El Frente Amplio en su laberinto

Dibujo de Cecilia Astiazarán

El abordaje de la ley de Caducidad por el Frente Amplio, sobre todo desde que está en el gobierno, ha sido una interminable cadena de despropósitos y de las peores maneras de entender la política. Ahora, en 2011, tenemos un escenario surrealista: un presidente que pone reparos a un proyecto de ley elaborado por su propio canciller y ya aprobado en el Senado por sus propios legisladores, mientras cada hora que pasa algún dirigente de la coalición nos obsequia una nueva ocurrencia sobre qué hacer con esa ley.

La telaraña en la que parecen atrapados el partido de gobierno, y el gobierno mismo, fue pacientemente tejida, año a año, congreso a congreso, cálculo político tras cálculo político. Es una larga historia que conviene recordar en momentos en que muchos de sus dirigentes parecen haber perdido la memoria que tanto evocan.

El primer despropósito, va de suyo, es la ley misma. Una norma cuya aplicación depende de la voluntad del gobierno de turno no debería ser parte del ordenamiento jurídico de ninguna sociedad democrática. Es una afrenta a Montesquieu, por decir lo  menos.

Sin embargo, tras su confirmación en un plebiscito en 1989, el Frente Amplio, el mismo Frente Amplio que ahora la quiere derogar, dijo que respetaría a rajatabla ese pronunciamiento popular y no tomó ninguna iniciativa política para intentar quebrar la impunidad que la ley venía  a certificar. Paralizado por el fetichismo de “la voluntad de la mayoría”, durante veinte años el Frente Amplio se mantuvo incólume en el dogma de que el tema había sido laudado en las urnas (hablo del Frente Amplio, no de las organizaciones de derechos humanos ni de los sindicatos). El razonable reparo que ahora se esgrime, recién en 2011, en el sentido de que en lo que atañe a los derechos básicos no hay voluntad de la mayoría que valga, fue sencillamente omitido de su discurso durante veinte años. Ya me he referido en otra parte al hecho de que las decisiones políticas en las democracias modernas tienen al menos dos fuentes de legitimidad, la de la mayoría expresada en las urnas y las así llamadas contramayoritarias –establecidas por tribunales constitucionales, cortes supremas, convenciones internacionales, cartas magnas, etc-–. Estos textos y organismos limitan –para bien y para mal– aquello que la mayoría  puede decidir. Ese acotamiento de la voluntad mayoritaria no es una imprevista novedad de los últimos años. Ya tiene una larguísima historia en las democracias occidentales. De modo que la izquierda bien pudo recurrir en los últimos veinte años a una fuente de legitimación contramayoritaria para impugnar la Ley de Caducidad. Ni más ni menos que como está haciendo ahora. Pero no lo hizo. No quiso hacerlo. Y aquellos polvos trajeron estos lodos.

Pudo hacerlo, por ejemplo, tal como lo está haciendo ahora, durante los cinco años de su primer gobierno, cuando gozó de mayoría absoluta en el Parlamento. Pero cuando, por fin, se encontró a las puertas del poder, durante la campaña electoral de 2004, terminó por incurrir en los mismos vicios que cualquier otro partido: por un lado, sacralizó la “voluntad del pueblo” expresada en el plebiscito de quince años antes (no podía alegar que a ese pueblo le asistía razón cuando estaba a punto de llevar a la izquierda al poder pero no cuando ratificó la Ley de Caducidad) y, por otro, hizo cuentas electorales, calculó riesgos y beneficios y concluyó que no convenía incluir en su programa de gobierno la derogación de la Ley de Caducidad. Pensó quizás que proponer el fin de la impunidad podía espantar votantes. Tal vez algunos de ustedes recuerden que Eleuterio Fernández Huidobro, cual Lenin rioplatense, pronunció un encendido discurso en el Congreso del Frente previo a los comicios sobre la inconveniencia de prometer su derogación. ¡Se podían perder las elecciones! Y otros tendrán presente el de Tabaré Vázquez el día de la asunción, cuando en las escalinatas del Palacio Legislativo, en un escenario propio de emperador romano, se comprometió a no tocar esa ley.

Tabaré Vázquez merece un capítulo aparte en esta historia de despropósitos, un capítulo que debería figurar en una antología del cinismo. Vázquez alega ahora, en 2011, que jamás debió existir la Ley de Caducidad, pero durante todo su mandato se comprometió a respetarla. Y la respetó. En junio de 2006 dijo textualmente en una entrevista radial: “Defender la consulta popular implica defender también el resultado de esa consulta (…) implica defender en todo momento lo que es la opinión de la gente”.

En 2007 se opuso a recolectar firmas para el segundo plebiscito de 2009, pero cuando esas firmas se consiguieron “descubrió” la conveniencia de eliminar la ley. Dijo entonces desde Costa Rica que el pueblo uruguayo no se merecía esa ley, Pero nos advirtió que no era el presidente quien así hablaba, sino la persona Tabaré Vázquez. ¡Un prodigio!

