La televisión ya no es lo que era

Durante décadas los grandes medios de comunicación han sido las bestias negras de la izquierda, los responsables de la ignorancia y la narcotizada resignación de las masas, el gran obstáculo que se interponía en el camino de la toma de conciencia colectiva. En lugar preeminente de la galería de enemigos del pueblo figura la GBT, la Gran Bestia Televisiva. Domesticar a ese ogro ha sido desde siempre una de sus grandes obsesiones.

El acceso del Frente Amplio al gobierno (algo irrealizable según el dogma de la omnipotencia de los medios) vino, pues, acompañado de la expectativa de la democratización del universo televisivo. Y aunque hubo que esperar casi nueve años de gobierno de izquierda, ahora mismo estaríamos asistiendo, finalmente, a la consumación de la prometida transformación, gracias a dos iniciativas del gobierno: el otorgamiento de nuevas licencias para operar canales de televisión digital y la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Al primero se le puede aplicar aquello de que la montaña parió un ratón. Años despotricando, con toda razón, contra el oligopolio televisivo de este país, denunciando a voz en cuello la execrable calidad de la programación de los tres canales privados, la inclinación por el escándalo y el lucro sin freno, y finalmente la Gran Transformación no ha pasado de un pequeño ajuste del mercado televisivo. Los tres grandes, que desde que nació la televisión han monopolizado las pantallas de este país, seguirán conservando sus respectivas licencias sin siquiera someterse a las condiciones que le fueron exigidas a los nuevos aspirantes. A los actuales canales se les otorgó por decreto tres de las cinco licencias disponibles de la nueva televisión digital sin tener que defender su viabilidad económica, como sí debieron hacer los demás; sin someterse a audiencias públicas, a las que sí debieron someterse los demás; sin que sus propuestas de programación fueran evaluadas, como se evaluaron las de los demás. En contrapartida a la conservación de sus privilegios, deberán compartir el espacio con otros dos canales (uno solo de los cuales es estrictamente nuevo ya que el otro ya tenía una señal de televisión por cable) y verán limitado el usufructo de las licencias a 15 años en lugar de para toda la eternidad. He aquí uno de los resultados de la Gran Transformación del firmamento televisivo de este país.

Cualquiera diría que ha habido un pacto entre el gobierno y el oligopolio televisivo. Entre otras cosas, a cambio de unas frugales reglamentaciones, los tres canales privados lograron que el mercado de la televisión para abonados, que también controlan casi íntegramente, quedara blindado frente a cualquier nuevo aspirante a ingresar en él. La preocupación central de la izquierda parece consistir más en evitar las críticas públicas de los grandes medios –sobre todo cuando hay elecciones en el horizonte– que en democratizarlos, cualquiera que sea el alcance de semejante empeño. La existencia de un pacto resulta perfectamente plausible, no sólo por los privilegios que los canales lograron conservar, sino porque como empresas que son no tienen principios ideológicos o políticos inmutables; su preocupación es el aumento incesante de la audiencia, fuente de su influencia y de sus ganancias. La izquierda gobernante les resulta menos demoníaca de lo que la propia izquierda quiere hacernos creer.

La otra pata de la Gran Transformación del universo mediático de este país es la llamada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que en estos días discute el Parlamento y que ha crispado los ánimos de la oposición política, que la denuncia como una suerte de ley mordaza, semejante a las que han sido aprobadas en Venezuela y Ecuador.

Para evitar las controversias inútiles y enfocarnos en las que realmente importan, digamos de entrada que la ley en cuestión no justifica los anuncios de la oposición sobre el advenimiento de una era totalitaria, en la que el gobierno estaría en condiciones de controlar todo lo que se emite en los grandes medios de comunicación. Las apocalípticas y rutinarias advertencias acerca de los peligros que se cernirían sobre la libertad de expresión no resultan convincentes y se parecen demasiado a los recelos liberales frente a cualquier interferencia desde el ámbito político, como si la libertad fuera tanto mayor cuanto menores sean las interferencias legales y políticas en nuestras vidas. Si el ejercicio de determinados derechos (y los de expresión e información no son solo de las empresas mediáticas sino de los ciudadanos en general) no depende únicamente de que nada se me prohíba, sino también de una serie de condiciones que sólo pueden ser aseguradas entre todos, es decir desde la política, entonces no se comprende el escándalo suscitado por aquellos artículos de la ley que regulan, por ejemplo, los procedimientos de asignación de las frecuencias, el tiempo por el que se las otorga, el pago de unos cánones por el uso de unas ondas que –hay que recordarlo– son públicas, las cláusulas antimonopólicas, la prohibición de la publicidad abusiva dirigida a los niños y la obligación de otorgar espacios gratuitos para la propaganda electoral de los partidos y las campañas estatales de interés público. Incluso el gobierno está dispuesto a modificar aquellos artículos que originalmente atribuían la fiscalización del cumplimiento de la ley a un organismo dependiente del gobierno y transferirla a otro independiente o bajo control parlamentario.

