De nuevo con los impuestos

El empeño del gobierno en gravar los dineros que los uruguayos y residentes en este bendito país han enviado al exterior en la creencia de que allí estarán mejor protegidos ha suscitado, como era de esperar, reacciones de todo tipo y color, como las que suscitó en su día la aprobación del impuesto a la renta de las personas físicas. Cada vez que se pronuncia la palabra impuestos, al ciudadano corriente se le revuelven las tripas o se le eriza la piel.

Y a la zaga del ciudadano corriente, aparecen los políticos para susurrar explicaciones que llevan agua a su molino, es decir para anunciarnos las calamidades que sobrevendrán si se aprueba el mentado impuesto sobre los depósitos en “ultramar” (como advierte la oposición) o si no se lo aprueba (como sugiere el gobierno). Lo interesante de estas reacciones y explicaciones es lo que revelan acerca del mundo en el que vivimos, ya que nos hablan de ciertos rasgos de las sociedades contemporáneas. La controversia lleva las marcas indelebles de este tiempo. Lo cómico es que, según se esté en la oposición o en el gobierno, las posiciones de unos y otros parecen perfectamente intercambiables.

Significativamente, la discusión no refiere a la justicia o la injusticia de gravar los intereses de los depósitos de los uruguayos en el exterior (unos 9.000 millones de dólares, según cálculos oficiales). Que ese aspecto de la iniciativa del gobierno esté prácticamente ausente de la discusión indicaría que a nadie le resulta chocante que se graven los intereses de los depósitos, con independencia de que se los tenga en la sucursal bancaria del barrio o en la de un pueblo de los Alpes suizos. No, al parecer la controversia atañe a las consecuencias, a las amenazadoras consecuencias, de gravar a unos y a otros. En otras palabras, remite a si nos podemos permitir hacer justicia tributaria sin correr el riesgo de echarlo todo a perder. Y en ese sentido hay que decir que la respuesta es, de hecho y con los matices del caso, mayoritariamente negativa. Desde los neoliberales más conspicuos hasta la izquierda gobernante en el mundo parecen coincidir en que no es posible poner reglas demasiado estrictas al capital o impuestos demasiado elevados a la riqueza y que si lo intentamos marcharemos insensatamente hacia la catástrofe. Es asunto discutible dónde termina lo razonable y comienza el demasiado para ese capital nómada capaz de levantar vuelo a la menor contrariedad. De hecho, la izquierda y la derecha discuten, acaloradamente a veces, dónde termina lo primero y empieza lo segundo. No lo es, en cambio, que, más allá o más acá, esa frontera existe, y que la amenaza de que el capital contrariado y liviano de equipaje se mude de país es real y no una coartada de gobiernos sumisos o timoratos. De esa convicción provienen los límites y las ambigüedades de la reforma impositiva que se aprobó hace cuatro años en este país y cuyos propósitos explícitos fueron introducir más justicia tributaria y simultáneamente fomentar el llamado clima de inversión. Un desafío para auténticos equilibristas.

Los recursos al alcance de los Estados nacionales para promover la justicia o, mejor, para enfrentar la producción de injusticia en el espacio global, son hoy patéticamente inadecuados. Entre otras cosas porque actualmente el poder se ha divorciado de la política, al menos de la política entendida a la vieja usanza, es decir como capacidad de configurar a voluntad un orden social en el territorio donde ejerce su soberanía. No parece que la política nacionalmente entendida, atada al territorio, suponga un impedimento insuperable para unos agentes cuyo poder reside precisamente en su capacidad para desplazarse en cualquier momento y fluir libremente y sin cortapisas. Ni los trabajadores ni la política tienen esa “capacidad de retención” del capital que tenían cuando el principal activo de un inversionista era una fábrica o un recurso que no se podía trasladar consigo en una laptop. Cualquier iniciativa de un Estado nacional tendiente a introducir más justicia en la “sociedad local” y que disguste a los inversores deberá enfrentar la amenaza de severos castigos. Y no abundan los políticos dispuestos a correr ese riesgo o a cargar con la responsabilidad de convertir a su país en una segunda Corea del Norte. De ese estado de cosas proviene la impotencia de la política actual. Que ésta recupere su poder configurador es algo que, en este tiempo, sólo puede ocurrir a escala global, es decir a través de alguna forma de política que esté a la altura de la economía globalizada.

