Empleados públicos

Los empleados públicos no son nuestros enemigos. Se me ocurre que la aclaración es en estos días más necesaria que nunca. Las huelgas de los anestesistas de los hospitales públicos, de los funcionarios de los bancos del Estado y, sobre todo, la de los empleados municipales, en particular la de quienes recogen la basura en Montevideo, han crispado los ánimos de los ciudadanos, que han depositado todas sus iras en estos últimos. El irreductible maximalismo de los dirigentes de Adeom (el sindicato de los trabajadores municipales) ha contribuido a alimentar este extendido estado de ánimo.

El generalizado disgusto con los empleados públicos no comenzó, sin embargo, con estas antipáticas huelgas. Es de larga data, existe en casi todos los países y se nutre, creo yo, de la creencia de que gozan de unos privilegios inaccesibles al común de los mortales. Pero, al menos en este país, es muy discutible que la condición de funcionario pueda asimilarse sin más a la de unos privilegiados. Los salarios de la gran mayoría de ellos (es decir si se excluye el personal jerárquico) pueden ser más elevados que los de muchos trabajadores del sector privado, pero en ningún caso les permite vivir en la abundancia o el despilfarro. Tampoco se corresponde con la realidad la creencia de que constituyen una pandilla de vagos entregados al ocio a costa del dinero de los contribuyentes. La mayoría, de nuevo, cumple funciones imprescindibles en las sociedades contemporáneas. Son docentes, personal sanitario, policías, funcionarios judiciales, sin cuya labor nuestras vidas serían hoy impensables.

Pero hay algo más que molesta, y hasta irrita, secretamente, a los ciudadanos que no somos empleados del Estado, porque también le atribuimos el carácter de privilegio. Ese algo es la seguridad en el empleo. Los funcionarios públicos son los únicos trabajadores que en tiempos posmodernos tienen un empleo seguro, no sujeto a los avatares de los movimientos del capital, siempre ligero de equipaje y a la búsqueda de aquellos lugares en los que las condiciones le resulten más favorables. El capital se desentiende ahora de los compromisos locales, propios de una época en la que la relación entre capital y trabajo se parecía más a un matrimonio para toda la vida, pautada por acuerdos y concesiones recíprocas, cristalizadas en una legislación laboral estricta y a la postre en el Estado del Bienestar. Es que ambos estaban atados al territorio y se necesitaban mutuamente. El sindicato era la organización emblemática de ese tiempo, porque entre otras cosas, era el garante (garante eficaz hay que decir) de los contratos que ataban al capital y al trabajo. En aras de la brevedad y a riesgo de incurrir en la simplificación, puede decirse que ya no es ese el escenario en el que transcurren nuestras vidas… salvo para los empleados del Estado.

A diferencia del capital, el Estado sí está atado al territorio. Sus trabajadores, por decirlo brutalmente, lo tienen tomado del pescuezo. No puede levantar vuelo ni amenazar con hacerlo, como sí puede hacer, y hace, el capital. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito privado, en el que el sindicato es patéticamente inadecuado para enfrentar la movilidad del capital (¿qué sindicato puede evitar que una empresa cierre y se vaya a Singapur o a Chile?), en el ámbito estatal los sindicatos gozan de relativa buena salud. A diferencia de lo que ocurre en las empresas privadas, donde cada día gana más terreno la individualización como estrategia del trabajador, en el Estado el sindicato sigue siendo a ojos de sus funcionarios una herramienta apropiada. Es posible conjeturar que no es ajeno a esta seguridad en el empleo el hecho de que los sindicatos del Estado sigan teniendo, aquí y en muchos países occidentales, tasas relativamente altas de afiliación para los tiempos que corren y que sus dirigentes puedan permitirse el lujo del radicalismo, la intransigencia y el maximalismo. Los demás trabajadores negocian o negocian.

Intuyo que es precisamente la nostalgia de los buenos viejos tiempos de la seguridad en el empleo, que para la mayoría ya quedó atrás, la que desata la furia de los ciudadanos contra los funcionarios. Una furia envidiosa, podría agregarse, toda vez que ese “privilegio” del que gozan los empleados públicos no está en el horizonte de lo posible para la inmensa mayoría. Al menos no en tiempos de economía global y política nacional.

