Para terminar con la dictadura

A pesar de que no tengo demasiadas esperanzas de que los torturadores que aún andan paseándose entre nosotros vayan a ser juzgados, puse mi firma para convocar a un plebiscito para anular la Ley de Caducidad. No es que mi mayor aspiración sea ver a unos viejos criminales tras las rejas. Pienso que vale la pena intentar terminar con esa ley por otras razones.

Desde que se recuperó la democracia asistimos a la permanente repetición de que hay que mirar al futuro y renunciar a volver una y otra vez al pasado, pero da la impresión de que el tema de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura se obstina en permanecer. Y no se trata de un capricho de caracteres vengativos. Si bien es cierto que casi todas las sociedades suelen encontrar alguna fórmula para que sus miembros no se enrostren eternamente los crímenes e injusticias pretéritas, para que ello ocurra es necesario que la sociedad en cuestión haga algo para dejar ese pasado atrás, cosa que a todas luces no ha ocurrido en la nuestra. Porque, salvo  excepciones, no se ha hecho justicia, las reparaciones a las víctimas han sido más bien mezquinas, la verdad se conoce a medias y, lo que es más grave, quienes están al frente de las Fuerzas Armadas en este país siguen negando que se hayan cometido las atrocidades que se cometieron o alegan que se trató de desvíos individuales que no comprometen a la institución militar. Por todo esto vale la pena intentarlo.

Hay, no obstante, otro motivo para hacerlo: la Ley de Caducidad es también un engendro jurídico. Es un texto legal que, al margen de obstaculizar el juzgamiento de unos delincuentes, sería inaceptable en cualquier democracia moderna. En primerísimo lugar porque ninguna democracia seria pueda aceptar que la aplicación de una ley dependa del presidente de turno y no de los jueces. Ante cualquier demanda judicial por violaciones de los derechos humanos, la ley obliga a los magistrados a preguntarle primero al Poder Ejecutivo si debe seguir o no adelante con la causa. De modo que su vigencia no es sólo un asunto del pasado, sino de la calidad de la democracia actual.

Lo más importante de la eventual anulación de la Ley de Caducidad en un referéndum tal vez sea lo que representaría en términos políticos: un rechazo de la mayoría a los modos con que el sistema político enfrentó y sigue enfrentando las vergüenzas del pasado en este país. Ese eventual rechazo nos debería dar más tranquilidad sobre la salud de la democracia que el hecho de que unos viejos nostálgicos que no amenazan a nadie terminen con sus huesos en la cárcel. Los desafíos que tenemos en este ámbito son políticos: de qué garantías nos dotamos para que lo ocurrido no vuelva a ocurrir, aunque sepamos que esas garantías no serán nunca definitvas ni irrevocables.

Como el plebiscito que nos ocupa estará, en caso de concretarse, centrado exclusivamente en la posibilidad de juzgar y condenar a los violadores de los derechos humanos, tal vez convenga recordar que en lo que atañe a las garantías de que en este país no habrá una nueva dictadura –o que no se repetirá la tentación de recortar las libertades aun sin dictadura–, hay asuntos que están lejos de haberse encarado satisfactoriamente y que son tan o más importantes que el castigo de los culpables.

Esos asuntos son, entre otros, la reconstrucción de la verdad de lo ocurrido (a la que no es ajena el maltratado tema de los archivos de la dictadura), su condena sin paliativos, la reparación moral y material de las víctimas y la depuración de las instituciones estatales de todos aquellos comprometidos con la dictadura o inclinados a justificarla. Tales iniciativas pueden y deben emprenderse al margen del resultado de ese plebiscito.

Nótese que en este país aún no ha habido ni siquiera un general Balza que se sentara frente a una cámara de televisión y dijera a los ciudadanos que las órdenes injustas e ilegales no deben ser obedecidas y que las desapariciones forzadas y todas las demás fechorías cometidas por los militares fueron injustificables e inaceptables. No sólo no hubo un Balza oriental, sino que hay altos oficiales en activo que siguen intentando justificar los desmanes cometidos alegando que se salvó a la patria del comunismo. Expulsar o pasar a retiro a esos militares, aunque ellos mismos no le hayan levantado la mano a un solo preso político, debería ser más urgente que poner tras las rejas a los que sí la levantaron.

