los vientos de la historia necesariamente terminarían soplando en la misma dirección en la que ellos se movían. Es difícil compartir hoy ese optimismo, que, sin embargo, no deja de resultar conmovedor. He tratado de interferir lo menos posible en los relatos, cartas y declaraciones de familiares para conservar el lenguaje y la mentalidad de esa época, y cuando lo he hecho ha sido sólo para dar cuenta de un contexto que tal vez no resulte evidente para el lector no familiarizado con la guerra civil española.

La historia de estos hombres demuestra que esa figura circunspecta y cínica que colgaba de una pared de la casa de mis abuelos también tenía sus enemigos jurados en este remoto lugar del mundo.

Militar y demócrata

Las convicciones democráticas y el azar fueron los que condujeron al alférez del Ejército Juan José López Silveira (“El Tape”) a alistarse en el Ejército Republicano español. Hijo de un diputado nacionalista y médico rural, López Silveira había nacido en Tacuarembó en 1912. Opositor a la dictadura de Gabriel Terra, desertó del Ejército en 1935 y se trasladó a Buenos Aires, donde estaba su amigo y camarada de armas, el capitán Atanasildo Suárez. Era este último, y no “El Tape”, quien tenía una plaza reservada para embarcarse a España, pero a último momento Suárez le confesó que había conocido a una mujer, que se casaba al día siguiente y le ofreció el lugar que tenía reservado a su amigo Juan José. Apenas un mes después del levantamiento de Franco, pues, López Silveira viajaba a Marsella.

Antes de partir ya figuraban en el currículum de López Silveira su negativa a firmar una carta de apoyo al dictador Terra en ocasión de un atentado que había sufrido en el hipódromo de Maroñas y su oposición a que el Ejército uruguayo realizara tareas administrativas durante un plebiscito organizado por el gobierno.

De su pasaje por España se conservan cartas, relatos de protagonistas famosos y los suyos propios, ya que retornó con vida de España. “Mi padre no hablaba conmigo de la guerra, para no trasladarme toda la violencia que había vivido”, me dijo su hijo Román López Queijeiro, quien, sin embargo, asistió de niño a las conversaciones de su padre con el coronel republicano Francisco Galán. Este no se cansaba de destacar las virtudes militares de López Silveira, muy apreciadas en el Ejército republicano, en el que no sobraban los oficiales formados. Desde el punto de vista estrictamente militar desempeñó un papel destacadísimo, entre otras, en la 46 Brigada Motorizada, dirigida por el famoso muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, el mismo que años más tarde encabezó, sin éxito, una banda stalinista para asesinar a Trotsky. En un pasaje de sus memorias (“Me llaman el coronelazo”), Siqueiros relata que “nuestras fuerzas se vieron obligadas a retirarse precipitadamente. Ayudado por el teniente López Silveira, un extraordinario oficial uruguayo, que durante un tiempo desempeñó el puesto de oficial artillero en el estado mayor de mi Brigada, pretendimos detener a los soldados que huían despavoridos”.

Testimonio de su optimismo incurable y de su convicción de que los republicanos aplastarían a las tropas de Franco son las cartas que envió a su familia. En una de ellas cuenta que “he estado dos días viajando y cuatro alojado en un cuartel de una fracción de las Brigadas Internacionales (…), que no están constituidas por aventureros ni por mercenarios, sino por quienes quieren contribuir con sus vidas a la derrota del fascismo. Saben que combaten por la humanidad, que luchan por un mundo nuevo y mejor. Esto es lo que constituye la fuerza moral de las Brigadas Internacionales”. En otra comenta que “ahora hemos sido trasladados al frente de Córdoba. He mandado una compañía de infantería y otra de ametralladoras en Sierra Morena. Parecía un bandido, barbudo, en mi propio pingo tordillo, mascando hojas de floridos olivares, durmiendo una noche aquí y otra allá. Ahora he vuelto al estado mayor de dicha Brigada con un puesto de importancia”.

A pesar de la guerra, López Silveira seguía leyendo la prensa uruguaya. Lo demuestran sus cartas, en las que no dejaba de quejarse de que “los diarios de esa con tendencia fascista falsean las noticias. Yo te puedo asegurar una verdad: nosotros ganaremos la guerra. De eso no cabe la menor duda”. Y concluía: “me gusta mucho el campo español. Claro que ahora tiene el único atractivo de que en él estamos destrozando al fascismo. Es más que suficiente para volver con alegría. Cuando paso por las carreteras en automóvil, en moto o galopando, me emociona la cantidad de pibes que saludan levantando el puñito cerrado. Es por ellos, vieja, por quienes luchamos”.

A pesar de lo que pueda aparentar su discurso, Juan José López Silveira nunca integró el Partido Comunista. Su hijo admite, sin embargo, que en la nada amable controversia entre comunistas y anarquistas españoles en torno a la conveniencia de ganar la guerra primero (como sostenían los comunistas) o hacer la revolución y la guerra simultáneamente (como proponían los anarquistas), López Silveira siempre estuvo con los primeros.

Román se enteró tardíamente de que su padre no se trajo de España únicamente recuerdos heroicos, sino también sufrimiento y miserias, que su hijo recuerda sin eufemismos ni justificaciones piadosas: presenció u ordenó fusilamientos, tanto de franquistas como de soldados indisciplinados de su propio Ejército, conoció el hambre, que lo condujo a alimentarse de ratas y gatos, y los abusos de oficiales republicanos.