Después de todo, la mayoría de los países democráticos regulan esos aspectos de la actividad de los grandes medios de comunicación y a nadie se le ocurre argüir que esas interferencias son un atentado a la libertad. Nada en las disposiciones mencionadas autoriza a afirmar que asistimos a un intento de censurar o controlar la programación de los medios.

Sin embargo, otras sí discurren por la no siempre incontestable frontera entre los derechos y el control de los contenidos difundidos. Me refiero a toda la catarata de clichés, enunciados solemnes y principios vacuos y enmarañados que se desata a partir del artículo 4 de la ley y que refiere a que los medios “son un elemento estratégico para el desarrollo nacional (y) soportes técnicos para el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de información”, a la “difusión y promoción de la identidad nacional, así como de la pluralidad y diversidad cultural de Uruguay”, al “apoyo a la integración social de grupos sociales vulnerables”, a “la promoción de la diversidad (como) objetivo primordial de la regulación de los servicios de comunicación audiovisual (…); de los derechos culturales de todos los habitantes de la República, comprendiendo la efectiva realización de las capacidades creativas individuales y colectivas, la participación y disfrute de la cultura en todas sus manifestaciones, en un marco de diversidad y democratización cultural, muy especialmente a través de los servicios de comunicación audiovisual” y otras disposiciones análogas.

Ya me dirán ustedes cómo podrán alcanzarse tan discutibles propósitos sin husmear en el contenido de la programación de los canales de televisión, o cómo podrá promoverse y difundirse ese gran misterio que es la identidad nacional, o la efectiva “realización de las capacidades creativas individuales y colectivas” o la enigmática diversidad cultural uruguaya. Otro tanto ocurre con la programación durante el horario de protección al menor, que no podrá incluir “violencia excesiva, entendida como violencia explícita utilizada de forma desmesurada o reiterada, en especial si tiene resultados manifiestos de lesiones y muerte de personas”, “truculencia, entendida como la presentación de conductas ostensiblemente crueles o que exalten la crueldad, o que abusen del sufrimiento, del pánico o del terror, o que exhiban cadáveres o resultados de crímenes en forma abierta y detallada”, entre otras muchas referencias semejantes que abundan en el proyecto. Tampoco me imagino qué tribunal y con qué rasero decidirá qué es una violencia “excesiva” o una “truculencia”. La corrección política de los redactores del proyecto había alcanzado cotas tan delirantes que hubo que rectificar la disposición que prohibía que un programa diera “la impresión de que la posesión, uso o consumo de un producto concederá al niño, niña o adolescente ventajas físicas, sociales o psicológicas sobre otros”.

Otro apartado muy vinculado a los contenidos es el que obliga a los titulares de licencias de televisión y radio a dedicarle un tiempo desmesurado a programas de producción nacional. En el artículo 51 se establece que el 60% de la programación televisiva deberá ser de producción nacional. Sólo una mente obsesionada con lo propio, independientemente de la calidad de lo propio, puede concebir la demencial idea de que de aquí en más debamos resignarnos a que el 60% del tiempo de emisión de un canal de televisión esté dedicado a lo que se produce en el recinto de la patria y el 40% restante a lo que se produce en todo el mundo (¡!). Ignoro si en el ámbito local existe la capacidad de producción que prescribe la ley, pero es dudoso de que vaya a contribuir “al disfrute de la cultura en todas sus manifestaciones” (es que esto se va a parecer más a una penitencia que a un disfrute). ¿En qué criterio cultural, educativo, en qué derecho a la información puede fundarse semejante desmesura? No encuentro otro que no sea el nacional-provincianismo que segrega la ideología de la identidad nacional que comparte todo el espectro político de este país.

No me cuento entre los que perciben tentaciones totalitarias detrás de esta iniciativa legal. Se me ocurre que es más tributaria de la creencia en que la izquierda tiene “grandes misiones” en la vida, como la de defender el fetiche de la identidad nacional ante una derecha supuestamente extranjerizante, proteger a nuestros párvulos de influencias nocivas y a los ciudadanos en general (otra categoría de párvulos) de los engaños que, por definición, divulgan los medios. Tan simple y tan banal como eso.

