Constitución, jueces y democracia

SupremeCourt1Hará cosa de un mes la Suprema Corte de Justicia de este país tomó dos decisiones que suscitaron controversia. De bajo vuelo pero controversia al fin. De un lado, acusaciones de que los máximos magistrados se pusieron al servicio de determinadas causas políticas y, del otro, elogio de su independencia y del coraje para enmendarle la plana al gobierno y al Parlamento en nombre de la defensa de los derechos fundamentales.

Digo que la controversia fue de vuelo bajo, porque lo más importante, lo que en verdad se puso en juego con las decisiones del máximo tribunal de este país fue bordeado pero no abordado: me refiero a qué decisiones pueden o no pueden tomarse en el marco del juego democrático, cuáles son los límites que la mayoría o las instituciones legitimadas por el voto popular no pueden transgredir. Con sus fallos, los jueces nos vinieron a decir que las instituciones representativas no pueden tomar determinadas decisiones, que el ámbito de acción de la democracia política está acotado por un texto, la Constitución, y por sus propias facultades interpretativas de ese texto. También se puede decir de esta otra manera: los fallos de la Corte vinieron a recordarnos que las instituciones contramayoritarias, aquellas cuya legitimidad no proviene de la voluntad de la ciudadanía (como la de la propia Corte), cuentan en determinadas circunstancias más que las legitimadas por la voluntad de la mayoría. ¿Es democrático que cinco jueces que no fueron elegidos por los ciudadanos resuelvan si el gobierno o el Parlamento pueden, o no pueden, aprobar un impuesto a los propietarios de tierra o enmendar una ley como la de Caducidad? No estoy invitando a nadie a responder con una cruz en el casillero del sí o del no, pero hay que intentar responder la pregunta. De lo contrario, la toma de partido sobre los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia puede terminar pareciéndose a una adhesión futbolera.

Es asunto delicado dirimir, primero, si una comunidad política debe fijar límites a su autogobierno, es decir a aquello que puede decidir libre y democráticamente, esto es si hay asuntos que pueden serle hurtados a las instituciones políticas representativas legitimadas por el voto popular y, si la respuesta fuera afirmativa, segundo, cuáles serían esos límites más allá de los cuales debería caducar la soberanía de la política democrática o, como mínimo, enfrentar la competencia de instituciones contramayoritarias –como los tribunales constitucionales, las cortes supremas y otras. Se me ocurre que podríamos cuestionar el carácter democrático de un orden en el que las constituciones, o los tribunales supremos, logran sustraer parcelas enteras del ámbito de acción soberana de la política. Si esas instituciones están autorizadas a invadir rutinariamente ámbitos en principio reservados a la política, ésta se encoge y corremos el riesgo de una democracia en la que un texto legal o un estamento de expertos cuentan más que la mayoría. La acción política consiste en buena medida en establecer qué es lo que se puede cambiar y qué no y si las constituciones y los jueces ya lo decidieron por anticipado, la deliberación política se vacía de contenido o pierde su razón de ser.

Sin embargo, afirmar que todo puede decidirse por el voto y que nada puede sustraerse a la voluntad de la mayoría –porque en eso consistiría la democracia–, ya sea que esa mayoría se exprese directamente o a través de instituciones representativas, también tiene sus riesgos. Lleva implícito el peligro de que la mayoría oprima o prive de derechos a las minorías. Una posibilidad que esta implícita en la afirmación. ¿La voluntad mayoritaria también debería respetarse si consistiera, por ejemplo, en prohibir que los negros, o los diabéticos, ingresen a la Universidad?

Uno de los ingredientes más importantes de casi todas las constituciones contemporáneas es la protección de los derechos individuales básicos; su blindaje, por decirlo de alguna manera, frente a los cambiantes humores de las mayorías. Es una preocupación arraigada en la tradición liberal, en la que se inspiran casi todas las constituciones vigentes. Esa tradición desconfió siempre de las decisiones de la mayoría (siempre susceptible a sus ojos de dejarse arrastrar por pasiones insensatas) y defendió los poderes de instituciones contramayoritarias y la vigencia de rígidos textos constitucionales precisamente para corregir los errores de la propia democracia, para equilibrar los excesos de las mayorías circunstanciales. La idea que late detrás de esa desconfianza es que para asegurar la democracia se necesita siempre una instancia exterior a ella misma, que la democracia no sería autosuficiente.

