La guerra (perdida) contra las drogas/2

Hasta principios del siglo XX a nadie se le había ocurrido que los gobiernos tenían derecho a vigilar el estado de conciencia de las personas o controlar la forma de lidiar con el dolor o la depresión. De esa época datan los primeros tratados internacionales sobre producción, venta y estatuto legal de los diferentes fármacos y drogas que desembocarán en la Convención Unica sobre Estupefacientes firmada en Viena en 1961 por más de 70 países y a la que han adherido luego casi todos.

Dicha Convención incluye cuatro listas de drogas susceptibles de ser controladas por las autoridades. Supuestamente es el grado de adicción de las sustancias el que determinó que se las incluyera en una u otra lista (numeradas del I al IV). La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un organismo creado por la Convención de Viena jamás usó el concepto de droga que utilizaba el comité de Expertos en Drogas de la OMS: “sustancia que al introducirse en el organismo puede modificar alguna de sus funciones”. Les parecía demasiado neutro y científico. En la lista I se hallan, de nuevo supuestamente, las más adictivas, por eso sorprende encontrar en ella al cáñamo, que tiene una toxicidad anormalmente baja, mientras que en las listas II, III y IV (supuestamente las de las drogas menos peligrosas) se incluyen potentes fármacos sintéticos que generan síndromes de abstinencia y aún hoy son objeto de debate científico acerca de su inocuidad. Con excepción del LSD, en la Lista I están incluidas únicamente sustancias naturales, como el opio, el cáñamo, la cocaína, que a partir de entonces quedaron “prohibidas para todo uso, excepto el que con fines muy limitados hagan personas debidamente autorizadas en establecimientos médicos o científicos que estén bajo fiscalización directa de sus gobiernos”.

Las sustancias de la lista I, usadas durante milenios por la humanidad se convirtieron en apenas unas pocas décadas en objeto de una implacable persecución. Mientras que los nuevos fármacos sintéticos, los de las listas II a IV, sucedáneos de la cocaína y los opiáceos la mayoría, pasaron a ocupar el lugar de las drogas terapéuticas, que pueden ser automáticamente legales si las autoriza un médico. Quedó listo así el nuevo escenario: desde entonces tenemos drogas peligrosas, completamente prohibidas para todo uso, y drogas que pueden ser objeto de un “uso apropiado”, léase con la autorización de un médico.

El segundo elemento decisivo, que cambiará de ahí en más la relación de los individuos con los fármacos es que, según esta convención, lo que distingue el “uso” del “abuso” (o uso ilícito) está fuera de cualquier consideración científica. ¿Cree alguien que la diferencia estriba en la cantidad de droga que se autoadministre cada uno? Se equivoca de cabo a rabo. Alguien puede consumir drogas excepcionalmente e incurrir en “abuso” y otros pueden tomarlas crónicamente y hacer “uso” de las msimas. Lo que distingue a uno del otro es ni más ni menos que “su autorización legal” (sic). El artículo 30 de la Convención sostiene que no hay abuso cuando la sustancia “haya sido entregada para uso médico o investigación científica”. En contrapartida, el artículo 2.2. afirma que será ilegítimo el empleo tradicional –que la convención llama “casi médico”–, o el lúdico, que llamará “no médico”. Ya tenemos la otra parte del decorado del escenario: el estamento médico obtiene el monopolio de decidir las formas de ebriedad a las que pueden acceder las personas.

En su “Historia de las drogas” (Alianza Editorial, 3 vols., 1989), Antonio Escohotado señala un fenómeno llamativo: la prohibición de las drogas naturales y los alucinógenos como el LSD coincide con el auge de los fármacos sintéticos, algunos de los cuales tienen propiedades similares a los prohibidos. Mientras se exige a los países productores de opio, coca y cáñamo que destruyan sus cultivos, se inunda el mundo con sucedáneos industriales sintéticos, considerados “sin potencial de abuso” por la legislación internacional.

