Ley de Caducidad: ¿quién debe tener la última palabra?

Unos invocan la sagrada voluntad del pueblo expresada en las urnas.  Otros, el imperativo de respetar el derecho vigente (en este caso la legislación internacional suscrita por el Estado uruguayo en materia de derechos humanos). Amparándose, pues, en legitimidades diferentes, los primeros impugnan la decisión del gobierno de terminar con una ley que obstaculizó el juzgamiento de los violadores de los derechos humanos durante la dictadura y los segundos defienden a capa y espada su derogación.

La interminable discusión sobre la llamada Ley de Caducidad remite, pues, a la legitimidad de las decisiones políticas en las democracias contemporáneas. Legitimidad que resulta cada vez más problemática porque, dependiendo de los casos y las circunstancias, abreva en fuentes diferentes y en ocasiones mutuamente excluyentes.

En el caso que nos ocupa, quienes se oponen a la iniciativa de derogar o decretar la inaplicabilidad de una ley que a su manera amnistió a los militares alegan que la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de mantener la ley, expresada en dos plebiscitos, tendría preeminencia sobre cualquier otra consideración, incluida la que esgrimen los defensores de terminar con esa ley, esto es que la última palabra la tienen los tratados y convenciones internacionales que protegen los derechos humanos, a los cuales ha adherido el Estado uruguayo. Estos últimos emplean además otro argumento del mismo tenor: la Corte Suprema de Justicia emitió hace unos meses un fallo por el que consideró que la ley era anti-constitucional.

Estamos ante uno de los típicos, y cada vez más habituales, casos de oposición entre democracia, entendida como la voluntad de la mayoría, y textos legales o instituciones que acotan el campo de lo que la mayoría puede decidir. El asunto es tan viejo como la propia política y entre otras cosas atañe a la desconfianza que siempre suscitó el poder, incluido (o sobre todo) el que está legitimado por el voto de la mayoría, y a la necesidad de controlarlo. De esa inquietud nacieron la protección de los derechos individuales y las barreras contra la tentación de que las mayorías avasallaran a las minorías y que fueron incluidas en los textos constitucionales de las democracias modernas.

Los liberales del siglo XIX creyeron que los derechos individuales debían protegerse mediante disposiciones que no dependieran del cambiante humor de la multitud. Los enciclopedistas ya hablaban de la necesidad de unos poderes encargados de “contrabalancear” a las autoridades elegidas. Detrás se ocultaba el temor del liberalismo conservador al poder irreflexivo de la masa y a las pasiones de la multitud. La tradición republicana, en la que durante un tiempo abrevó la izquierda, erigió, por el contrario, el sufragio universal en el punto indiscutible y suficiente de la democracia. Para ella no podía haber nada por encima del voto de la mayoría y asumían que los ciudadanos no estaban obligados a respetar leyes e instituciones en cuya aprobación no hubieran tenido alguna forma de participación, aunque fuese indirecta.

La preocupación liberal por erigir cotos vedados a lo que puede decidirse mediante el voto de la mayoría (disposiciones constitucionales) con sus guardianes específicos (altos magistrados o tribunales supremos) obedece, creo yo, a que el liberalismo concibe a la libertad meramente como libertad negativa (es decir como aquello que no se me puede impedir). Ve a los ciudadanos únicamente como potenciales amenazas a la libertad del individuo, de ahí la necesidad de “protegerse” frente a las “peligrosas” intromisiones en su vida. Le es ajena una idea más sustantiva de libertad, como libertad positiva, es decir como las condiciones que debe tener el individuo para poder decidir con autonomía la forma en que quiere conducir su vida y que sólo pueden garantizarse con los demás, en el ámbito político. Para la tradición republicana, los demás no son una amenaza de la que debo protegerme, sino la condición de mi libertad. Temor y pesimismo antropológico (la idea de que el individuo sólo se mueve por intereses) son los que están detrás de la preocupación liberal por acotar aquello que puede ser decidido por la mayoría en el ámbito político (incluidos los representantes de esa mayoría). Si es ingenuo o ilusorio esperar que el ciudadano se vaya a comprometer con el bienestar de los otros y la neutralidad liberal –para la que no hay elecciones más valiosas que otras– se desentiende de los valores cívicos, sólo cabe pensar en una protección prepolítica de los derechos, no una decidida por los ciudadanos. Hay que decir que esta preocupaciòn no es enteramente descabellada: si no se sacraliza la voluntad de la mayoría, es posible pensar que ésta puede legitimar el privilegio o la arbitrariedad (si todo puede ser votado, ¿por qué habría que descartar que se decida que los negros o los minusválidos, por ejemplo, no pueden acceder a la universidad o tener propiedades?).

