Política y bondad

Una postura que suele dar dividendos en política es denunciar los altos ingresos de los funcionarios públicos. Ya se trate del portero de un banco del Estado o de un ministro, lo políticamente correcto es manifestar una calculada indignación ante los salarios y prebendas que perciben diputados, senadores y altos cargos políticos. La exigencia de que esos funcionarios se ajusten el cinturón y vivan como el ciudadano de a pie es inseparable de un fenómeno propio de este tiempo: la confusión entre política y moral.

Son pocos los países que escapan a esta prédica, pero en Uruguay el asunto ha entrado de lleno en el campo de la demagogia. Asistimos a una ruda competencia por ver quién es el campeón de la austeridad. Dos sectores del gobernante Frente Amplio han establecido límites máximos a los ingresos de sus legisladores y cargos de confianza, que deben arreglárselas con entre el 15 y el 50% del salario oficial. El próximo presidente anunció que renunciará íntegramente a su salario. Los defensores de esa iniciativa calculan que esos porcentajes bastan para llevar el frugal modo de vida que –suponen– deben llevar los políticos merecedores de nuestra confianza. El resto va a parar a las arcas de sus respectivos partidos.

Pero intentemos poner cada cosa en su lugar. Nada que objetar a la renuncia voluntaria de legisladores y funcionarios a percibir íntegramente sus salarios. Cualquiera está en su perfecto derecho a ceder parte del sueldo a su partido o, pongamos por caso, a una viuda del vecindario que debe alimentar a cuatro niños. No se trata de abrirle un juicio al altruismo.

Se trata de interrogarnos acerca del valor político que atribuimos a semejante postura. ¿Qué demostraría que los funcionarios y cargos de confianza del Partido Comunista o del Movimiento de Participación Popular son capaces de llevar incluso existencias de faquires? ¿Demostraría fuera de toda duda que sus propuestas son las más justas y razonables? A pesar de que no se lo diga a viva voz, este gesto es inseparable de la convicción de que el criterio con el que debemos juzgar a los políticos es puramente moral. Si no fuera porque esta ideología tan arraigada introduce una lamentable confusión, no haría falta aclarar que la política es de otra entidad. La pertinencia de determinadas propuestas políticas debe validarse en la deliberación pública y en la exposición razonada de argumentos. La bondad o la mezquindad personales nada tienen que hacer allí. Pretender lo contrario supone despolitizar el debate y la reflexión para convertirlos en un torneo en el que se comparan los atributos morales de los líderes políticos. Tal es el rumbo que hemos emprendido. A su manera, nuestro presidente electo acaba de confirmarlo. Su defensa del despropósito de pedirle a un grupo de empresas que financien la ceremonia de transmisión de mando consistió en afirmar que su trayectoria personal era garantía suficiente de que no se iba a vender a cambio de esa “colaboración”.

Ya no discutimos lo que nos propone tal o cual partido o candidato, sino sus antecedentes morales. La hiperinflación del tema corrupción, por ejemplo, es propia de una época en la que la política ha perdido su densidad. Cuando ya no tenemos certezas de que las propuestas de los políticos se van a cumplir, nuestras elecciones se basan en la confianza que nos inspiren unos y otros; cuando en una controversia política ya no nos es posible apreciar diferencias significativas, cuando han quedado atrás el combate heroico y las posturas innegociables, los ciudadanos se aferran “al perfil” de los políticos.

Con mucha frecuencia justificamos nuestras adhesiones o rechazos en que Mengano es un buen tipo y Fulano un canalla, es decir con criterios prepolíticos. Apelar a que los nuestros son los buenos y los otros los malos demuestra que carecemos de argumentos estrictamente políticos. Cuando escucho decir que el gran mérito de un candidato es su sencillez, no puedo dejar de pensar en lo jodidos que estamos.

Digamos algo antipático: los políticos deben ganar bien. Fue el Partido Laborista inglés el que en el siglo XIX propuso que los representantes fueran rentados. Por la sencilla razón de que si los cargos públicos no son remunerados, sólo pueden ocuparlos quienes tienen una fuente de ingresos garantizada, lo que excluiría a los obreros del Parlamento. Así ocurrió efectivamente mientras los cargos fueron honorarios. Si se llevara la actual prédica pobrista de una parte de la izquierda hasta sus últimas consecuencias, únicamente podrían ejercer cargos públicos quienes provienen de familias acomodadas o tienen otros ingresos además de su escuálido salario. Despotricar contra los gastos en los que nos hace incurrir la política, como está de moda hacer ahora, es el peor favor que le podemos hacer a la democracia.

