Marcha atrás

La idea de que el hombre es un ser dotado de razón y que en su búsqueda de la verdad no debe reconocer más amo que su propio discernimiento ni respetar más autoridad que el pensamiento se fue abriendo camino durante siglos. Hoy está instalada en buena parte de la humanidad, y se la enseña a los escolares de casi todo el mundo occidental.

Es necesarrio recordar, sin embargo, que la aún incompleta emancipación humana del dogma y la fe no ha sido el resultado del azar o un obsequio de la historia. En una época en la que se suele creer que las conquistas sociales y las libertades de las que gozamos son el fruto de la evolución “natural”, conviene señalar que las mismas no sólo costaron sangre, sudor y lágrimas, sino que su pervivencia depende además de que estemos dispuestos a defenderlas. Allí están para atestiguarlo los millones de herejes y libros consumidos por las llamas y la voluntad de otros tantos individuos dispuestos a desafiar la tradición, las amenazas de condenas eternas y los llamados a guerras santas.

La batalla entre el pensamiento y la creencia, entre quienes no están dispuestos a detenerse a las puertas/murallas de los “principios” (que es el nombre que casi siempre asumen el prejuicio y el dogma) y quienes son incapaces de convivir con la incertidumbre inherente a la vida, y en particular a la vida bajo este comienzo de milenio, seguirá, pues, abierta. Es un asunto que ni en la Europa más ilustrada ha terminado de laudarse (no hablemos de los Estados Unidos de George W. Bush, cuyas iniciativas políticas y militares pretenden basarse antes en mandatos divinos que en elecciones políticas). Aún hoy las páginas de opinión de publicaciones respetables y las intervenciones de numerosos intelectuales en el mundo desarrollado están dedicadas a debatir cómo enfrentar la “cuestión religiosa” en la sociedad moderna, un asunto que aún parece tenernos reservados varios capítulos. Hasta antes de ayer croatas, serbios y bosnios musulmanes cometieron en el corazón de Europa las peores matanzas, entre otras cosas en nombre de sus respectivos dioses. Los crímenes más crueles que aún hoy siguen perpetrándose en el mundo se cometen en nombre de alguna religión.

También en este país hubo auténticas batallas políticas e ideológicas en torno al papel de la religión en la sociedad. Comenzaron en el siglo XIX y los historiadores parecen estar de acuerdo en que ese conflicto se saldó (¿habrá que decir provisoriamente?) con el triunfo de la secularización en las dos primeras décadas del pasado siglo: supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, matrimonio civil, aprobación del divorcio, supresión del juramento religioso de las autoridades gubernamentales, eliminación de los honores militares al clero, de los crucifijos en hospitales y un largo etcétera. Quienes vestían sotanas y blandían crucifijos nos anunciaban que estas transformaciones traerían las peores calamidades, tal como las siguen anunciando hoy ante la legalización del aborto o el casamiento entre homosexuales.

Quienes no comulgamos con la idea de que lo esencial es lo propio e intransferible, los localismos folclóricos románticos y demás aspectos aleatorios de nuestra condición, sino lo que tenemos en común con todos los humanos, esta temprana separación de la Iglesia del Estado y la secularización de la vida social y política en general son tradiciones políticas de este país que reivindicamos con orgullo.

Si es indiscutible que la sacralización de las tradiciones condujo por lo general a mantener el orden establecido, hay algunas pocas de ellas que parecen destinadas a todo lo contrario: una que ha recorrido un largo camino en Occidente, y en Uruguay en particular, es precisamente la de que la política y la religión deben mantenerse alejadas. Si los curas de misal y rosario quieren participar del debate público tienen todo el derecho de hacerlo, pero en su condición de ciudadanos, es decir esgrimiendo argumentos razonables y razonados y no proclamando autos de fe o pretendiendo que su condición de religiosos les otorga un derecho suplementario. Cuando de alcanzar leyes justas se trata (y esta es una empresa en la que una parte de la humanidad está embarcada desde hace una buena temporada) la posición de la Iglesia no vale más que la de cualquier ciudadano armado de un argumento.