A su manera, las rencillas entre políticos a las que hoy asistimos nos hablan de estos problemas. Una manera que a veces confunde, porque tiene prohibido reconocer cualquier consideración que pueda beneficiar a los políticos rivales.

Conviene señalar dos fenómenos que permiten contextualizar el proyecto oficial y tal vez evitar el escepticismo respecto de los efectos prácticos que pueda tener. El primero es que la actual crisis ha instalado en el mundo, y particularmente en las sociedades más desarrolladas, que son las que establecen las reglas de juego, un clima de alarma que puede favorecer, y de hecho favorece, el segundo fenómeno, esto es la imposición de normas que no llegan a suprimir, pero regulan el casino financiero imperante.

Esta segunda novedad resulta particularmente relevante para un país como Uruguay, sospechoso desde tiempos inmemoriales de favorecer la opacidad de los movimientos del capital financiero. Ya en la recta final del gobierno de Tabaré Vázquez, Uruguay fue objeto de un severo tirón de orejas por ese motivo e incluido en una lista de países poco cooperadores con los esfuerzos por hacer más transparente el mundo de las finanzas (lo que en su momento fue considerado poco menos que una ofensa a la patria). Y ahora nos enteramos de que una de las condiciones para ser retirado de esa lista oprobiosa era firmar 12 convenios con países que mostraran disposición a colaborar en el intercambio de información tributaria. Una exigencia que este gobierno se dispone a satisfacer, porque resistir esa demanda sería el preámbulo del destierro del grupo de naciones respetables. Ni más ni menos que lo que ocurre cuando algún gobierno insinúa que no pagará sus deudas o no se muestra suficientemente comprensivo con “los mercados”. En uno de sus habituales raptos de franqueza, el presidente José Mujica confirmó estas sospechas cuando dijo que “no entramos por voluntad propia, son las nuevas reglas que están apareciendo en el mundo para frenar el libertinaje financiero”.

Paradoja de estos tiempos globales, la firma de dichos tratados es la que hoy le permite al gobierno controlar (al menos con doce países) los movimientos de capital y gravar los intereses de los depósitos que los uruguayos tengan en esos países. Una empresa que de otro modo hubiera tenido un destino incierto. La contrapartida, claro está, consiste en que las autoridades tributarias locales hagan lo propio con las de los países firmantes de esos tratados y “delaten” a los defraudadores y malabaristas financieros, lo que ha hecho que los guardianes de las “libertades individuales” pusieran el grito en el cielo.

Está claro que frente al desafío de contrarrestar “la producción global de injusticia”, por emplear la expresión de Zygmunt Bauman, la propuesta de gravar los depósitos que algunos uruguayos tienen en ese puñado de países representa una gota de justicia en un mar de injusticias. Pero lo que intento demostrar –no sé si con fortuna o sin ella– es que incluso esa gota resultaría impensable si no se dispone de alguna institución o ley tan internacionales como el propio capital.

Ahora estamos en condiciones de tener una respuesta más matizada a si en el contexto de una economía globalizada podemos o no permitirnos introducir el criterio de justicia en la práctica política. “Ahora podemos gravar esos intereses financieros, antes era una quimera”, es lo que vino a decir el ministro de Economía del gobierno progresista.

En cualquier caso, poco interesan las intenciones. Después de todo resulta irrelevante si con esta nueva ley el gobierno se propone “hacer los deberes”, como se suele decir ahora, o está animado por una auténtica aspiración de justicia y aprovechó la ocasión para derramar esa gota en el mar. O ambas cosas al mismo tiempo.

