Reparaciones que necesitan reparación

La semana pasada supe que a un amigo que estuvo preso durante la dictadura le fue retirada la indemnización, reparación económica, o como quieran llamarle, unos 20.000 pesos mensuales, que le había sido atribuida un par de años antes en el marco de la (así llamada) ley de reparación integral a las víctimas de la dictadura aprobada durante el gobierno de Tabaré Vázquez. No sólo eso, sino que además se le comunicó que debía devolver al Estado una buena parte de lo que había cobrado en los últimos meses.

Varios de ustedes supondrán que mi amigo resultó un impostor, y que los sabuesos de la Seguridad Social descubrieron que no había estado preso durante la dictadura o que si lo estuvo fue por cometer una estafa o algo semejante. Nada de eso. Mi amigo cometió un pecado mucho “más grave” que hacerse pasar por ex preso político: trabajar legalmente y cobrar un sueldo cuya cuantía no lo hacía acreedor, de acuerdo con las disposiciones de la citada ley, a una reparación económica. No recibe un salario japonés, hay que decir. Apenas unos pesos más que la pensión mensual que recibía. De modo que todo legal: con el último aumento, mi amigo empezó a recibir un salario que automáticamente lo descalificaba como víctima-de-la-dictadura-que-merece-una-reparación… y las autoridades, como no podía ser de otra manera, le quitaron la pensión.

El problema no es este lamentable episodio. El problema, obviamente, es la ley misma. Entre las buenas acciones de nuestro gobierno que las autoridades no se cansan de destacar se halla la aprobación de una ley que supuestamente repara a las víctimas de la dictadura (familias de desaparecidos, presos políticos y exiliados). Pero la ley es un mamarracho.

Si no se incurre en la autocomplacencia y se analiza la ley con algo más de detenimiento, se verá que la mencionada reparación está sujeta a determinadas condiciones. Como todas las leyes, se alegará. Efectivamente, como todas las leyes. El problema, sin embargo, es que esa condición no consiste únicamente, como debiera, en que los potenciales beneficiarios de la reparación hayan sido víctimas de la dictadura y puedan demostrarlo. La ley pone, además, la condición de que el beneficiario tenga un ingreso inferior a las 8,5 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), unos 19.000 pesos mensuales al día de hoy. Me pregunto –y pregunto– qué tendrá que ver el actual nivel de ingresos de los ex perseguidos por la dictadura con el daño sufrido por la acción del Estado.

El Estado infligió en el pasado un daño imperdonable a determinados ciudadanos y por ello les paga, o así dice, una determinada suma en concepto de reparación. No pretendo abordar aquí la discusión acerca de si esas sumas pueden compensar o no el daño sufrido. Eso es harina de otro costal. Lo que pretendo señalar aquí es que ese propósito justiciero no debería depender, como en efecto depende en la ley que nos ocupa, de la condición socio-económica de las antiguas víctimas. Es jurídica, moral y políticamente aberrante pretender que no se merece esa reparación porque se goza de una determinada posición económica. Digámoslo de una vez: ni siquiera en el caso de que una de esas víctimas fuera hoy millonaria se justificaría semejante exclusión, porque lo que se supone que movió al Estado a disponer esas reparaciones fue el daño causado y no la pobreza (o riqueza) de sus potenciales beneficiarios. No soy menos víctima de la dictadura porque hoy sea un rico heredero o el accionista mayoritario de British Petroleum. Si el Estado quiere, además, hacer justicia social, puede eventualmente gravar esos ingresos con los impuestos del caso.

La “solución” frenteamplista al problema de la reparación a las víctimas de la dictadura casa perfectamente bien con cierta sensibilidad pobrista de buena parte del elenco gubernamental. Es como si se dijeran a sí mismos: no le vamos a dar dinero a quien no lo necesita. El problema con ese pobrismo es que olvida que esta ley se aprobó para hacer justicia con las víctimas de la dictadura, no para mejorar la suerte de los pobres. Esta “filosofía” también inspiró la idea de que los exiliados durante la dictadura reciban una pensión si, y sólo si, al cabo de su vida laboral les correspondiera una jubilación miserable. En caso contrario, la ley dispone que no tienen derecho a reparación alguna. Imposible pedir mayor confusión conceptual. Es como si, salvando las diferencias, se le negara una plaza en la escuela pública a quien se puede pagar una privada.

