Mano dura

La rutina con la que la oposición solicita la renuncia de un ministro del gobierno tiene su punto alto en la figura de José Díaz, el ministro del Interior. ¿El supuesto motivo? El ministro no estaría cumpliendo su obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Intuyo, sin embargo, que el motivo real es que Díaz es el primer ministro del Interior de este país que no se rinde a la histeria reinante en materia de seguridad.

El problema de la seguridad, sin embargo, tiene sus bemoles, y aunque suele ser objeto de las mayores manipulaciones, no tiene una solución fácil como pretenden los partidarios del garrote. Casi con la misma rutinaria frecuencia con la que aparece la luna llena los medios de comunicación y la llamada opinión pública se rasgan las vestiduras por la incontrolable “ola delictiva” que, según parece, estamos condenados a padecer cada cierto tiempo. De creer a esta versión, Montevideo se habría convertido en un lugar tan peligroso como los suburbios de Johannesburgo, la favela La Rocinha de Rio de Janeiro o el Bronx neoyorquino.

“La delincuencia no da respiro (…), la comisión de delitos avanza atropelladamente, en una forma que genera verdadera alarma pública”, afirmaba hace un par de meses un diario en un comentario editorial. Cada vez que hay un homicidio o una rapiña en esta ciudad, el policía que todos llevamos dentro se pone como loco y sale a pedir garrote. Las estadísticas, sin embargo, no confirman el incremento de los delitos. No tienen por qué creerme, pero les aseguro que desde que me ocupo de este tema (quince años como mínimo) nunca pude obtener datos oficiales que corroboraran el aumento significativo y sostenido de los delitos. La gráfica de la evolución de los delitos en la última década se parece más a un sube y baja. La política de mano dura por la que clama buena parte de la sociedad, y de la que se hace eco la derecha para contentar a la tribuna, se basa invariablemente en la “sensación de inseguridad” que tienen los ciudadanos, convenientemente estimulada por un titular destacado o la apertura de un noticiero de TV con un “crimen salvaje”. Un ejemplo de las desmesuras a las que puede conducir la “sensación” de inseguridad fue el caso de una amiga que llegó a estar persuadida de que sería la siguiente víctima del célebre violador y asesino Pablo Goncalvez, cuando echando cuentas no muy finas esa posibilidad era de una en un millón (o de una en medio millón si excluyéramos del universo de mujeres violables por Goncalvez a las más creciditas).

Lo de la “sensación de inseguridad” es todo un tema, claro. No se presta mucho para el análisis riguroso. ¿Se imaginan una política de seguridad basada en algo tan volátil como las sensaciones? Tengo una vecina, por ejemplo, que dice que en esta ciudad “ya no se puede salir a la calle” (sic). Hay personas a las que la presencia de un negro a menos de diez metros les genera inseguridad y otras que se ponen a temblar si ven un rostro desconocido frente a su casa. Ya que estamos hablando de puras sensaciones, ¿qué quieren que les diga? La mía dice que es un milagro que no haya más delitos contra la propiedad. En un país con la mitad de sus niños y casi 30% de su población total viviendo en la pobreza o la indigencia, lo que debería sorprender es el número extraordinariamente bajo de delitos contra la propiedad que existe en este país.

Nadie discute que la seguridad es un bien imprescindible. Sin una mínima seguridad no se pueden ejercer los derechos básicos de las personas. No puedo hablar de libertad si cuando regreso a mi barrio después del trabajo no estoy seguro de que no me van a matar. Esto es tan claro que no veo la necesidad de andar inventándose “olas delictivas” que sólo existen en algunas mentes fantasiosas. Digamos de paso que, al igual que la libertad, la seguridad también está desigualmente repartida en esta sociedad. A pesar de que las denuncias sobre la insoportable inseguridad provienen por lo general de los barrios acomodados, sus habitantes logran apañarse bastante mejor que los de los barrios más pobres. La razón es bastante sencilla: con dinero no se puede comprar felicidad pero sí seguridad. También en este terreno la sociedad deja a sus miembros librados a sus propias y desiguales fuerzas.

Desde que el mundo es mundo los hombres y mujeres han tenido que lidiar con la tensión que atraviesa las relaciones entre libertad y seguridad. No puedo ser libre si no tengo una mínima seguridad, pero si la búsqueda de seguridad se hace demasiado sofocante, inevitablemente deberé resignar parcelas de libertad. A propósito, conocí a un tipo que no se iba de vacaciones por temor a que le desvalijaran la casa. En serio. Le dejé en la puerta un ejemplar de Ser o tener de Erich Fromm, pero no hubo caso, siguió sin irse de vacaciones.

Una de las consecuencias más indeseables de la histeria reinante es precisamente la reducción voluntaria de los espacios de libertad. Eso ocurre cuando nos convertimos en propagadores de la cultura de la sospecha, cuando el negro, el pobre, el “rarito” o el simplemente diferente se convierten en potenciales enemigos. Esas actitudes nos empobrecen, nos encierran en el universo de “lo conocido”, nos impiden, temerosos como estamos, vínculos y encuentros que no estén en el programa previsto. Otra es que solemos meter resignadamente la mano en el bolsillo para colaborar con fantasmagóricas comisiones policiales cuando nos tocan timbre una vez al año.

Cuando el miedo nos hace perder la cordura y clamamos como enajenados por mano dura, por la rebaja de la edad de imputabilidad penal, castigos más severos y hasta la pena de muerte (medidas punitivas que ya se sabe que no resuelven nada) y, sobre todo, cuando nos indignamos porque supuestamente los jueces dejan a los delincuentes libres, estamos, aunque no lo sepamos, jugando a la ruleta rusa. Las garantías constitucionales que alegan los jueces para dejar libres a los acusados que (no debería hacer falta recordarlo pero lo hago) son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, son garantías jurídicas que se otorgan a todos los ciudadanos, con independencia de su respetabilidad, origen social, costumbres morales y, por supuesto, antecedentes penales. Si los jueces cobraran al grito de la tribuna viviríamos en la ley de la selva (en una selva más tupida que la actual). De modo que no se indigne tanto, respetable señor, cuando un juez deje en libertad a un potencial delincuente. La presunción de inocencia es una garantía constitucional también para usted si el día de mañana lo acusaran indebidamente de librar cheques sin fondos o de toquetearse con una menor en un cabaret. Aunque sólo fuera por esa mezquina razón, debería controlar sus pulsiones represivas.

Tampoco chille porque el gobierno aprobó una tímida ley de Humanización del Sistema Carcelario, cuyo único propósito es respetar los derechos humanos de las personas detenidas. ¿Sabía que Uruguay firmó el Pacto de San José de Costa Rica que obliga a poner en libertad a todas las personas que estén más de dos años detenidas sin condena firme? Pues bien, si un Estado democrático no está en condiciones de respetar los derechos de las personas (y los detenidos siguen siéndolo) debe dejarlas en libertad. Ya sea porque están sin condena después de dos años, porque están hacinados o simplemente porque no se les brindan posibilidades de rehabilitación.

No se deje tentar por las soluciones facilongas que le proponen algunos políticos y la tele. Son todas burdas mentiras. La única verdad es que el problema de la inseguridad no tiene una solución fácil y a corto plazo. Perdón, hay otra cosa que también es verdad: si estamos más preocupados por la seguridad que por la libertad siempre es mejor una dictadura que una democracia.

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