La tradición republicana, sin embargo, siempre creyó que esa protección de los derechos individuales estaría mejor garantizada por la virtud cívica, es decir por ciudadanos activamente comprometidos y participantes en la cosa pública. En otras palabras, que no se necesitaban cotos vedados, garantías que estuvieran más allá de la esfera política.

Los críticos del liberalismo han intentado siempre deslegitimar todas las expresiones de la sociedad que no fueran consagradas por las urnas. Los republicanos tradicionalmente han cargado las tintas del lado de la mayoría y han desconfiado de cualquier intento de recortar aquello que puede ser decidido por los ciudadanos. Jefferson escribió que ninguna generación puede sustraer a la siguiente, mediante disposiciones constitucionales, la capacidad de decidir sobre cualquier asunto político. Se planteó incluso la pregunta de si acaso cada generación no debía aprobar de nuevo todas las leyes. Los contratos mueren con quienes los han firmado, alegaba. Si esto suena razonable, mucho más lo es el rechazo a que jueces, tribunales, constituciones, defensores del pueblo hurten a la mayoría de sus contemporáneos la capacidad de decidir sobre determinados asuntos. Entre otros, uno tan eminentemente político como el estatuto de la propiedad privada, cuya protección está incluida en casi todas las constituciones actuales.

Pero no sólo los liberales han intentado establecer muros infranqueables a la voluntad general. También una parte de los republicanos y de la izquierda contemporánea ha apelado a las más variadas justificaciones –proteger a las minorías, evitar unas preferencias formadas en las peores condiciones, irracionales, caprichosas–  para aceptar límites a la decisión de la mayoría, fijar materias sobre las que no se puede votar (idea fuerte de derechos) o instituciones no sometidas a la voluntad popular y que se reservan importantes ámbitos de decisión.

Se podrá tener la opinión que se quiera sobre estas disposiciones constitucionales y sobre las instituciones encargadas de controlar que las decisiones políticas se ajusten a ellas (Cortes Supremas de Justicia, Tribunales Constitucionales, etc.), pero nadie puede negar que suponen una limitación, un angostamiento de aquello que puede ser decidido por los ciudadanos o sus representantes. En otras palabras, en nuestras democracias contemporáneas estamos lejos de poder afirmar que detrás de todas las decisiones políticas está la voluntad de la mayoría, aun en el caso de que se considere que esa voluntad está encarnada en sus representantes, que después de todo tienen más motivos para sentirse sus depositarios que personas e instituciones que no han sido elegidas democráticamente, y a las que la literatura política actual ha dado en llamar, apropiadamente, contramayoritarias. Al respecto, creo que hay buenas razones para oponerse a los cotos vedados que suponen esas instituciones contramayoritarias, aunque tampoco escasean las disponibles, no para acotar aquello que los ciudadanos pueden decidir, pero sí para oponerse a una idea de democracia que sería apenas la versión ampliada de una consultora de opinión pública, es decir que comienza y termina con la contabilización de las preferencias individuales, formadas privadamente, es decir prepolíticas, no precedidas de una deliberación pública y de la que pueden esperarse los resultados más caprichosos e infundados. En las condiciones en las que actualmente se toman las decisiones, se entiende perfectamente la desconfianza en las que podrían tomar las grandes mayorías. Por si no tuviéramos suficientes, hay que señalar aquí otro problema: que el motivo por el que se legitimó el criterio de la mayoría reside en que se suponía que ésta era un dique de contención de los excesos de una minoría opresora, pero ahora la idea de minoría ya no se asocia a la de grupo opresor, a menudo son las minorías las que se consideran oprimidas.

De modo que puede decirse que en las actuales democracias contemporáneas tenemos más de una fuente de legitimidad. La actividad democrática ordinaria mezcla, pues, permanentemente decisiones políticas y decisiones judiciales; decisiones democráticas, legitimadas por el criterio de la mayoría, y decisiones de instituciones contramayoritarias. La actividad democrática desborda largamente el marco de las instituciones electoral-representativas. El ciudadano ya no se contenta con hacer oír su voz en las consultas electorales, no cree que la selección de los gobernantes que ha legitimado con su voto implique automáticamente una legitimación de todo aquello que esos gobernantes decidan.