En el apartado 25 del capítulo XI (sobre la no discriminación) de la resolución 60/147 de las Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a obtener una reparación se establece que “la aplicación e interpretación de los presentes Principios y Directrices básicos se ajustará sin excepción a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, sin discriminación de ninguna clase ni por ningún motivo”.

Tal vez haya que recordar que la pobreza no es la única injusticia que debe enmendar una sociedad democrática. Hay injusticias que no atañen a la distribución de la riqueza. La padecida por las víctimas de la dictadura es una de ellas, y haríamos mal en subordinar su reparación a un mezquino cálculo económico.

El asunto que nos ocupa aquí es un ejemplo más del país del como si: el gobierno del Frente Amplio hace como si reparara a las víctimas de la dictadura, aunque en verdad sólo repara a aquellas pocas que son pobres de solemnidad.

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14 Responses to Reparaciones que necesitan reparación

  1. pincho dice:

    Bueno, existe la posibilidad de que tu amigo deje el laburo que le paga unos pesos más que la reparación y labure en negro.

  2. Exactamente esa sería la recomendación que le haría a mi amigo el país del “como si”. Haz como si ganaras un sueldo inferior al que realmente ganas y haz como si fueras uno de los perseguidos merecedores de una reparación.

  3. Oscar Bonilla dice:

    Tu amigo no lo hizo porque seguramente es honesto.. conozco a muchos que pasaron a laburar en negro y que duplicaron sus ingresos..
    Creo finalmente que lo de la reparación es muy discutible y que daría para una larga discusión.

    • Oscar, me quedé con las ganas de saber qué es lo que es muy discutible acerca de la reparación y que daría para una larga discusión. Aquí se puede empezar al menos con una corta.

      Sé que hay militantes de algunas organizaciones de derechos humanos y personas aisladamente que consideran que no hay que aceptar reparaciones del “Estado burgués” o que la indemnización monetaria supone un intento de comprar las conciencias de quienes la reciben. Es una posición sobre la que se puede debatir, por supuesto. Lo que ya me parece insostenible es que, puesta en práctica la mentada reparación, se diga: ‘A vos no te la damos porque ganás, no sé, 23 o 30.000 pesos’. Esa separación de aguas me parece un mamarracho, porque, supuestamente, la iniciativa no pretende reparar la pobreza, sino a las víctimas de la dictadura. Si ese es el propósito, como por otra parte dice el propio título de la ley, la circunstancia de que el beneficiario gane un salario decente, o incluso sea millonario, es completamente irrelevante.

  4. edo dice:

    -Exacto, Oscar: por ejemplo: el punto de ¿quién puede considerarse víctima de la d.? …
    -la discriminación a favor del preso o el exiliado … encubre cuántas injusticias contra quienes sin ser tales -quizá a puro coraje- se aguantaron, si pudieron, tantas y tantas otras cosas…
    -hay situaciones irreparables y éstas son muchas más que las ‘reparables’; por ende, las reparaciones ‘ad hoc’ se deslizan fatalmente al acrecentamiento de las injusticias…
    -la discusión no terminaría jamás…, salvo renguísima arbitrariedad … como la de esa ley

  5. Marcos dice:

    Jorge:

    me llamo la atención tu artículo. Según recuerdo en 1985 hubo reparación del Estado a todos aquellos que habían perdido su trabajo a causa de la persecución política en la dictadura. Creo incluso (aunque puedo equivocarme) que esta “recuperación del trabajo perdido” fue un incentivo para que muchos uruguayos que estaban exiliados en el exterior volvieran al país. Hasta donde sé fue una política muy universal en el sentido de que no había exigencias de ingreso económico o de otra índole para acceder al beneficio. Si todo esto es cierto (tu tal vez lo tengas más claro) ¿por qué pensas que hubo menos exigencia en un gobierno de un partido tradicional que en un gobierno del frente amplio? No sé la respuesta y el caso me parece interesante ya que tiendo a pensar que hubo más víctimas dentro de los militantes del frente amplio que de los militantes de los partidos tradicionales (no puedo afirmarlo rotundamente pero me parecería lógico que así fuese).