Sin embargo, lo más significativo del texto legal es lo que no abarca: Internet. La ley excluye, como no podía ser de otra manera, explícitamente a la red de redes. Pero según una investigación del Grupo Radar del año pasado, el 63% de los uruguayos es usuario de internet, en la franja de 20-29 años los usuarios ascienden al 81% y en la de 12-19 años son el 94%; el uso de internet entre los mayores de 50 años sigue creciendo. El 90% de los hogares de este país tiene conexión a internet. Un joven uruguayo pasa en promedio 12 horas semanales conectado a internet, cerca del 62% de los usuarios de internet la utiliza para informarse de asuntos de actualidad (para el 11% es su principal fuente de información), 34% baja o mira películas en línea, 65% hace lo propio con la música, el 79% busca información sobre temas de su interés.

De modo que la ley regula una porción decreciente del universo mediático. La Gran Bestia Televisiva se convertirá, ya se está convirtiendo, pues, en un simpático gatito de garras recortadas. Pero en cierta cultura de izquierda no parece haberse tomado conciencia de estas transformaciones.

De acuerdo, afortunadamente internet es incontrolable por los Estados, salvo que se esté dispuesto a seguir los pasos de Corea del Norte, Cuba o China. El caso de internet es un rasgo típico de lo que Zygmunt Bauman llama la modernidad líquida, es decir la nuestra; un ejemplo de la impotencia de la política –sedentaria, atada al territorio–, para regular aquello que ocurre en  los ámbitos nómades de la economía, la sociedad y la cultura. En la mayoría de los casos esa impotencia es todo un problema, porque, por ejemplo, dificulta someter a la economía a criterios de justicia. Pero en el caso que nos ocupa, esa dificultad de la política tal vez sea de agradecer. Porque el desarrollo de internet está haciendo más por la democratización de las comunicaciones que una ley cuyo ámbito de aplicación será cada vez más limitado. Nótese que la mayor parte de las disposiciones de la ley no podrán ser aplicadas siquiera a la televisión para abonados, porque la mayoría de sus señales son internacionales.

De modo que como la izquierda gobernante nada puede hacer con la red de redes, el medio que más ha crecido en los últimos años, el que más seguirá creciendo según todos los pronósticos, aquel al que los jóvenes dedican más tiempo que a ningún otro, el más plural, tanto en lo que atañe a las temáticas, enfoques y opiniones como a los formatos, géneros y nacionalidades, decide regular al detalle aquello abocado a la insignificancia. Como en tantas otras cosas, la izquierda parece más inclinada a una gestualidad rutinaria que a comprender el mundo en que vivimos y actuar en consecuencia. Por decirlo con las palabras de nuestro presidente: “en cinco años la ley de medios será un esperpento, para que quede en el recuerdo, porque la verdadera ley de medios es el cable enterrado, por el que la gente va a mirar lo que se le antoje, de cualquier parte del mundo”.

Para seguir en el tema:

https://jorgebarreiro.wordpress.com/2009/12/27/unicos-e-irrepetibles/

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5 respuestas a La televisión ya no es lo que era

  1. alfonso dice:

    me encanta el diagnostico , me preocupa el porvenir

  2. Enrius dice:

    No puedo si no desear que los nuevos canales la tv digital en Uruguay no revistan las mismas o parecidas características a las de España. Aquí, desde que aparecieron hace unos años, fueron bautizadas en su conjunto con el expresivo nombre de “El TDT (television digital terrestre) Party”, una ingeniosa referencia al “Tea Party” estadounidense. Canales de la derecha más rancia e incluso claramente provocadora y/o nostálgica de un pasado nada glorioso forman parte de esta “oferta que no podrá rechazar”. Canales como Intereconomía o 13 TV propiciada y bendecida por la Iglesia Católica se mezclan y compiten en excelencia reaccionaria con otros propiedad de empresas periodísticas de ambigua ideología. Teletiendas y telepredicadores de inconfundible acento van completando dicha “oferta”que ,hoy por hoy, compiten con la TV Pública y alguna autonómica (desaparecida por insostenible en todos los sentidos) puestas, como es costumbre al servicio del partido felizmente en el gobierno. Les deseo suerte y buenas lecturas. Un abrazo Coco.

  3. De los cinco “nuevos” canales de la TV digital, tres, como está dicho en el artículo, serán los mismos que monopolizaban las pantallas, es decir una bazofia. Otro, ya tiene una señal en TV para abonados y es una bazofia menor. El quinto es una incógnita. Por suerte tenemos Internet, Enrique.

    Aprovecho para aclarar que la versión de la “Ley de Servicios de Comunicación… ” a la que se accede desde el link que está en el texto del artículo NO es la última, que no pude encontrar. En cualquier caso, son mínimas las modificaciones que tiene respecto de la que se discute en estos días en el Parlamento.

