Bolivia

La enésima crisis política que vive Bolivia desde hace varios meses parecía encaminarse en el momento en que escribo estas líneas a una salida dialogada. Después de 16 muertes violentas, o 30, dependiendo de quién haga las cuentas, gobierno y oposición se sentaron a negociar, tras tomar tardíamente nota de que el horno planetario no está para bollos revolucionarios ni absolutistas. En otras palabras, que ni la oposición puede ignorar la legitimidad democrática del gobierno de Evo Morales, como hubiera hecho en otros tiempos, ni éste imponer a cualquier precio su proyecto.

Dado que la tentación de exterminar al otro ha sido un ingrediente de las tradiciones políticas de ese país, sería temerario descartar que se produzcan nuevos episodios de violencia. Pero en una era liviana como la nuestra, poco inclinada a las causas heroicas e innegociables, es probable que los agonistas se comporten más pragmáticamente y renuncien a su programa máximo.

El drama de Bolivia no puede entenderse con las viejas claves interpretativas y los automatismos ideológicos propios de la Guerra Fría, esos que en estos días nos cuentan que el conflicto que desgarra al país era “inevitable” o que obedece al intento de una elite de derrocar a un presidente que ha emprendido un cambio revolucionario y/o a la conspiración del imperialismo norteamericano para acabar con un gobierno que se habría pasado al “bloque enemigo”.

Por empezar por lo segundo, Estados Unidos ya no piensa en derrocar gobiernos como antes de la caída del muro. En primer lugar, porque sabe que el poder real no depende del control de un territorio (como demuestra su atascamiento en Irak). En las actuales condiciones de crecientes interdependencias no hay imperio capaz de lograr que su dominio sobre un territorio se traduzca automáticamente en un dominio político y económico. Precisamente por haber actuado unilateralmente en un mundo de crecientes interdependencias, en el que los Ejércitos ya no lo deciden todo, en el que el poder ya no va de la mano del control de un territorio o de un gobierno, en el que el capitalismo parece más inclinado a gustar, seducir y vender que a pulverizar enemigos, precisamente por haber creído, al igual que muchos de sus detractores, que podía hacer lo que quería, Estados Unidos es una potencia decadente que ya no seduce. Es demasiado pronto para saber si han tomado nota de estas nuevas circunstancias, pero lo cierto es que las estrategias del capitalismo contemporáneo parecen encaminarse más a una hegemonía liviana que a los golpes de Estado brutales.

Hay, además, otro dato que no puede ignorarse: como ha demostrado la reciente cumbre latinoamericana en Santiago, el contexto regional tampoco es el mismo que unas décadas atrás. La interdependencia de los países del continente no le permite a los gobiernos desentenderse de lo que ocurre al lado, sobre todo si ese ‘al lado’ es un país que alberga un mar de gas natural. El mensaje de Lula, Kirchner, incluso el de Uribe, ha sido cualquier cosa menos ambiguo: no vamos a tolerar la caída de un gobierno democrático que acaba de legitimarse en un referéndum en el que obtuvo el 67% de los votos. He aquí otra señal de que se acabaron los espacios para las dictaduras. Podrá haber (y hay) fuerzas con poder suficiente como para desestabilizar a un gobierno (Argentina, Ecuador y la propia Bolivia son ejemplos patentes de esa posibilidad), pero una dictadura pura y dura, como las de antes, no tiene en las actuales condiciones internacionales la menor posibilidad de mantenerse ni un mes en el poder, como ya demostró el patético ensayo de sacar a Chávez de circulación. Y eso lo saben los protagonistas del actual conflicto boliviano, incluidas las Fuerzas Armadas, cuyo apego presente al orden constitucional es un dato que los nostálgicos de la Guerra Fría no pueden asimilar.

Pero aunque nadie, salvo una minoría de primates, pueda soñar ya con destruir al enemigo, el conflicto sigue. No sólo sigue, sino que puede hacer correr más sangre de la que ya ha corrido. Incluso en la eventualidad de que no sea el resultado buscado por los protagonistas. Porque si bien las intenciones y la voluntad de los hombres tienen su papel en la historia, éstos interactúan (a veces de muy mala manera) con las intenciones y voluntades de otros y el resultado de esas interacciones suele ser casi siempre un resultado no deseado por ninguno de los protagonistas de los hechos.