Drogas y delito

El “pequeño” problema para las sociedades democráticas es que la penalización del consumo implica violentar toda la filosofía en la que se asienta el derecho moderno. Para que haya delito, a diferencia de pecado, tiene que haber un daño a terceros. Por eso cada vez son más los países que no castigan directa y formalmente el consumo. Sin embargo, abundan los que lo hacen indirectamente, entre ellos Uruguay. La ley uruguaya, basada en la Convención de Viena, castiga los actos que los juristas llaman “preparatorios” (plantación, tenencia, suministro, etc.) sin los cuales el consumo es materialmente imposible. Sin ir más lejos, el presidente José Mujica propuso hace poco encerrar compulsivamente a los consumidores de pasta base. Entiéndase bien, no a quienes hayan cometido delitos como hurtar, asaltar o matar, sino a quienes la consuman.

Asociar el consumo de drogas con el delito (con el delito en el sentido fuerte de la palabra, no a esa forma singular de delito que son los actos preparatorios del consumo) se ha hecho tan corriente que no llama la atención que se proponga tratar a determinados usuarios como potenciales delincuentes cuyos derechos pueden violarse. La iniciativa del presidente pone de manifiesto además un prejuicio que termina estigmatizando a los jóvenes pobres, porque no propuso encerrar compulsivamente a los ejecutivos que usan regularmente cocaína ni a los bebedores empedernidos que se ajustan a los cánones sociales.

La primera vez que se asoció el consumo de drogas con determinados grupos sociales, con las consiguientes alarmas, fue en los años 20 del pasado siglo en Estados Unidos: la estigmatización recayó entonces sobre los inmigrantes chinos que consumían opio, los negros que consumían cocaína y los mexicanos que consumían marihuana. Un médico convocado por el Congreso de Filadelfia declaraba entonces que “la mayoría de los abusos deshonestos y las violaciones de negros a blancas son el resultado de un cerebro enloquecido por la coca”. Nada muy diferente de lo que se dice aquí y ahora de la pasta base.

Lo que en verdad parecía preocupar entonces y ahora es la seguridad. Pero si el motivo de la inquietud y la alarma es nuestra seguridad personal, siempre se puede recurrir al código penal, en lugar de sembrar la confusión disfrazándolas de compasión.

No obstante, es cierto que hay algo que permite afirmar que el vínculo de las drogas con el delito no son meras conjeturas. Ese algo es la prohibición. Durante los primeros seis meses que siguieron a la aprobación de la llamada Ley Seca en Estados Unidos (1920), ya se había constituido un mercado negro de colosales dimensiones, que nada tenía que envidiar al actual mercado de drogas. Unos 15.000 médicos y 57.000 dueños de droguerías y farmacias solicitaron permisos para recetar y vender bebidas alcohólicas. Siete años más tarde, los terapeutas especializados en este tipo de “tratamientos” obtenían 40 millones de dólares por sus recetas, lo que representaba el 20 por ciento de los gravámenes a la venta de alcohol antes de la prohibición. En 1931 había más de 100.000 “terapeutas” inscritos con licencias, que obtenían 200 millones de dólares por recetas (el 100% de lo recaudado por impuestos antes de la prohibición). Siete mil de los 18.000 agentes que velaban por el cumplimiento de la ley tenían procesos abiertos por corrupción, 45.000 personas fueron condenadas a prisión por violar la Ley Seca y la adulteración provocó la muerte de 30.000 personas y lesiones permanentes a otras 100.000.

Una investigación del gobierno mexicano en el marco de su “nueva” estrategia para combatir el narcotráfico llegó hace pocos meses a la conclusión de que el 60% de los efectivos policiales de los estados del norte del país no era confiable: era susceptible de corromperse y hacer la vista gorda ante el tráfico de narcóticos o trabajaba directamente para los grandes cárteles. En los últimos dos años fueron asesinadas más de 15.000 personas en ese país en el marco de la actual guerra contra las drogas, lo que demuestra que ésta provoca más desolación y muertes que las debidas a sobredosis de “cocaína” (por lo general provocadas por las sustancias con las que se ‘corta’ la cocaína y no por lo cocaína misma).