De sus últimos momentos en España se conservan los conmovedores relatos sobre el cruce de la frontera con Francia, cuando las tropas de Franco ya habían tomado Barcelona en enero de 1939. Dichos relatos aparecieron en el semanario “Marcha” e ilustran sobradamente la desilusión padecida por López Silveira, una vez cruzada la frontera. Después de haber recorrido a pie los 180 kms que separan Barcelona de la frontera con Francia (“hubiera sido capaz de soportar algunas jornadas más de marcha si no hubiera sido por aquellas malditas llagas en los pies. Desde hacía dos días la carne viva rozaba las plantillas deshechas”), miles de brigadistas internacionales, ancianos, mujeres y niños que huían de los franquistas, creían que del otro lado de los Pirineos les esperaba la libertad. Tuvieron que andar varias decenas de kilómetros más, custodiados por soldados, hasta que oyeron “el romper de las olas del Mediterráneo. Estábamos en una playa. En grupos de dos, de seis, de diez, caímos rendidos en las arenas heladas… del campo de concentración”. El trato que las autoridades francesas dieron a los que huían del franquismo merece formar parte de la historia universal de la infamia, pero no es ésta la oportunidad de recordarlo.

Allí pasó varios meses hasta que un tío suyo, con pasaporte diplomático, logro sacarlo y llevarlo a París. El día antes, su hermano Román, también internado en el campo, moría prácticamente en sus brazos a causa de una pulmonía.

De regreso a Uruguay se recibió de contador, escribió un libro titulado “Guerra de guerrillas” (publicado por capítulos en revistas del Ejército), en el que proponía esa estrategia de defensa para el caso de que el país fuera invadido por una potencia extranjera. Dedicó casi diez años de su vida (entre 1942 y 1951) a un juicio al Ejército uruguayo para que el calificativo de “desleal”, que figuraba desde sus tiempos de oposición a Terra, desapareciera de su legajo. No solamente lo consiguió, sino que además logró que se le pagaran los salarios generados entre 1939 y 1942, que se le restituyera el grado que le hubiera correspondido y –por increíble que parezca— con expresa valoración de los servicios prestados en el Ejército republicano español (al parecer teníamos unas Fuerzas Armadas diferentes a las que 30 años después irrumpirían en el escenario político). Concluido el juicio, él mismo editó un libro titulado “Reivindicación del teniente coronel Juan José López Silveira”, en el que narra las peripecias de aquella demanda contra el Ejército.

“Lo que obtuvo de las reparaciones económicas –me contó su hijo Román— lo repartió con algunos amigos y el resto se lo gastó todo en un cabaret en Buenos Aires. La sensualidad fue uno de los componentes esenciales de su vida”.

Dos años después de volver a Montevideo, ya quería retornar a Europa y alistarse en el Ejército británico para combatir a Hitler, pero su médico se lo impidió. Las secuelas de su participación en la guerra civil española aún estaban vivas: anemia y “varios plomos de metralla” o balas, que su hijo y su última esposa descubrieron recién cuando se dispusieron a incinerar su cuerpo, tal como era su deseo.

Culto, de prosa fluida y lector empedernido, López Silveira colaboró desde su regreso a Montevideo con el semanario “Marcha”, en el que escribía con el seudónimo de Viriato, nombre de un caudillo íbero que resistió las invasiones de los romanos a la Península. A riesgo de su propia vida, no pudo eludir la tentación de retornar tres veces clandestinamente a España bajo el franquismo, gracias a los buenos oficios de otro tío diplomático, residente en La Coruña y amigo personal de Franco. “Nunca, nunca durante la guerra pude sentir ni disfrutar la belleza del paisaje de España. Jamás tuve capacidad suficiente para desligarme de los problemas de la guerra y entregarme, aunque fuera por momentos, al panorama que mis ojos miraban pero no veían”, escribió.

Antes de morir en 1965, a los 53 años, aún tuvo tiempo de ir en 1961 a Bahía de Cochinos, en Cuba, cuando se enteró del intento de invasión. Allí fue, pero cuando llegó los anti-castristas ya habían sido derrotados. Lo que se dice una vida sin concesiones.

Román López Silveira era tres años mayor que su hermano Juan José. Más politizado que él, ya antes de partir a España estaba vinculado a medios de izquierda en Uruguay y miraba con simpatía a la revolución rusa. Ello no le impidió –según su sobrino, del mismo nombre— ser “amigo del tango, la poesía y la bohemia. Era amigo de Blanca Luz Brum, prima de Baltasar, y amante de Perón (siempre según su sobrino)”.

Fue estudiante y luego funcionario de la Biblioteca del Palacio Legislativo. Según las especulaciones de su sobrino, su partida a España se debió a sus convicciones políticas, pero también a un sentimiento de culpa determinado por el hecho de que Juan José –sobre quien ejercía cierta influencia—ya estaba combatiendo allí. Estuvo “preparándose” militarmente en Brasil hasta que consiguió viajar a España, también desde Buenos Aires, seis meses después que su hermano. A diferencia de éste, sí integró las Brigadas Internacionales. Román me enseñó con orgullo el certificado que lo acreditaba como tal y que conserva como un tesoro. Su ignorancia en el manejo de las armas lo colocó en condición de soldado raso, desde la cual peleó en diferentes frentes, e incluso en la mítica batalla del Ebro. Su sobrino afirma que fue en España donde “se hizo definitivamente del PC, aunque por temperamento era anarquista, bohemio y antidogmático”. Cruzó los Pirineos con su hermano en febrero de 1939. Fue hecho prisionero y conducido a un campo de internamiento en el sur de Francia y a la edad de 30 años “lo sorprendió la muerte una fría mañana en el desamparo de la miseria de la inhospitalaria conducta de los apaciguadores franceses”, según relata Alberto Etchepare, cronista uruguayo en la guerra civil.

Si su tío Lucas, el mismo que consiguió sacar a Juan José del campo de internación de Geurs, hubiera llegado tan solo un día antes, la trágica muerte de Román López Silveira quizás se hubiera evitado. Pero cuando llegó, Román ya había muerto como tantos otros de los miles de españoles y brigadistas internacionales que llegaron a estar internados en los campos del sur de Francia. “No aguanto más estos piojos, me voy a bañar”, le anunció a su hermano, quien trató de persuadirlo de que no se metiera en un mar con temperaturas bajo cero. Murió a los pocos días de pulmonía y en su memoria el hijo de Juan José lleva su nombre.