¿Qué es lo que está en juego entonces en Bolivia? Con la cautela que se impone cuando no se está en el terreno, lo primero que habría que puntualizar es que, desde luego, no una revolución social que esté provocando una reacción simétrica pero opuesta. Incluso a la “nacionalización” del petróleo, que tanto ha publicitado Evo Morales, se le puede aplicar aquello de que no todo lo que brilla es oro: lo único que ha nacionalizado el gobierno boliviano ha sido el recurso del subsuelo. El resto sigue todo como estaba, como era de prever. Morales no pudo desembarazarse de las multinacionales que extraen el petróleo de los pozos, sino negociar con ellas unas mejores condiciones a la hora de repartir los ingresos petroleros. Es a lo máximo a lo que podía aspirar, lo que, entiéndase bien, no es en absoluto despreciable. A pesar de la vacía retórica revolucionaria de su a estas alturas incómodo aliado Hugo Chávez, las pretensiones de Evo Morales son mucho más modestas (y realizables, que es de lo que finalmente se trata) en una sociedad con la mitad de su población sumida en la pobreza y víctima del desprecio racista de quienes se habían acostumbrado a manejar al Estado como si fuera una junta de accionistas de su propia empresa. Diga lo que diga Evo, el boliviano es uno más de la extensa lista de Estados nacionales que no están dispuestos a correr los riesgos de cortar amarras con el mundo capitalista. Sencillamente no está dentro de sus posibilidades.

Claro que eso no ha impedido que varias de las iniciativas tomadas por el gobierno del MAS provocaran urticaria a las clases dirigentes asentadas en los departamentos más ricos del oriente del país. Unas clases, hay que decirlo, a las que casi cualquier cosa les provoca urticaria. En primer lugar, la decisión del gobierno de reducir la parte de la renta del petróleo que antes recibían los departamentos donde se encuentra ese recurso y destinarla a un bono para los bolivianos pobres de más de 60 años. Los gobiernos departamentales pusieron el grito en el cielo, y desde entonces empezó a crecer la reivindicación autonomista. Hasta ese momento nadie había oído hablar de peculiaridades o sentimientos autonomistas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Detrás de la fachada de la reivindicación autonomista, lo que se oculta en el fondo es una descarnada lucha por los recursos económicos. No por azar son las regiones más ricas las que en todas partes reclaman una mayor autonomía que, a su juicio, debería acompañarse del “derecho” a quedarse con los impuestos que se recaudan en “su” territorio. No es muy diferente lo que sucede en el País Vasco y en Cataluña. Resignados acaso a tolerar a Evo Morales y al gobierno del MAS, los dirigentes de los departamentos del oriente boliviano han inflado la causa autonomista (y si no hubieran recibido las advertencias que recibieron, no dudarían en pedir la independencia). Pero si Bolivia es un país y no una suma de reinos de Taifas, la pretensión de que los impuestos se queden allí donde se generan es insostenible. Ese tipo de transferencias de renta entre regiones con desigual desarrollo social y económico son el pan de cada día en las sociedades modernas, en las que la universal condición de ciudadano está por encima de asuntos tan aleatorios como la localidad en la que se haya nacido, la raza o el idioma que hablen unos y otros. El petróleo y el gas no son de Tarija, Chuquisaca o Santa Cruz; son, o deberían ser, de los bolivianos.

Aunque, vista desde esta comarca, la reivindicación de una mayor autonomía departamental parezca, como se ha dicho, una coartada para quedarse con una mayor parte del botín, lo cierto es que esa aspiración cuenta con el apoyo de entre el 60 y el 75% de los bolivianos que viven en los llamados “departamentos opositores”.y por eso mismo se ha convertido en un conflicto político que no es posible soslayar. Otra cosa es que los líderes autonomistas tengan derecho a declararse autónomos por su cuenta y riesgo o a aprobar estatutos de autonomía al margen de la constitución y las leyes bolivianas, como han hecho. Los primeros ecos que llegan de las negociaciones indican que tanto la distribución de la renta petrolera como los estatutos de autonomía serán objeto de negociación y el resultado de la misma formará parte del nuevo texto constitucional, que Evo Morales ha aceptado, finalmente, consensuar.