Tampoco es una conjetura que la cocaína tiene los elevados precios que tiene actualmente porque su producción y venta son ilegales. La ilegalidad y los riesgos que comporta su comercialización son las causas de que los precios de ese producto se multipliquen por veinte, treinta y hasta cincuenta entre la producción y el consumo final. Las principales interesadas en mantener la prohibición son, pues, las propias organizaciones de narcotraficantes. El fin de la prohibición, y su regulación por el Estado, terminaría con el delito, la corrupción y la violencia, porque vender cocaína o marihuana no sería una actividad más lucrativa que vender té o azúcar (salvo que el empresario sea el Estado cubano).

También tenemos otras evidencias que no son conjeturas. Si se excluye el alcohol y se considera a la cocaína y a los opiáceos –supuestamente adictivos per se– no se explica que, con el gran número de preparados puestos legalmente a la venta en las primeras décadas del pasado siglo, sólo el 0,5% de la población estadounidense adoptase conductas adictivas (según estudios de la Asociación Médica Americana y la Comission on Drug Adiction). En 1910 los usuarios norteamericanos de opiáceos naturales eran casi todos adultos socialmente bien integrados. Hoy la mayoría son adolescentes y jóvenes que incumplen todas las expectativas familiares y sociales que se tienen respecto de ellos. ¿Han cambiado los opiáceos o han cambiado las formas de acceso a ellos?

La guerra contra las drogas está condenada al fracaso porque es económicamente inviable, políticamente autoritaria y culturalmente oscurantista.

“Con todo –concluye el libro de Escohotado–  hay en el hombre contemporáneo algo capaz de defender la prohibición, incluso reconociendo que no es una empresa políticamente desinteresada (…). Ese algo es el miedo, a sí mismo y a los otros, que admite censores para el estado de ánimo como otrora los admitió para ritos o ideas. Al fin y al cabo, del miedo y de los atajos para obtener su alivio proviene la mayoría de las adicciones a una u otra droga”.

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2 Responses to La guerra (perdida) contra las drogas/2

  1. Miguel Barboza dice:

    Absolutamente de acuerdo con lo dicho. En 1998 la Asamblea General de las Naciones Unidas comprometió a los estados miembros a lograr “un mundo libre de drogas” y a “eliminar o reducir significativamente” la producción de opio cocaína y cannabis para el 2008. El fracaso está a la vista.En un artículo a propósito del tema, Savater decía que uno de los mejores inventos de la dictadura española era aquello de echarle la culpa de todas las calamidades a “los rojos”, y que ahora ese lugar era ocupado por “los drogadictos”. Vale el ejemplo español si se adapta a cada país.
    Mientras la droga tenga un valor comercial tan imponente, que de un precio mínimo que le pagan al productor se transforme al final en algo tan rentable, será un negocio tan bueno que se repetirá todos los años. Hay un hecho que no puede ser soslayado: por algún motivo un 5% de la población mundial consume algún tipo de droga ilegal (ni que hablar de las legales: alcohol, tabaco, tranquilizantes, etc.). El porqué de que eso suceda está analizada de manera sucinta y clara en el artículo. El hecho es que se da. La demanda no se detiene. Lo que ocurre es que la oferta está en manos de delincuentes que mueven más dinero que muchos estados, lo cual les permite “comprar” aquien sea para asegurarse de que la situación no cambie. El principal país consumidor de “drogas ilícitas” son los Estados Unidos. Ahí se destinan cifras incalculables a “combatir” el tráfico de drogas, y si bien el consumo de cocaína no ha aumentado en los últimos años, tampoco ha disminuido, aumentando el de heroína. La toma por parte de los estados de las riendas de la producción y la comercialización, sacaría del circuito (no sin sacrificios) a los narcos, ofreciendo substancias más puras, menos dañinas, a un precio que no obligue a prostituirse para comprarla. Y los recursos que se generen, aplicarlos a la educación, para que cada quien haga lo que estime mejor sin dañar a un tercero, y al tratamiento del quien lo necesite o requiera.

  2. MARIA LORENTE dice:

    Brillante artículo!!! Gracias!

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