La guerra (perdida) contra las drogas/1

La interminable guerra contra las drogas descansa en unos supuestos tan inciertos y discutibles que nada debería extrañar menos que  vaya de fracaso en fracaso. Esos supuestos son que las drogas son siempre dañinas, que el Estado tiene el deber de curar a esos enfermos que son los consumidores y que el uso de determinadas sustancias desemboca invariablemente en el delito. Los resultados del combate al narcotráfico en el mundo son tan elocuentes y conocidos (gastos siderales, corrupción de funcionarios, violencia, nuevos poderes que rivalizan con las instituciones democráticas) que resulta tedioso recordarlos. Modificar el rumbo exige, me parece, interrogarnos sobre los mencionados supuestos.

¿Son malas las drogas?

La idea de que algunas sustancias son intrínsecamente dañinas, que su atributo sería causar el mal o la enfermedad y que no serían susceptibles de usos benéficos, es relativamente reciente, de principios del siglo XX. Hasta entonces las sociedades convivieron con el consumo de drogas sin mayores problemas. Para los antiguos griegos, por ejemplo, el concepto de phármakon (entre otros, la cerveza, el vino, el cáñamo y el opio) podía ser un veneno o una medicina, representar tanto una cura como un peligro: los daños o beneficios de los phármakon residían exclusivamente en el uso que el ciudadano adulto hiciera de los mismos.

Hubo que esperar a una era como la nuestra, en la que los objetos adquirieron el carácter de fetiches dotados de vida propia, de los que ha desaparecido cualquier rastro de las relaciones humanas que los han engendrado, para que las cosas se invirtieran radicalmente. Ese fetichismo atribuye a las cosas propiedades intrínsecas, a los que ningún individuo podría sustraerse. La única posibilidad de romper con esa fatal determinación sería prohibiendo el uso de la cosa intrínsecamente perversa. Porque, se dice, las drogas son adictivas, tendrían el atributo de ser ingobernables, la capacidad de hurtarle al usuario su autonomía, de esclavizarlo en suma.

Esta forma de plantear el problema ignora casi todos los ingredientes del problema: la constitución psíquica, el estado de ánimo y las condiciones en las que el consumidor de drogas se relaciona con el mundo. Cada vez que se demuestran las inconsistencias de algunas “evidencias”, como ocurrió en el caso de la marihuana, la cruzada anti-drogas siempre tiene una nueva sustancia a mano, esta sí, verdaderamente peligrosa. Aquí y ahora ese demonio se llama pasta base.

La característica de la mayoría de los fármacos consiste en que son capaces de modificar el estado de ánimo o de conciencia, potenciar la serenidad o la capacidad perceptiva. Pueden servir para reducir la apatía, la rutina psíquica, el dolor o el desasosiego. Esto explica que todas las culturas se hayan servido de ellos y que algunas los hayan considerado un don divino.

La idea de drogas adictivas per se ignora la constitución psíquica -¡previa al consumo!- del sujeto que las usa. Es verdad que ciertas personas llegan a autodestruirse con tal de modificar su estado de ánimo. Pero eso no debe atribuirse a la sustancia en sí; ocurre sencillamente porque no se soportan como son, o como están. Atribuir a una droga lo debido a un usuario implica dotar de vida a lo inanimado y despojar a lo animado de vitalidad. Pero plantear las cosas de esa forma equivaldría a culpar de los accidentes de tránsito a los automóviles y no a los conductores.

La idea de una adicción irresistible a un phármakon supone ignorar la posibilidad de usos recreativos, introspectivos o terapéuticos de las drogas. Todo el discurso hegemónico sobre las drogas refiere a la enfermedad, a la adicción, al delito incluso, y a la imposibilidad de hacer un uso moderado y beneficioso de las mismas. Es llamativo que casi todas las estrategias implementadas por las autoridades (y las de este gobierno no son una excepción) se basan en la creencia de que la conducta de la mayoría de los usuarios de drogas se ajusta a la de la ínfima minoría que hace un uso autodestructivo de las mismas.

Sin embargo, la figura más extendida entre los consumidores de drogas no se corresponde con la de esa minoría. La inmensa mayoría las usa de forma responsable y no está inclinada a autodestruirse ni a ampararse en su uso para justificar la realización de alguna fechoría. Pero las autoridades suelen tratar a todos los consumidores como si fueran menores de edad a los que hay que cuidar de sí mismos. Hay que decir además que ni siquiera la conducta de esa minoría puede atribuirse a la cosa (a la droga). Si así fuera, no se entendería cómo la cosa produce esos efectos perversos únicamente en unas pocas personas y no en todas. Porque aun tratándose de pasta base, su consumo no convierte a un buen padre de familia y puntual pagador de impuestos en un asesino serial o en un contumaz rapiñero. Ni, va de suyo, a un idiota en un talentoso. Thomas De Quincey ya advirtió en el siglo XIX que “es absurdo decir, como en la expresión popular inglesa, que alguien está disfrazado por el vino, cuando, por el contrario, la mayoría de los hombres está disfrazada por la sobriedad, y sólo al beber muestran su verdadero carácter”. La ebriedad, dirá De Quincey, “se limita a descubrir (…) como si apartásemos una cortina (…); es una llave entre muchas otras”.

