La ley y el sexo

De nuevo se alzan voces indignadas contra la osadía de impugnar las sagradas tradiciones. Qué raros que son los conservadores uruguayos, tan pretendidamente modernos, tan “abiertos al mundo” y tan dados al escándalo porque la bancada de legisladores del Frente Amplio toma debida nota de los cambios de costumbres sexuales y formas de convivencia y se atreve a adaptar la legislación a esas nuevas realidades.

El motivo del escarnio de los fundamentalistas es esta vez un proyecto de ley que en estos días discute el Parlamento y que otorga a quienes hayan vivido más de cinco años en concubinato los mismos derechos que a los que viven o vivieron en santo matrimonio. Nada demasiado subversivo, por cierto. Los legisladores uruguayos reconocen (¡finalmente!) que muchas personas ya no creen necesario casarse para vivir con otra bajo el mismo techo. Tan poco subversivo es el proyecto que sus mayores desvelos conciernen al derecho de propiedad, herencia y a las eventuales pensiones por viudedad que pudieran corresponderle a los pecadores que vivan en concubinato. ¿Quién puede oponerse a enmendar la desigualdad ante la ley que actualmente padecen algunos ciudadanos por el mero hecho de no casarse en un juzgado como Dios y las buenas costumbres mandan? Nadie. Nadie, salvo los pastores de la iglesia católica y su rebaño, entre los que se encuentran respetables políticos. Es que el mencionado proyecto de ley señala que también podrán acogerse a los beneficios contemplados en él los concubinos del mismo sexo. Y esto, como se sabe, es el acabose. O el empezose, porque si se acepta que gays y lesbianas son personas sujetas a los mismos derechos que los demás, luego podemos ir a parar a cualquier parte. Por ejemplo, a legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que –convendrán conmigo– sería un auténtico relajo. Pero nuestros izquierdistas en el Palacio Legislativo, tan apegados al espíritu de las leyes como a las buenas costumbres, no se atrevieron a dar ese paso. De modo que no se entiende el ruido mediático que están armando jesuitas, salesianos, herreristas y otras congregaciones cristianas, cuya beligerancia pretende basarse en una inexistente voluntad de equiparar las uniones homosexuales con el sagrado matrimonio.

El asunto es que ni siquiera dicha eventualidad debería motivar tantos lamentos y sermones desde los púlpitos y periódicos. Después de todo, el matrimonio legal con todas sus formalidades supondría que los sexualmente “desviados” terminarían en el redil de la normalidad matrimonial, cosa que debería satisfacer a los guardianes de la ortodoxia sexual.

Nada que objetar a la legalización de los matrimonios entre homosexuales. Lo único que en estos tiempos de carnaval identitario convendría precisar es que ese derecho que reclaman no es un “derecho de los homosexuales”, ya que en rigor en una democracia republicana no existen tales derechos, como no existen derechos específicos de ninguna minoría. Lo que a mi juicio en juego en esta controversia es que todas las personas (cualesquiera sean sus inclinaciones sexuales, su color de piel, su pertenencia comunitaria y su credo religioso) estén en condiciones de ejercer los derechos comunes a todos los ciudadanos. Es decir ni un derecho menos, pero tampoco ninguno más.

Convertir la homosexualidad en seña de identidad propia no deja de ser la otra cara de la ideología homofóbica, que también pretende –aunque con evidentes fines estigmatizadores– reducir la personalidad o la identidad de una persona a sus preferencias sexuales. Una inclinación, como dije, bastante extendida en estos tiempos, que sin embargo nos empobrece y unilateraliza, ya que en verdad somos mucho más que nuestra sexualidad; del mismo modo que somos mucho más que nuestra profesión o nuestra nacionalidad. Somos todo eso y más. Y para colmo en constante mutación.