No ignoro los reparos que se le suelen formular a este argumento. El primero consiste en cuestionar qué se entiende por ganar bien. De la comparación de los salarios de nuestros legisladores con los de sus homónimos de la región, no se deduce que los nuestros reciban salarios desmesurados. Sólo en Argentina, Perú y Venezuela cobran salarios más bajos. Para algunos, sin embargo, esta constatación no es de recibo. Sostienen que deberíamos comparar esos salarios no con los de los países vecinos, sino con el nivel de precios local. Pues bien, aunque recurriéramos a esta última forma de sopesar los salarios públicos, tampoco parece que asistiéramos al despilfarro o la irresponsabilidad. Si se tiene en cuenta que la llamada canasta básica para un matrimonio y dos hijos cuesta en este país cerca de 2.000 dólares mensuales, no parece una desmesura que legisladores y ministros ganen entre 2.500 y 3.700 dólares.

Claro que no faltan los irreductibles que sostienen que los legisladores deberían vivir a la manera de un obrero calificado o de un pobre de solemnidad. Esto ya sí ingresa de lleno en el campo de la demagogia. Equivaldría a afirmar que mientras exista un pobre en este país, todos deberíamos vivir como pobres, lo que, de hecho, implicaría que quienes no se resignan a vivir como tales, no podrían ocupar cargos de representación pública. Es más, sin forzar el razonamiento, puede decirse que detrás de esta prédica franciscana se oculta la inverificable creencia de que los mejores para ocupar cargos políticos son los que están dispuestos a vivir austeramente. Y los mejores de los mejores, los que estén dispuestos a trabajar gratis.

El asunto tiene su gracia. O dos gracias. Una consiste en que todos sabemos que, por ejemplo, la posible futura intendenta municipal de Montevideo no vivirá con los 800 dólares mensuales que le adjudica el Partido Comunista. Dispondrá de otros ingresos, lo que confirma, me parece, lo que pretendo demostrar: que si el salario es deficiente, sólo los que disponen de ingresos ajenos a la actividad política (aunque éstos no sean el fruto de algún privilegio de cuna) estarán en condiciones de ocupar cargos públicos. La segunda es que si esto no fuera pura demagogia, sino el resultado de una firme convicción, los partidarios de poner un tope a los ingresos de ministros y legisladores deberían proponer reducirlos en lugar de mantenerlos y que sus respectivos partidos se queden con el sobrante.

La controversia trasciende largamente el tema de los salarios de los altos cargos y está vinculada, creo yo, a los excesos de una ideología anti-consumista que están terminando por confundir la legítima aspiración a acceder a los beneficios del progreso con una nueva forma de alienación o privilegio. Deberíamos preguntarnos si renunciar a disfrutar de esos beneficios no será acaso una conducta funcional al mantenimiento del privilegio.

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Una respuesta a Política y bondad

  1. Cecilia Dupuy dice:

    El afán de querer ser tan diferentes y especiales con estos actos de renuncia y actitudes espartanas podría ser peligroso ya que podría situar en altares de santo/a a determinados políticos/as… Luego podrían “pasarnos la factura” con actos de despotismo o abuso de poder, escondidos tras la aureola de los más sacrificados, tan llenos de renuncias y cargados de penitencias!, dan miedo, tan llenos de verdad, tan santurrones, tan perfectos, tan exentos de credibilidad, no sé, poco creíbles. Los que ya pasamos por esas creencias de tener la verdad, buscar la perfección, renunciar al deseo, en fin, dolencias de la izquierda más ortodoxa, estamos cansados de ese material letal.
    Creo que la transparencia, la honestidad y la coherencia se miden por indicadores concretos, por buenos resultados políticos, con discreción, sin alardes y sin tópicos, no es necesario marcar tanto la cancha queriendo ser “”, “tan especiales” tan diferentes…no es necesario hacer esas demostraciones de pobrismo y buenismo.

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