La justicia de los impuestos y los impuestos justos

Tengo dos compañeros de trabajo separados por casi todo –edad, gustos musicales, preferencias políticas– pero hermanados en su común fastidio por la nueva reforma tributaria que se discute en el Parlamento. No hay caso: cuando de pagar impuestos se trata desaparecen las razones e irrumpe el interés descarnado, dejamos de interesarnos por la justicia (o la injusticia) de las iniciativas políticas y nos transformamos en almaceneros.

Nada de lo que asombrarse. A nadie le gusta pagar impuestos. Pero me parece que vamos mal encaminados si en los asuntos de la polis –y éste es uno de capital importancia, porque la naturaleza del sistema impositivo que impera en una sociedad dice mucho acerca de esa sociedad– nos limitamos a echar cuentas de cuánto me perjudica o beneficia tal o cual iniciativa del gobierno para juzgarla. Si nos ajustamos a ese paradigma de individuo egoísta, atento exclusivamente a sus intereses, la deliberación política está demás. Y en ese caso cada cual debería prepararse para una guerra que no se decidirá en favor de los mejores argumentos, sino de los que dispongan de mayor influencia en la arena política. Claro que tampoco somos ángeles salidos de las páginas de la Biblia y nuestra disposición a apoyar una propuesta que tal vez perjudique nuestros bolsillos depende de que la percibamos como justa y razonable. Justa en el sentido de que cada uno aporte al fondo común de acuerdo con su capacidad contributiva y razonable en el sentido de que no se impongan tasas escandinavas y el Estado brinde servicios haitianos.

No necesitará excesiva demostración la afirmación de que para la mayoría de los ciudadanos los impuestos son injustos. Para los que así razonan, los impuestos son un latrocinio propio de un Estado/punguista, que mete la mano en el bolsillo de los ciudadanos y les quita lo que es “de ellos”. Aunque no se la formule con todas las letras, esta idea del Estado/ladrón que-expropia-a-los-inermes-ciudadanos es absolutamente tributaria del pensamiento liberal, aunque la den por buena incluso muchos izquierdistas. ¿Por qué? Porque presupone que la distribución “justa” de los recursos es la que ocurre antes de la intervención del Estado, es decir la del mercado, esa que considera aceptable que alguien gane 500 veces más que otro que vive en el mismo país y en la misma época. Si Jennifer López cobra 2 millones de dólares por cantar 40 minutos en la fiesta privada de un millonario (no es una metáfora, lo aclaro) es porque alguien está dispuesto a pagarlo, alegará el defensor de la asignación de recursos que hace espontáneamente el mercado. Eso es evidente. Lo que es menos evidente es que esa asignación sea justa y que el Estado norteamericano no tenga derecho a quitarle una buena tajada a JeLo vía impuestos.

Un argumento que se suele esgrimir en defensa de la asignación de recursos que hace el mercado y el carácter supuestamente abusivo del cobro de impuestos por el Estado es que el primero atiende a los “talentos naturales” de las personas y el segundo los ignora (como arguyen los numerosos detractores del Plan de Emergencia con los que me cruzo a diario). Es, sin embargo, sumamente discutible que sea “el talento” individual el que explique que un señor se haga millonario en la bolsa de valores en un santiamén y que otro entregado a su trabajo de por vida cobre un salario miserable. Pero, además, ¿puede ignorarse que ese supuesto talento está –salvo excepciones– estrechamente ligado al origen social de las personas? Cuando no hace mucho uno de mis hijos me preguntó si no era injusto que el Estado le quitara lo suyo a alguien que tuvo la “suerte” de ser rico, le respondí que no veía mal que la sociedad premiara el esfuerzo o los méritos de las personas, pero que no veía por qué debería hacer lo mismo con la “suerte”, que nada tiene que ver con méritos ni con esfuerzos. La suerte es lo que a cada uno “le toca”, no depende de nosotros. Si algo debería hacer una sociedad justa es apoyar a los que tuvieron “mala suerte”, es decir a los que vienen con desventajas desde la cuna. Con las excepciones del caso, no veo que la retórica de los talentos sea cosa muy diferente a la de la suerte.