Un breve inventario de los últimos años puede servir para confirmar el papel nada menor de las instituciones contramayoritaras: la derogación del impuesto a la renta sobre las jubilaciones por la Suprema Corte de Justicia en Uruguay, los fallos de altos tribunales estadounidenses sobre el aborto, el casamiento entre homosexuales y la eutanasia; la despenalización del consumo de drogas, la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y el fin del monopolio sindical de la CGT en Argentina, la ratificación de la despenalización del aborto por la Corte Suprema en México, la prohibición de que el presidente Alvaro Uribe se postulara a un tercer mandato en Colombia, el alcance de las autonomías de Cataluña y el País Vasco y en general todos los casos de controversias políticas que terminaron dilucidándose en los tribunales.

¿Y entonces? A quienes se rasgan las vestiduras porque, con su iniciativa, el actual gobierno desconoce la voluntad de la mayoría de mantener la Ley de Caducidad, expresada en dos oportunidades en las urnas, hay que recordarles no sólo que el Parlamento es una institución conformada según la voluntad de las mayorías, sino que además no es inhabitual que instituciones contramayoritarias tomen decisiones políticas; forma parte del normal funcionamiento de nuestras democracias. A las instituciones contramayoritarias han apelado incluso quienes hoy se enervan por el irrespeto de la voluntad mayoritaria, como lo ilustra el caso citado más arriba del recurso ante la Corte Suprema para invalidar el impuesto a la renta sobre las jubilaciones, aprobado por el Parlamento.

Pero sin duda, las contradicciones en las que ha incurrido la izquierda en el gobierno son las más llamativas de todas. Se puede, naturalmente, invocar el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por Uruguay. Lo que no se puede es convocar a los ciudadanos a las urnas para que legitimen la derogación de una ley y cuando el resultado del plebiscito no es el que se espera, apelar a las instituciones contramayoritarias y alegar que determinados derechos y compromisos jurídicos están por encima de la voluntad de la mayoría. Hay preguntas ineludibles en estas circunstancias: ¿por qué el Frente Amplio, que durante toda la legislatura pasada contó con mayoría absoluta en el Parlamento, no derogó una ley que considera inconstitucional y violatoria de todos los compromisos internacionales firmados por el Estado uruguayo? ¿Por qué, habiendo tenido cinco años para hacerlo, prefirió convocar a los ciudadanos a las urnas? Respuesta tentativa: porque nadie osó enfrentarse al líder máximo, Tabaré Vázquez, quien dijo que jamás derogaría la Ley de Caducidad. Segunda respuesta tentativa: porque, imbuido del fetichismo del número, sacralizó el procedimiento del voto, porque creyó que las preferencias ciudadanas, aun formadas en las peores condiciones –sin deliberación pública en la que se deben argumentar esas preferencias– expresaban de alguna manera “el interés general”. Ahora el Frente Amplio se ha visto obligado a beber de su propia medicina.

Para el ciudadano contemporáneo, y por lo visto también para el Frente Amplio, la democracia es sinónimo de contar votos. Pero lo que resulta más controvertible de esta idea de democracia es que para ella las preferencias de cada uno serían prepolíticas, se formarían en el ámbito privado. Cada uno concurriría a la arena política a hacer valer las suyas, éstas se cuentan y se toma la decisión más acorde con las preferencias de la mayoría. A la salida de este proceso cada uno se vuelve para su casa con la convicción de que sus preferencias (sus gustos, habría que decir a estas alturas) resultaron minoritarios, pero en ningún caso convencidos de que se tomó la decisión más razonable y justa. Las preferencias “políticas” de las que hablan los liberales, y el Frente, se parecen demasiado a las de un consumidor: se tendría una preferencia política como se tiene una preferencia cromática. Es decir, no serían susceptibles de argumentarse o defenderse públicamente según criterios de justicia. Mucho menos de modificarse a la luz de buenas razones. Entre otras cosas, porque las preferencias serían sinónimo de intereses… o de gustos. El liberalismo está comprometido con una versión neutra de la democracia y sus instituciones. La democracia sería desde su punto de vista apenas un procedimiento para tomar decisiones.