Sin embargo, nuestro líder opositor Pedro Bordaberry sí parece interesado en los impulsos morales que laten detrás de las iniciativas gubernamentales. Y para expresar esa preocupación no tuvo mejor ocurrencia que ir a beber de las fuentes de la izquierda (de la izquierda cuando era oposición, claro). Dijo Pedro: “El gobierno del Frente Amplio se termina de bajar los pantalones y entrega la soberanía frente a la presión de los países ricos (…); le podría poner todos los adjetivos que el Frente Amplio nos ha puesto a nosotros durante años: entregador de la soberanía, vendepatria y no sé cuántas cosas más”.

Termina causando gracia el desconcierto que provocan ciertas tendencias propias de este tiempo en algunos políticos. Pertrechados con viejos clichés, reaccionan con los automatismos de antaño y apenas atinan a intercambiar papeles con sus rivales. Mujica nos anuncia aquello que su izquierda nunca quiso oír en la oposición, es decir que ese comodín que es “la voluntad política” no basta para eludir las anónimas pero poderosas constricciones de los mercados y Bordaberry parece haber descubierto aquello que todos los conservadores han ignorado (o ridiculizado) hasta hoy: que a pesar de todos los pesares y de los estrechos márgenes de maniobra que se quiera, en los asuntos humanos casi siempre puede hacerse algo más, por modesto que sea ese algo más, que bajarse los pantalones. Enhorabuena.

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4 Responses to De nuevo con los impuestos

  1. Daniel dice:

    Coco, son casi las 11, estoy cansado, y no leí mas que 5 o 6 líneas.
    A cuenta de mayores comentarios te digo que discrepo de cabo a rabo con tu afirmación de que frente a estos temas, al ciudadano común se le revuelven las tripas. Te aseguro que al ciudadano cumún, al que vive de su laburo, de su salario, esos temas le importan menos que nada.
    Es muy probable que al final nuestras opiniones sean similares, ocurre en la mayoria de los temas, pero tendré que leer todo el artículo, y para eso tengo que disponer de tiempo.
    Vaya en forma explicita una crítica que tal ves pueda parecer redundante: lo bueno si breve es doblemente bueno.
    Mas en estos tiempos en los que el idem es un bien escaso.

    ¡Vamos Violeta todavia!!!

  2. Yo dejo que discrepe todo lo que quiera, Daniel, pero para hacerlo de “cabo a rabo”, espero que lea el artículo entero, porque el objeto de la discrepancia es totalmente secundario respecto del tema central del artículo. Ya verá.

    Sí, es verdad que EN ESTE CASO (es decir el proyecto de gravar los depósitos en el exterior) el asunto no le quita el sueño a un trabajador que vive de su salario (aunque debería quitárselo un poco, no porque tenga rupias en Suiza o Islas Caimán, sino por aquello de la justicia tributaria). En cualquier caso, mi afirmación era más bien genérica, referida a los impuestos en general, no a éste en particular.

    Salute

  3. nicole dice:

    Hay muchos países que gravan la salida de capitales de su territorio. Por ejemplo Brasil grava con un impuesto cercano al 30% los giros que se hacen hacia el exterior. Eso significa que se desestimula la salida de capitales antes de salir y no una vez que ya están fuera del país. Si querés enviar al exterior 1.000.000 usd podés hacerlo pero tenés que dejar un 30% por concepto de impuestos (lo que implica además justificar cómo se obtuvo ese millón).En Brasil esto existe desde mucho antes del gobierno de Lula. Lo que sucede es que el Uuguay fue y sigue siendo una plaza financiera y esta medida es una pequeñísima muestra de buena voluntad para la OCDE que nos tiene en su lista gris, lo que implica pagar tasas de interés bastante más altas.

  4. No puedo ver el Rss de su blog.

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