Ahora sostiene que nunca se debió convocar a un plebiscito (no sabemos si porque se debía mantener la ley o porque todo lo que concierne a los derechos humanos no puede someterse al humor de las mayorías). Sin embargo, Tabaré Vázquez formó parte de la comisión pro-referéndum a fines de los 80. En suma, nuestro ex presidente dijo de todo, y nada, se contradijo, se desdijo y no tuvo a bien explicar a qué se debieron semejantes mutaciones.

El problema que tiene hoy el Frente Amplio es que no puede explicar por qué recién ahora nos propone una derogación que estuvo al alcance de sus votos durante cinco años y que hubiera resultado tan legítima como pueda resultarlo ahora, aunque políticamente mucho menos inconveniente de lo que está resultando seis años más tarde (entre otras cosas porque en el medio hubo un segundo pronunciamiento popular, que ratificó la ley). Una posible explicación, que los partidos de izquierda no tendrán el coraje de suministrar a los ciudadanos, es que siguieron sumisamente los caprichosos vaivenes de su líder máximo (en éste y en muchos otros asuntos). Otra es su devoción por las soluciones plebiscitarias. La tercera es que, en el fondo, los máximos dirigentes del Frente Amplio y sus principales partidos jamás pensaron en volver a toparse con este tema. Entre 1989 y las postrimerías de la presidencia de Fray Tabaré (es decir durante casi veinte años) la posición oficial del Frente Amplio fue que el tema había sido laudado por el plebiscito de 1989. Conviene recordar estas cosas.

En rigor, la dificultad que padece el gobierno del Frente para encontrar la salida del laberinto en el que se encuentra comenzó con la recolección de firmas para el segundo plebiscito. Una iniciativa que no suscitó el menor entusiasmo en la cúpula frenteamplista. Si la palabra no estuviera tan gastada como está, les propondría hacer memoria. Pero les propongo simplemente recordar. El Frente Amplio se vio literalmente arrastrado al segundo plebiscito, cuando se enteró de que finalmente las firmas necesarias habían sido reunidas por la central sindical, los organismos de derechos humanos y (algunos) militantes de base de izquierda. Mujica dijo que había firmado para que “no me jodan más”, Tabaré Vázquez, dicho está, no firmó. Y durante la campaña ninguno de ellos movió un dedo para promover el Sí a la derogación. El Frente tuvo que hacer “como si” apoyara el plebiscito aunque no lo apoyara en absoluto, porque, se sabe, la izquierda siempre tiene que apoyar la consulta al soberano, aunque se trate de decidir si el Jardín Zoológico debe adquirir una cría de oso panda. El problema es que aún sin haberlo promovido, el resultado del mismo se interpuso (si no legalmente, al menos políticamente) en el camino de su derogación parlamentaria, tal como contemplaba (algo fuera de tiempo hay que decir) el programa electoral de 2009 del Frente Amplio. Este fue el penúltimo capítulo de esta historia de desmesuras.

El último es el que nos está deparando este 2011 y tengo para mí, aunque no lo pueda demostrar, que de no haber mediado la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que urge a Uruguay a derogar el engendro jurídico, el segundo plebiscito hubiera clausurado el tema, tal como lo clausuró durante 20 años el plebiscito de 1989. Recuerdo que al menos Danilo Astori dijo al día siguiente de la votación, con rostro de alivio, que el asunto estaba terminado con el segundo pronunciamiento ciudadano.

La vergüenza de que un gobierno de izquierda sea internacionalmente condenado por no ser capaz de juzgar a sus represores superaba lo que el canciller Almagro podía aguantar. Tal vez esto explique su papel protagónico en la redacción de la nueva norma que pretende anular la ley de Caducidad. El es, como suele decirse, quien tendrá que dar la cara en foros y tribunales internacionales.

Aprobada la ley en el Senado, en medio de advertencias acerca de las desgracias que se abatirían sobre la izquierda por no respetar la sagrada voluntad popular, el presidente Mujica sale a la palestra a aclarar que no está de acuerdo con ella, porque “se le está pasando por arriba a dos plebiscitos”. ¡En medio del tratamiento parlamentario! ¡Arguye que nadie le ha consultado! ¿Que el canciller no le ha consultado? ¡El presidente Mujica acaba de descubrir que la nueva ley derogatoria contradice el voto popular! Ahora bien, la única forma de respetar el resultado de los plebiscitos es no anular, ni derogar ni interpretar la ley de Caducidad. Es mantenerla. No es creíble que Mujica diga que no le gusta este proyecto. En verdad, no le gusta ninguno que suponga la anulación de la ley. Si la influencia moral de Mujica logra detener la aprobación de la nueva ley en Diputados, asistiremos a otro despropósito: una buena parte de los representantes de los partidos que integran el Frente votarán en una cámara lo contrario de lo que votaron sus compañeros en la otra.