Pues bien, a la vista tenemos ya una consecuencia posible de la democracia entendida como mero procedimiento para expresar preferencias individuales: a pesar de que muchos idealizan un simple procedimiento, la democracia plebiscitaria, los ciudadanos no necesariamente toman las decisiones más sabias y justas, pueden tomar decisiones caprichosas o egoístas, entre otras cosas porque en la democracia del número, las preferencias no están obligadas a justificarse, porque no se sopesan, simplemente se cuentan.

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4 Responses to Ley de Caducidad: ¿quién debe tener la última palabra?

  1. Cocolino Neptuno dice:

    De acuerdo con el final. Pero no cierra el tema. Hay que hacer un GRAN ACUERDO NACIONAL y manejando otro tipo de argumentos (el paso del tiempo) con otro tipo de interlocutores (Macarena Gelman y las nuevas generaciones que nacieron después de la dictadura) y DEROGARLA pero con una mirada MUCHO MAS AMPLIA que la que argumentan los diputados que promovieron la anulación en el PARLAMENTO. creo que es una oportunidad histórica para las nuevas generaciones políticas, pero me parece que no hay uñas pa guitarrero, porque no hay nuevas generaciones de políticos.

  2. Fernando Barreiro dice:

    Solo un comentario a las diferencias entre republicanismo y liberalismo, o entre preferencias y razones, apuntadas por Jorge Barreiro. Al respecto, cabría más de un matiz.

    Sobre la deliberación como principal motor para alcanzar el bien común y como mecanismo para modificar las preferencias en base a buenas razones, tengo mis “dudas razonables”. Cabría preguntarse: ¿bastaría con alegar razones para convencer a quienes sustentan posiciones contrarias? Y qué concepto de razón o racionalidad subyace a esta perspectiva? Los paladines republicanos de la deliberación olvidan que a los individuos les guía menos la racionalidad que las pasiones o los afectos, y que pueden ser leales hasta la muerte a posiciones políticas por motivos muy poco racionales. Y esa esfera no racional es difícilmente domesticable. Los individuos se mostrarán reacios a modificar sus opiniones si afectan a sus intereses. Los diferentes grupos podrán hacer concesiones para alcanzar algún tipo de consenso o de modus vivendi, pero en ese caso, se tratará de simples pactos entre grupos a la manera liberal.

    Los neo republicanos dicen que sí, que es posible esta modificación de preferencias por buenas razones, y para ello alegan que son necesarias las llamadas “virtudes ciudadanas”. Algunas de las actuales corrientes neo-republicanas (las más radicales) se adhieren a la concepción de la política como forma de estar en el mundo, y a la idea de que la comunidad dota al individuo de identidad, de sentido, de brújula para orientarse en la esfera moral, le hace humano y moral, y le ayuda a desplegar sus potencialidades y a trascender la mera existencia individual, marcada por la futilidad. Pero esta forma sustantiva de entender la política poco tiene que hacer en el marco de nuestras sociedades modernas marcadas por el pluralismo. Pues requiere la vuelta a la polis, a comunidades pequeñas, cohesionadas e integradas, en cuyo seno puedan brotar la fraternidad, la solidaridad y la idea del bien común.

    Pues la creencia de los republicanos radicales en que la auténtica condición humana es la ciudadana (la virtud ciudadana) y en que solo existe una única concepción del bien, convierte al individuo políticamente desafecto en culpable. A este enfoque “perfeccionista” del republicanismo, a esos “nostálgicos de la libertad de los antiguos” que elevan la actividad política al rango de fin supremo y convierten la participación en la espina dorsal de la republica, incluso uno de los principales teóricos republicanos actuales Philip Petit les ha dado la espalda y tachado despectivamente de neo-atenienses.

    Otro republicano radical de hoy en día como Félix Ovejero parece dar crédito a su argumentación pues sus muestras de optimismo y de buena voluntad para alcanzar el interés general y la virtud cívica contrastan con su mas realista consideración en uno de sus textos: es posible que al no darse las condiciones materiales y sociales para la realización de la virtud, solo quepa resignarse a la solución liberal.

    En todo caso me parece discutible la denuncia moral del liberalismo y asociarlo de manera un tanto maniquea, con egoísmo, insolidaridad y materialismo.