El aviador que leía a Dostoievsky

Luis Tomás Tuya nació en Mercedes en 1909. Según Alberto Etchepare “su vida transcurría igual que la de la mayor parte de los jóvenes del interior. Unos estudios no completados en aquel liceo que tenía un no sé qué de jaula, que ahuyentó rápidamente su alma hecha para respirar en los grandes espacios, hambrienta de lejanías”. Un día llegó a Mercedes un aviador extranjero, y Tuya fue el único mercedario que, previo pago de una suma de dinero, se decidió a subir al aparato. En su libro, “Don Quijote fusilado”, Etchepare cuenta que Luis Tuya “habló siempre de su pueblo con amargura. Con la amargura de quien no sólo no es comprendido, sino que también recibe el calificativo de loco”. Sus horas de juventud las consumió entre la lectura de Lamartine y Dostoievsky y la pasión por la aviación. Finalmente, y a pesar de la resistencia familiar, consiguió el brevet, que lo autorizaba a pilotar aviones.

Pocos años antes de luchar en España había combatido del lado paraguayo en la Guerra del Chaco, que enfrentó a Paraguay y Bolivia. Fue condecorado por sus méritos durante el conflicto, pero quienes lo conocieron sostienen que fue su espíritu de aventura el que lo condujo a volar sobre el Chaco. Llegó a España en setiembre de 1936 desde Buenos Aires, y gracias a las facilidades otorgadas por sus amigos del diario porteño Crítica.

Cuando Etchepare lo conoció en España lo describió como “un romántico barnizado de marxista, quizás un poeta y en estos tiempos para ir en busca del azul, qué mejor que un avión. El pueblo uruguayo tiene ya su representante en las alas rojas, que luchan contra los negros pajarracos de cruces gamadas”.

Para enrolarse Tuya se dirigió al Ministerio del Aire, que por entonces se encontraba en Valencia. Cuando llegó, el capitán Parrondo, jefe de los pilotos extranjeros, le preguntó cuánto exigía como paga. “Solamente quiero un avión. Yo no cobro por defender la justicia”, dicen que fue la respuesta de Tuya. No voló muchos meses, por cierto, pero mientras estuvo con vida se lo consideró un piloto extraordinario. De su eficacia hablan los cuatro trimotores que derribó en el frente de Madrid, mérito que se realza aun más si se tiene en cuenta que la aviación republicana era muy inferior a la franquista, pertrechada con aparatos alemanes de última generación. Despegó de las bases de Prat de Llobregat, Reus y otras en Aragón. Intervino en la lucha en diversos frentes del sur y finalmente fue enviado al País Vasco. Allí murió una tarde bajo los cielos de Bilbao, con el grado de teniente y apenas cinco meses después de haber llegado a España. Sobre las circunstancias de su muerte circulan dos versiones bastante similares. Difieren únicamente en las causas que lo llevaron a inmolarse. Una sostiene que sobre el frente de Bilbao su avión y el de un oficial republicano apellidado Varela se vieron rodeados por una cuadrilla de aviones alemanes y la otra, que se quedó sin gasolina. En cualquier caso, ambas coinciden en que, al verse perdido (Varela saltó en paracaídas y fue fusilado por los “nacionales”), Tuya dirigió su avión contra un trimotor alemán y una ola de fuego envolvió a ambos aparatos. Tenía 28 años. Y entre vuelo y vuelo solía recitar versos de “El Viejo Pancho”.

Su sobrino Arquímedes Tuya me dijo durante una conversación telefónica que hace aproximadamente quince años la embajada española en Montevideo le comunicó a su hermano Rudeber que tenía en su poder la espada y la gorra que habían pertenecido a su tío. Arquímedes no sabe siquiera si el hermano fue a recogerlas.

Los semidioses del Ebro

Los nombres de Felipe Torres Pereira y de José Facal están indisolublemente ligados por las circunstancias de su muerte en España: ambos murieron en la batalla del Ebro en setiembre de 1938.

Felipe Torres Pereira nació en 1914 en Melo. Al igual que otros voluntarios uruguayos que fueron a España, tuvo un breve pasaje por los cuarteles. Era cabo cuando en 1935 se encontraba destacado en un batallón de Paso de los Toros esperando un alzamiento contra el gobierno de Terra organizado desde Brasil. Las tropas “rebeldes” nunca llegaron y, según cuenta Washington Torres, hermano de Felipe, éste “desertó o le dieron de baja”.

De padres nacionalistas, Washington sostiene que su hermano se vio muy influido por el diario “El País”, que por entonces defendía a la República española (y luego se convertiría en vocero de la dictadura). Sobre las inclinaciones políticas de su hermano, Washington sostiene que “es posible que al momento de partir ya estuviera muy influido por las ideas socialistas, pero creo que se hizo comunista en España. También es posible que Felipe Torres ya tuviera decidido ir a combatir por la República cuando, sin avisarle a nadie, se fue a Buenos Aires. Sin embargo, desde allí le escribió un 22 de marzo de 1938 a su familia comunicándole intenciones muy diferentes, tal vez con el piadoso objetivo de no alarmar a sus padres: “Mañana embarco como corresponsal de un rotativo argentino en la guerra española. Estaré lejos de esta tierra querida, que ya no sé si volveré a ver. Ruego a mi estimado padre sepa perdonarme mi espíritu aventurero”. La carta concluía, sin embargo, con una pista sobre sus propósitos: “el que no arriesga no gana”. Era soltero y tenía 24 años.

Ya en Barcelona, el ánimo es otro: “Vi el sacrificio en las puertas de Madrid (…), una demostración palpable de lo que puede un pueblo dispuesto a morir por su libertad. Lleno de moral y de fe, dispuesto a sucumbir antes que ceder un palmo de terreno. ¿Un conflicto puramente español? Ya nadie duda de que las ansias de rapiña del fascismo internacional pretenden implantar sus garras en suelo español”.

