Razones, fuerza y justicia en la guerra presupuestaria

Cada cinco año asistimos en este país a la misma riña acerca de cómo se distribuyen los limitados recursos del Estado. Este 2015 no es la excepción. Se trata de una riña que pone en evidencia las formas predominantes de entender la política. O, tal vez, de no entenderla en absoluto.

Están quienes la conciben como uno de los tantos escenarios de los conflictos de intereses y de poder. Desde esa perspectiva, el debate presupuestario (o mejor, la lucha en torno al presupuesto) sería apenas una manifestación de esos conflictos. Las partes en litigio estarían definidas de una vez y para siempre por sus intereses de grupo, inmunes a la argumentación, y lo que importaría de ese conflicto de intereses no es a qué parte le puede asistir razón ni determinar qué intereses puede ser más justo atender. Deliberar en torno a estos asuntos no pasaría de ser un incordio innecesario. Las cosas estarían meridianamente claras desde el principio. Los reclamos y exigencias de determinados grupos no necesitarían argumentarse. Estarían legitimados por provenir de quienes provienen. El caso más emblemático de este tipo de comportamientos es el de los sindicatos docentes, que demandan una suma equivalente al 6% del PIB para la educación pública, es decir algo así como 20% del presupuesto estatal. Alegan que los recursos para la educación, en particular para los salarios, deben tener prioridad sobre cualquier otro rubro, y como además el reclamo proviene de quien proviene (un sector de la llamada clase trabajadora), no hay nada que discutir.

En su momento, esos mismos sindicatos llegaron a la desmesura de proponer que ese porcentaje dedicado a la educación fuera incluido en la Constitución y quedara así blindado hasta el final de los tiempos, de modo que los gobiernos tuvieran vedado disponer de una parte significativa de los recursos públicos. No es del caso ahora discutir si ese porcentaje es razonable o no, aunque a veces da la sensación de tratarse de uno de los tantos fetiches adorados por (una parte de) la izquierda. No lo sé. Sobre eso apenas diré que la atribución de ese porcentaje del PIB no garantiza que mañana tendremos una educación pública de calidad; lo que sí tendríamos garantizado, en el caso de que todos los trabajadores del Estado exigieran “su propio porcentaje” del presupuesto, es la ruina de la política, una de cuyas tareas es precisamente ocuparse de distribuir los recursos escasos de acuerdo con criterios de justicia. Si cada parte se asegurara definitivamente una porción del pastel, a la política solo le quedaría el papel de mero contable.

Es de esta lógica, que alguna vez yo mismo seguí, de la que aquí me quiero ocupar. Me refiero a la idea de que las demandas de determinados sectores (en este caso de los docentes pero podría tratarse de cualquier trabajador del Estado) no son susceptibles de postergarse o negociarse. Demandas que casi siempre invocan algún principio de justicia o recordatorio de abusos pretéritos no reparados. Pero tal proceder no resuelve el problema, porque los policías, los bomberos, los enfermeros de los hospitales, los empleados judiciales y los funcionarios de correos, entre muchos otros, también son trabajadores asalariados cuyas reivindicaciones, por la misma razón, también deberían ser satisfechas sin mayor examen. En ese caso, o bien asistimos al milagro de que el presupuesto se multiplique como los panes y los peces (un milagro que algunos creen posible por cierto) o habrá que encontrar alguna forma de dirimir esos conflictos de intereses y pretensiones (incluidos los que existen entre trabajadores). Entendámonos: dirimir esos conflictos, no decretar su inexistencia o su disolución en un ente superior llamado patria o nación. Para esa forma de entender la política, no hay otro modo de dirimir el conflicto que por la fuerza.

El problema con la fuerza es que casi nunca se lleva bien con la justicia, como bien enseñan las batallas presupuestarias en este país… y la historia de la humanidad. Los poderosos no suelen salirse con la suya por la fuerza de sus razones, sino por la razón de su fuerza. Y es curioso que no reparen en ello quienes nos recuerdan que los poderosos encarnan el mal y los débiles, el bien. Con toda seguridad este olvido se debe a otro: que llegado el caso un sindicato también se puede comportar como cualquier poderoso huérfano de razones. El poder no emana solo de una abultada cuenta bancaria.

