Soberanía nacional

Hay palabras y conceptos de la retórica política que han perdido el fundamento que justificaba su uso y que sobreviven exclusivamente a causa de la rutina o la dudosa creencia de que suscitan el entusiasmo del pueblo. En este país existe, por ejemplo, una generalizada inclinación a declararse artiguista a cada paso, aunque nadie esté en condiciones de explicar en qué podría consistir semejante adscripción en el siglo XXI.

Otro de esos conceptos vacíos es el de “soberanía nacional”. Quienes hacen de su defensa un ingrediente esencial de su programa de acción no parecen haberse enterado de que ya no puede abordarse en los mismos términos que décadas atrás, cuando los Estados-nación ejercían realmente el poder sobre los territorios que controlaban.

Hoy, en cambio, el poder y la política se han divorciado. La política sigue siendo esencialmente local y el capital fluye libremente, ligero de equipaje, conforme a su condición nómada. La velocidad de movimientos hace del poder real algo extraterritorial, y por eso la política local es cada vez más impotente para controlar al capital, el verdadero soberano. El control del territorio, argumenta Zygmunt Bauman, ha dejado de ser una de las obsesiones de los poderosos, porque saben que la soberanía sobre ese espacio ya no limita su acción. La movilidad del capital es la mayor fuente de incertidumbre para los ciudadanos del mundo entero y en ella reside su amenazante poder.

Dos fenómenos contemporáneos dan cuenta de esta impotencia de la política para someter a la economía a las exigencias de la justicia y la democracia. Por un lado, las continuas concesiones de los gobiernos nacionales para evitar que los capitales huyan (la presencia del capital, se decía antes, era una amenaza para las sociedades nacionales; ahora se las amenaza con su fuga), de modo que sus políticas consisten en torneos en los que compiten entre sí para seducir a esas doncellas esquivas que son los inversores, siempre dispuestas a levantar vuelo ante la primera contrariedad. El segundo fenómeno es el descreimiento de los ciudadanos en que la política pueda modificar sus condiciones de existencia, que pueda suministrar certezas en una época incierta, en la que el Estado y la sociedad han abandonado a sus miembros a sus propias fuerzas.

La intuición de que las determinaciones de nuestras condiciones de existencia dependen de factores que no controlamos, que se nos imponen como si fueran fuerzas de la naturaleza, va adquiriendo el carácter de una evidencia ¿De qué soberanía nacional se habla cuando hasta las leyes domésticas deben aprobarse con la mirada puesta en las eventuales reacciones de los mercados y los inversores? Las discusiones sobre la ley de fueros sindicales y la reforma impositiva que acaba de entrar en vigor en este país son ejemplos concluyentes de esta impotencia del Estado frente a los mercados: la posibilidad de que los capitales emigraran de (o dejaran de afluir a) esta comarca fue el argumento recurrente que esgrimieron durante los debates quienes se oponían a ambas leyes (o incluso quienes querían edulcorarlas) porque irritarían a los inversores. Y nótese que hablo de argumentos, no de coartadas, puesto que las amenazas que evocaban eran y son reales, no se trataba de invenciones de los “traidores” de turno.

Pretender, pues, que las soberanías nacionales estatales sean hoy tan decisivas como en tiempos pasados suena a chiste. Para los poderes globales, el mundo ideal sería un mundo sin Estados o uno con Estados débiles o atomizados, que vendría a ser casi lo mismo.

En este contexto, el principio de la soberanía de los Estados-nación está completamente desacreditado a ojos de los ciudadanos. Los gobiernos no pueden prometerles demasiado a sus ciudadanos, porque no está en sus manos cumplir con esas promesas. No es la política, con sus instituciones atadas a la gleba, la que está en condiciones de tomar las decisiones más importantes. Los agentes verdaderamente poderosos están fuera del alcance de los mecanismos de control democrático de los Estados. Cuando el 90 por ciento de las transacciones financieras no conlleva el movimiento de bienes materiales, la geografía resulta menos relevante.

Si la idea de que aún vivimos en tiempos de soberanías estatales resulta muy discutible, otro tanto ocurre con la aspiración a recuperar la voz de mando de la política sobre la economía a partir de los debilitados Estados nacionales. Si hay alguna posibilidad de que la política deje de ser impotente frente al mercado (y que los gobiernos no tengan que seguir temiendo al nomadismo del capital) es precisamente creando alguna forma de política tan global al menos como la economía. En pocas palabras, una política que esté a la altura de la economía. Insistir en recuperar la soberanía nacional perdida para ponerle coto a unos poderes incontrolables responsables de la actual inseguridad e incertidumbre en que transcurren nuestras existencias equivale a alimentar la ilusión de que tal vez podamos sobrevivir a un tsunami poniendo un candado en la puerta de casa y bajando las persianas.

A pesar de que ya ha recorrido cierto camino (notoriamente en el terreno de los derechos humanos), la perspectiva de una política global puede aparecer fantasiosa a los ojos de muchos. Sin embargo es la única esperanza de que algún día dejemos de ser corchos a merced del océano global. Claro que no hay motivos para derrochar optimismo cuando el proceso de integración en esta parte del mundo camina en dirección opuesta a esa esperanza, cuando es visto principalmente como una oportunidad para sacar ventajas comerciales o cuando la preocupación por conservar esa entelequia llamada soberanía nacional obstaculiza cualquier avance del derecho y la política internacionales. Son muy significativas las reacciones que provoca la mera evocación de una integración política en la derecha. Con Lacalle a la cabeza, puso el grito en el cielo: “¡jamás entregaremos nuestra soberanía!, ¡el Mercosur es una Unión Aduanera y nada más, no nos vengan con política!”. Y sabe muy bien de qué habla, claro, porque cuando la derecha dice que hay que abrirse al mundo está pensando únicamente en negocios. Para una política de izquierda, en cambio, la integración debería consistir sobre todo en crear un marco político común que impida que los capitales emigren, porque en todas partes les aguardarán las mismas condiciones; en suma, una integración que tenga la mirada puesta en universalizar los derechos democráticos y sociales de todos los ciudadanos sin la angustiante perspectiva de que la justicia tenga que someterse a la tiranía de fomentar “el clima de inversión”.

Claro que para ello es imprescindible cumplir la herética tarea de socavar algunos de los mitos propios de la cultura política latinoamericana. En primerísimo lugar, las ideas de soberanía nacional y “no injerencia” en los asuntos internos de otro país (a propósito, ¿qué es un asunto “interno” en estos tiempos?). No hay forma de encaminarnos a una política cosmopolita sin que las decisiones y las leyes sean aprobadas por todos los ciudadanos, y/o sus representantes, involucrados en ese proceso, independientemente del origen nacional de los mismos. Esto es, que los uruguayos, brasileños y argentinos que creen que la integración no debe limitarse a los negocios, también deberán aceptar, como ya ocurre en la Unión Europea por ejemplo, estar regidos por una legislación que no será definida exclusivamente por sus connacionales.

Una política supranacional (la única capaz de ponerse a la altura del capital globalizado) supone, parece obvio, renunciar a ciertas parcelas de soberanía estatal propia. Insistir con la cantinela de la soberanía nacional es el camino más corto y seguro a la impotencia frente a los poderes transnacionales no atados al territorio. La paradoja de los antiglobalizadores es que no tienen más remedio que plantearse una política global si no quieren correr el riesgo de resultar ridículos.

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