El problema con ese “privilegio” de los funcionarios es que muchas veces es utilizado de forma tal que termina uno comprendiendo las iras y las frustraciones de unos ciudadanos que, además de no disponer de él, se sienten, no sin razón, rehenes y víctimas de los reclamos de los sindicatos públicos, como ocurre cuando se echa mano a la táctica de perjudicar a la población para presionar a un tercero, en este caso el gobierno. La huelga de Adeom, que acumuló 7.000 toneladas de basura en Montevideo, y la de los anestesistas públicos, cuya fuerza se basa en la escasez de esos especialistas, son casos típicos de ese proceder sindical. La filosofía que lo inspira parece extraída de la máxima: “después de mí, el diluvio”.

Ahora que está a la orden del día hablar de corporativismo, conviene no sembrar confusión. Si nadie puede exponer sus intereses ni defenderlos, porque es inmediatamente acusado de corporativismo, el interés general se convierte en una entelequia, en una pura abstracción que todos y cualquiera pueden identificar con el bien propio. Cuando el “interés general” es tierra de nadie, cualquiera puede apropiárselo y hablar en su nombre. El bien común no es un decálogo definido de una vez para siempre, pero tampoco un punto vacío o una tierra de nadie como cuando se alude a los “intereses del país”. Es un horizonte, un anhelo, cuyos contenidos concretos siempre serán discutibles y revocables y nunca terminarán por contentar enteramente a nadie. Su precaria legitimidad sólo puede provenir de la deliberación pública y de un cierto consenso en torno a la idea de justicia, que en una sociedad con recursos limitados exige sopesar y valorar los reclamos y demandas. O, por decirlo en pocas palabras, tomar partido, porque en una sociedad tal hay reclamos que es más justo atender que otros. Va de suyo que adoptar una postura de neutralidad frente a los intereses en pugna, como recomienda el punto de vista liberal, supone dejar librada la resolución de esos conflictos a la pura fuerza, que raramente está atenta al criterio de justicia. Si nadie puede atribuirse el monopolio de la idea de justicia, si ésta no es un programa inmune al paso del tiempo y a las cambiantes circunstancias de la historia, no me imagino otra forma de definirla que en el diálogo argumentado, una de cuyas mayores ventajas reside en que exige justificar lo que se propone, como no ocurre cuando únicamente se defienden intereses. En una deliberación pública, por ejemplo, nadie puede decir ‘propongo tal o cual cosa porque nos conviene a los de mi grupo’.

El corporativismo, en rigor, empieza cuando, como en el caso de Adeom, el reclamante dice “satisfágase mi demanda así el mundo se venga abajo”, o cuando una organización gremial quiere hacer valer sus intereses alegando que su razón de ser es lograr lo máximo posible para los suyos, indispuesta al diálogo y a la consideración de aquellos reclamos que necesariamente quedarán sin satisfacerse, y sin la cual la idea de justicia se reduce a un dogma o a una abstracción.

Con todo, nadie puede alegar sorpresa ni rasgarse las vestiduras porque una corporación intente por las bravas que se contemplen sus reclamos. Por las bravas quiere decir por todas las vías imaginables menos la de la deliberación y la persuasión políticas, antes por el lobby y la coacción que por la apelación a la justicia. Puede resultar paradójico que quienes denuncian sin descanso las presiones corporativas en el ámbito de la política para conservar privilegios estén siempre dispuestos a justificar las propias, pero en ningún caso puede alegarse que se trata de una excepción. Son prácticas que forman parte de nuestra más normal normalidad política.

En verdad, lo más grave no es que el sindicato de trabajadores municipales, o cualquier otra organización obrera o empresarial, intente hacer valer sus intereses. Lo realmente grave es que los políticos satisfagan sin mayor examen unos reclamos amparados bien en la fuerza desnuda o bien en la pretensión de que la satisfacción de las demandas de un determinado grupo o clase es sinónimo de justicia. Para nuestra desgracia, los políticos optan muy a menudo por el fácil expediente de “no comprar un problema” con los poderosos (sean éstos un gobierno extranjero, una empresa o un sindicato) y de ese modo terminan satisfaciendo reclamos que nada tienen que ver con la justicia. Así de impotente es la política en nuestros días.

