Las cárceles en la era progresista

El próximo presidente de este país, José Mujica, se encontrará con una patata caliente sobre su escritorio cuando asuma el 1 de marzo: el superpoblado y deshumanizado sistema carcelario, una auténtica vergüenza de nuestro tiempo, que invita a dudar del carácter ejemplar que le atribuimos a nuestra democracia. Es toda una paradoja que la población carcelaria no haya hecho más que aumentar durante estos cinco años de gobierno de izquierda y que su sucesor se vea enfrentado a la necesidad de construir más cárceles.

El ex prisionero José Mujica no es, sin embargo, el único que deberá lidiar con paradojas y contradicciones. La legión de defensores de los derechos humanos que tenemos en este país también debería explicar cómo se las ingenia para denunciar sin pausa las violaciones de esos derechos durante la dictadura y simultáneamente mantener un piadoso y esquizofrénico silencio respecto de las maneras inquisitoriales que ahora mismo, mientras escribo estas líneas, imperan en nuestras cárceles.

Vayamos a los datos puros y duros. Según el último informe del comisionado parlamentario, Alvaro Garcé, de las 39 cárceles que existen en Uruguay, 16 registran una densidad considerada crítica (120% de su capacidad original) y en algunos establecimientos se llega al 300%. A fines del año pasado había casi 9.000 presos en un sistema que cuenta con 6.000 plazas. Cada mes se suman 70 nuevos presos.

Ahora mismo Uruguay tiene una tasa de aproximadamente 250 encarcelados cada 100.000 habitantes (hace veinte años era de 73 por cada 100.000 habitantes), es decir una de las más altas, si no la más alta, de toda Sudamérica. Conviene retener este dato porque pone en entredicho la generalizada convicción de que el sistema penal y carcelario de este país es una jauja y que los jueces ponen frívolamente en libertad a los delincuentes. En verdad, ocurre todo lo contrario: tenemos uno de los sistemas más estrictos y punitivos de Sudamérica. El número de encarcelados es aun más llamativo si se repara en que Uruguay es uno de los países con tasas de delito más bajas de la región.

Algo no anda bien cuando una sociedad incrementa sin cesar su población carcelaria. El fenómeno tiene una explicación y ella no reside únicamente en el aumento del número de delitos. Según los autores del último informe del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad de 2008 (basado en datos de 2007), la población carcelaria puede aumentar por varios factores: el más evidente es el aumento de los delitos, pero también puede hacerlo por un mayor celo del sistema penal, una mayor eficacia de la Policía, un incremento de la duración de las penas u otros factores que conviene no olvidar. Es verdad que los procesamientos han aumentado de forma pareja con las denuncias de delitos, en particular el de rapiña, que no es excarcelable, pero conviene no atribuir el desmesurado incremento de la población carcelaria únicamente a esa evolución. Hay otros fenómenos que contribuyen a explicarlo.

El primero es, de nuevo según el comisionado para las cárceles, el empleo abusivo de la prisión preventiva, muy influido por la histeria social imperante. El congestionamiento de las cárceles también se debe, pues, al incremento del número de personas que antes eran procesadas sin prisión y que ahora van a parar al fondo de una celda por el mismo delito. La doctrina penal contemporánea más avanzada sostiene que sólo debería encerrarse a quienes supongan una amenaza directa para sus semejantes. Pues bien, los procesamientos por los llamados delitos violentos no llegaron en 2007 al 18% del total: las rapiñas representaron el 7,8% de los procesamientos judiciales, las lesiones el 7,5%, los homicidios el 2,1% y las violaciones el 0,3%. Quiere decir que el resto de la población carcelaria está compuesta por quienes fueron procesados por delitos tales como hurto (más de la mitad del total), receptación, fraude, falsificación de documentos, venta de estupefacientes y otros delitos menores. La pregunta que se impone es si acaso esas personas no podrían ser condenadas, como sugiere la doctrina más progresista, a penas que no consistan en el encierro en condiciones inhumanas.

El abuso del recurso a la prisión preventiva se manifiesta en la baja proporción de reclusos condenados en Uruguay. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el año pasado que dos tercios de los presos uruguayos no tenían condena y que muchos de ellos seguían detenidos después del plazo máximo dispuesto por los tratados internacionales firmados por Uruguay para estar detenido en esas condiciones. Hay personas que pasan años en prisión sin condena.