La exigencia liberal de que los derechos estén blindados frente a la acción política, que estén protegidos por textos legales e instituciones judiciales deriva también de su concepción de la libertad como libertad negativa (simplemente aquello que no se me puede prohibir). Si fuera verdad, como piensan muchos liberales, que el problema empieza cuando las decisiones de los demás, o sea de la comunidad política, recaen sobre mí y mi libertad aumenta cuando aumentan los ámbitos de mi vida que están excluidos de esas decisiones, se comprende perfectamente que se quiera ampliar al máximo “el ámbito de los derechos”, y protegerlos frente a la acción política, extender todo lo posible el territorio de lo que el poder político no puede alterar. Alguien dijo que para el liberalismo los derechos son como ases que nos guardamos en la manga para defendernos de la acción del pérfido Leviatán.

Para la tradición republicana,  la mejor manera de proteger esos derechos no es poniéndolos a salvo de la deliberación pública (como ocurre cuando se los judicializa o constitucionaliza), sino mediante el compromiso de la ciudadanía. Si los demás no tienen nada que decir sobre “mis derechos”, el peligro es que no se sientan comprometidos con su defensa.

En esta controversia acerca de cómo se garantizan mejor los derechos están en juego, por supuesto, dos concepciones acerca de la virtud cívica. El liberal es decididamente pesimista en la materia, cree que la motivación del individuo es el interés propio. La tradición republicana, o algunas de sus corrientes de pensamiento, son antropológicamente más optimistas y ven en la deliberación y la participación el remedio a las eventuales patologías de la democracia electoral-representativa.

La preocupación por la posibilidad de que se vulneren los derechos no es injustificada por cierto. Admitamos que la mayoría puede incurrir en desmesuras tiránicas y que no existen garantías de que, librada al criterio de la mayoría, la democracia tomará siempre las decisiones más sabias y justas. Admitamos incluso que la experiencia no siempre ha confirmado el optimismo republicano en lo que atañe a la virtud cívica de los ciudadanos y que, por tanto, es perfectamente razonable la pregunta acerca de si acaso los derechos fundamentales no deberían estar garantizados por fuera de la política, por una coraza constitucional.

Pero una cosa son los derechos individuales básicos y otra cosa muy diferente son los otros muchos asuntos que las cortes supremas y las constituciones actuales hurtan a la política, como ocurre cada vez que los máximos tribunales de un país se pronuncian sobre el casamiento entre personas del mismo sexo, la legalidad de un partido político o del consumo de drogas, el número de medios de comunicación que puede tener un grupo económico, un impuesto a la propiedad o a las jubilaciones. No se trata sólo de las particulares interpretaciones de los jueces: algunas constituciones tienen cláusulas por las que asuntos inequívocamente políticos, como el derecho de propiedad sobre los medios de producción, por ejemplo, quedan blindados frente a cualquier ocurrencia de ponerlo en tela de juicio. Y una comunidad política que no puede decidir sobre asuntos como los mencionados es cualquier cosa menos autogobierno de la mayoría. Conclusión provisoria para los impacientes: salvo los derechos fundamentales, no debería haber límites a lo que puede ser objeto de deliberación, argumentación y votación. Cuando una comunidad política toma decisiones que se atienen al criterio de justicia y bien colectivo no se las puede equiparar con la violación de derechos, la opresión de una minoría o de un individuo.

En los casos mencionados las Cortes Supremas de Justicia y Tribunales Constitucionales no dictaron sentencias entre dos partes en litigio para preservar derechos, que debería ser lo propio de los sistemas judiciales, sino que sus particulares interpretaciones de la Constitución les llevan a dictar sentencias que afectan a terceros que no son litigantes, es decir a todos los ciudadanos. Y de esa forma ingresan de lleno en la arena política. Pero no como cualquier otro ciudadano, sino como el portador de la última palabra. Ante un fallo de constitucionalidad, al político no le queda otro camino que el acatamiento. No es que los jueces carezcan de legitimidad democrática; la tienen, pero la tienen para juzgar, no para gobernar. Por eso no es bueno que –salvo casos excepcionales y como último recurso– las decisiones judiciales corrijan decisiones políticas tomadas en ámbitos legitimados para ello.