Conviene que ese público reconocimiento lo haga un general y no una autoridad civil (Tabaré Vázquez, por ejemplo, que en cualquier momento pide perdón por todos nosotros), porque fueron las Fuerzas Armadas como institución las que hicieron las barbaridades que hicieron. Si acaso los partidos tradicionales, o algunos de sus sectores, podrían imitarlas. Hay quienes además exigen que los militares pidan perdón –sin tener en cuenta la contradicción en los términos que supone semejante demanda–, pero conviene precisar que perdonar no equivale a olvidar (por más que a menudo se los utilice como sinónimos) y mucho menos absolver. El perdonado no se vuelve inocente tras el perdón, porque, como escribió alguna vez Hannah Arendt, se perdona a la persona, no lo que ha hecho.

Si perdonar es en gran medida renunciar voluntariamente a algo a lo que uno tiene derecho, a la justicia y la reparación en este caso, va de suyo que nadie está obligado a conceder ese perdón. Mucho menos cuando los candidatos a ser perdonados no demuestran arrepentimiento alguno, como se pone en evidencia en el hecho de que ni siquiera han informado dónde están los cuerpos de los desaparecidos.

Ese reconocimiento y ese compromiso de una autoridad del Estado (que nada tienen que ver con los informes presentados hasta ahora por los militares al presidente, que casi nada reconocen de lo hecho en dictadura) son importantes porque tendrían una enorme significación política. Que es de lo que finalmente se trata, pues fue el propio Estado el que cometió actos de terrorismo (no estamos hablando de víctimas de violencia doméstica o accidentes de carretera). Todavía ninguna autoridad en este país se dirigió oficialmente a los ciudadanos para certificar que lo que “se dice” extraoficialmente es cierto, una forma de empezar a reconstruir la verdad de lo ocurrido. No valen aquí los reconocimientos genéricos (“hubo errores”, “perdimos los puntos de referencia”, “las torturas y desapariciones fueron responsabilidad individual de los involucrados” y otros eufemismos). Ese mal infligido debe ser nombrado e identificados sus responsables con nombre y apellido. De lo contrario, se parecería demasiado a la contrición cristiana –”todos somos culpables por ser humanos y por eso merecemos penitencia”– y aquí de lo que se trata, insisto, es de política –qué garantías erigimos para que esto no vuelva a ocurrir.

El siguiente paso debería consistir en una reivindicación oficial de las víctimas. Un asunto que no es menor. Como ya ocurrió en otros países que sufrieron dictaduras, en éste también hay que reconocer que miles de personas que fueron torturadas, vejadas, perseguidas, encarceladas o asesinadas no cometieron ningún delito, sino que lo fueron porque se opusieron a un régimen tiránico. Sus nombres deben ser reivindicados y el Estado debería reparar –dentro de lo posible– el daño que sufrieron, cosa que sólo se ha hecho en parte. Aunque, todo hay que decirlo, hay daños que son sencillamente irreparables.

En Uruguay las víctimas no pueden ir a una dependencia estatal (con la excepción del ministerio de Relaciones Exteriores, creo) y conocer qué datos suyos conservan los archivos de inteligencia. Los ex perseguidos políticos de la República Democrática Alemana, por ejemplo, pueden ir a una oficina y consultar todos los datos sobre su persona acumulados por la policía política de la época. Para emprender eventuales demandas judiciales o simplemente para ejercer ese derecho que se llama habeas data. Gracias a las idas y venidas de Gonzalo Fernández y Azucena Berruti, que manejan los archivos como si fueran un botín personal o monopolio de historiadores y especialistas, en este país aún no podemos hacer lo mismo. Dicen que los están clasificando. ¿Habrá que esperar otros veinte años?

Por fin, es imprescindible terminar con toda la parafernalia de símbolos, monumentos, nombres de calles, fechas oficiales, disposiciones legales, etcétera, heredados de la dictadura, como está ocurriendo ahora en España (aunque bueno sería que aquí suceda con un poco más de premura).

No estoy sugiriendo que las iniciativas políticas que planteo sean incompatibles con el encarcelamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad. Simplemente insisto en llamar la atención sobre la posibilidad de que la comprensible aspiración a poner tras las rejas a unos pocos criminales nos impida ver la urgencia de tomar otras iniciativas que acaso sean más decisivas para el futuro de las libertades en este país.

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