Los indignados críticos de los impuestos también sostienen que éstos atentan contra su libertad. Afirman que cada uno tiene lo que tiene y que inmiscuirse en ese asunto “privado” constituye un atentado a su libertad. La libertad como no interferencia en sus asuntos es la única libertad que les interesa a los liberales y conservadores. Pero la libertad también es capacidad efectiva de hacer algo y en ese sentido no basta con que nadie me impida hacer ese algo. En casi ninguna sociedad capitalista se impide, por ejemplo, viajar al extranjero, pero no todos sus miembros pueden hacerlo, ya que no disponen del dinero suficiente. El dinero es, pues, en la sociedad capitalista una de las determinaciones de la libertad. (insisto: una determinación de la libertad, no la única). Quiero decir que si hay dos personas en condiciones por lo demás idénticas (edad, nivel de salud, cultural, educativo, que gozan de los mismos derechos, etc.) el que tenga más dinero de los dos dispondrá también de “más” libertad. De modo que en una sociedad interesada en cómo se “distribuye” la libertad (es decir que no se conforma con la desigual distribución actual) debería ser perfectamente normal meterse con la distribución de la riqueza. Entre otras cosas, eso es lo que hacen los sistemas tributarios. Unas veces con justicia, otras sin ella.

En este país no hay una arraigada tradición en materia tributaria. Aquí todo el mundo trata de ver como evita pagar impuestos. Lo paradójico es que casi nadie pone el grito en el cielo por asuntos que lo merecen de verdad, como por ejemplo tener el IVA más alto del mundo (que castiga desproporcionadamente más a quienes gastan íntegramente sus ingresos en bienes de consumo, es decir a los más pobres) o tener que pagar un engendro como el impuesto de Enseñanza Primaria, pues con el mismo criterio con que se creó ese tributo habría que imponer un gravamen destinado a la salud pública, otro a la construcción de viviendas y, por qué no, otro para la Dirección de Meteorología. ¿No se supone que los impuestos en general son precisamente para financiar todos los servicios públicos?

La reforma tributaria implica, pues, en cierta medida una “revolución cultural” en esta sociedad y creo que hay que dar una gran batalla para erosionar la idea de que los impuestos son un “robo del Estado”, y a los demás ciudadanos como limitadores de la propia libertad; hay que recordar (parece que hace falta) que decidimos formar parte de la misma comunidad política, que en las sociedades democráticas ese ser ciudadanos que nos reconocemos los unos a los otros, nos compromete con los semejantes, que no es una “herejía” (sino un imperativo moral y político) que la sociedad no deje librados a los más débiles a su suerte. Pues bien, para no dejar a los más débiles (o a los que tuvieron “mala suerte” o a los que vienen desde la cuna con “escasos talentos”) librados a sus solas fuerzas —y para muchas cosas más—, están los impuestos. Hay que defender esta idea y no intentar hacerse perdonar por quienes básicamente no quieren el impuesto a la renta porque sospechan que van a tener que pagar más o porque quieren mantener privilegios. Definitivamente, el sistema impositivo habla de qué tipo de relaciones establecen los individuos entre sí: si unas basadas en el principio del “sálvese quién pueda” o unas en las que nos reconocemos como semejantes con los mismos derechos. Supongo que no por otro motivo en algunos países el fraude tributario está incluido en el código penal y castigado con las penas más severas: se lo considera una estafa al conjunto de la sociedad.

Claro que estas reflexiones no nos eximen de preguntarnos si la reforma tributaria que se propone aplicar el gobierno es justa o no. El apotegma tabarecista acerca de la justicia afirma que “pague más quien tiene más” y que “pague menos quien tiene menos”, cosa que no parece que vaya a ocurrir en este caso, como voy a tratar de demostrar enseguida. El asunto, sin embargo, se complica aun más cuando no se cree, como es mi caso, que exista algo que pueda llamarse la justicia (o la libertad) absolutas, sino que en política importa el sentido de los cambios que se proponen. En otras palabras, se impone analizar si esta reforma supone un avance o un retroceso respecto de la situación presente.