  4. Luis dice:

    Excelente, Barreiro, como suelen ser sus artículos.
    Como argentino no puedo más que comparar la ley que usted comenta con la ley de medios de mi país -considerada por muchos, principalmente por el gobierno, como una gran cruzada nacional y popular contra los monopolios (sic) y una iniciativa clave que va a cambiar radicalmente los destinos del país- que se aplica de manera muy parcial e irregular. También puedo decir que, en la teoría, puede ser buena pero en la práctica parece realizada por gente que no entiende cómo funciona un medio. Gente que no lo entiende porque no tiene ninguna experiencia en gestión de medios.
    La televisión digital aquí tiene una mirada muy parcializada y oficialista y, como es de imaginar, muy poca audiencia. Muchos de los programas producidos con fondos públicos están teñidos de un nacionalismo simplista y contaminados de una corrección política trasnochada. Baste citar como ejemplo “La asombrosa excursión de Zamba”, un dibujo animado sobre historia que no es más que un muestrario de maniqueísmo y banalidad.
    Por otro lado, también aquí se han olvidado nada menos que de internet. Es decir, se sanciona una ley que nace obsoleta.
    Espero que en Uruguay se puedan hacer las cosas de otra manera.
    Un saludo.

  5. Pincho dice:

    1. Sobre los acuerdos entre los canales privados y el Gobierno: son las venas ocultas. No le encuentro malicia. Sólo una revolución podría cambiar un estado de cosas, que aunque no sea idealmente bueno, funciona. Son familias que, como en otras áreas productivas del país, iniciaron y heredan sus feudos, sin que haya algo reprochable en ello. Hace falta recordar como lo bajaron de la silla al propio Carlos Maggi, en el primer intento de un informativo del canal oficial. ¿Que mierda tiene que venir el Estado a informar, cuando nosotros lo venimos haciendo ininterrumpidamente desde que prendimos las primeras lámparas? ¿Acaso el Estado teme que la población no se entere de lo que hace y hará? ¿Teme que estas empresas de comunicación profesional no hagan bien su tarea? o para peor: ¿Temen que exista la posibilidad de manipular la información y que en tal caso se haga uso espúreo de ella? Bueno, tantos años de batalla por la idea de que sí es bueno que el Estado tenga su propia voz y su propia imagen, es el resultado que hoy gozamos. O no, pero es lo que hay. La libertad estriba en elegir. No nos atan frente al televisor con palillos en los párpados. Nuestra libertad estriba en el si-no, on-off. Del mismo modo, en el tema que se toca, pretender que los que hicieron y marcaron la cancha, pusieron las reglas y eligieron al juez, se regule del mismo modo, con las mismas medidas y al mismo tiempo que con los neófitos, no me parece plausible ni en lo mas puro de la idea. Sí fueron los pioneros, sí nos mantuvieron “informados” ininterrumpidamente. ¿Acaso Telenoche no es un rasgo de nuestra identidad nacional? Mientras que los noticieros de Tnu no llegan todavía a fijar una imagen en el plano de la conciencia ideológica colectiva que pueda llamarse “identidad nacional”. Y esto por supuesto no tiene nada que ver con la calidad.
    2. Sobre la Ley: No creo que la vaya a leer toda. Por lo que hago acuerdo en general con lo que analizás con mucha razón. Aunque da para una discusión en varios pisos subterráneos. Ideología-moral-izquierda-medios. Hace años que escuchamos la declaración de principios oficial respecto a los medios a través de las radios del Estado. Hoy se machaca con la idea fuerza de “somos lo que hacemos”. Es un avance, aunque la frase excluye toda otra forma de ser y no las cagadas que hacemos, que también nos hacen.
    Pienso que el Estado ya es responsable por velar por la salud del pueblo, de la ciudadanía, y que si fue omiso siempre o casi siempre, incluídos los períodos dictatoriales y de izquierda, habría que exigir por la no violación a nuestros derechos elementales y luego ver si es necesaria una Ley. Personalmente, en repetidas oportunidades llamo al canal que corresponda para protestar por la mierda que me obligaron a mirar, abusando de mi buena fe.
    3. Lo de Internet demuestra por el contrario-senso un resultado a lo: “llegar tarde siempre a donde nunca pasa nada”. Los contenidos a los que accedemos por la red de redes es como el agua, que llega a todos los rincones, lo que importa verdaderamente para un país, para la cultura de su gente, son los continentes. El agua adopta la forma del continente. Si no hay continente, se dispersa hasta su desaparición. Estoy seguro que Baumann se inspiró en esta propiedad del agua (su liquidez) que poéticamente, hace cinco mil años es simbolizada en el I-King. Y retomada como metáfora de la imagen, que se desvanece si no tiene un marco, algo que la contenga. Como un televisor, aparato noble tan desmerecido y prostituído en nuestros países, por aventureros que sólo han demostrado, por generaciones, que su principal interés es sólo divertir-se haciendo plata, importa poco con qué y que nadie los moleste. Están en su derecho.

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