Europa para los europeos

La vieja Europa ha olvidado su prédica ilustrada, la que dice que la dignidad de cada ser humano debe estar por encima de cualquier consideración. Se ha dejado por el camino el imperativo categórico de que las personas, a diferencia de las cosas, deben ser fin en sí mismas, que nadie debe ser degradado a la categoría de instrumento para fines ulteriores, que ninguna Gran Causa (trátese del progreso, la patria, la religión o la revolución) justifica reducir a los individuos a la categoría de cosas.

Ahora que han aprobado una ley que trata a los inmigrantes como delincuentes, conviene recordarle a los gobernantes de la Unión Europea estos principios que supuestamente guían su política exterior. Para que no los apliquen únicamente cuando se trata de lidiar con tiranuelos africanos o denunciar la violación de los derechos humanos en el Tíbet.

Cuando el crecimiento económico en Europa demanda brazos fuertes y dispuestos a hacer casi cualquier trabajo, sus dirigentes hacen la vista gorda y toleran incluso la inmigración clandestina. Cuando llega la recesión, o la amenza de recesión, la tolerancia muta en hostilidad. Dígase lo que se diga, la alarma de la UE no se debe a que las calles de Madrid, Roma o Berlín estén plagadas de inmigrantes clandestinos entregados al delito. La inmensa mayoría de los latinoamericanos y africanos que lograron llegar ilegalmente a Europa por las vías más inverosímiles, están o estaban trabajando (por lo general en tareas despreciadas por los aborígenes). La nueva legislación europea, que considera delito lo que antes era una infracción y autoriza el encarcelamiento de los inmigrantes hasta por 18 meses, no obedece al afán de poner orden en el caos. Obedece a que ya no los necesitan, a que les ha quedado un sobrante con el cual no saben qué hacer. Y eso es lo inaceptable, que el trato que se le dé a un semejante dependa de las previsiones económicas oficiales: si te necesitamos, te tolero; si eres excedentario, te boto. El superávit de inmigrantes abarca incluso a los que se hallan en una estricta legalidad, puesto que ya existen numerosos testimonios de trabas a la renovación de permisos de residencia y estímulos económicos para que la fuerza de trabajo sobrante haga sus maletas y regrese a sus países de origen. Lo llaman “regreso voluntario”. No bien la locomotora económica europea comenzó a enlentecer su andadura, los gobernantes no dudaron en hacer las concesiones que demandaban unos votantes dominados por el pánico a que los sudacas y negros les quiten el trabajo o hagan colapsar el sistema de salud público.

Los derechos humanos de los tolerados inmigrantes clandestinos de ayer son sacrificados hoy en el altar de una causa superior: la estabilidad económica y social de Europa, el progreso, los imperativos del mercado, las cuentas públicas y todo lo que se quiera. Así como la dinámica de la economía exige reducir (o aumentar) las importaciones de materias primas, los subsidios, los impuestos o los estímulos a la inversión de capital, también puede demandar abrir o cerrar el grifo de la inmigración. Si la Unión Europea no tiene reparos en dar a los hombres el mismo tratamiento que a las cosas, como ocurre con la nueva legislación sobre inmigración, si está dispuesta a someter a un senegalés o a un ecuatoriano a las mismas leyes de la oferta y la demanda que rigen el intercambio comercial, entonces no debería agraviarse del reproche con el que se inician estas líneas. Cuando la Unión Europa dice, sin decirlo, que los inmigrantes pueden parangonarse a una tonelada de arroz o a cualquier materia prima, y que por tanto se deben importar o exportar según los vaivenes del mercado, traiciona cuanto proclama en los foros internacionales. Después de todo, su solemne compromiso de tratar a los individuos con la humana dignidad que se merecen, con independencia de su raza, religión u origen nacional, parece haberse topado con los límites de la razón económica.

Es esta inconsecuencia la que hay que recordarle a los Berlusconi y Sarkozy y a quienes alegan estar en sus antípodas políticas. No se trata, como se arguye en estas latitudes, de recordarles la incierta deuda histórica que supuestamente han contraído a raíz de las migraciones del pasado. ¿O acaso esta nada ilustrada mezquindad de la UE es condenable únicamente porque en el pasado millones de italianos y españoles desembarcaron en Montevideo o Buenos Aires? Si ese trasiego humano en dirección opuesta no hubiera ocurrido, ¿la nueva norma europea sería virtuosa?

Tampoco se trata de arrojar por la borda los principios que proclaman, con evidente doble discurso, los gobernantes europeos. La universalidad de los derechos humanos no debería ponerse en duda por el hecho de que los gobiernos europeos sean incapaces de defenderla hasta las últimas consecuencias. Sería como abominar de la democracia por el hecho de que los dictadores de este país la invocaron en su momento para cometer las tropelías que cometieron.