A mí me parece que es un avance y que al mismo tiempo no es todo lo justa que podría ser. ¿Por qué esta respuesta aparentemente ambigua? Creo que se debe, al margen de las contradicciones en que yo mismo pueda incurrir, a que la propia reforma está plagada de ambigüedades. Además de hacer justicia tributaria, el proyecto del gobierno dice a título expreso que su propósito es –lean bien– “promover las inversiones”, “desdolarizar la economía”, “reducir incertidumbres y vulnerabilidades”, dar “señales claras hacia los mercados”, en fin “consolidar un clima de inversión”, expresiones que atraviesan repetidamente el texto. Tras leerlo uno se pregunta: cáspitas, ¿cómo conseguirán todo esto con el mismo instrumento legal?, ¿cómo lograrán compatibilizar objetivos tan diferentes y a veces hasta opuestos? Porque si de lo que se trata es de usar el sistema tributario para promover el “clima de inversión”, básicamente lo que se hace es ponerles pocos impuestos a los capitalistas, que son los que invierten y crean empleo (como se encarga de recordarlo siempre el gobierno). ¿No está implícito acaso en la lógica del proyecto que para “promover la inversión” no se puede uno poner demasiado estricto con la justicia? Tal es el argumento preferido de los defensores del proyecto: es todo lo justo que puede serlo; “la realidad” nos impone estas restricciones, etcétera, etcétera.

Pero ¿por qué me parece que es un progreso? En primer lugar, porque todo el mundo va a pagar impuestos en este país, cosa que no ocurría hasta ahora. Mejor dicho, no todo el mundo, porque cerca del 60% de los asalariados y jubilados no va a pagar impuestos y otro 20% va a pagar menos que en el presente. Es decir que el 80% de los trabajadores y jubilados uruguayos con ingresos más bajos pagará menos impuestos de los que paga actualmente. La reducción del IVA y la supresión del Cofis (4% sumados) también beneficiarán más a esta franja de la sociedad que a la de ingresos más altos por las razones que ya expliqué.

Como está escrito, hay una serie de privilegiados que no pagaban impuestos y que a partir del año próximo empezarán a hacerlo: profesionales independientes, perceptores de intereses bancarios y royalties, propietarios de viviendas de alquiler y todas las personas que se embolsan rentas de capital. También se terminará la graciosa suspensión de los aportes patronales a la seguridad social de la que un día se benefician las empresas de un sector y al siguiente las de otro (aunque el sector agropecuario se lleva las palmas en esta materia) y todos van a pagar lo mismo, un 7,5%.

El asunto es que no bien se miran las cosas más de cerca, aparecen algunas injusticias flagrantes que se dan de narices con el principio de que “pague más quien tiene más…”. Es que, a diferencia de otras legislaciones, aquí habrá tres tipos diferentes de impuesto a la renta con tres tipos diferentes de tasas: por un lado, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con dos tipos de tasas según se trate de rentas del trabajo o de rentas de capital (intereses, alquileres, etc.) y, por otro, un Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) para las empresas). ¿No hubiera sido más lógico y, lo que es mucho más importante, más justo, que se graven las rentas en función de su magnitud y no de la fuente de la cual provienen? ¿No deberían gravarse ingresos iguales a tasas iguales? ¿Por qué, si de lo que se trata es de que quien gana más pague más, se establecen semejantes diferencias según el origen de los ingresos, particularmente cuando las tasas más bajas se aplicarán a las rentas de capital? Este aparente misterio sólo puede explicarse por esa suma de propósitos que anima a la reforma en curso: “promover las inversiones”, “reducir incertidumbres y vulnerabilidades”, dar “señales claras hacia los mercados” y todo lo que ya sabemos.