Finalmente, el aumento de la población carcelaria también obedece al hecho de que los procesados pasan en promedio más tiempo en la cárcel, lo que a su vez se debe al incremento de las penas dispuesto por la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en la década de los 90 y, dato nada irrelevante, al aumento de la proporción de delincuentes reincidentes, que también son castigados con penas más largas. Los reincidentes pasaron de representar algo más de un tercio del total de los procesados en 1989 a algo más de la mitad en 2005.

¿Por qué sostengo que la creciente reincidencia en el delito no es un dato irrelevante? Porque demuestra el patente fracaso del sistema penal. La rehabilitación del condenado, que supuestamente es la razón de ser de este sistema arcaico, constituye la excepción que confirma el principio punitivo que lo inspira. Y en lugar de interrogarse acerca de las causas de ese fracaso, el sistema penal prefiere exculparse y cargar todas las responsabilidades, y las penas, sobre las espaldas del reincidente. La creciente recaída en el delito aumenta la demanda punitiva y termina engordando la población carcelaria. De modo que ya hemos cerrado el círculo: un sistema penal que se nutre de, y se legitima con, su propio fracaso.

Tal vez convenga hacer un alto en el camino porque es probable que más de un lector imbuido del espíritu de los tiempos comience a sospechar que me anima el propósito de derribar los muros de todas las prisiones. No se trata de eso. Aunque, vistos los resultados del encierro compulsivo, no estaría demás interrogarse sobre esa posibilidad. Lo que propongo, para complicar un poco más el problema, es interrogarnos acerca de la relación entre la prisión y la justicia, por un lado, y sobre las supuestas virtudes terapéuticas del encierro, por otro.

Cuando la víctima de un delito pide justicia a gritos ante una cámara, lo que está reclamando en verdad es que envíen a la cárcel al causante del daño padecido. No deja de resultar extraña esta identificación de la justicia con la condena del responsable del daño infligido a pasar años tras las rejas. Porque, hablando con propiedad, la justicia es algo que se le debe a la víctima y se supone que consiste en reparar el daño padecido. Sin embargo, estamos inclinados a creer que hacer justicia consiste en mandar a alguien a la cárcel. Solemos concluir satisfechos que “se ha hecho justicia” cuando un fallo judicial determina que quien provocó un daño debe pasar años tras las rejas, aunque la reparación de la víctima aún esté en veremos, o sea a todas luces imposible.

Aún nos horrorizamos ante ciertas formas bárbaras de administrar “justicia” que imperaron en el pasado y siguen imperando en algunas sociedades. La que más nos escandaliza es la ley del Talión o el “ojo por ojo, diente por diente”. Haber puesto fin a la identificación entre justicia y venganza se consideró en su momento un gigantesco progreso civilizatorio. Sin embargo, nada demasiado diferente a la venganza se consuma cuando condenamos a alguien a pudrirse en una prisión sin que eso modifique en nada la suerte de la víctima. ¿Qué otro sentimiento está en juego, si no el de la venganza, cuando se dice que a determinados delincuentes hay que pegarles un tiro en la cabeza?

Hay que decir, con todo, que hay daños que son sencillamente irreparables. La jurisprudencia moderna se empeña, en sintonía con la mercantilización de la vida social, en cuantificar los daños (y en reparar a la víctima) en dinero contante y sonante. Pero con dinero se puede reparar un daño patrimonial, pero no el provocado a las personas.

No resulta un escándalo pensar que quien ha cometido un delito pueda ir a la cárcel, pero ese castigo, en sentido estricto, nada tiene que ver con la justicia. Por ejemplo, es atendible el argumento de que alguien que representa un peligro evidente para los demás esté encerrado, sobre todo cuando no da señales del menor arrepentimiento. Pero esas personas que suponen un peligro inmediato para los demás son, como ha sido dicho unas líneas más arriba, una minoría de la población carcelaria (Y para más datos, una buena porción de esos potenciales agresores proviene del entorno de la víctima, incluido el entorno familiar, es decir que se trata de delitos nada fáciles de anticipar o prevenir). Pero no se justifica que quien hurtó cables del tendido eléctrico o una empleada de una inmobiliaria que incurrió en “apropiación indebida” o un vendedor de marihuana al menudeo vayan a parar a una prisión como ocurre habitualmente en este país. Por ese camino, el segundo gobierno de izquierda tal vez tenga que construir no una, sino diez cárceles más.