Otra carta del 2 de enero de 1939 del diputado socialista uruguayo Emilio Frugoni a su madre, aún hoy en poder de Washington Torres, da cuenta de la búsqueda desesperada de noticias por parte de la familia: “Hace días puse en manos del cónsul español su carta y se me prometió remitirla en el primer despacho para tener noticias de su hijo. Comprendo su dolorosa incertidumbre y me siento profundamente solidarizado con su pena. Sosténgale en su dolor de madre el pensamiento de que su hijo es un héroe de cuyo sacrificio nos honramos y enorgullecemos todos los uruguayos amantes de la libertad. El nombre de Felipe Torres Pereira se halla grabado en el corazón de cuantos seguimos con ansiedad el drama de España”.

En una carta de febrero de 1940, dirigida a la madre de Felipe y firmada por un tal R. Prieto Bernié, “de paso por Montevideo”, y con certeza compañero de Torres en España, se narran algunos detalles de su muerte. “Cayó en los combates del vértice de Gaeta el 3 de setiembre de 1938 –dice la carta–. Era un magnífico combatiente, de una pureza casi infantil. Ascendió a sargento por su valor en el paso del río el 25 de julio, fue enviado a la Escuela Popular de Guerra a realizar el curso de oficial, de donde volvió a fines de agosto. Recibió el mando de una sección en la Tercera Compañía del 4° Batallón de la 12ª Brigada y murió el 3 de setiembre cuando al frente de sus hombres atacaba posiciones enemigas. No sufrió dolor y agonía. Al marchar al ataque, una bala le partió el corazón. Allí fue enterrado con otros camaradas entre el respeto y la emoción de los que sobrevivieron. El ideal de libertad por el que murió su hijo es patrimonio universal. Alguien dijo que los internacionales como Felipe, eran ‘hombres árbol’, cargados de semillas de libertad”, concluye la carta de quien obviamente no tuvo el coraje de enfrentar cara a cara a la madre de Torres.

Fue el último presidente del gobierno, Juan Negrín, quien bautizó a los combatientes del Ebro como semidioses. Es que la contraofensiva republicana en el frente del Ebro, concebida en plena retirada de sus ejércitos, parecía una meta imposible. Sin embargo, gran parte de los 60.000 hombres que allí había concentrado el Ejército Republicano logró cruzar el río. La batalla duró tres meses y ambos bandos sufrieron en ella más bajas que durante el resto de la guerra. La superioridad militar de Franco detuvo la contraofensiva, lo que prácticamente supuso el principio del fin del gobierno del Frente Popular.

“Fue una muerte prácticamente inútil la de mi hermano”, me comentó con amargura y lucidez Washington Torres, “porque el Ejército republicano no precisaba más hombres, sino más armas. Francia e Inglaterra dejaron sola a la República española”.

“España Democrática”, órgano del Comité Nacional de Ayuda al Pueblo Español, que se editaba en Montevideo desde 1936, afirma que al momento de su muerte, Felipe Torres llevaba en su pecho un retrato de su madre y una bandera uruguaya.

Juan Facal, el otro “semidios” del Ebro, había sido estudiante en Montevideo, estuvo preso en los días del golpe de Estado de Terra en 1933. Fue obrero de la construcción e incluso conoció la vida de cuartel. Fue militante de la Juventud y del Partido Comunista del Uruguay, y ya en España, miliciano del Ejército Popular. Se despidió a principios de 1938 del entonces miembro del PC, e historiador, Robert Ares Pons, con un premonitorio “va a pasar mucho tiempo sin que nos veamos”. También murió peleando en la batalla del Ebro.

“Se tuvieron que realizar incendios de iglesias”

Juan Llorca era español y llegó de niño a Montevideo a principios del siglo XX. No dudó en marchar a España una vez desatada la guerra civil. Fue un destacado dirigente sindical de los trabajadores de la pesca. En una larga entrevista (“Forjar el viento”), el secretario general del PC uruguayo Rodney Arismendi lo defiende insólitamente como un “anarquista procomunista”. No sé sabe cómo, pero ya el 29 de julio de 1936 (once días después del levantamiento de Franco), se encontraba en Barcelona, desde donde escribía al periódico comunista Justicia:

“Estimados camaradas, os escribo para que sepáis del heroísmo sin límites de los trabajadores catalanes, cómo se trabaja en unidad revolucionaria sin reparar en ideologías, teniendo como norma la lucha contra el fascismo. Quisiera poder pintaros cómo los trabajadores se iban incautando de los edificios para casas de asistencia de los heridos, cómo se iban desmoronando por la acción del fuego de fusilería, ametralladoras y cañones todas las bastillas del fascismo. Después de las luchas encarnizadas en las calles, se tuvieron que realizar incendios de iglesias y conventos, pero ello únicamente contra aquellos desde los que se hacía fuego contra el pueblo”.

El odio anticlerical (el historiador español M. Tuñón de Lara señala que comunistas y anarquistas fusilaron durante la guerra civil a casi 4.000 sacerdotes y no menos de 800 monjas) derivaba del explícito alineamiento de la Iglesia Católica con la monarquía primero y con Franco después. “Para constataros la verdad de estos hechos –continuaba Llorca— os diré que estando yo presenciando el incendio de la iglesia de San Miguel, los sótanos sintieron el calor del fuego e hicieron explosión dentro de ellos gran cantidad de municiones que sembraron el pánico entre el público que presenciaba la hoguera. Para terminar, quiero deciros el inmenso valor que tiene para los españoles que luchan por la libertad, el aliento y la ayuda de los restantes pueblos”. Según Justicia, Juan Llorca murió “erguido, pistola en mano”, en la ciudad de Barcelona.