En tercer lugar, hay que mencionar una iniciativa del gobierno que ha tenido menos repercusión en los medios, pero que forma parte de la larga lista de “agravios” que han irritado a la oposición: un proyecto de reforma agraria que limita la propiedad privada de la tierra.

Difícilmente puede ponerse en duda el derecho del gobierno boliviano para tomar iniciativas como las mencionadas o para negarse a aceptar unas autonomías que pretenden imponerse por la vía de los hechos consumados. Forman parte de las potestades de cualquier gobierno democrático, en particular de uno que cuenta con un apoyo abrumador en las urnas. La democracia que invocan los opositores a Evo Morales terminaría convirtiéndose en una cáscara vacía si un gobierno que cuenta con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos no puede tomar iniciativas para introducir más igualdad y justicia en la sociedad. La pertinencia y la justicia de esas iniciativas sólo pueden dirimirse en el ámbito de la política, en el que no valen las invocaciones al origen de los protagonistas del reclamo o de los gobernantes que toman las iniciativas. Las transformaciones que propone Evo Morales no son legítimas porque se hagan en nombre de los indígenas, como pretenden algunas voces del fundamentalismo aymara (después de todo los indígenas como cualquier otro grupo social, también pueden proponer disparates o reclamar una insensatez), sino porque son justas y razonables como creo que son. Y si como ocurre con harta frecuencia en política, no se llega a un consenso sobre la justicia, la minoría deberá aceptar lo que decida la mayoría de los ciudadanos, con independencia de que sean indígenas, blancos, mestizos o tartamudos.

Diferentes son los términos en los que se plantea el que tal vez sea el tema más conflictivo de todos: el proyecto de nueva constitución propuesto y aprobado el año pasado en una Asamblea Constituyente únicamente con los votos del MAS. No es que el gobierno de Evo no tenga derecho a proponer una reforma constitucional. Lo tiene. Sin embargo, uno supone que tratándose de la constitución, es decir del marco jurídico básico de una comunidad política, lo que podrían considerarse las leyes de juego, conviene que esas reglas sean consensuadas y no impuestas por la mayoría, sobre todo cuando la minoría excluida representa, como representó en la Asamblea Constituyente, a más del 40% de los ciudadanos. El propio Morales parece haber tomado conciencia de que allí estaba su talón de Aquiles, puesto que en estas horas ha aceptado postergar la convocatoria del referéndum constitucional y volver a discutir el texto de una nueva carta magna, que tiene demasiados aspectos controvertidos. Cuando no se lo ha leído, como es mi caso, se impone convocar nuevamente a la cautela. No obstante, menciono el carácter indigenista que le atribuyen muchos de sus críticos y que sus defensores no desmienten. A cuenta de una discusión más profunda, permítanme resumir los términos de esa controversia en las siguientes interrogantes: ¿qué principio debe primar cuando en un texto legal se invocan dos principios contradictorios entre sí como son, por un lado, el derecho democrático moderno, que otorga la preeminencia al individuo, sujeto de todos los derechos universales, y por otro las tradiciones aborígenes? Si las tradiciones indígenas sostienen que la autoridad del cacique está por encima de los derechos de los miembros de una comunidad aborigen, ¿la nueva constitución debe consagrar ese principio?, ¿habrá dos criterios constitucionales, uno aplicable a los aymaras y otro al resto de los ciudadanos? ¿La condición de indígenas es más importante que la de ciudadanos?

Los involucrados en el conflicto boliviano parecen haber reparado en estas horas en que el mundo y la región en los que están irrevocablemente condenados a vivir (y conviene no olvidar que se trata de un mundo y una región que determinan mucho más lo que pasa en Bolivia que unas décadas atrás), no aceptarán una salida autoritaria. Se trata apenas de una oportunidad para que Bolivia deje de recurrir a la violencia para abordar el conflicto, un conflicto que es inherente a la vida en sociedad.

Que el gobierno de Evo Morales no haya convocado a una vendetta nacional contra quienes, apegados a las maneras tradicionales, masacraron estos días a 16 campesinos en el departamento de Pando, sino que haya detenido al principal acusado de instigar esos crímenes infames para llevarlo ante la justicia, indicaría que la creencia en que es posible que deje de correr sangre no es una mera ingenuidad.

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