Extraviados en este laberinto, ¿cómo no preguntarnos si acaso la tenacidad con la que Mujica y Fernandez Huidobro defienden el mantenimiento de la ley no tendrá alguna relación con la pretensión de algunos militares retirados de que hubo un pacto de excombatientes para dejar en el olvido los enfrentamientos del pasado? Tampoco puedo demostrarlo fehacientemente pero resulta totalmente plausible cuando ambos dirigentes interpretan ese pasado en clave de enfrentamiento entre tupamaros y militares. Un asunto de combatientes, como quien dice. Pero a quienes pensamos que lo ocurrido durante la dictadura no puede resumirse en esa guerrita, los pactos entre excombatientes nos resultan irrelevantes. Mucho más a las víctimas de la dictadura y a los ciudadanos en general, que no tienen por qué sentirse concernidos por un pacto entre soldados.

Ya todo es posible, incluso tener que escuchar que el Partido Comunista Uruguayo diga que la pretensión del presidente y el vicepresidente de oponerse a la anulación (o ley «interpretativa») de la Ley de Caducidad es –¡adivinen!- propia de un sistema “de partido único”. A este chiste le siguieron otras desgraciadas intervenciones: Mujica pone sobre la mesa un nuevo argumento para no anular la ley de Caducidad; sostiene que si lo hace, el Frente Amplio podría perder las elecciones de 2014; el senador Enrique Rubio muestra una tozudez inmune al escarmiento: propone aprobar la nueva ley y organizar un tercer plebiscito para que, esta vez sí, el pueblo la santifique con su voto. Es como si no acreditara que ese pueblo, que-siempre-tiene-razón, quiera mantener una ley infame. Otros líderes izquierdistas proponen mantener la Ley de Caducidad pero derogar todos los decretos de anteriores gobiernos que bloquearon las investigaciones judiciales.

Con estos antecedentes, la salida del laberinto parece improbable y cualquier solución resultará jurídicamente dudosa y políticamente devastadora para el gobierno. El gran error del Frente Amplio fue no haber derogado la ley el 1 de marzo de 2005, cuando disponía de mayoría parlamentaria y de una legitimidad fuera de cualquier duda para hacerlo. Pudo incluso en vísperas del plebiscito de 2009 tomar distancia de la consulta que se preparaba (de modo que su resultado no tuviera un carácter vinculante para él) y, obviamente, comprometerse a derogar la ley en el Parlamento durante un segundo gobierno del Frente Amplio. Pero no hizo ni una cosa ni la otra. Dicho está, la veneración al líder máximo, los cálculos electorales, los eventuales pactos entre excombatientes, la sacralización de los plebiscitos (incluidos los que el Frente nunca promovió) condujeron a la izquierda a enterrarse en esta ciénaga.

Ahora, seis años después, es tan legal como entonces anular la ley por vía parlamentaria, pero resulta políticamente muy discutible, porque en el medio tuvimos un segundo pronunciamiento ciudadano en el sentido de dejar las cosas como están. No es que no se pueda recurrir a una legitimidad contramayorítaria (como por ejemplo, un fallo de un tribunal de justicia o la adhesión a una convención internacional). Se puede. Lo que no se debería es invocar una legitimidad basada en el criterio de la mayoría (la del voto) y cuando esa mayoría nos da la espalda, apelar a un criterio contramayoritario, como por ejemplo, el principio de que la vigencia de los derechos humanos no pueden estar subordinada al voto de la mayoría.

Un apunte final: creo que es un abuso afirmar que en esta controversia se juega la posibilidad de que alguna vez tengamos “verdad y justicia” como se proclama pomposamente. Creo que se está jugando con las expectativas de muchas personas que lucharon sincera e incansablemente contra la impunidad. Porque aunque finalmente se anule la Ley de Caducidad, el escenario no variará sustancialmente. En primer lugar, porque una parte de los responsables de los mayores crímenes de la dictadura ya está en prisión, otros han muerto, y otros sólo pueden ser acusados de delitos que posiblemente hayan prescrito, como el de haber torturado. Es probable incluso que algunas de esas pocas demandas que acojan los jueces terminen naufragando en un mar de apelaciones y recursos de inconstitucionalidad si se aprueba el proyecto a estudio del Parlamento. Es discutible incluso que, al punto al que hemos llegado, al que la izquierda ha dejado que se llegara, la verdad y la justicia sigan siendo compatibles. No es una afirmación simpática, claro. Es mucho más simpático seguir llenándose la boca con esas dos palabras, como si al evocarlas se pudieran enmendar todos los despropósitos en que han incurrido los gobiernos del Frente Amplio y el propio Frente Amplio.