Otros notorios militantes comunistas que murieron en España durante la guerra fueron Antonio Pereyra y Rómulo Sánchez, ambos vinculados a los ambientes sindicales de su época. El primero de ellos, compañero de la fallecida poetisa Paulina Medeiros, murió en la defensa de Madrid. Lo mismo que Julio Calachik, otro obrero uruguayo que cayó en las cercanías de la Ciudad Universitaria de la capital española. Rómulo Sánchez murió en el frente de Teruel (Aragón) entre diciembre de 1937 y febrero de 1938. Aunque no estuvo combatiendo, el también comunista José Lazarraga desarrolló tareas de organización en la retaguardia en Cataluña. Años después de su regreso fue diputado por el Partido Comunista.

Menos referencias existen del húngaro-uruguayo Koravic, quien participó en la revolución de los consejos obreros de su país de origen, ocurrida casi veinte años antes, y que después de la guerra civil retornó a Hungría.

Un divulgador del “bello ideal ácrata”

Pedro Tufró había nacido en Montevideo en el seno de una familia acomodada. Antes de su partida a España estudió derecho en la Universidad de la República, donde fue un activo militante estudiantil. Según la revista anarquista Esfuerzo, editada en Montevideo durante la guerra civil, “rompió con su clase de origen y divulgó entre el estudiantado uruguayo las bellas concepciones del ideal ácrata. Ello le valió la pérdida del título de universitario, pero ganó el de rebelde. Dejó de ser un privilegiado para ser hombre”.

Partió a Cataluña, bastión del anarcosindicalismo ibérico, en diciembre de 1936 y allí murió durante los sucesos de mayo del 37.

De su prestigio dentro del movimiento ácrata internacional puede dar una idea el hecho de que las arengas de Tufró se emitían por la radio que la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores) y la FAI (Federación Anarquista Ibérica) tenían en Barcelona. A través de sus emisiones pudo escucharse alguna vez la voz de Tufró que decía: “Tiempos nuevos son los actuales, porque lo viejo resquebrajado por sus propias contradicciones se hunde sin remedio. Sangre nueva, pues, sangre joven, es la que puede alimentar plenamente las necesidades vitales del presente, que es de acción, sobre todo de acción (…). Todos los grandes partos de la historia son dolorosos y éste no podía ser menos, porque de la hora actual no puede, no debe, salir para España otra cosa que la liberación definitiva de los yugos seculares que la tenían en permanente laceración”.

Pedro Tufró fue el único uruguayo que durante la guerra civil cayó segado por armas comunistas. Para entender su absurda muerte es necesario recordar lo que varios historiadores han denominado “los sucesos de mayo de 1937”. La CNT y la FAI controlaban en Cataluña gran parte de la producción fabril, las fronteras y, a través de sus “patrullas de control”, los organismos de orden público. A pesar de su ambiguo respaldo al gobierno del Frente Popular, tanto la FAI como la CNT sostenían que la revolución social que estaba teniendo lugar en España era frenada desde el gobierno. De ahí su resistencia a perder el control del aparato de seguridad en Cataluña. El gobierno autónomo catalán, y sobre todo el PC, intentaron desarmar a los anarquistas y desalojarlos de los espacios de poder que detentaban. El resultado no pudo ser más dramático. Según Tuñón de Lara, entre la última semana de abril y la primera de mayo de 1937, los muertos por los enfrentamientos entre comunistas y anarquistas llegaron a 500. Uno de ellos fue Pedro Tufró.

“El cadáver de Tufró fue reconocido”, escribió el dirigente anarquista español Fidel Miró el 17 de mayo de 1937. “En nuestros rostros quedó grabada una mueca de indignación y de tristeza. Poco podía él pensar, cuando llegó hace apenas cinco meses a España, la suerte que le aguardaba. Horrible tragedia la suya, que, frente al fascismo hubiera caído con una sonrisa en los labios, satisfecho de dar la vida por el ideal, al constatar en los momentos postreros de su vida, que caía por las balas fratricidas”, agrega Miró.

Entre los anarquistas uruguayos que llegaron a Barcelona hay que mencionar también al propio Alberto Etchepare, periodista, quien a su regreso publicó un libro de entrevistas titulado “Don Quijote fusilado”. Murió en la década de los 60 y hasta entonces escribió en el semanario “Marcha” una columna sobre actualidad parlamentaria, llamada “El salón de los pesos perdidos” y firmada por “El que apretó el tomate en la Kermesse”.

No fue a combatir, peo también estuvo José Gomensoro, médico neurólogo, que prestó servicios en Barcelona hasta el final de la guerra. Gomensoro ingresó tardíamente a Cataluña, junto a Roberto Cotelo, quien murió en suelo español.

El guerrillero desconocido

Ramón Tajes fue otro de los uruguayos que combatieron en el lado republicano, pero su nombre no es habitualmente recordado en los discursos apologéticos  ni en las conmemoraciones de la guerra civil ni por los contemporáneos que aún viven. Tal omisión no es fácil de explicar, pero puede deberse tanto a que Tajes ya se encontraba en España cuando estalló la guerra como a que no pertenecía a ninguna organización política influyente.

Había nacido en Salto y sus actividades políticas se remontan a la época de la dictadura de Uriburu en Argentina. Allí conoció la prisión primero y el destierro más tarde. Relata Etchepare en el citado libro que, “mezclado con el pueblo en Barcelona salió a la calle el 19 de julio y ocupó su puesto en las barricadas de la libertad. A pesar del gran partidismo reinante en Barcelona, Tajes se definía como “demócrata y hombre libre”. Tal vez esto explique que asumiera una actitud de neutralidad ante “la dolorosa lucha interna del antifascismo catalán”.

Del final de Ramón Tajes nada se supo. Apenas una imagen dibujada por la pluma de Etchepare, de quien se despidiera en un andén de la estación de trenes de Barcelona “aguardando la hora de la victoria y levantando su puño”.