Cuando los conflictos se dirimen por la fuerza de los involucrados en él, el resultado está servido: se saldrán con la suya los que tengan más poder; y los débiles, a buscarse la vida. Por hablar de lo que nos convoca, los sindicatos de docentes –o de los bancarios o del transporte– tienen en este país más fuerza que, por ejemplo, el del servicio meteorológico (no solo por su número, sino por la repercusión que tienen en la sociedad sus eventuales medidas de fuerza), lo que no necesariamente significa que sea más justo atender sus reclamos que los de los meteorólogos.

Luego están los meros contadores, que son legión entre la clase política, para quienes paradójicamente la asignación de recursos presupuestales es un asunto técnico en el que la política no tiene que meter sus narices. Imbuidos de una filosofía de almaceneros, distribuyen los recursos escasos entre las diferentes columnas de “gastos” insoslayables para que las cosas no se desmadren, nadie proteste demasiado y tengamos la fiesta en paz. Pero la política debería ocuparse de la justicia, y la justicia, entre otras cosas, de la distribución de los recursos escasos. Justicia no es darle siempre un poco a cada uno. Puede suponer incluso quitar algo a unos para otorgar más a otros. Lo justo no implica, como a menudo se sugiere, la neutralidad frente a los diferentes intereses en juego. Por ejemplo, ¿es justo que se destinen 400 millones de dólares (sin contar pensiones) a defensa nacional en este país?

No estoy sugiriendo que las decisiones que toman los políticos a la hora de romper la piñata presupuestal y distribuir los premios son del todo ajenas a los intereses en disputa ni a la fuerza que las partes esgrimen a la hora de exponer sus reclamos y demandas, sino que esa fuerza puede ser la del dinero, la de un lobby, la de una huelga, pero también, y a menudo, la de la opinión pública, cuyas creencias, emociones y reclamos, por mayoritarios que sean, no son, no hace falta decirlo, garantía de justicia. Sin embargo, suelen ser muy persuasivas, porque el elogio de tales creencias y reclamos populares suele recompensarse con el voto. Y ya sabemos que el horizonte de casi todos los políticos es conservar o acceder al poder.

Sin ir más lejos, tengo la sospecha de que el unánime acuerdo entre los políticos a la hora de  otorgar siempre más recursos al rubro seguridad obedece a la fuerza de una opinión pública que pide a gritos protección. Habrá más dinero para seguridad no porque sea de estricta justicia (eso en rigor no lo sabemos, porque no se lo discute o se lo hace reduciendo la seguridad a seguridad personal y patrimonial), sino porque entre todas las voces, las que reclaman seguridad son más audibles que las que reclaman, pongamos por caso, recursos para construir viviendas, fondos para investigar el Alzheimer o recuperar el ferrocarril. La fuerza en este caso no es sinónimo de garrote, pero sí lo opuesto a la deliberación pública argumentada, que brilla por su ausencia cuando se decide otorgar más dinero a seguridad por miedo a perder votos. Porque justicia tampoco es necesariamente lo que quiere la mayoría, como da por descontado el principio liberal, para el que las preferencias individuales prepolíticas, formadas privadamente, son sagradas. La democracia puramente electoral-representativa no delibera sobre si unas preferencias son más valiosas que otras. Simplemente las cuenta.

La única esperanza de que el conflicto de intereses sociales no se dirima a través de la fuerza reside en que los políticos no se comporten como meros representantes de alguno de los intereses en pugna. Cuando algunos dirigentes sindicales denuncian, por ejemplo, que la izquierda en el poder ha traicionado los intereses de determinadas clases sociales, está dando por sentado que el papel de los representantes es representar lo más fielmente posible a los suyos. Dejemos de lado la injustificada pretensión, implícita en esta idea, de que los denunciantes son los auténticos e insobornables representantes de esos intereses ignorados, dejemos de lado también lo problemática que resulta esa idea de representación en una época en la que han desaparecido los partidos de clase y las adhesiones políticas no se derivan automáticamente del origen social de cada uno, y digamos solo que con esa idea de representación se erosiona el espacio de la política como ámbito de articulación y síntesis. Si se concibe la representación como una traducción exacta de la sociedad civil a la política, si rige la exigencia absoluta de que el sistema político sea un reflejo de los intereses que existen en la sociedad (sean de la naturaleza que fueren), la política se convierte en un quehacer imposible. Afortunadamente, los políticos no siempre se comportan como representantes de intereses particulares aunque estén influidos y permeados por ellos. Si lo hicieran, efectivamente solo quedaría la fuerza para dirimir el conflicto. En eso estamos: las corporaciones con más poder terminan quedándose con la porción mayor del presupuesto estatal.

