Todo el poder a los jueces

Sin descender del olimpo donde moran, los magistrados de la Corte Suprema han enviado su veredicto. Siguiendo los pasos de sus homólogos de otras latitudes, sus decisiones sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las iniciativas de otros poderes del Estado, implican, de hecho y aunque no lo reconozcan, un dictamen inapelable sobre la legitimidad de las iniciativas políticas.

A pesar de que la religión laica de nuestro tiempo exige respetar los mandamientos de las deidades judiciales, éstas no deberían estar al abrigo de la crítica. Después de todo también ellas son de este mundo. Y algún día también se jubilarán. Al decretar que los jubilados y pensionistas que tienen, por ejemplo, un ingreso de 50.000 pesos mensuales deben estar exentos de pagar el impuesto a la renta, aunque un trabajador que recibe 20.000 no lo esté, los máximos magistrados le han enmendado la plana a la política y en los hechos han terminado decidiendo quiénes deben pagar impuestos y quiénes no.

Amparándose en los vericuetos de la semántica nos explican que una jubilación no es una renta (cuando en todo el mundo ingresos y rentas se consideran sinónimos a efectos tributarios) o que la magia de una sigla (IRPF) puede convertir en inconstitucional un impuesto que era perfectamente constitucional cuando tenía otro nombre (IRP)*. Gracias a la Corte Suprema de Justicia, de aquí en más los pensionistas y jubilados con ingresos más elevados (apenas el 15,7% del total) dejará de pagar impuestos, como sí lo hacen en todos aquellos países donde está vigente el impuesto a la renta.

Hasta ahora nadie discutía que la definición de los sistemas impositivos era potestad de la política. Los sistemas impositivos son en cualquier sociedad una forma de redistribución de la riqueza, porque entre otras cosas subvierten la asignación de recursos que hace el mercado. La política ya es impotente para controlar ámbitos cada vez más amplios de la vida económica y social, que discurren como si ella no existiera o fuera una molesta excrecencia de tiempos pasados. Si fallos como el que acaba de emitir la Corte se hicieran habituales, la distribución de los recursos escaparía al control de la política y los jueces, basados en su particular interpretación de la letra de la ley, pasarían a determinar qué decisiones se pueden tomar en el ámbito político y cuáles no. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, se le enajena al sistema político la capacidad de decidir si se grava a la ínfima minoría de jubilados y pensionistas que forman parte del 10% más rico de la población (el 18,5% de ese 10% son jubilados y pensionistas). ¿Se imaginan lo que sucedería si se siguiera este camino en otros importantes y controvertidos asuntos económicos o sociales?

Si alguna de estas críticas llegara a oídos de uno de los olímpicos magistrados, casi con toda seguridad se defenderá alegando que él sólo ha cumplido con su deber y no ha invadido el ámbito de la política, que es asunto de los ciudadanos o de sus representantes. Dirá que se ha limitado a comparar una ley con la Constitución y concluido que ambas son incompatibles. Sin embargo, la Corte Suprema ha emitido un fallo político. Como todos, se alegará, si por fallo político se entiende que el juez que lo dicta tiene sus propias convicciones políticas y morales, sus propias ideas sobre lo justo y lo injusto y además no puede evitar estar sometido a las influencias de la cultura de su tiempo. Estamos de acuerdo en que ningún juez, ni siquiera estos dioses del olimpo, emiten sus sentencias en una campana de cristal.

Aunque no haya que descartar siquiera la eventualidad de una politización más mezquina, como la de que algunos supremos magistrados estén haciéndole un mandado a los líderes de los partidos de oposición para poner al gobierno en apuros, hay que decir que la politización de los jueces es en el fondo la otra cara de un fenómeno acaso menos visible pero no por eso menos preocupante: el de la judicialización de la política.

El asunto del que hablo refiere al reemplazo de la política por el Poder Judicial, a la ocupación del ámbito estrictamente político por un poder que no está democráticamente legitimado para hacerlo, entre otras cosas porque los ciudadanos no le han otorgado esa legitimidad. La judicialización de la política puede estar contribuyendo a la politización de los jueces, pero no deberíamos confundir a una con la otra. La judicialización de la política no es, hablando con propiedad, responsabilidad de los jueces, sino de los políticos y, a la postre, de la ciudadanía, porque ella es el resultado de un adelgazamiento de la política que está llegando al extremo de la anorexia. Tanto, que ya tiene varios candidatos a reemplazarla. El mercado es el más notorio y no son pocos los que han querido erigir su racionalidad en principio rector de la política. A él se suma ahora la candidatura del Poder Judicial.

