Sufragio y geografía

Cerca de 600.000 uruguayos, el 15% de todos los que andan desparramados por la Banda Oriental y el mundo, no pueden ejercer sus derechos políticos. Son los que viven fuera del país, los que fueron expulsados por el desempleo o decidieron irse voluntariamente a descubrir mundo, da igual. Lo cierto es que Uruguay se encuentra entre la cada vez más exigua minoría de países cuya legislación no contempla el derecho a votar cuando no se vive en el territorio. Desde hace más de una década los políticos de este país están divididos en torno al derecho a votar de los emigrados.

La derecha se resiste a modificar la ley con el argumento de que quienes no viven en el país no deben elegir a los gobernantes y a los legisladores porque no padecerán luego las consecuencias del sufragio que emitan, es decir las políticas que aplicarán las autoridades elegidas con su voto. Además de dar a entender que los uruguayos que viven en el exterior son unos perfectos irresponsables, incapaces de sopesar las decisiones que toman, el argumento no deja de resultar insólito en los tiempos que corren.

En primer lugar, porque todos los que vivimos en este (y en cualquier otro) territorio ya estamos padeciendo, o beneficiándonos de, pero en cualquier caso resultando afectados por, las decisiones que toman otros que no viven en el nuestro. Suena a chiste que se diga que solo se padecen las consecuencias de determinadas decisiones cuando se vive en el mismo territorio en el que se tomaron esas decisiones. Parece un argumento de una era que no es la nuestra. No sólo los uruguayos, sino los ciudadanos de todos los países, se ven afectados, a veces para bien y a veces para mal, por las decisiones que toman instituciones, personas y empresas que a veces ni siquiera conocemos, que ignoramos en dónde viven si es que tienen residencia fija. Se trata, para más datos, de actores que no han sido elegidos por sufragio popular y, por ende, nada podemos hacer para revocar su influencia cuando consideramos que no es precisamente benéfica para la sociedad en la que vivimos. Con excepción de los patriotas de mentalidad decimonónica, ya no quedan casi quienes se resisten a tomar debida nota del mundo globalizado, de influencias y determinaciones recíprocas, en el que vivimos y que moldea nuestros destinos. Resulta algo cómica en los tiempos que corren la pretensión de que lo que sucede en tal o cual país es de estricta y exclusiva incumbencia de quienes viven en su territorio.

Repárese apenas en las consecuencias de la actual crisis internacional, provocada por sujetos incapaces de ubicar a Montevideo en un mapa. Dicho de otro modo: ya hay empresas, instituciones y personas que determinan (o si se prefiere, que influyen en) nuestras condiciones de existencia, que no viven en este país ni en ninguno en particular. Es totalmente pueril, pues, oponerse al voto de los uruguayos en el extranjero con semejante argumento.

Tan luego en esta época de fenómenos fluidos, nómades, en la que muchas actividades (y poderes) se han desterritorializado, en el que las distancias han perdido relevancia y la cercanía ya no es condición de los vínculos ni de las influencias recíprocas, precisamente en este tiempo, digo, a muchos políticos se les ocurre que la presencia física en el territorio debe ser el requisito del ejercicio de los derechos políticos.

Lo que nos vienen a decir los partidarios del voto encadenado a la georgafía es que como nada podemos hacer para evitar que esos factores sigan influyendo sobre el curso de nuestras vidas, evitemos que lo hagan unos centenares de miles de emigrados uruguayos.

Lo curioso es que los mismos que se apuntan en las filas de la resistencia a otorgar el derecho al voto a quienes viven en el exterior “para que no influyan sobre nuestras vidas”, no muestren el mismo rechazo a que esos emigrados envíen cada año más de 130 millones de dólares, algo menos del 1% del PBI, pero más del 3% de las exportaciones totales. A nuestros patriotas apegados al terruño no parece irritarles esta “influencia foránea”.

Las contradicciones en que incurren los partidarios de negar el voto consular son demasiado evidentes como para no sospechar que sus motivaciones no son exactamente las que alegan. Agreguemos de paso otra a las ya mencionadas: nuestros partidos conservadores suelen tomar a los sistemas políticos de las democracias occidentales como modelos inspiradores. Sin embargo, en lo que concierne al voto desde el exterior, esos modelos son olímpicamente ignorados.

Lo que en verdad está en discusión detrás de esta resistencia numantina a derogar la prohibición de votar desde el exterior son las condiciones del ejercicio de la ciudadanía en tiempos globales. Cuando los factores económicos, sociales y culturales que condicionan nuestras vidas no están atados al territorio, sino que son fluidos y móviles, cabe preguntarse si acaso la política no debería ponerse a la altura de esas determinaciones para no resultar impotente. Una modesta iniciativa para reducir esa chocante desigualdad que existe entre esas fuerzas (no democráticas) que fluyen libremente y la política, básicamente atada al territorio, sería encaminarnos hacia una ciudadanía también global. Pero no, nuestros atávicos conservadores nos proponen privilegiar la exigencia sedentaria de siempre para poder ejercer nuestros derechos, es decir residir en el lugar en el que se ha nacido. El asunto es que con raseros tan arcaicos para ejercer los derechos ciudadanos, millones de seres humanos terminan en un limbo político. No pueden ejercer esos derechos porque “se fueron” de su país (como es el caso de miles de uruguayos), o bien porque viven en uno al que supuestamente “no pertenecen”. De modo que perdieron los derechos políticos en el país en el que nacieron, pero tampoco los tienen en el que residen.

Estas consideraciones son por completo ajenas a quienes se oponen a reformar la legislación electoral uruguaya para otorgar el derecho a votar a quienes se fueron del país. No se avienen siquiera a discutirlas, En el fondo su patriótica resistencia obedece a cálculos más pedestres. Sospechan, sin fundamento, que los emigrados se inclinan masivamente por votar a los partidos de izquierda. Si hasta ahora ello ha sido mayormente así, se debe a que sólo se han tomado la molestia de viajar para depositar una papeleta en una urna quienes tienen una actitud más comprometida y militante con los asuntos políticos. El lugar común y la tradición (aunque no los datos firmes y fuera de cualquier duda) indican que esas personas votan en mayor proporción a la izquierda. Sin embargo, otro gallo cantaría si ese derecho pudiera ser ejercido, no por los cerca de 50.000 que realizan el esfuerzo de tomarse un bus o un avión para venir a votar, sino por todos los uruguayos que están fuera del país sin tener que moverse de la ciudad en la que residen. Los expertos en estas complejas cuestiones coinciden en que en ese caso, el voto se distribuiría casi de la misma forma en que se distribuye en las elecciones que se realizan en el hermético recinto de la patria.

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