    Saludos,
    Marcos.

    • Jorge Barreiro dice:

      Recuerda usted bien. Efectivamente en aquel momento se restituyó en el trabajo a quienes lo habían perdido por motivos políticos. Si la memoria no me falla, esa reparación benefició únicamente a los empleados públicos (con excepción de los militares, hay que decir). Y las empresas privadas también aportaron su granito de arena al vendaval represivo, asunto que no siempre se tiene presente. Sin embargo, no creo, estimado Marcos, que víctimas de la dictadura hayan sido únicamente quienes perdieron su empleo a causa de la persecución política. Los que llevaron la peor parte fueron los injustamente encarcelados, torturados, desaparecidos, exiliados, etc., etc. Algunos de ellos habrán perdido, además, su puesto de trabajo, pero no me parece que pueda resumirse el daño sufrido en la pérdida del trabajo (y la reparación en su devolución). A su manera, la ley que ahora comentamos reconoce que la reparación no fue todo lo integral que debiera. Dicho esto, sacará usted las conclusiones que crea pertinentes acerca de si los partidos tradicionales fueron o no más generosos que la izquierda con las víctimas de la dictadura. A mí no me lo parece. Tenga en cuenta que la reparación integral que recomienda Naciones Unidas exige unas cuantas cosas más que la posibilidad de reclamar una indemnización monetaria, entre ellas nada más y nada menos que la posibilidad de demandar a los responsables ante los tribunales de justicia.

      Otra cosa (que dejé explícitamente de lado en el post) es si la indemnización económica puede reparar el daño infligido. Se puede discutir al respecto, obviamente. Y no me niego a hacerlo. Pero, insisto, lo único que discuto aquí es si, aceptada la lógica de la reparación monetaria es justo que se excluya de la misma a quienes tienen un ingreso apenas decente.

      Hasta otra.

  6. Lo peor que tiene la ley 18033 es que NO acata la resolución 60/147 de las Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas de violaciòn a obtener una reparaciòn digna. Y digo esto porque la comisión que se creó a los efectos de instrumentar esta ley, DISCRIMINO a quienes estuvieron presos y quienes estuvieron exiliados.

    Yo estuve requerida, en la clandestinidad casi nueve meses, está toda la documentación, pude salir del país. Pasé casi trece años exiliada, volví al país indocumentada. Pero no tengo derecho a reparación, sólo a jubilación. Y sólo a los 60 años y documentando que trabajé antes y después del exilio.

    ¿Eso es equidad? Cobro una jubilación de 8.000 pesos y 2.000 pesos como partida especial POR SER VICTIMA DEL TERRORISMO DE ESTADO !!!

    Y ni siquiera puedo abrir un monotributo para poder hacer algo para complementar lo que necesito para llegar a fin de mes.

    Quiero hacer una demanda al estado por incumplimiento del mandato de las Naciones Unidas. ¿Alguien me ayuda?

    toydevueta@gmail.com

  7. Marcos dice:

    Jorge:

    tenés razón cuando decís que una vez que se acepta el principio de reparación hay que aplicarlo a todos los casos no importando qué ingreso tuvo la persona. De hecho la reparación es por injusticias cometidas en el pasado no importando la condición que la persona tenga en el presente. Creo, sin embargo, que esta manera de pensar es inaceptable para cierta parte de la izquierda.

    Hasta la próxima,
    Marcos.