El mal uso de un fármaco debe buscarse, pues, en la persona. Porque el consumo de cualquier droga legal o ilegal (incluida la pasta base) es finalmente un recurso para lidiar con problemas que preceden a ese consumo y no su causa. El mal uso de las drogas es el puerto de llegada de un determinado periplo existencial, no la línea de largada de una biografía criminal. Después de todo, la inclinación de muchas personas a encomendarse a una cosa para calmar los dolores del cuerpo o del alma tiene una larga historia y, salvo quienes han creído que el sufrimiento es digno, el resto siempre la consideró, y la sigue considerando, comprensible y aceptable. En rigor, el escándalo que suscita en algunos espíritus esa inclinación debe mucho al prejuicio social y cultural, porque cuando los adultos de clase media consumen alcohol para combatir el desasosiego o psicofármacos para conciliar el sueño sin incurrir en conductas anti-sociales, nadie pone el grito en el cielo como lo pone cuando se trata de “menores infractores”. Hace ya unas décadas el psiquiatra italiano Giovanni Jervis se atrevió a preguntar qué ocurriría en cualquier gran ciudad de Occidente si súbitamente desaparecieran del mercado el alcohol, el tabaco y los psicofármacos. Las posibles respuestas deben de ser tan inquietantes que nadie se ha atrevido a ensayar una. Si lo que suscita alarma son, como creo que son, las “conductas anti-sociales”, convendría entonces llamar a las cosas por su nombre: es nuestra tranquilidad, y no el altruismo, la que pide la intervención de los poderes públicos.

 

¿Tiene derecho el Estado a prohibir el consumo de drogas?

Hoy nos parece natural que las autoridades públicas autoricen o prohíban el consumo de drogas. No deja de ser llamativo que aceptemos este papel del Estado, porque está en flagrante contradicción con los principios liberales que solemos dar por buenos en el resto de la vida política. A diferencia del pecado, en las sociedades modernas y democráticas sólo se comete un delito cuando se inflige un daño a terceros. A diferencia del pecado, no hay delito cuando me provoco un daño a mí mismo. Salvo que se sostenga la incierta tesis de que el consumo de drogas es contagioso, no hay forma de sostener que el usario de drogas provoca daños a terceros y, por ende, de defender la prohibición. Aun en el caso de que una sustancia fuera dañina –y no hay ninguna que lo sea por naturaleza, sino por el uso que de ella hagan las personas–, el Estado no tiene que prohibirla, como suponen quienes creen que una autoridad, o el código penal, están para protegernos de cuantos “peligros” nos acechan en la vida, sino informarme de sus eventuales riesgos para que yo decida si quiero correrlos o no. Se trate del cigarrillo, del coche, de la bebida, del sexo callejero, la glotonería o del vicio que se quiera. Aunque estuviese fuera de cualquier duda que el exceso de alcohol, de cigarrillos o de chinchulines es nocivo para la salud, el Estado debería limitarse a informar de los riesgos que comportan, pero no a tratarme como a un menor de edad e impedirme su consumo.

El Estado debería limitarse a protegerme de los falsificadores y embaucadores, como hace hoy, no del todo bien, con los demás bienes que circulan en el mercado.

Durante la Edad Media se quemó en Europa a cerca de medio millón de personas en la hoguera. Pero las “brujas” no dejaron de multiplicarse. A través del consumo de hierbas visionarias, que las hacían “volar”, las brujas eran supuestamente poseídas por el diablo. De esa época data la idea de que puede haber crímenes sin víctimas, y que de alguna manera sigue presente en la actual guerra contra las drogas. La justicia consistía en reprimir la desobediencia a un superior y no en reparar el daño causado a un semejante.

En contradicción con los principios que proclama, la autoridad pública ha recortado la autonomía de los ciudadanos para decidir cómo quieren conducir sus vidas y, eventualmente, cómo ponerles fin. Porque los términos del problema no se alteran siquiera en el caso de que las drogas sean sinónimo de muerte. Decía el historiador Plinio el Viejo: “La vida no debe desearse hasta el extremo de creer que haya de ser prolongada a toda costa (…). Por ello todo el mundo ha de tenerlo (el opio); de los bienes que la naturaleza concedió al hombre ninguno hay mejor que una muerte a tiempo, y lo óptimo es que cada uno se la pueda dar a sí mismo”. Cualquier droga que incrementase el poder del hombre para gobernar su destino tenía para los antiguos algo de venerable.

Para limitar la autonomía de las personas, el Estado no recurre en la actualidad a un poder desnudo y arbitrario, sino que invoca la autoridad supuestamente neutra de la ciencia, a la que la mayoría está inclinada a respetar. Nadie repara en las contradicciones e incongruencias que supone el hecho de que en una sociedad democrática sea el estamento médico el único autorizado a decidir quién, cuándo y qué drogas puede o no puede consumir. A nadie le escandaliza que sea un grupo profesional autorizado por el Estado el que decida en mi lugar cómo debo luchar contra mi aflicción o desasosiego. Con las excepciones arbitrariamente dispuestas por el poder público, si quiero procurarme determinadas sustancias, estoy obligado a recurrir a un médico y a su codiciado bloc de recetas verdes. Si la medicina se ha apropiado del nacimiento y de la muerte (hoy sólo podemos nacer y morir en una clínica), no debería sorprendernos que nos prescriban cómo administrar nuestros dolores e inquietudes.

Thomas Jefferson era de la idea de que “quien en vez de autonomía suministre a los ciudadanos protección ante sí mismos es alguien que finalmente vende seguridad a cambio de vasallaje”. Claro que un contemporáneo y coterráneo suyo, el médico Benjamín Rush, fundador de la psiquiatría en su país creía todo lo contrario: “en lo sucesivo será asunto del médico salvar a la humanidad del vicio, tanto como lo fue hasta ahora del sacerdote. Concibamos a los seres humanos como pacientes en un hospital; cuanto más se resistan a nuestros esfuerzos por servirlos más necesitarán nuestros servicios”. No hace falta decir que con el paso del tiempo el punto de vista que terminó imponiéndose en el mundo fue el de Rush y no el de Jefferson.

Leer la segunda parte