Elecciones municipales, ¿o departamentales?, ¿o locales?, ¿o de alcaldes?

El primer requisito de un voto responsable, que no esté determinado por el puro interés, sino por criterios de justicia, y en lo posible despojado de adhesiones acríticas o emocionales, es que sea informado. En el caso de las próximas elecciones municipales, departamentales o locales, o como quiera llamárselas, esa exigencia pasa, antes que por los programas y propuestas de los partidos, por la nada sencilla tarea de desentrañar los misterios de la nueva ley que las regirá.

El problema es que después de leer la llamada  Ley de Descentralización Política y Participación Ciudadana, mi programa de ciudadanía ejemplar está a punto de naufragar en la mayor de las confusiones. Pero vayamos por partes, diría Jack el Destripador.

Según el texto, a partir de estos comicios, con la creación de los municipios, tendremos “tres niveles de gobierno”. Se deduce que esos tres niveles de gobierno serán el nacional, el departamental y el municipal. Hasta aquí todo muy razonable. Como en muchísimos países del mundo, al parecer también aquí tendremos de ahora en adelante una jurisdicción nacional, una departamental (algo ambigua) y otra municipal (o local). El pequeño problema es que hasta ahora todos creíamos que la jurisdicción departamental y la municipal eran una y la misma cosa (¿no hablábamos acaso de la Intendencia Municipal de Tacuarembó?). Supuestamente, al crear los municipios, la ley crea una tercera jurisdicción, la local (o municipal), pero en rigor esa nueva jurisdicción se superpondrá con la departamental, que no está previsto que se convierta en un “segundo nivel” de gobierno, entre el nacional y el local, como son las provincias en Argentina o los estados en Brasil. A pesar de que la prosa de nuestros legisladores no es lo que se dice iluminadora, permite concluir que los gobiernos departamentales seguirán siendo municipales y que simplemente delegarán algunas de sus funciones en las recién creadas alcaldías de su jurisdicción. Tal como, por otra parte, venían haciendo hasta ahora con algunas Juntas Locales. La única diferencia es que en el futuro serán unas cuantas más y designadas por voto popular. No se otorga un nuevo estatuto a los gobiernos departamentales (para convertirlos en ese “segundo nivel” de administración). Hasta tal punto es así, que un ministro de la Corte Electoral acaba de declarar que el término municipal suscitará innumerables confusiones, ya que podrá usarse en la hoja de votación para intendente departamental y para alcalde. “Cuando se hable de municipio, estaremos hablando de las alcaldías”, tuvo que aclarar.

En el capítulo IV de la ley (de las atribuciones y cometidos de los nuevos municipios o alcaldías) no se identifica ninguna competencia especial diferente de las que hoy tienen los gobiernos departamentales. La redacción es tan ambigua que aquello que se define como materia local está referido indistintamente a los gobiernos departamentales como a los municipales. Es más, muchos de esos cometidos estarán subordinados a la coordinación con, o a la aprobación de, la Junta Departamental o el Intendente. El artículo 18 de la ley establece incluso que un órgano legislativo del supuesto “segundo nivel de gobierno”, la Junta Departamental, “tendrá sobre los Municipios los mismos controles que ejerce sobre la Intendencia Municipal”. Si los municipios y los departamentos fueran niveles de gobierno realmente diferentes, no podría pedirse mayor confusión de jurisdicciones.

Respecto de los recursos financieros de los municipios –un asunto capital para la autonomía de cualquier gobierno local–, serán los que dispongan los gobiernos departamentales y el nacional, que creará un fondo especial para ese fin, pero no parece que se haya tomado la precaución de incluir una disposición constitucional que garantice una fuente de ingresos independiente (tributos locales o fondos que no dependan de la discrecionalidad de las jurisdicciones superiores). Y se sabe que sin autonomía financiera, cualquier poder decisorio es papel mojado. Las alcaldías tampoco tendrán funcionarios propios, sino que serán cedidos por la Intendencia Departamental. Tras leer la ley, no es difícil quedarse con la impresión de que estamos ante una descentralización administrativa más (así se llama después de todo la ley). No ante tres auténticos niveles de gobierno como pretende el texto, sino ante una solución híbrida, que previsiblemente suscitará yuxtaposiciones y, por ende, problemas de competencias. Ni chicha ni limonada.