Dicho esto, conviene señalar que el problema de las migraciones no tiene solución en el actual contexto de la globalización. Los gobiernos de los países desarrollados seguirán tratando de regular el ingreso de inmigrantes de acuerdo con las necesidades de su economía y millones de desheredados seguirán intentando superar los muros, alambradas y disposiciones legales que se interponen en el camino de su bienestar. El conflicto entre quienes manejan el grifo de la inmigración en función de los imperativos del mercado y quienes están dispuestos a jugarse la vida por un trabajo razonablemente remunerado seguirá siendo ingobernable mientras reine la desigualdad en el mundo. Al compás de los ciclos económicos (o electorales), seguiremos escuchando con la misma rutina con la que se pone el sol a alemanes, franceses y españoles alegando que no pueden hacerse cargo del destino de millones de africanos y latinoamericanos y a éstos defendiendo su derecho a una vida digna que no encuentran en sus países.

Es que son tantos los potenciales migrantes, que ni siquiera los muros o el exacerbamiento de las medidas represivas podrán disuadirlos. Y eso en el caso de que esas medidas puedan intensificarse hasta el infinito. Algo dudoso, por cierto, ya que la actual vocación globalizadora del capitalismo demanda una liberalidad en los movimientos transnacionales incompatible a la larga con fronteras de acero. Lo mismo sucede con la alegada disposición de los gobiernos europeos a extender la democracia a todas las latitudes.

El conflicto entre “invasores” y defensores de la ciudadela de la opulencia (a la que ha contribuido, es bueno recordarlo, el trabajo de millones de no europeos) es expresión de otra oposición propia de estos tiempos globales: la que existe entre el carácter fluido y nómada de la vida económica (y hasta cierto punto social y cultural) y el sedentario, atado al territorio, de la política, de la ciudadanía y, por ende, de los derechos. El movimiento de bienes, servicios y capitales ignora las fronteras de los Estados nacionales. Cada vez más aspectos de la vida social y económica se sustraen a los límites de la geografía. Las personas son las únicas a las que parece no haberles llegado la hora de tener derechos globales. Se respetan las normas del libre comercio, pero el derecho a la libre circulación, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es papel mojado.

Que un asunto tan aleatorio y azaroso como el lugar de nacimiento siga siendo formalmente la clave para poder ejercer o no determinados derechos es una más de las incongruencias de este tiempo. Hay quienes sostienen que nadie repararía en esa incongruencia si todos los habitantes de la Tierra consiguieran vivir dignamente en los países en los que nacieron. Sería ridículo negar que una mayor igualdad y bienestar en los países más pobres reduciría el éxodo de africanos y latinoamericanos, pero incluso en esa eventualidad el empeño cosmopolita que podría terminar con la incongruencia señalada seguirá siendo tan necesario como ahora, porque aunque los hombres ya no se desplazarían para satisfacer las necesidades del estómago, lo harían para satisfacer otras que son puramente humanas. Aun en la hipótesis de la opulencia planetaria, es razonable suponer que los hombres –y en particular los hombres de esta era global– aspirarán a que su existencia no discurra en los estrechos límites de la aldea y la cultura en la que vinieron al mundo. Y bueno sería que así sea. De modo que el hecho de que un individuo tenga derechos de un lado de la frontera y los pierda no bien la cruza, seguirá siendo un problema. Un problema que afectará a un número creciente de personas.

Abundan, sin embargo, los detractores del supuesto utopismo que nutre la idea de una política y una ciudadanía globales. Alegan estos defensores del pragmatismo que si la solución del problema de la inmigración ilegal requiere la previa eliminación de la pobreza y alguna forma de ciudadanía global deberemos aprontarnos para convivir eternamente con el problema. Sostienen que el mundo de las fronteras nacionales y la desigualdad entre naciones es el que hay y que en él debemos arreglárnoslas.

Sin embargo, el supuesto “realismo” de la vía represiva de enfrentar el problema que ha descubierto la Unión Europea (y que el bueno de Rodríguez Zapatero llama “progresista”) no ha dado el menor resultado hasta ahora y no hay motivos para pensar que lo vaya a dar en el futuro. Cabe preguntarse si la desbocada carrera civilizatoria actual, esa que aparentemente se ajusta al mundo tal cual es, con sus alambradas, muros y gendarmes en los puestos fronterizos y un tercio de la humanidad condenada a la pobreza, evitará que convivamos eternamente con un problema que ofende a la conciencia moral de nuestro tiempo. Puestos a comparar utopismos, es posible que la nueva legislación europea se lleve el premio mayor.

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