  8. Agustina dice:

    Tema difícil la reparación de la injusticia. Están las víctimas de la injusticia del destino, como por ejemplo el caso de los huérfanos, que han recibido y reciben pensiones regidas por leyes varias, y siempre limitadas a circunstancias: sexo, edad, salario. Se entiende que hay que reparar la orfandad, o la discapacidad congénita o adquirida, o la irresponsabilidad paterna, pero sujeto a limitantes: una pensión es para siempre, otra no, una depende de la edad, o de lo que se perciba como ingreso, etc. En ese aspecto la ley referida no se aparta de otras leyes similares del rubro pensiones. El asunto cambia cuando el victimario no es “la fatalidad”: reparaciones por responsabilidad civil, patronal, etc. En esos casos suele intervenir la justicia para determinar cuál fue el daño y cuál es la reparación correspondiente, caso a caso. De la justicia aceptamos, por ejemplo, que en un caso asigne un 25% del salario de un progenitor no cohabitante como transferencia al hogar donde viven los hijos, o al hogar de menores ingresos, aunque otras veces asigne 15% y otras 50%. (Y eso desde que existe la posibilidad de ese reclamo, para seguir en el ejemplo paterno, antes las madres solteras y sus hijos se jodían y punto. Aceptamos las instancias judiciales, que son siempre particulares). Como acá la justicia quedó trancada para la enorme mayoría de los casos de víctimas de la dictadura, quedamos sujetos a las generales de una ley vaga y arbitraria, por bienintencionada que sea. Muchas víctimas no son contempladas, y no son los victimarios quienes pagan, sino el Estado. Los victimarios ni siquiera fueron juzgados. Lo cual impide a su vez conocer el estatuto de la víctima: no sabemos si la pensión va a un inocente o a un delincuente. Por otra parte, se puede ver que las mismas personas que defienden a un adolescente que tiraba piedras en 1971 condenando al que lo hace en 2011: ahora somos todos anti-violencia y políticamente corectos. Tampoco conozco a ningún militante víctima de la dictadura que haya salido a protestar por la enorme injusticia de que el Ministrio del Interior se haya negado a reparar a los familiares de las víctimas del incendio de la cárcel de Rocha. Sí, es un tema muy difícil.

  9. Pablo Azzarini dice:

    Tarde pío
    Sí, me gustó lo de Agustina.
    Creo que hay dos aspectos en el tema: uno es el legal, el otro es la fundamentación de la ley y por lo tanto su reglamentación (que deriva, me parece, de la primera).
    En lo legal, es indiscutible que una ley es para todos, a no ser los que estén amparados por otras y ahí entramos en un choclo interminable.
    En lo que respecta a la argumentación de la ley, creo que los ojos están puestos en quienes ganan más o menos 10 mil pesos, de ahí ese intento de llevar la solidaridad social como bandera, no sé si me explico. El Coco habla de “pobrismo”. Sí puede ser. Pero también es cierto que vivimos en un país pobre y por eso quizá esta ley tenga más de distributiva que de justa. Quizá sea un mamarracho bienintencionado.
    Por mi parte, si tuviera un ingreso como ese no trabajaría más por plata.

    • Felipillo dice:

      Estimado Pablo:
      No es en absoluto “indiscutible” que se trate de una reparación para todos, como creés. Los que tenemos otra jubilación no tenemos derecho a ser reparados.

  10. Hace un tiempo ya que fueron escritos estos comentarios, y no sé si Pablo volverá a leer esta entrada. Pero creo yo que lo que él quiso decir es que es legalmente indiscutible que una ley DEBERÍA ser aplicable a todos sin excepción. Dice, además (y yo discrepo con él obviamente en este punto) que a la hora de reglamentar la ley, como supuestamente somos un país pobre, se podría excluir de los beneficios de la ley de reparación a quienes ganen más de determinada suma. Escribí todo el post justamente para argumentar en contra de esa visión. Es como mezclar papas con gladiolos. Insisto, la reparación se supone que se debe a que Mengano fue víctima de un abuso arbitrario del poder del Estado, no debido a su pobreza. Después de releer el post y los comentarios, me parece pertinente volver a destacar que la pobreza NO ES LA UNICA injusticia que debe reparar una sociedad. Mal encaminada va una comunidad si piensa en esos términos.

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