Asunto diferente es que se alegue, no sin razón, que las dimensiones y población del Uruguay no justifican la existencia de esos tres niveles de administración. El problema es que la ley hace de cuenta de que sí se justifican, pero luego se queda a mitad de camino, como si no pudiera con la realidad. Diecinueve departamentos, la mayoría de ellos raquíticos desde el punto de vista demográfico y económico como para constituirse en un segundo nivel de gobierno de cierta entidad, parecen una desmesura para este país. ¿No habría que marchar hacia una división administrativa por regiones más reducida, formadas por tres o cuatro departamentos cada una? Pero, claro, ¿quién se atreve a ponerle el cascabel a ese gato y lidiar con los pequeños intereses domésticos, los caudillismos y las vanidades de aldea que les dan sustento?

Conviene detenerse en este punto, porque es la fuente de no pocos equívocos y problemas que la presente ley no resolverá. Porque dígase lo que se diga, y se pongan los pomposos títulos y subtítulos que se quieran, como participación ciudadana o acercamiento de la gestión del Estado a los ciudadanos, lo cierto es que las nuevas alcaldías se ocuparán del alumbrado, el asfaltado, los espacios públicos, los cementerios, la recolección de residuos. De lo mismo que las actuales intendencias… ¡pero sin recursos financieros propios! No tendrán, como tampoco tienen las actuales intendencias departamentales, competencias serias sobre asuntos como educación, servicios de salud, vivienda, seguridad, que siguen siendo, a diferencia de muchos otros países, básicamente un asunto del Estado central (que a lo sumo emprende programas puntuales con los gobiernos locales).  Por cierto que no es fácil que con sus actuales dimensiones y población los gobiernos departamentales se conviertan en algo equivalente a las provincias argentinas, que sí tienen competencias sobre todos estos asuntos. Pero mientras los departamentos sigan siendo lo que son ahora (acaso hermanos mayores de las alcadías), lo que puede esperarse es una complicada disputa entre dos jurisdicciones por competencias que, en rigor, son propiamente municipales. Y con todas las de ganar para el llamado “segundo nivel” de administración y gobierno, que tendrá la sartén por el mango (los recursos económicos).

La perplejidad aumenta –lo mismo que la sospecha de que los nuevos municipios carecerán de autonomía– , cuando uno se percata de que la ley se lavó las manos en lo que atañe a la posibilidad de votar por partidos diferentes a la Intendencia Departamental y al municipio en el que se vive. El asunto se trasladó a la Corte Electoral, que acaba de disponer, tras un acuerdo entre la izquierda y el Partido Nacional, que no se permitirá el voto por partidos diferentes a cargos de intendente departamental y alcalde. Un auténtico mamarracho: equivaldría a obligar a un votante de Porto Alegre a sufragar por el mismo partido al cargo de gobernador del estado de Rio Grande do Sul y al de alcalde de su ciudad. No sé si existe otra legislación en el mundo que disponga semejante cosa. Un motivo más para sospechar que los municipios cumplirán un papel subordinado en los asuntos locales. Una sospecha que alimentó la candidata del Frente Amplio a la Intendencia (¿o al municipio?) de Montevideo cuando declaró que los eventuales alcaldes de las ocho zonas en que estará dividida la capital que no sean del Frente Amplio igualmente deberán aplicar el programa del Frente Amplio si éste ganaba el gobierno departamental. ¡Bendita autonomía la de las alcaldías!

Muchas iniciativas descentralizadoras o desconcentradoras pretenden legimitarse en que acercarán la gestión del Estado al ciudadano o que fomentarán la “participación ciudadana”, un concepto infaltable en la retórica progresista. Y esta ley no es la excepción. Pero como se prefiere ignorar la poca inclinación del ciudadano contemporáneo a participar en los asuntos públicos (porque contradice los clichés aceptados por el progresismo) son incapaces de diseñar ámbitos o instituciones adecuadas a esas escasas disposiciones cívicas. Las referencias a la participación terminan siendo, por tanto, un puro ornamento de rutina. Esta ley tampoco es la excepción.