¿Por qué sostengo que la postura de Adeom, impermeable a la negociación y tributaria de un clasismo elemental, es lo más parecido al corporativismo y, a pesar de sus pretensiones en sentido contrario, lo más anti-política que pueda concebirse? Precisamente porque se desentiende del todo, porque una vez condenado ese horizonte cambiante y discutible que es el bien común (una  patraña burguesa, según su ideología), automáticamente queda legitimada a sus ojos la opción por la defensa innegociable de una de las partes, la que ellos llaman la clase obrera. Lo dijo sin mayores circunloquios una dirigente de Adeom: su única preocupación es conseguir un salario más alto para sus afiliados. Le faltó agregar: “con independencia de cualquier otra consideración”. Una perspectiva que no se plantea la pregunta acerca de cómo satisfacer esos reclamos (mucho menos la respuesta). Pero detengámonos en este punto crucial, que Adeom ignora olímpicamente pero que resulta ineludible para quien piense en términos políticos, si es que la política debe ocuparse, como pienso que debe, de la distribución, de la justa distribución, de los recursos limitados.

La primera opción para otorgar el aumento salarial por encima de la inflación que reclama Adeom sería aumentar el ya desmesurado porcentaje del presupuesto municipal dedicado a salarios de sus empleados (más del 60% en la actualidad) y encoger aun más el dedicado a obras y servicios, con lo que es probable que en unos años el municipio de Montevideo se parezca más a una organización filantrópica que a un auténtico municipio al servicio de sus ciudadanos. La segunda es aumentar la ya de por sí elevada carga tributaria a los vecinos de Montevideo. A cuenta de una tercera, dejo a criterio del lector las posibles respuestas a ambas alternativas. La tercera alternativa, cómo no, es muy simple: ¡¡Saquémosle más dinero a los ricos!! No puedo estar más de acuerdo con esa aspiración, aunque quedaría por verse si las millonadas que extraigamos de las cuentas bancarias de los ricos deberían ir prioritariamente a aumentar los salarios de los trabajadores municipales de Montevideo (sí, de nuevo el “incordiante” asunto de la justicia).

El problema con la consigna ‘saquémosle más dinero a los ricos” es que es más fácil de corear que de llevar a la práctica, como ha quedado demostrado en estos años de gobiernos progresistas y de izquierda bolivariana en América Latina. Aunque siempre está disponible la falta de voluntad política de los gobernantes para explicar la exasperante lentitud con que mejora la distribución de la riqueza en esta parte del mundo (voluntad política que sólo tendría la izquierda radical modelo Adeom), lo cierto es que, como se ha dicho, en un mundo global y líquido el capital tiene un arma mucho más poderosa que la basura que Adeom no recogió para eludir las constricciones de la política y el eventual empeño en distribuir mejor la riqueza: su extrema movilidad.

De modo que de acuerdo con quitarle más dinero a los ricos. El asunto es cómo hacerlo, cómo reemplazar la mera consigna por una propuesta razonable y viable. Es decir, cómo hacerlo sin correr los riesgos de convertir a este país en una nueva Cuba o en una Corea del Norte sudamericana, cuyas promesas no seducen ya a ninguno de los trabajadores de este país. Ni siquiera, sospecho, a los dirigentes de Adeom, cuyos salarios y bienestar son mucho más altos que los de sus pares cubanos o norcoreanos, por no hablar del destino que les aguardaría si osaran hacer una huelga en esos países.

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9 Responses to Empleados públicos

  1. Pablo Azzarini dice:

    Buena, Coco.
    Inspirado, lo tuyo, hoy.

  2. Jorge dice:

    Creo que asociar la idea “saquémosles más dinero a los ricos” con la casi inevitabilidad de que caigamos en un régimen autoritario es poco productivo (además de que es mentira). Más bien, tendríamos que pensar cómo lograr este objetivo en democracia y en libertad. Tenemos que pensar cómo enfrentar la volatilidad del capital (hay formas, sí que hay!), lograr un sistema impositivo justo y un Estado transparente y redistributivo.
    Saludos.