Sin embargo, el reclamo y la exposición pública de las aspiraciones de las partes son muy necesarios. Porque para decidir qué intereses y reivindicaciones hay que contemplar antes (a veces se olvida que no todos los intereses son igualmente atendibles), es necesario conocerlos a todos. No solo es perfectamente legítimo, sino necesario, que en la deliberación pública se escuchen todas las voces y se tengan en cuenta todas las razones, algo que por cierto no siempre ocurre. Para hacerse oír, los poderosos suelen tener a su alcance recursos de los que los débiles carecen. Esa exposición pública de los intereses y reclamos es el requisito de cualquier decisión política que pretenda regirse por el criterio de justicia. Nadie podrá suprimir por decreto la existencia de intereses contrapuestos, pero hay algunos que son más atendibles que otros (una política democrática no siempre debe ser imparcial en estos asuntos), y para identificarlos es necesario que todos tengan las mismas oportunidades de hacerse oír.

Pero el lema “satisfágase lo que pido así el mundo se venga abajo” es entendible desde la perspectiva del gremio, corporación o sector que formula la demanda, pero es anti-político. Una perspectiva política guiada por el principio de justicia no puede desentenderse del conjunto, no puede adoptar exclusivamente la mirada de una parte…. salvo que se considere que esa parte es, siempre, la portadora de alguna razón emancipatoria universal y que sus demandas y aspiraciones son, y serán, siempre justas.

Precisamente por eso me parece más apropiado que la izquierda hable en nombre de un ideario de justicia (y de libertad e igualdad) y no de los intereses del proletariado, como se hacía antes, o de los pobres, como se lleva decir ahora, una vez que el proletariado dejó de ser lo que era. Porque defender una iniciativa política en nombre de los intereses de una clase o sector supone poner a esa clase o sector por encima de cualquier consideración política, casi por encima del bien y el mal, supone renunciar a demostrar que lo que propongo es más justo que lo que propone mi vecino. Doy por descontado que es justo distribuir equitativamente la riqueza social disponible, lo que en más de un caso implica limitar la riqueza de unos y aumentar la de otros, pero esto último debe avalarse en la discusión política concreta. Salvo que se piense que los gobernantes son una pandilla de rufianes que ocultan los dineros públicos bajo el colchón (lo que desplaza la discusión de la política a la moral), en una sociedad con recursos limitados, ningún reclamo o aspiración debería convertirse en indiscutible. Si no hay de todo para todos, si los recursos nunca terminan de ser suficientes, habrá que terminar con la idea de que ser de izquierda supone avalar cualquier reclamo.

La justicia no es un decálogo incontrovertible formulado de una vez y para siempre. La justicia de un reclamo dependerá de los recursos de los que disponga una sociedad y no hay principio que pueda sacralizar una demanda. Que sea justo contemplar o no una demanda, dependerá también de cuáles sean las que quedarán sin satisfacerse. Una decisión que no puede tomarse por anticipado, sino en una deliberación política, en la exposición razonada de argumentos.

La única forma de no tener que vérnoslas con estos incómodos problemas es aferrarnos a un desaconsejable optimismo que nos lleve a creer que hay, que tiene que haber, de todo para todos (una convicción peligrosa si se tiene en cuenta la crisis ambiental) y que nos aguarda la sociedad de la abundancia sin conflictos de intereses ni lucha por los recursos escasos. La otra opción, no menos optimista, es creer que las aspiraciones y deseos humanos son domesticables.

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2 respuestas a Razones, fuerza y justicia en la guerra presupuestaria

  1. victoria dice:

    Muy buena reflexión; una práctica cada vez más en desuso.

  2. Muy buen artículo, la lucha presupuestaria es muy parecida en todas partes del mundo, aunque en Uruguay sea una tradición bien arraigada en el proceso político.

    Sólo agregaría que una parte de la izquierda también piensa que cuanto más grande el sector y presupuesto público, y cuantos más funcionarios hayan, más cerca del socialismo estaremos.

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