Por fin, un asunto que puede parecer menor pero que suscita interrogantes sobre la jerarquía de las nuevas alcaldías (¿o municipios?): la identificación de las localidades susceptibles de convertirse en tales. La redacción del artículo 2 de la ley es de una oscuridad pasmosa. En principio, serán las de más de 2.000 habitantes, pero se agrega que “podrá haber” municipios de menos de 2.000 habitantes “si así lo dispone la Junta Departamental a iniciativa del intendente”. De modo que queda una tierra de nadie en la que ¡la autoridad departamental puede decidir si crea o no un municipio! (¿no debería ser materia constitucional?)

Un pacto de última hora entre el gobierno y el Partido Nacional definió la lista de esas alcaldías sirviéndose de un criterio caprichoso (o al menos no explicado): las de más 5.000 habitantes elegirán autoridades en estos comicios y el resto en los de 2015. Con la excepción (no demasiado argumentada) de aquellos departamentos que no tengan dos localidades de más de 5.000 habitantes al margen de la capital, que sí podrán crear dos nuevos muncipios con menos habitantes en las elecciones de este año.

La ley dice además que las localidades susceptibles de convertirse en municipio con autoridades propias deberán “conformar (¡nada menos!) una unidad con personalidad social y cultural, con intereses comunes que justifiquen la existencia de estructuras políticas representativas y que faciliten la participación ciudadana”. ¿Cuál es, por ejemplo, la personalidad cultural y social de Tranqueras que la diferencia de otras localidades del departamento de Rivera?

Tengo la impresión de que si se me ocurriera ir a votar en las próximas elecciones municipales (departamentales, o locales, elijan ustedes la denominación), no sabría muy bien qué es lo que estaría votando. Y todo gracias a Tabaré Vázquez, cuyos caprichos napoleónicos son los responsables de este engendro.


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3 Responses to Elecciones municipales, ¿o departamentales?, ¿o locales?, ¿o de alcaldes?

  1. Pablo Azzarini dice:

    Absolutamente de acuerdo. Esto de las alcaldías sí que es un delirio.
    ¿Querés involucrar a la gente en la cuestión local? ¿Y pa qué están los centros comunales, una estructura ya establecida que mal o bien tienen sus localcitos y funcionan? Dales más poder, hacé que sus responsables sean elegibles y ta.
    Esto de los niveles de gobierno me suena a “jugada de pizarrón”, dijera mi viejo. Ranchitos en el aire, dibujitos pa proponer algo nuevo.
    Y además injusto: ¿por qué sólo los partidos pueden proponer candidatos? Si querés revalorizar la actividad política dejá que tome la forma que quiera, ¿no?
    Esta jugada me suena a cambiar algo pa que todo siga igual. Es un nuevo producto pa entusiasmar al consumidor aburrido.
    Los cambios en la organización deberían ser el resultado de una evolución en la actividad política. Aquí no hay nada de eso, es sólo un diseño nuevo en el packing.
    Esta vuelta creo que ni a Bríos voto.
    Salú.

  2. Servando dice:

    Me quedaban muchas dudas sobre estas nuevas reglas de juego, que el artículo aclara bastante, las alcadías serán como mini-municipios del gran municipio departamental. O sea, como una oficina delegada. No parece que el Frente AMplio vaya a sacar una ventaja de este nuevo mapa de jurisdicciones de gobierno, por eso me parece que esto es un buen cóctel de esas palabras repetidas hasta el hartazgo, “descentralización”, “participación ciudadana”, pero muy poco pensado y elaborado. Una rutina, como se dice en el post, sacada a los apuros, no se sabe bien a cuento de que. Yo creo que Uruguay necesita una reforma de las juridicciones territoriales pero no sé si es esta que nos dejó el virrey Tabaré. Ahora la responsabilidad no es sólo de él porque los parlamentarios del Frente le hicieron la venia y se la votaron.

  3. Sergio Villaverde dice:

    El único melón que falta para rellenar la bolsa es que los llamados “municipios” tengan posibilidad de emitir su propia patente de automotores. ¿Por que no?

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