    • Releo lo que escribí y no veo que haya establecido ningún vínculo necesario entre reducir las ganancias del capital y un régimen autoritario. Lo que digo es lo siguiente: el gran problema que tienen los gobiernos en general es que cada vez que toman la iniciativa (o simplemente anuncian que van a tomar la iniciativa) de gravar más intensamente los beneficios del capital corren el riesgo de ser desterrados de la lista de países destinados a recibir inversiones. Ni más ni menos que lo que ocurre cuando algún gobierno insinúa que no pagará sus deudas o no se muestra suficientemente comprensivo con “los mercados”. Se trata de una amenaza real, no de una coartada de gobiernos timoratos que no quieren mejorar la distribución de la riqueza, como insinúa la izquierda radical. Los gobiernos de Lula, el Frente Amplio, Kirchner (pero también los de Evo Morales, Chavez y Correa) no mejoraron sustancialmente la distribución de la riqueza. ¿Por qué? ¿Porque al día siguiente de llegar a la presidencia se vendieron al capital? Me parece una respuesta simplista, infantil y moralizante. Elude el problema de fondo.

      Cuando pedía una propuesta para “quitarle dinero a los ricos” que no desembocara en una Cuba o en una Corea del Norte NO ESTABA PENSANDO EN EL CARÁCTER AUTORITARIO DE AMBOS REGIMENES, sino en su condición de economías parias, totalmente aisladas de la economía mundial con todas las penallidades que tal condición conlleva. En Corea del Norte se están muriendo literalmente de hambre y en Cuba hasta el propio Raúl Castro está reconociendo que la economía está exhausta y ya está emprendiendo el camino de las reformas, que, al margen de la retórica oficial, tiene las marcas del mercado (¡¡a partir de febrero despiden a medio millón de empleados públicos “excedentarios”!!). El autoritarismo no es lo que más le preocupa al capital, si no miremos el caso de China.

      La cuestión de “sacarle más dinero a los ricos” es mucho más compleja que la ingenua consigna de tener voluntad política. Coincido en que es posible hacerlo. Tanto que, de hecho, ya se le extrae en casi todos los países del mundo dinero a los ricos. Quizás no el necesario como para mejorar más rápidamente la distribución de la riqueza. En el post no abordé todos los aspectos del problema: los inversores no se van simplemente porque les cobren más impuestos o porque en un determinado país se paguen salarios elevados. La decisión de irse o quedarse depende de muchos más factores, y es asunto discutible dónde termina lo aceptable y comienza el demasiado para ese capital nómada. Pero más allá o más acá, esa frontera existe. Y una política responsable debería tenerla en cuenta. No para renunciar a introducir más justicia en la vida social, pero sí para que ese empeño no se vaya al garete y terminemos todos con cartilla de racionamiento para conseguir media docena de huevos y un pomo de pasta de dientes al mes.

  3. Jorge dice:

    Me gusta, sin embargo, la primera mitad del artículo. Sobre todo, lo de la “furia envidiosa” hacia los estatales. Me parece una gran observación.
    Saludos de nuevo.

  4. margarita dice:

    Coco, muy bueno. Me gustó mucho el inicio, sobre todo cuando hiciste mención a la enorme cantidad de empleados públicos que no se pasan la vida jugando al solitario en el pc….lo malo es que esos que juegan son los que la gente asocia al “empleado público”. Te agrego, por que muchos lo desconocen, que hay un número muy importante de empl. públ. que no cobran, por ejemplo, salario vacacional. Y, sin embargo, de eso no se habla.

    Las ideas de sacarle más a los ricos son como una fantasía que ya no se la cree nadie. Salvo las intendencias, aumentando notoriamente los tributos en algunos barrios (aunque el vivir en barrios “chetos” no te da patente de rico) nadie puede efectivizar eso. El IRPF ya vimos que lo que gravó en realidad fue el trabajo, no la fortuna personal acumulada. El otro día el pepe tiró por la radio la idea de gravar lo que le queda líquido a los empresarios…..cuando ese líquido es el resultado final que les queda luego de pagar los impuestos correspondientes. (a veces me pregunto si nadie le hace un control de calidad antes de que hable al aire).