* * *

Después de este paseo por las ramas, volvamos al tronco. La nada cristiana ira que muestran los obispos uruguayos (incluido el progresista Pablo Galimberti) y algunos miembros de la parroquia herrerista se debe, pues, a una supuesta igualación de las uniones homosexuales con el matrimonio heterosexual que en rigor sólo existe en sus devotas y temerosas cabezas. “De ninguna manera puede aceptarse que la convivencia homosexual, que no reúne las condiciones básicas que definen el matrimonio, se equipare con él”, dicen. ¿Y por qué no se debería equiparar a la una con el otro? Porque la institución matrimonial, repiten a coro, tiene como finalidad la procreación, que les está vedada a las parejas homosexuales. Algunos teólogos se amparan incluso en la etimología de la palabra matrimonio, del latín matrimonium, que a su vez tiene su raíz en mater (madre), ya que al casarse el hombre se llevaría a su casa a una madre en potencia. Pero no es cuestión de pelearse por palabras.

El auténtico debate pasa por las ideas en las que pretende fundarse la oposición de monseñor Nicolás Cotugno, arzobispo de Montevideo y guía espiritual de almas tan piadosas como la del expresidente Luis A. Lacalle y sus legisladores, a otorgar a las parejas homosexuales los mismos derechos que al resto de los ciudadanos. El armamento intelectual en el que monseñor Cotugno y la conferencia episcopal uruguaya pretenden basar su cruzada son los “valores morales fundamentales” y su presunto monopolio del conocimiento de la “naturaleza humana”. Sus valores morales fundamentales y su idea de la naturaleza humana indican que no darle a las parejas homosexuales el mismo tratamiento jurídico que a los matrimonios heterosexuales “no se opone a la justicia, sino que, por el contrario, es requerido por ésta”. Porque, como dice Benedicto XVI, “hacer distinciones entre personas o negarle a alguien un reconocimiento legal o servicio social es efectivamente inaceptable, sólo si se opone a la justicia”. Pero al parecer, desde el punto de vista episcopal, la discriminación de la que estamos hablando es de estricta justicia.

El portavoz de la Asamblea Plenaria Ordinaria del episcopado sentenció que las personas pueden vivir su sexualidad como se les ocurra, “pero es clara la forma que la naturaleza y la razón establecen”. ¿Qué se puede objetar ante semejante ostentación de apertura mental y despliegue argumental?

Para empezar se les puede decir que la homosexualidad es tan natural en el ser humano como su anatomía o fisiología. Desde tiempos remotos las tendencias sexuales de las personas se han expresado con aquellos semejantes (de uno y otro sexo) que suscitan amor o afecto. La confusión de los obispos tal vez provenga (al margen de la perturbación que suele provocar en sus castísimas almas casi todo lo que empieza y termina en la cama) de su incapacidad de separar sexo de sexualidad. El sexo es una determinada estructura biológica, reproductiva y anatómica. La sexualidad pertenece al orden cultural, simbólico, moral. Al contrario del hombre, el animal tiene sexo pero no sexualidad. Puede que el fin del sexo sea la procreación y la supervivencia de la especie, pero el de la sexualidad es mucho más amplio e incluye -¡ay!- el placer y otras prácticas al alcance de la imaginación (no de la imaginación de los obispos por cierto). Esta distinción es la que permite afirmar que no hay homosexuales, sino comportamientos homosexuales, de la misma forma que no hay seres humanos ladrones, sino hombres-que-roban. Pero la Iglesia Católica se centró obsesivamente en la sexualidad, y erigió sus principios morales sobre la condena de la misma. Afirmar que el sexo sin fines procreadores o la sexualidad con personas del mismo sexo son “anti-naturales” implica desconocer la historia de la cultura pero también vivir en el limbo, a pesar de que su santidad Benedicto XVI acaba de decretar su caducidad. Efectivamente, los conservadores laicos y religiosos no parecen de este mundo. Se resisten a tomar nota de que no todas las personas se casan para llevarse a una madre al hogar ni que todos los que se “pierden” en las procelosas aguas de la sexualidad lo hacen con fines procreadores.