Otro anónimo combatiente –del que tampoco existen mayores referencias, salvo un artículo aparecido en “España Democrática” en diciembre de 1938— fue el capitán Ernesto Bauer. En esa única mención se dice que Bauer (no se sabe si nacido en Alemania o Uruguay) había estado 15 meses en el estado mayor de una unidad móvil, que entraba en acción dónde y cuándo se lo requería.

El artículo reproducía declaraciones de Bauer en radio Ariel. Había ido a España “a luchar por lo que amo y en contra de lo que odio”. A pesar de que en esa fecha la guerra estaba prácticamente perdida para los republicanos, Bauer conservaba su fe ciega en el triunfo final: “Peritos alemanes de fama universal no pueden comprender cómo es posible que todavía resista este ejército (el republicano), teniendo en cuenta la superioridad bélica del enemigo (…). ¿Quién va a vencer? Muchos creen que Franco. Eso es un disparate. La suerte de España no está en Berlín, Roma o Washington, sino en las manos del pueblo español y esta nación heroica tiene tanta sed de libertad que vencerá”.

La entrevista radial también sirvió para que Bauer divagara sobre asuntos menos castrenses: “La mujer española de hoy ya no es más la dulce y romántica señorita de Sevilla. El español de hoy no es más el cantor soñador de canciones flamencas de ayer”. Y concluía: “Aunque Franco triunfe, la rebelión será incontrolable. Irán apoderándose gradualmente de las armas alemanas e italianas y los mercenarios italianos y alemanes serán degollados por el pueblo”.

Los desconocidos

En octubre de 1938 la situación militar era decididamente desfavorable para el gobierno republicano. Los intentos de llegar a una paz negociada naufragaron, y el gobierno legítimo de España decidió retirar a todos los extranjeros que combatían en sus filas. Para contrarrestar el efecto diplomático de tal iniciativa, Franco retiró un número equivalente de soldados italianos (10.000 aproximadamente). No obstante, permanecieron en España entre 40.000 y 80.000 soldados de Mussolini. El día 28 de aquel mes, 200.000 españoles despedían en Barcelona a los brigadistas internacionales. Estaban en el acto el presidente de la República, Manuel Azaña, el presidente del gobierno, Juan Negrín, el poeta Antonio Machado y la dirigenta comunista Dolores Ibárruri, “La Pasionaria”, quien les da el último adiós: “Vais a marchar con la cabeza muy alta. Vosotros sois la historia, sois la leyenda. No os olvidaremos nunca”. Entre aquellos brigadistas que se dirigían desarmados a Francia se encontraba un grupo de anónimos uruguayos cuyos nombres raramente se mencionan.

Todos ellos pasaron largos meses en campos de internación en el sur de Francia, y su exigencia de que los dejaran retornar a Uruguay generó en estas latitudes un vasto movimiento de solidaridad. Una multitud fue a recibir a los tres primeros (los únicos cuyos nombres quedaron para la posteridad): Andrés Risso, dirigente tranviario comunista, que fue expulsado del PC uruguayo durante el período en el que Eugenio Gómez ejercía la secretaría general; Alberto Cabot, quien retornó con una prótesis en el cráneo, producto de una herida recibida en combate y que fuera el uruguayo con más alta graduación militar (capitán de las Brigadas Internacionales), y Edgardo Mutti, italiano nacionalizado uruguayo.

Sin embargo, fueron muchos más los que estuvieron luchando en el bando republicano y que terminaron en campos de internación franceses. La siguiente lista, aparecida en la edición de “España Democrática” del 19 de mayo de 1939, desmiente la idea predominante hasta hoy de que sólo una escasa decena de “famosos” uruguayos fue la que cruzó el Atlántico para luchar contra la sublevación franquista. He aquí sus nombres como homenaje póstumo.

Terminada la guerra, además de los tres arriba mencionados, se encontraban en el islote J. Campo de Guers: Regino Baez Quintana (Carmelo), Jorge Palanco Verdugo (Montevideo), Francisco Pastor Esquiroz (Montevideo), Lorenzo Palermo Martínez (Minas), Francisco Haro Guerrero (Montevideo), Rabino Mateo Mestre (Pando), Pastor Ontíveros Rodriguez (Montevideo), Enrique Baudeville (Montevideo), Angel Tzareff (Montevideo), Carlos del Valle (Sarandí del Yi), José Herrera Pérez, Salvador Loy, Benjamín Alvarez Pena, José Feredici (húngaro residente en Uruguay desde 1930), Esteban Balogh (rumano, en Uruguay desde 1930), Américo Gayer, Salomón Goldstein y Ernesto Pizarro (chileno nacionalizado uruguayo).

En el estadio municipal de Norts deux Serres se encontraban: Carlos Alvarez Pérez (Montevideo), Manuel Santos (Montevideo), Walter Walls Castro y Margarita Mitjavilla de Arismendi, junto a sus dos hijos.

La interminable discusión sobre la llamada Ley de Caducidad remite, pues, a la legitimidad de las decisiones políticas en las democracias contemporáneas. Legitimidad que resulta cada vez más problemática porque, dependiendo de los casos y las circunstancias, abreva en fuentes diferentes y en ocasiones mutuamente excluyentes.

En el caso que nos ocupa, quienes se oponen a la iniciativa de derogar o decretar la inaplicabilidad de una ley que a su manera amnistió a los militares alegan que la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de mantener la ley, expresada en dos plebiscitos, tendría preeminencia sobre cualquier otra consideración, incluida la que esgrimen los defensores de terminar con esa ley, esto es que la última palabra la tienen los tratados y convenciones internacionales que protegen los derechos humanos, a los cuales ha adherido el Estado uruguayo. Estos últimos emplean además otro argumento del mismo tenor: la Corte Suprema de Justicia emitió hace unos meses un fallo por el que consideró que la ley era anti-constitucional.