    Hay como una fantasía generalizada sobre “los empresarios”..me da la impresión de que cuando se refieren a los mismos, los deben imaginar como Rico Mc Pato, nadando entre las monedas acumuladas…creo que el colmo de eso fue cuando el mismo pepe, para justificar el aumento salarial de los ministros lo comparó con lo que, supuestamente, ganaba un gerente de una empresa chica….te juro que pensé y pensé en cuánta plusvalía debería generar esa empresa para que el gerente ganara lo que aseguraba el pepe…obvio que no lo resolví.

    En cuanto a los anestesistas, el conflicto no se generó en el aspecto salarial. El conflicto empezó por que se van a eliminar las cajas de auxilio para integrarlas al fonasa. Otro cantar es el de que no se anoten en asse para trabajar. Fue muy conversado el tema del salario a ser percibido por los mismos, lo que no se mencionó es que esos $120.000 son nominales, habría que calcular cuánto se les descontaría por irpf, snis, bps, etc, etc….y además, el trabajo debería ser full time. Es cierto que es un salario que excede con creces lo que, por ejemplo, yo gano en 3 trabajos (siendo médica también), pero bueno, no era la realidad tal como la pintaban. Después se mezclaron los temas en el conflicto, y al final, la pobre caja de auxilio, sigue en vías de desaparición.

    me fui de tema, perdoname, pero justo ayer me junté con unos amigos a los que hacía un buen tiempo que no veía y obviamente, estas cosas fueron uno de los temas que más conversamos…aunque las palmas se las llevan, obviamente, los acomodos políticos groseros que venimos padeciendo desde el 2005…..

  5. Pablo Azzarini dice:

    Querido Coco, he estado rumiando tu nota estos últimos días.
    Respecto a la volatilidad del capital, creo que debería establecerse cierta diferencia entre el invertido en la producción, el dedicado a los servicios, y el financiero. De todas maneras es muy lúcida tu visión y estoy de acuerdo en que esa espada de Damocles pende sobre los sindicatos que se formen en esas empresas creadas por la IED, como le dicen ahora.
    Se me ocurre que la territorialización del capital conlleva una cierta estabilidad en la administración del conflicto capital-trabajo. Y pensé en el Sunca, por ejemplo.
    Respecto a “sacarles guita a los ricos” (en lo que estoy totalmente de acuerdo), pienso que se puede ponerle límites al capital. Límites a su movilidad, a la forma en que desarrolla la producción, a su poder frente a los trabajadores, etcétera.
    Claro que para eso no sólo se necesita la voluntad de un gobierno, hay condicionantes que son globales: cantidad de capital en juego, intereses geoestratégicos, qué sé yo. A un país que vale unos 60 mil o 70 mil millones de dólares (calculo unos 4 mil dólares la hectárea), y que aún hoy es una gran pradera, le debe de resultar difícil hacerse el duro ante los requerimientos del capital.
    Sin embargo aún hay esperanza: si el capital es global, globalicemos la política. No solamente las políticas gubernamentales, también las sindicales, las de los distintos “actores sociales”. Negociemos, Inodoro; pero con todo y en todo el planeta.
    En fin, esto es infinito. Arreglar el mundo desde una computadora y escribiendo con dos dedos es algo que hoy me supera. Quizá mañana…
    Un abrazo

  6. Marcos dice:

    Estimado Jorge:

    leyendo tu artículo razono lo siguiente. Ningún gobierno en Uruguay ha tocado el dinero de los “más ricos”, pongamos por caso el 5% más rico de la población. No pudieron gobiernos progresistas como el de Batlle y Ordoñez, no pudo el gobierno “progresista” del Frente Amplio. El frente lo que hizo fue tocar los sueldos medios y altos, pero no a los ricos (los que no viven de un salario). Los gobiernos le sacan dinero a quien pueden. Y el Estado uruguayo no es tan fuerte como para tocar a los más ricos. No sé cuánto dinero representaría, ni cuántas cosas se podrían hacer con ese dinero (el de los ricos que pagan menos impuestos). Es simplemente un tema de justicia social. Hay algo que me parece que no señalas en el artículo y es que los montevideanos desde 1990 hasta aquí hemos financiado el crecimiento salarial de los trabajadores municipales con un aumento de los impuestos del orden del 400% respecto a antes de 1990. Todo esto para decir que francamente no siento nada parecido a una “furia envidiosa” con algunos funcionarios públicos sino una sensación de profunda injusticia. Creo que es un sentimiento compartido por muchos uruguayos que no tenemos o hemos decidido no tener los privilegios de algunos funcionarios públicos. en Uruguay hay que soportar muchas injusticias como que los más ricos paguen menos impuestos o que haya categorías de trabajadores con privilegios desmedidos en comparación con el resto de los trabajadores.