Las luchas contra el oscurantismo, la mera creencia, el dogma religioso o los privilegios de la Iglesia Católica en Occidente o en favor de la separación de los asuntos terrenales de los celestiales no fueron ni son un proyecto de izquierda o de derecha, sino estrictamente moderno. En todo caso, el afán por desterrar al clero y la fe de los asuntos públicos fue en sus primeros tiempos un asunto de la burguesía ilustrada para la que la tradición, el dogma y, sobre todo, los privilegios de la Iglesia, conspiraban contra el desarrollo del incipiente capitalismo. Pero la izquierda de todo el mundo, con la excepción de algunas corrientes demasiado atentas al “retorno de lo religioso”, hizo suya esa tradición. Puede aceptarse que a la definición de Marx de que la religión es “el opio de los pueblos” le ha salido un competidor, el nacionalismo, pero eso no quiere decir que haya perdido vigencia su idea de que la libertad no es asunto de creyentes (¡de ningún tipo por cierto!), sino de individuos que más bien descreen, se interrogan y dudan.

A pesar de las continuas “recaídas” en lo religioso que suele provocar el desasosiego que produce al individuo moderno la “muerte” de Dios y su estar solo-en-el-mundo, nuestro optimismo ilustrado nos empuja a pensar que el laicismo está condenado a ganar la partida. Sin embargo, la experiencia indica que no hay conquista democrática que se alcance de una vez y para siempre.

Una prueba de que el camino recorrido se puede desandar es que el primer presidente de izquierda de la historia de este país parece inclinado a devolver a la Iglesia Católica al lugar destacado que perdió hace ya un siglo. Creo que no exagero si afirmo que tenemos el gobierno más confesional de las últimas décadas, sin dudas desde la restauración de la democracia. Ni siquiera el pío y devoto Luis A. Lacalle llegó tan lejos.

En sólo dos meses y medio de gestión del nuevo gobierno la primera dama fue enviada como representante oficial a los funerales del papa en Roma, se impuso contra viento y marea la estatua de Juan Pablo II en un lugar destacado de Montevideo y el presidente anunció –tras un encuentro con el arzobispo de la capital— que vetará una eventual ley que legalice el aborto.

Lo primero es difícil de digerir, aunque la involucrada esgrima el casi imposible argumento de que su viaje fue de carácter privado; lo segundo es preocupante, porque da toda la impresión de que el gobierno está más atento a las inquietudes de grupos de poder y de presión, como la Iglesia, que a los imperativos laicos que le impone la constitución y la sensibilidad de los ciudadanos de este país. Más preocupante aún, no se ha escuchado desde el Frente Amplio ninguna voz discordante con estas piadosas iniciativas. Y lo tercero es lisa y llanamente indignante: que un presidente que se dice socialista advierta que vetará una eventual legalización del aborto por un Parlamento en el que tiene mayoría absoluta (lo que supone enfrentarse a su propio partido y a proyectos elaborados por sus propios legisladores) es sencillamente lamentable. Más aun si se tiene en cuenta la relación entre ese anuncio y la reunión con monseñor Cotugno que lo precedió. No es, pues, una interpretación caprichosa suponer que detrás de su oposición a la legalización del aborto no se descubrirá más ‘razón’ que su condición de católico. Nuestro presidente debería saber que en un debate público eso no es argumento suficiente y que, en esas condiciones, su veto no podrá interpretarse de otro modo que como un acto de autoritarismo que entre otras cosas le da la espalda a décadas de lucha de las mujeres y de movimientos sociales de todo el mundo por la legalización del aborto.

Casi nadie discute que las determinaciones de una economía global imponen al gobierno algunos límites difíciles de superar, pero en el terreno de los derechos democráticos, de la conquista de nuevos espacios de libertad y, particularmente, en el de la defensa y la profundización de lo ya conquistado, se debe ser muy exigente con un gobierno que se dice de izquierdas.

Digámoslo ya de una vez: estas iniciativas del presidente constituyen un auténtico retroceso en el ámbito de las relaciones entre el Estado y la Iglesia y llama la atención que en filas de la izquierda nadie haya levantado la voz para recordarle que los que votamos por el ‘cambio’ no estábamos pensando precisamente en este tipo de cambios.

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