Estamos ante uno de los típicos, y cada vez más habituales, casos de oposición entre democracia, entendida como la voluntad de la mayoría, y textos legales o instituciones que acotan el campo de lo que la mayoría puede decidir. El asunto es tan viejo como la propia política y entre otras cosas atañe a la desconfianza que siempre suscitó el poder, incluido (o sobre todo) el que está legitimado por el voto de la mayoría, y a la necesidad de controlarlo. De esa inquietud nacieron la protección de los derechos individuales y las barreras contra la tentación de que las mayorías avasallaran a las minorías y que fueron incluidas en los textos constitucionales de las democracias modernas.

Los liberales del siglo XIX creyeron que los derechos individuales debían protegerse mediante disposiciones que no dependieran del cambiante humor de la multitud. Los enciclopedistas ya hablaban de la necesidad de unos poderes encargados de “contrabalancear” a las autoridades elegidas. Detrás se ocultaba el temor del liberalismo conservador al poder irreflexivo de la masa y a las pasiones de la multitud. La tradición republicana, en la que durante un tiempo abrevó la izquierda, erigió, por el contrario, el sufragio universal en el punto indiscutible y suficiente de la democracia. Para ella no podía haber nada por encima del voto de la mayoría y asumían que los ciudadanos no estaban obligados a respetar leyes e instituciones en cuya aprobación no hubieran tenido alguna forma de participación, aunque fuese indirecta.

La preocupación liberal por erigir cotos vedados a lo que puede decidirse mediante el voto de la mayoría (disposiciones constitucionales) con sus guardianes específicos (altos magistrados o tribunales supremos) obedece, creo yo, a que el liberalismo concibe a la libertad meramente como libertad negativa (es decir como aquello que no se me puede impedir). Ve a los ciudadanos únicamente como potenciales amenazas a la libertad del individuo, de ahí la necesidad de “protegerse” frente a las “peligrosas” intromisiones en su vida. Le es ajena una idea más sustantiva de libertad, como libertad positiva, es decir como las condiciones que debe tener el individuo para poder decidir con autonomía la forma en que quiere conducir su vida y que sólo pueden garantizarse con los demás, en el ámbito político. Para la tradición republicana, los demás no son una amenaza de la que debo protegerme, sino la condición de mi libertad. Temor y pesimismo antropológico (la idea de que el individuo sólo se mueve por intereses) son los que están detrás de la preocupación liberal por acotar aquello que puede ser decidido por la mayoría en el ámbito político (incluidos los representantes de esa mayoría). Si es ingenuo o ilusorio esperar que el ciudadano se vaya a comprometer con el bienestar de los otros y la neutralidad liberal –para la que no hay elecciones más valiosas que otras– se desentiende de los valores cívicos, sólo cabe pensar en una protección prepolítica de los derechos, no una decidida por los ciudadanos. Hay que decir que esta preocupaciòn no es enteramente descabellada: si no se sacraliza la voluntad de la mayoría, es posible pensar que ésta puede legitimar el privilegio o la arbitrariedad (si todo puede ser votado, ¿por qué habría que descartar que se decida que los negros o los minusválidos, por ejemplo, no pueden acceder a la universidad o tener propiedades?).

La tradición republicana, sin embargo, siempre creyó que esa protección de los derechos individuales estaría mejor garantizada por la virtud cívica, es decir por ciudadanos activamente comprometidos y participantes en la cosa pública. En otras palabras, que no se necesitaban cotos vedados, garantías que estuvieran más allá de la esfera política.

Los críticos del liberalismo han intentado siempre deslegitimar todas las expresiones de la sociedad que no fueran consagradas por las urnas. Los republicanos tradicionalmente han cargado las tintas del lado de la mayoría y han desconfiado de cualquier intento de recortar aquello que puede ser decidido por los ciudadanos. Jefferson escribió que ninguna generación puede sustraer a la siguiente, mediante disposiciones constitucionales, la capacidad de decidir sobre cualquier asunto político. Se planteó incluso la pregunta de si acaso cada generación no debía aprobar de nuevo todas las leyes. Los contratos mueren con quienes los han firmado, alegaba. Si esto suena razonable, mucho más lo es el rechazo a que jueces, tribunales, constituciones, defensores del pueblo hurten a la mayoría de sus contemporáneos la capacidad de decidir sobre determinados asuntos. Entre otros, uno tan eminentemente político como el estatuto de la propiedad privada, cuya protección está incluida en casi todas las constituciones actuales.

Pero no sólo los liberales han intentado establecer muros infranqueables a la voluntad general. También una parte de los republicanos y de la izquierda contemporánea ha apelado a las más variadas justificaciones –proteger a las minorías, evitar unas preferencias formadas en las peores condiciones, irracionales, caprichosas–  para aceptar límites a la decisión de la mayoría, fijar materias sobre las que no se puede votar (idea fuerte de derechos) o instituciones no sometidas a la voluntad popular y que se reservan importantes ámbitos de decisión.

Se podrá tener la opinión que se quiera sobre estas disposiciones constitucionales y sobre las instituciones encargadas de controlar que las decisiones políticas se ajusten a ellas (Cortes Supremas de Justicia, Tribunales Constitucionales, etc.), pero nadie puede negar que suponen una limitación, un angostamiento de aquello que puede ser decidido por los ciudadanos o sus representantes. En otras palabras, en nuestras democracias contemporáneas estamos lejos de poder afirmar que detrás de todas las decisiones políticas está la voluntad de la mayoría, aun en el caso de que se considere que esa voluntad está encarnada en sus representantes, que después de todo tienen más motivos para sentirse sus depositarios que personas e instituciones que no han sido elegidas democráticamente, y a las que la literatura política actual ha dado en llamar, apropiadamente, contramayoritarias. Al respecto, creo que hay buenas razones para oponerse a los cotos vedados que suponen esas instituciones contramayoritarias, aunque tampoco escasean las disponibles, no para acotar aquello que los ciudadanos pueden decidir, pero sí para oponerse a una idea de democracia que sería apenas la versión ampliada de una consultora de opinión pública, es decir que comienza y termina con la contabilización de las preferencias individuales, formadas privadamente, es decir prepolíticas, no precedidas de una deliberación pública y de la que pueden esperarse los resultados más caprichosos e infundados. En las condiciones en las que actualmente se toman las decisiones, se entiende perfectamente la desconfianza en las que podrían tomar las grandes mayorías. Por si no tuviéramos suficientes, hay que señalar aquí otro problema: que el motivo por el que se legitimó el criterio de la mayoría reside en que se suponía que ésta era un dique de contención de los excesos de una minoría opresora, pero ahora la idea de minoría ya no se asocia a la de grupo opresor, a menudo son las minorías las que se consideran oprimidas.