Cuando se recurre a un árbitro exterior para que laude sobre las controversias políticas, lo que está fallando es la política misma, sus mecanismos de discusión y decisión, fallas que algunos utilizan para obtener a través de cauces procesales lo que no han podido obtener en el terreno del juego democrático.

Pero el problema no reside únicamente  en la politización de los jueces ni en su particular interpretación de la constitución. Parte del problema son las propias constituciones, que acotan el campo de lo que la mayoría puede decidir.  Y el control constitucional de las leyes aprobadas por los representantes limita la democracia. Supuestamente garantes de los derechos ciudadanos, las constituciones impiden a los ciudadanos decidir el contenido y el alcance de esos derechos. Pero además, dado el carácter genérico y vago de los textos constitucionales, la interpretación de los órganos judiciales termina pareciéndose demasiado a una labor legislativa. Una labor legislativa muy singular, hay que decir,  porque los máximos tribunales están integrados por apenas cinco, siete o nueve personas, que no fueron elegidas por sufragio popular.

Deberían contemplarse todos los problemas inherentes a las constituciones que vulneran el principio democrático. No para suprimirlas, sino para intentar corregirlos. Para empezar por el principio: una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones siguientes. Equivaldría a una “tiranía de los muertos”, según Thomas Jefferson, quien proponía que cada nueva generación sometiera a escrutinio y volviera a validar el pacto constitucional heredado.

Las constituciones no deberían ser textos sagrados, o modificables únicamente por mayorías extraordinarias. Deberían contener el menor número posible de normas (principalmente referidas a los derechos fundamentales) y éstas deberían ser muy generales para no coartar el autogobierno democrático. Reglas tiene que haber, pero las reglas deberían poderse cambiar, porque cuando las constituciones son muy rígidas representan una suerte de camisa de fuerza para el sistema democrático. Las constituciones vigentes se distinguen de las leyes ordinarias en que de algún modo su contenido está fuertemente protegido frente a la tentación de su modificación desde la política. Es habitual que muchos pongan el grito en el cielo porque un gobierno “cambió las reglas de juego”, pero ¿qué queda de la política si entre sus atribuciones no se incluye precisamente la de cambiar las “reglas de juego”? No se termina de comprender qué razones pueden esgrimirse para que la sociedad vea limitadas sus posibilidades de establecer o cambiar las reglas en virtud de las cuales quiere organizar la vida política.

El caso más ilustrativo de lo que aquí se dice es Estados Unidos, con una constitución de 1789. La democracia en ese país esté maniatada por un texto redactado hace más de dos siglos por 55 constituyentes y aprobada sólo por 39 y cuya modificación exige unas mayorías muy significativas, ya sea a nivel federal como de las Legislaturas estatales. ¿Por qué tiene que ser más difícil cambiar las reglas constitucionales que cambiar las leyes ordinarias?

No es tan evidente, como se suele sostener, que existe un consenso y un compromiso en torno al pacto constitucional, cuando ese pacto suele ser una herencia de generaciones pasadas, vivimos en sociedades plurales y el contenido de los textos es decidido por comisiones de notables y expertos. Lo que termina por convertir en intocables a las constituciones es precisamente el costo de modificarlas. Todo lo que está incluido en la constitución queda fuera del debate político cotidiano precisamente por esa dificultad.