Al parecer, lo que los partidos no consiguen a través de la deliberación y la persuasión políticas es dejado cada vez más a menudo al criterio de los magistrados, convertidos así en una suerte de consejo de sabios que toman las decisiones por los ciudadanos (o sus representantes). Es cierto que las actuales democracias no son ejemplos de deliberación y argumentación y que en muchos casos ambas sucumben ante la contundencia de las aritméticas parlamentarias, que permiten que las decisiones se tomen sin demasiadas consideraciones argumentales, pero ese es un mal que no se corregirá por el atajo de entregar la soberanía ciudadana a cinco jueces. Pretender enmendar los males de la política mediante ese expeditivo procedimiento equivale, como suele decirse, a arrojar al niño con el agua usada de la tina. En una democracia los proyectos políticos (entre los que debe contarse obviamente la política impositiva), las siempre controvertidas propuestas de cómo abordar los conflictos o la definición de qué debe entenderse por bien común son asuntos de la ciudadanía y sus representantes. Despojar a la política de esas atribuciones es reducirla a la nada.

Aquí vale la pena hacer una pequeña pero decisiva aclaración. Una cosa son los derechos y otra las aspiraciones políticas, supuestamente derivadas del ideario de cada uno de los sujetos de la acción política. Estas últimas son discutibles, criticables y revocables porque la política está abierta a la intervención de los individuos, no está predeterminada por ninguna razón de Estado o teleología de la historia. Y aunque los derechos tampoco son ahistóricos, no pueden ser objeto de tanta deliberación como las aspiraciones y proyectos. Sin un consenso básico sobre su vigencia no hay democracia que aguante. Los jueces deberían limitarse a garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos. Con las aspiraciones, en cambio, se hace política.

Sin embargo, las Cortes Supremas de Justicia del mundo, instituciones que, hay que recordarlo, no fueron elegidas por los ciudadanos, se pronuncian ahora sobre la legalización del aborto y las drogas, el casamiento entre homosexuales, encabezan el combate a los grupos mafiosos, ilegalizan partidos. En todos estos casos los jueces no dictan sentencias entre dos partes en litigio para preservar derechos, que debería ser lo propio de la justicia, sino que sus particulares interpretaciones de la Constitución les llevan a dictar sentencias que afectan a terceros que no son litigantes, es decir a todos los ciudadanos. Y de esa forma ingresan en la arena política. No abiertamente y por la puerta grande, sino discretamente y por la ventana trasera.

No es que los jueces carezcan de legitimidad democrática; la tienen, puesto que la Constitución se la otorga. Pero la tienen para juzgar, no para gobernar. Los gobernantes no deben rendirle cuenta a ellos, sino a los ciudadanos. Por eso no es bueno que –salvo excepciones y como último recurso– las decisiones judiciales corrijan decisiones políticas tomadas en ámbitos legitimados para ello. Entre otras cosas porque los jueces no son representantes directos de los ciudadanos y no obedecen, ni deben obedecer, a las aspiraciones de la mayoría.

Cuando se recurre a un árbitro exterior para que laude sobre las controversias políticas lo que está fallando es la política misma, sus mecanismos de discusión y decisión, fallas que algunos utilizan para obtener a través de cauces procesales lo que no han podido obtener en el terreno de juego democrático, como si los jueces y la ley tuvieran la última palabra. Un Estado judicializado es un Estado que ha perdido la autonomía del espacio público.

Una de las tentaciones que debería eludir una sociedad democrática, sostiene Josep Ramoneda en su Después de la pasión política es confundir la ley con el bien o la autoridad de los jueces con la autoridad moral. Y aunque la ley deba ser un marco de garantías para todos, no quiere decir que también tenga que ser el único criterio de acción colectiva o individual ni mucho menos convertirse en el límite de lo pensable o de aquello a lo que razonablemente se puede aspirar en política. La ley no es la verdad en política, es un reglamento pactado, que como todo reglamento puede ser superado por otro. Ni es el bien. Puede entrar incluso en contradicción con los criterios morales hegemónicos. Y aunque no sepamos, o no podamos definir de forma colectiva qué es el bien, sí podemos ponernos de acuerdo en que en democracia la ley es una regla para protegernos contra el mal, que en política consiste en el abuso de poder, en la violación de los derechos. La ley (la interpretación de la ley en el caso que nos ocupa) no puede erigirse en el bien absoluto.

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* En 1997 la Suprema Corte de Justicia señalaba a propósito del IRP a las jubilaciones vigente durante los gobiernos de Lacalle y Sanguinetti: “el derecho a la jubilación adecuada está amparado constitucionalmente pero puede ser limitado por razones de interés general. Lo que establece la Constitución es el derecho de los jubilados a disponer de (…) una remuneración adecuada, pero no de una cantidad determinada. Si el Poder Ejecutivo está habilitado a sacrificar la riqueza particular con impuestos y rebajar los sueldos de los ciudadanos activos, ¿cómo es posible considerar que los que se han retirado del servicio están exentos de colaborar con las necesidades del país y vivir con una renta intangible?”.

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