Y ya que estamos en la inacabable tarea de exponer los insolubles problemas de las instituciones punitivas, expongamos uno más: si es verdad que no encerramos a alguien por venganza, sino para defender a los demás del peligro que representa, la duración de su encierro no debería estar determinada por la gravedad del delito cometido, sino por las señales de enmienda que dé el detenido. Si el motivo del encierro fuera la peligrosidad del delincuente, aquél debería cesar no bien existieran síntomas de que ese peligro se ha disipado.

El otro tópico sobre el que proponía interrogarnos –las supuestas virtudes terapéuticas de la prisión– también permite arrojar luz sobre las incongruencias del sistema penal. Los defensores de la cárcel sostienen que en su aislamiento el detenido tendría tiempo para meditar acerca de sus fechorías y eventualmente arrepentirse y corregirse tras estar a solas con su conciencia. Pero a la vista del escaso resultado de nuestras instituciones penales en materia de reeducación, la mirada del detenido sólo retiene el carácter punitivo del encierro. El aislamiento, dirá Foucault, sólo asegura “el coloquio a solas entre el detenido y el poder que se ejerce sobre él”.

Violar las reglas que nos hemos dado, violar los derechos de otros, no puede no tener consecuencias. Y quienes lo hagan merecen un castigo. Pero, de nuevo, ese castigo no debe asimilarse a la justicia ni, mucho menos, consistir única y exclusivamente en un encierro deshumanizador.

El encierro deshumanizador. He aquí una práctica funcional a la mentalidad que considera que el mal es de otro mundo, no del humano. Al atribuirles una condición inhumana a los que hacen el mal, nos autorizamos a excluirlos de nuestro mundo, en el que imperaría el bien. A excluirlos y a tratarlos como si efectivamente no fueran semejantes. ¿Cómo es posible si no que el trato inhumano, propiamente de animales, que les dispensamos a los presos no nos interpele? Es un procedimiento ingenioso para quitarnos el mal de encima. Pero se trata de un anhelo imposible, que sólo se puede consumar imaginariamente, puesto que la posibilidad de elegir el mal es lo más humano que pueda concebirse, es inherente a nuestra irrevocable libertad. Si sólo pudiéramos elegir el bien, si estuviéramos naturalmente determinados a ello, no podríamos hablar de libertad.

A quienes piensan que es una exageración afirmar que a los presos se les está despojando de su humanidad, conviene recordarles el informe del relator de la ONU para los derechos humanos, Manfred Nowak, quien visitó las cárceles de este país en marzo de 2009. Nowak dijo que Libertad era una de las peores cárceles del mundo que había visitado (lo que ya es mucho decir porque antes de venir a Uruguay estuvo en Asia y Africa); que “a las visitas, incluyendo a los niños, se les somete a revisiones invasivas, incluyendo requisas en sus cavidades corporales, violando su derecho a la dignidad humana”; que “debido al acceso restringido al agua, los reclusos se encuentran a menudo forzados a tomar el agua del inodoro y como resultado, a usar botellas de plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas”; que “las condiciones de reclusión del Penal de Libertad son peores que las de Black Beach”, en Guinea Ecuatorial (que uno sospecha no deben ser nada confortables), que ese penal “debe ser clausurado lo antes posible”; que recibió “pocas denuncias de torturas”, pero muchas de malos tratos en cárceles, comisarías y centros de menores; que los adolescentes infractores detenidos “viven en condiciones realmente pobres”, “carecen de oportunidades de educación, empleo o rehabilitación” y “se encuentran encerrados en sus celdas hasta 22 horas al día”; que los módulos de acero de Libertad son “un insulto a la dignidad de los reclusos, así como a los guardias que tienen que trabajar ahí”; que la visita a esas jaulas le produjo un “shock”.