    El apego a la vida privada no solo es fruto de un empobrecimiento de la vida pública, sino del enriquecimiento de la esfera privada. Si el individuo moderno ya no persigue su realización únicamente en el mundo de la política, a diferencia de los griegos, es también porque su entorno social y personal se ha vuelto más enriquecedor y le proporciona más gratificaciones que al ciudadano antiguo. Se pueden encontrar múltiples explicaciones a este hecho, desde la valoración del amor romántico y de la familia nuclear (con su énfasis en la intimidad y la privacidad) al desarrollo de las modernas formas de ocio y de consumo, o a la aversión moderna por la guerra que, dicho sea de paso, los grecorromanos valoraban y ensalzaban.

    Desde la óptica republicana se define la virtud como el sacrificio del interés particular en aras del bien. Los ciudadanos antiguos se entregaban a la pasión del bien común cuanto menos podían satisfacer sus pasiones personales.

    Pero quizás podamos pensar en una integración más razonable y razonada entre lo público y lo privado. Ya el abate J. Sièyes decía algo así: “Cobijado por la seguridad común, me dedicaré tranquilamente a mis proyectos personales, perseguiré mi felicidad a mi libre entender, seguro de no encontrar obstáculos legales a mis deseos mas allá de lo que la sociedad prescribe en aras del interés común, con el que mi interés particular ha establecido una útil alianza.”. .

  3. Un par de precisiones a las precisiones de Fernando. Cuando se quiere refutar una idea, se suele recurrir a la versión más caricaturesca de la misma. Y en este caso esa caricatura consistiría en que quienes apuestan a la virtud cívica, a la participación y a la deliberación como posibles formas de ejercer la ciudadanía, son “neoatenienses” o “republicanos a la antigua”, como si la única forma imaginable de practicarlas fuera reunir al conjunto de los ciudadanos en una plaza pública para que deliberen, eventualmente se persuadan unos a otros y, finalmente, voten. Está claro que no estoy pensando en semejante cosa, sobre todo cuando la calle ha dejado de ser el espacio público por excelencia. Pero se me ocurre que en la actualidad existen unos cuantos ámbitos más que el ágora para ese ejercicio. Lo que sucede, me parece, es que tenemos unas instituciones que no facilitan en absoluto esas posibles disposiciones cívicas (digo posibles porque más abajo me referiré al asunto, que parece ser la otra fuente de discrepancia entre ambos). A un ciudadano que quiere participar hoy se le ofrecen la modestia del voto cada x años, convertirse en miembro de un partido (al que se le demanda más adhesión acrítica que otra cosa) o en un profesional de la política (que debe dedicarse a ella a tiempo completo). No existen ámbitos más flexibles para involucrarse puntualmente en determinados asuntos públicos y no necesariamente en todos.

    No soy un experto en materia de ideas republicanas, pero tengo entendido que la recuperación de esa tradición hace algo más de veinte años por historiadores y filósofos políticos se basó en impugnar la idea de que lo único que había para elegir en la historia política de Occidente era entre liberales y comunitaristas. El republicanismo quería recuperar algo que había quedado olvidado en el siglo XIX, y que tenía sus hitos en la Atenas democrática, la Roma republicana, las repúblicas italianas del Renacimiento y las revoluciones de finales del siglo XVIII. Republicanos antiguos y contemporáneos hay para todos los gustos, pero puede decirse que tienen rasgos en común (si es que no resulta algo temerario agruparlos, como suponen algunos teóricos). Entendían y entienden que la participación no está reñida con la libertad, sino que es un modo de garantizar colectivamente los derechos, a los que no concebían en oposición a la política ni a la voluntad popular, sino asegurados desde ellas. Los republicanos pensaban 1) que los ciudadanos sólo podían ser libres en una república libre y para ello tenían que estar comprometidos con la libertad de todos sus miembros y, por ende, aceptar sus deberes políticos (y militares en otro tiempo); 2) que para evitar que en lugar de tener leyes justas tengamos poderes arbitrarios, se necesitaba impedir la concentración del poder (separación de poderes, por ejemplo) y el control democrático de los gobernantes; 3) que se necesitaban ciertos requisitos sociales y económicos para ejercer la ciudadanía. Algunos de los inspiradores de la Constitución norteamericana pensaban que la propiedad era imprescindible en ese sentido porque suponían, y suponían bien me parece, que sin independencia material no era posible tener independencia de juicio (hoy puede no ser la propiedad pero sí algunos requisitos materiales básicos… algunos hablan de la renta básica de ciudadanía); 4) poner límites a la desigualdad, porque con grandes desigualdades es poco probable que los ciudadanos asuman que tienen intereses en común y, por tanto, resulta improbable el compromiso cívico (de esta convicción nace, sospecho, la identificación de una parte de la izquierda con esta tradición); y 5) disposición a la participación activa, virtud cívica, pues sin ella hasta las mejores leyes e instituciones carecerán de vitalidad.