Pero los cruzados tienen más motivos para sentirse ultrajados: la nueva ley tiene ocurrencias decididamente inaceptables para monseñor Cotugno: “en un hecho sin precedentes (…) se deroga el deber de fidelidad conyugal cuando no hay vida en común”, dice. Realmente hay que convenir con nuestro arzobispo en que semejante espíritu derogatorio de nuestros legisladores es indignante. La fidelidad entre cónyuges es un deber… ¡aunque ya no se comparta ni la casa ni la cama! (decididamente la Iglesia lo que quiere es que nos la pasemos mal). La preocupación por la buena salud espiritual de la familia (incluso la que ya ha dejado de ser tal) exige declararle la guerra al placer.

A propósito de la crisis de la familia, que tanto desvela a los obispos y conservadores del mundo entero, debería advertírseles que si quieren rescatarla de su decadencia no deberían lamentarse tanto por la “pérdida de valores” ni apelar a sermones moralistas que convocan cada vez a menos gente, sino, entre otras cosas, reparar en las nuevas tendencias del mercado laboral, por ejemplo, que exigen a los trabajadores que dispongan de la más absoluta “libertad” para estar a disposición de la empresa cada vez que ésta lo reclame. Hijos, pareja y hogar deben quedar subordinados a esa exigencia. Son las tendencias a la individualización propias del capitalismo contemporáneo y el ingreso de la mujer en el mercado de trabajo los fenómenos que están erosionando (¿de forma irreversible?) la institución familiar y a nadie medianamente perspicaz se le ocurriría apelar al catecismo para detener esa crisis.

Quiero dedicarle unas líneas a quienes creían que ya nadie se atrevería a impugnar públicamente las conquistas democráticas más elementales (entre ellas la idea de que los conflictos del mundo terrenal no pueden dirimirse apelando a los dogmas religiosos) y que las aguas de la fe y la política estaban definitivamente separadas. Les ha llegado un nuevo aviso de que tal vez deberían desconfiar de semejante certeza. A pesar de las continuas “recaídas” en lo religioso que suele provocar el desasosiego que produce al individuo secularizado la ausencia de Dios y su estar solo-en-el-mundo, cierto optimismo ilustrado nos empuja a pensar que el laicismo ya ganó definitivamente la partida.

Precisamente en este país, en el que, a pesar de todos los pesares, la iglesia católica está razonablemente confinada en el espacio del que jamás debió haber salido –en el de las creencias privadas–, los obispos han vuelto a relinchar y a desafiar las leyes de una sociedad laica y democrática. Precisamente en este país, en el que desde hace mucho tiempo casi nadie cree que los curas tengan mayor autoridad que el más humilde de los ciudadanos o que los evangelios valgan más que un argumento, los obispos vuelven a las andadas y pretenden pontificar sobre los asuntos terrenales.

El problema que arrastran consigo los obispos es que pretenden dictar cátedra acerca de qué costumbres y hábitos deben seguir los ciudadanos en sociedades moralemente plurales, qué costumbres son conformes a una razón que luce más dogmática que razonable y qué hábitos sociales son “naturales” y cuáles “antinaturales”, con el agravante de que ninguna de sus sentencias tienen la menor relación con el conocimiento disponible ni están abiertas al diálogo. Son la verdad revelada. Y aquí es donde el problema de los obispos se convierte en un problema de todos los ciudadanos. Porque monseñor Cotugno pretende que su mensaje teológico tenga fuerza de ley. Es más, nuestro arzobispo llama abiertamente a la desobediencia civil: “es necesario oponerse en forma clara e incisiva (…) a la equiparación legal (de las uniones homosexuales) con el matrimonio y el acceso a los derechos propios del mismo. Hay que abstenerse de cualquier tipo de cooperación formal con la promulgación o aplicación de leyes tan gravemente injustas”. Lo que se dice un verdadero maquis. Sólo le falta ponerse el crucifijo, echarse la mochila a la espalda e irse al monte a resistir.

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