De modo que puede decirse que en las actuales democracias contemporáneas tenemos más de una fuente de legitimidad. La actividad democrática ordinaria mezcla, pues, permanentemente decisiones políticas y decisiones judiciales; decisiones democráticas, legitimadas por el criterio de la mayoría, y decisiones de instituciones contramayoritarias. La actividad democrática desborda largamente el marco de las instituciones electoral-representativas. El ciudadano ya no se contenta con hacer oír su voz en las consultas electorales, no cree que la selección de los gobernantes que ha legitimado con su voto implique automáticamente una legitimación de todo aquello que esos gobernantes decidan.

Un breve inventario de los últimos años puede servir para confirmar el papel nada menor de las instituciones contramayoritaras: la derogación del impuesto a la renta sobre las jubilaciones por la Suprema Corte de Justicia en Uruguay, los fallos de altos tribunales estadounidenses sobre el aborto, el casamiento entre homosexuales y la eutanasia; la despenalización del consumo de drogas, la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y el fin del monopolio sindical de la CGT en Argentina, la ratificación de la despenalización del aborto por la Corte Suprema en México, la prohibición de que el presidente Alvaro Uribe se postulara a un tercer mandato en Colombia, el alcance de las autonomías de Cataluña y el País Vasco y en general todos los casos de controversias políticas que terminaron dilucidándose en los tribunales.

¿Y entonces? A quienes se rasgan las vestiduras porque, con su iniciativa, el actual gobierno desconoce la voluntad de la mayoría de mantener la Ley de Caducidad, expresada en dos oportunidades en las urnas, hay que recordarles no sólo que el Parlamento es una institución conformada según la voluntad de las mayorías, sino que además no es inhabitual que instituciones contramayoritarias tomen decisiones políticas; forma parte del normal funcionamiento de nuestras democracias. A las instituciones contramayoritarias han apelado incluso quienes hoy se enervan por el irrespeto de la voluntad mayoritaria, como lo ilustra el caso citado más arriba del recurso ante la Corte Suprema para invalidar el impuesto a la renta sobre las jubilaciones, aprobado por el Parlamento.

Pero sin duda, las contradicciones en las que ha incurrido la izquierda en el gobierno son las más llamativas de todas. Se puede, naturalmente, invocar el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por Uruguay. Lo que no se puede es convocar a los ciudadanos a las urnas para que legitimen la derogación de una ley y cuando el resultado del plebiscito no es el que se espera, apelar a las instituciones contramayoritarias y alegar que determinados derechos y compromisos jurídicos están por encima de la voluntad de la mayoría. Hay preguntas ineludibles en estas circunstancias: ¿por qué el Frente Amplio, que durante toda la legislatura pasada contó con mayoría absoluta en el Parlamento, no derogó una ley que considera inconstitucional y violatoria de todos los compromisos internacionales firmados por el Estado uruguayo? ¿Por qué, habiendo tenido cinco años para hacerlo, prefirió convocar a los ciudadanos a las urnas? Respuesta tentativa: porque nadie osó enfrentarse al líder máximo, Tabaré Vázquez, quien dijo que jamás derogaría la Ley de Caducidad. Segunda respuesta tentativa: porque, imbuido del fetichismo del número, sacralizó el procedimiento del voto, porque creyó que las preferencias ciudadanas, aun formadas en las peores condiciones –sin deliberación pública en la que se deben argumentar esas preferencias– expresaban de alguna manera “el interés general”. Ahora el Frente Amplio se ha visto obligado a beber de su propia medicina.

Para el ciudadano contemporáneo, y por lo visto también para el Frente Amplio, la democracia es sinónimo de contar votos. Pero lo que resulta más controvertible de esta idea de democracia es que para ella las preferencias de cada uno serían prepolíticas, se formarían en el ámbito privado. Cada uno concurriría a la arena política a hacer valer las suyas, éstas se cuentan y se toma la decisión más acorde con las preferencias de la mayoría. A la salida de este proceso cada uno se vuelve para su casa con la convicción de que sus preferencias (sus gustos, habría que decir a estas alturas) resultaron minoritarios, pero en ningún caso convencidos de que se tomó la decisión más razonable y justa. Las preferencias “políticas” de las que hablan los liberales, y el Frente, se parecen demasiado a las de un consumidor: se tendría una preferencia política como se tiene una preferencia cromática. Es decir, no serían susceptibles de argumentarse o defenderse públicamente según criterios de justicia. Mucho menos de modificarse a la luz de buenas razones. Entre otras cosas, porque las preferencias serían sinónimo de intereses… o de gustos. El liberalismo está comprometido con una versión neutra de la democracia y sus instituciones. La democracia sería desde su punto de vista apenas un procedimiento para tomar decisiones.

Pues bien, a la vista tenemos ya una consecuencia posible de la democracia entendida como mero procedimiento para expresar preferencias individuales: a pesar de que muchos idealizan un simple procedimiento, la democracia plebiscitaria, los ciudadanos no necesariamente toman las decisiones más sabias y justas, pueden tomar decisiones caprichosas o egoístas, entre otras cosas porque en la democracia del número, las preferencias no están obligadas a justificarse, porque no se sopesan, simplemente se cuentan.