    Dentro de esta bolsa hay de todo, naturalmente (incluidos algunos que son más escépticos respecto de las disposiciones cívicas de los individuos y piensan, al igual que algunos liberales, que los derechos deben garantizarse de forma prepolítica). Pero cualquiera sea la clasificación que se quiera hacer, lo que no puede hacerse es destripar ese ideario y, por ejemplo, señalar con el dedo la desafección ciudadana por la cosa pública sin recordar al mismo tiempo que buena parte de los ciudadanos no tienen garantizadas esas condiciones materiales mínimas o viven en un mar de desigualdades.

    Sí, es evidente que mis referencias a la participación, la deliberación y la virtud cívica NO constituyen una descripción de cómo funcionan las cosas hoy, sino que son más bien un anhelo, un horizonte. Si se dieran hoy las condiciones ideales de esa participación, de esa deliberación y de esa virtud cívica, estaríamos ante la sociedad ideal (tal vez por eso esas condiciones estarán siempre por cumplirse, no estarán nunca del todo realizadas). En otras palabras, las cosas funcionan más como las describe Fernando.

    Más como él las describe, pero no enteramente. Y es ésta la segunda precisión que quería hacer. ¿Los individuos intervienen en política siempre por interés? ¿Les es ajeno eso que llamamos “bien común”? No estoy para nada seguro. Todos los días percibo muestras de que a los individuos no los mueve únicamente su interés particular o por competir, sino que también son capaces de mostrar desprendimiento y de cooperar con los demás (tal vez en algún rincón intuyen que sólo podemos garantizar nuestra libertad con los demás y no frente a los demás). Lo que posiblemente esté ocurriendo (y quizás sin el posiblemente) es que esa cooperación y ese desprendimiento se manifiesten de una forma anti-política (a través de la caridad entre otras formas). El día que llegue a la conclusión de que los individuos concurren a la esfera pública únicamente para hacer valer sus intereses, firmaré la partida de defunción de este blog. ¿Qué sentido tendría? O, “resignado a la solución liberal”, lo utilizaré para presentar mis ofertas en el mercado político.

    En un punto, sin embargo, me siento interpelado por el pesimismo de Fernando. Puede decirse que hasta lo comparto. Pero ese punto no refiere a que los individuos se muevan sólo por intereses, sino a lo difícil que es en política persuadir a alguien, a lo extremadamente complicado que resulta cambiar de opinión a la luz de buenas razones y argumentos, a la titánica tarea de modificar nuestros puntos de vista. Y sin esa posibilidad todas las expectativas de ciudadanía participativa y virtuosa quedan en entredicho. Ahí soy escéptico. Pero no lo atribuyo al egoísmo congénito de los individuos, a que se muevan únicamente por intereses, sino a anteojeras ideológicas, a esa inclinación atávica a creer que cambiar de opinión es una especie de traición a vaya a saber uno qué principios sagrados, a la generalizada confusión entre ideas y personas (“mis ideas son como mi honor, si las modifico lo pierdo”). Pero todo esto ya nos llevaría por otros caminos.

  4. nicole dice:

    Yendo al tema práctico directamente, creo que el gobierno del FA tiene un ‘compromiso’ de no tocar la Ley de Caducidad. Se hace evidente porque no se derogó durante el primer período de gobierno (hubiera sido el momento ideal como sucedió en Argentina), y no parece que se vaya a derogar durante el segundo (suena extraño que no se llegue a los votos necesarios en el Parlamento).
    Considero que la idea fue pasar la responsabilidad a la cuidadanía a través de la consulta popular pero no resultó como estaba previsto; no porque a la gente no le interesara el tema como se sugiere sino porque justamente muchos votantes del FA no apoyaron la anulación de la ley lo que nos lleva nuevamente al punto de partida.

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