“Nunca estuve en un sitio donde tantos reclusos me dijeron que los tratan peor que a los animales”, escribió en su informe, y definió a esos módulos como “pequeñas jaulas, donde los presos pasan años, no 48 horas”. Tienen que “infligirse cortes en el cuerpo para poder ver a un médico”. Denunció que la superpoblación carcelaria responde a la utilización “habitual de la prisión preventiva”, criticó el “altísimo porcentaje” de detenidos sin juicio y estimó que “debería aplicárseles la presunción de inocencia”. Y para que no quedaran dudas, dijo que el gobierno tolera cárceles feudales, donde se tortura, hambrea y mata a los presos, donde se producen “violaciones de derechos humanos a gran escala”. En 2009 murieron 22 presos en las cárceles uruguayas.

El hacinamiento carcelario, el trato cruel e inhumano que dispensamos a los presos, la barrera que interponemos en el camino de su eventual rehabilitación vienen siendo desde hace demasiado tiempo piedras en el zapato de nuestra democracia. Su pervivencia en la era progresista es un insulto a las maneras civilizadas de las que tanto se ufana el Uruguay oficial, un cachetazo en el rostro de los que cada día hablan de las violaciones de los derechos humanos y no mencionan las que ahora mismo se están cometiendo.

 

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6 Responses to Las cárceles en la era progresista

  1. Sergio Villaverde dice:

    Coincidiendo con el enfoque del tema se me ocurren dos agregados: 1.- El supuesto derecho de los procesados a ser defendidos legalmente es una farsa. Investíguese los recursos con que cuenta la Defensoría de Oficio en lo penal y relaciónese con la demanda. 2.- Es posible que, entre la numerosa concurrencia de “empresarios” (o corsarios)a los salones del Conrad para escuchar el llamado del Pepe, haya algunos interesados en invertir en la construcción de cárceles privadas. ¡Bienvenidas las inversiones extranjeras directas que generan puestos de trabajo! ¡Y la barra (SUNCA) completamente agradecida…Sentí la barra…! ¡Chas gracias!

  2. Servando dice:

    Efectivamente, se siente a la barra aplaudiendo. Lo que más me alucina es que, aunque nos anime el espíritu más represivo y que queramos SEGURIDAD a cualquier precio, no nos demos cuenta de que el actual sistema penal (tribunales, penas, cárceles, etc) es un total y absoluto fracaso. ¿no habría que pensar en otros procedimientos? ¿Aunque más no sea por ese motivo?

  3. Pablo Azzarini dice:

    ¡Qué choclo, lo de la represión del delito!
    Comparto todo lo dicho en su nota, Barreiro; y quedo pensando.
    Hay cuestiones prácticas y teóricas. No hay plata para atender a la población de las cárceles, cierto. Pero tampoco hay cerebro ni coraje para plantear alternativas.
    Tal como están las cosas, mejor no me entrego.

  4. liliana dice:

    las carceles deben de salir de la esfera del ministerio del interior. Los jueces deben ganar el triple y trabajar diez veces más, no tener gente encerrada sin juicio ni condena ni estudio de su caso.
    Solo los dementes(y algunos no mas) pueden mejorar en una carcel, en general son post grados de delincuencia y manuales de supervivencia. Como dice Pablo yo mejor no me entrego.
    Y Garces, que proponga algo y hable menos parece teresa de Calcuta, o victor mature, se las sabe todas, el bueno de la pelicula.

  5. el señor Julián dice:

    Este excelente y completo artículo sobre la situación carcelaria fue escrito apenas unos días antes de que asumiera Mujica. Demuestra que nada ha cambiado, que todo sigue igual o peor. Se dice que el problema carcelario es una herencia de los gobiernos de la derecha. De acuerdo, pero hasta cuándo van a seguir invocando la herencia maldita… por ya llevamos más de 7 años de gobierno progresista.

  6. Paula dice:

    Muy bueno lo que dice el texto yo hay muchas cosas que desconocía y que me entere por medio de este artículo, también leí hace poco otro artículo que les puede servir http://jorgeguldenzoph.com/fenomenos-sociales/las-carceles-un-problema-permanente-2/ y que trata sobre estas cuestiones, también leí más textos de Jorge que tratan varios temas.

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