En rigor, en el único ámbito en el que habrá justicia-justicia es en el ámbito del IRPF aplicado a las rentas del trabajo pues los salarios más bajos no pagarán impuestos, los bajos pagarán menos y los altos pagarán más. Aunque la última apreciación merecería alguna matización, ya que el corte entre los asalariados que pagarán más y menos que ahora se producirá a partir de quienes reciben 20.000 pesos mensuales (25.000, según Astori). Algo no encaja del todo cuando un gobierno de izquierda determina que quienes ganan más de 20.000 pesos mensuales (o 25.000, da igual) pagarán más impuestos que bajo el reino del “neoliberalismo”. El asunto encaja menos cuando el precio de la canasta básica para una familia de cuatro miembros supera esa cifra. ¿Son ellos acaso los ricos de este país? El aparente misterio de esta injusticia pueden develarlo las ambigüedades señaladas más arriba.

Es que el capital es ahora nómada y el trabajo sigue siendo sedentario. No hay impuesto al trabajo (salvo que alguna autoridad se ponga excesivamente voraz) que “desestimule” al trabajador y lo lleve a decir “entonces no trabajo más”. En cambio, al capital parece que hay que mimarlo, porque va ligero de equipaje y puede levantar vuelo en cualquier momento.

Con todo, la injusticia que más rompe la vista es la diferencia que se establece entre las tasas que pagarán quienes perciben rentas del trabajo (de 0% quienes perciban menos de 8.000 pesos mensuales hasta 25% los salarios más altos, pasando por 10%, 15% y 20% según la franja de ingresos) y quienes perciban rentas de capital (entre 3 y 10% con independencia de la magnitud de las rentas y de los intereses bancarios de acuerdo con los plazos y la moneda de las colocaciones). No voy a aburrirlos con cálculos. Lo realmente importante es lo siguiente: una persona que gana un salario o tiene ingresos profesionales de 25.000 o 30.000 pesos mensuales pagará más impuestos que otra que gane idéntica suma pero en concepto de intereses bancarios, alquileres o royalties. Parece que son los “limites” que impone la “realidad”.

Finalmente, con la sensible reducción del IRAE (del 30% al 25%), las empresas de este país pagarán los impuestos más bajos de los últimos veinte años. Tal vez terminen pagando más gracias al celo de Zaidensztat para terminar con la evasión, pero eso es harina de otro costal. Esta reducción pretende fundarse en que estimulará la innovación tecnológica y generará empleo, y que ese beneficio “colectivo” indirecto es el que justificaría que se ignore en este apartado el principio de justicia tributaria (ese 5% menos que pagarán las empresas se rascará de otros bolsillos naturalmente, porque el ministro ya aclaró que si bien “esta reforma no pretende recaudar más, tampoco quiere recaudar menos”). Entiendo que ese “premio” de un tributo 5% inferior puede justificarse por el beneficio indirecto para toda la sociedad que supuestamente representa la generación de nuevos empleos, pero si no está sujeto a esa condición, no parece aceptable que se reduzca “al barrer” la tasa del impuesto a la renta de las empresas.

De lo dicho hasta ahora se puede concluir que tiene razón el gobierno cuando afirma que los más pobres pagarán menos impuestos. Pero no parece tenerla cuando nos quiere convencer de que serán los más ricos los que pagarán la diferencia… salvo que se consideren tales quienes ganan salarios superiores a los 20-25.000 pesos.

No desconozco que este problema plantea otro, que no voy exponer aquí, no teman. Un problema que es imposible ignorar si se quieren abordar seriamente estos asuntos: la impotencia de la política –que es básicamente local– para controlar y someter a la economía –global y desterritorializada– a la lógica de la justicia. Lo único que se me ocurre para terminar con la eterna “obligación” de ser generosos con los inversores para que no huyan, o no dejen de venir con sus capitales, es empezar a concebir una política y una legalidad supranacionales –lo que obviamente supone acabar con la hueca retórica de la “soberanía nacional”– que permitan recibir a esos nómades con la misma legislación de la que pretenden escapar.

Esta no es la reforma tributaria equitativa que nos prometió la izquierda en la oposición. Tampoco es la reforma tributaria de unos traidores como simplistamente pretenden algunos. Es la reforma tributaria de la impotencia. De la impotencia de un Estado nacional que sólo atina a competir con otros enanos como él para atraer al capital. Le faltó audacia e imaginación para encontrar soluciones más justas en ese amplísimo territorio situado entre lo posible y lo deseable.

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