    Saludos,
    Marcos.

  7. Marcos, coincido en tu diagnóstico acerca del sistema impositivo uruguayo, tan alejado del principio “que pague más quien más tiene, que pague menos quien tiene menos”. Es más, he escrito en parecidos términos en este mismo blog sobre la reforma impositiva aplicada por el gobierno del Frente Amplio. El mentado principio se aplica únicamente a las rentas del trabajo, es decir a los salarios.

    Esta coincidencia no me impide ver, sin embargo, que estamos un poco mejor que antes, apenas un poco (ahora casi todo el mundo paga impuestos, aunque las rentas de capital estén gravadas a tasas demasiado bajas, todos pagan impuestos… los profesionales autónomos, por ejemplo, que ahoran chillan como locos).

    La cuestión que habría que abordar y que yo traté muy lateralmente es por qué sucede esto. No sé qué pensás tú. Quienes eligen la crítica moral (“Mujica se vendió al capital”, por ejemplo) no abordan esta cuestión. La eluden totalmente. No se preguntan por qué sucede lo mismo en todo el mundo… sin duda en América Latina.

    En otro orden de cosas: no señalé que los impuestos municipales que pagan los montevideanos subieron 400% desde 1990 porque no lo sabía. Para aquilatar realmente esa suba habría que cotejarla con la inflación en el mismo período. No sé a cuánto ascendió pero no hay dudas de que fue muy inferior a ese porcentaje… y no parece que los servicios que recibimos los ciudadanos hayan mejorado tanto como para justificar esos aumentos. La intendenta acaba de anunciar una reducción del precio de la patente de vehículos. No me parece la iniciativa más justa (y “de izquierda”, si es que se la puede llamar de esa manera), porque la patente es un impuesto que pagan, no digamos los ricos, porque tener coche no es un asunto estrictamente de ricos en los tiempos que corren, pero sí la parte con ingresos más altos. Creo que hubiera sido más justo reducir la contribución inmobiliaria, que pagan todos los montevideanos. La rebaja de la patente beneficia exclusivamente a quienes tienen coche.

    Finalmente, y para no alargar más esto, insisto en que el “gran privilegio” que tienen los empleados públicos a ojos de la población y que puede suscitar la ennvidia y la bronca de sus conciudadanos es la seguridad en el empleo, que no es un asunto menor, naturalmente.

    Saludos

    • Marcos dice:

      Jorge:

      cuando decis que en el mundo es muy difícil cobrar a los ricos es cierto en parte. Hay sistemas como el norteamericano que graban rentas y no salarios, lo cual parece ser más justo. En algunos países europeos también es así. Valga como referencia una canción que seguramente conocés: “taxman” de los beatles. Ciertamente este tipo de sistema requierre una burocracia competente y es de una implementación compleja (por ejemplo la bancarización es importante). Pero también es imortante la capacidad del estado para imponer. Y esta es variable. Uruguay es un país donde existe la ilusión de que el estado es muy fuerte. Sin embargo, es un país donde los grupos organizados de la socciedad civil siempre han tenido capacidad de veto (sobre todo si son grupos con peso, económico o de otra índole como el caso de los sindicatos públicos). En definitiva, como viejo votante de izquierda estoy muy cansado de la retórica de “hacer temblar las raíces de los árboles”. Vázquez que ha insistido en esa metáfora debería reconocer algun día que su táctica es la de convidar con caramelos a quien pueda oponersele (como a adeom cuando fue intendente o a la educación cuando fue presidente) antes que a tocar privilegios injustificados. No quisiera terminar esta respuesta sin desearte un feliz 2011. Leo con mucho placer tu blog el cual tiene un carácter independiente muy saludable. Además siempre tienes la deferencia de responder y continuar la conversación lo cual aprecio enormemente. Así que feliz año!

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