Si lo dicho hasta aquí no es un despropósito, el fallo de la Corte que sostiene que la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad aprobada por el Parlamento es inconstitucional porque viola un principio básico del derecho a un juicio justo, la no retroactividad de la ley, sería perfectamente lógico y defendible (aunque, como siempre, estoy dispuesto a dejarme persuadir de lo contrario). Con su decisión, la Corte estaría garantizando los derechos de todos los ciudadanos, incluidos los acusados de delinquir, incluidos los de violar los derechos humanos (bueno sería que se ignoraran los derechos de los acusados de cometer cierto tipo de delitos). Por eso causa estupor que un abogado involucrado en causas por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura la emprendiera esta semana contra la Corte por un fallo que determina la prescripción de algunos delitos de aquella época y dijera (lean bien):  “basta de darles seguridades jurídicas a los verdugos” (!!). Qué quieren que les diga, a mí esa furia me recuerda al enano fascista que se rasga las vestiduras porque supuestamente los jueces y ciertas organizaciones están “más preocupados por los derechos de los delincuentes que por los derechos de las víctimas”.

De las decisiones de los jueces del Olimpo que tanto malestar suscitaron en la feligresía progresista, la que más debería preocuparnos es, también por todo lo dicho, la que impugnó el nuevo impuesto a las propiedades de tierra de más 2.000 hectáreas. Lo que estoy diciendo, entendámonos, no es que la medida no sea políticamente discutible, sino que esa discusión debe ser política y no judicial. ¿A qué queda reducida la política si un texto constitucional (o una interpretación de un grupo de cinco jueces) puede sustraerle a un gobierno democráticamente electo, a un Parlamento incluso, la potestad de aprobar un impuesto a los grandes propietarios de tierra (como ya ocurrió con las jubilaciones)? Nadie debería poder ampararse en la retórica de “los derechos vulnerados” para impugnar la aprobación de un impuesto que pasó todos los filtros del proceso democrático institucional (incluido el Parlamento). Si la constitución uruguaya incluye esa posibilidad, entonces estamos ante un buen ejemplo de lo que no debería incluir una constitución. Porque es una forma de favorecer a quienes recurren a los tribunales para conseguir lo que no pudieron conseguir en el terreno político democrático.

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3 respuestas a Constitución, jueces y democracia

  1. Iris dice:

    Confluyen muchas cosas en este protagonismo de los jueces y el desplazamiento de la política propiamente dicha. Tenemos a los vivos y privilegiados de siempre que intentan conseguir lo que no conseguirían con su intervenciones políticas. No hay que olvidarse que la Suprema Corte intervino ante la demanda de un ciudadano productor rural, con más de 2.000 hectáreas, que sintio sus derechos violados porque el gobierno queria cobrarle un impuesto. A ese señor demandante, nadie le hubiera llevado el apunte en los ámbitos políticos convencionales si hubiera propuesto que no le aplicaran el “maldito” impuesto. Si ni siquiera los partidos tradicionales mostraron demasiado entusiasmo en oponerse al impuesto. Después están las fallas y dificultades de la propia democracia representativa. La gente sabe que los gobiernos son cada vez menos poderosos, la política es demasiado compleja y casi nunca toma decisiones definitivas. Se recurre a la justicia con la esperanza de conseguir todo eso que no se logra nise espera de la política. Es tal cual usted lo dice, Barreiro. Las grandes decisiones las tomará pronto un grupo de sabios. ¿La democracia? Bien gracias.

  2. Las primeras constituciones modernas (empezando con la estadounidense de 17 de septiembre de 1787) establecieron los límites de los poderes gubernamentales, y de protección de los derechos y libertades fundamentales con las primeras enmiendas de 15 de diciembre de 1791 conocidas como Declaración de Derechos (Bill of Rights).

  3. Cualquier discusión de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales en México se centraba exclusivamente en la figura jurídica del amparo, establecida por la Constitución Federal. Esto cambió a partir del año 2000, cuando el estado de Veracruz reformó su legislación local para incluir un instrumento jurisdiccional de protección de los derechos humanos, lo cual abrió la posibilidad de que otras entidades federativas incluyan en sus constituciones locales mecanismos de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. A pesar de las ventajas que supone proteger los derechos fundamentales desde los estados, esta idea no ha permeado entre la población. En este artículo se realiza un ejercicio teórico que justifica la necesidad de introducir los derechos fundamentales en las constituciones locales, así como mecanismos jurisdiccionales secundarios que protejan esos derechos. Palabras clave: Constitución, amparo, derechos fundamentales, protección jurisdiccional, federalismo, México, Veracruz, Tlaxcala.

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