¿Tendríamos peores democracias sin campañas electorales?

Publicidad1Hay un dato que ya no nos podemos permitir ignorar: la mayor parte de los grandes casos de corrupción que han salido a la luz en los últimos tiempos en las democracias occidentales estuvieron de una u otra manera vinculados al financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos. Desde el caso Petrobras hasta la contabilidad paralela del PP español, pasando por la falsificación de facturas en la agencia tributaria de Chile y el famoso Mani pulite en Italia, en algún momento de su sinuoso y oscuro periplo el dinero de la corrupción se desvió hacia las arcas de los partidos involucrados en los escándalos. Y aunque en ninguno de esos episodios faltó quien se quedara con alguna “comisión” para remunerarse los servicios prestados, el dinero en juego no se puso al servicio del enriquecimiento personal, sino para financiar los siempre crecientes, incontrolables, multimillonarios gastos de campaña.

En sintonía con el moralismo y la despolitización imperantes, la opinión pública suele indignarse y juzgar mucho más severamente la corrupción y el enriquecimiento personal de los políticos que las reglas de juego y diseños institucionales que incentivan la corrupción y los comportamientos menos virtuosos de los políticos… y los ciudadanos. Digámoslo de entrada: esas reglas son las de la vigente democracia de mercado, cuya impugnación exige problematizarla, discutir sus inciertas virtudes y sus comprobados defectos, esto es politizarla en el mejor sentido de la palabra. El abordaje moral, en cambio, se contenta con denunciar la elección de las personas equivocadas y llamar a no equivocarnos la próxima vez.

El marketing político es un ingrediente esencial de nuestras democracias precisamente porque éstas tienen la forma de un mercado político. En él los políticos se comportan como empresarios que compiten por el sufragio de los votantes/consumidores. Los defensores de este modelo alegan que las campañas son importantísimas porque sería la única forma que tendrían los votantes de conocer las diferentes ofertas disponibles para no terminar eligiendo a tontas y a locas. Sin las campañas, sostienen, el mercado no podría funcionar libre y eficazmente. Con ellas se atenuarían las asimetrías informativas de ofertantes y demandantes.

El esquema, sin embargo, tiene demasiados problemas y defectos como para darlo por bueno sin mayor examen. Dicho de forma telegráfica y sin pretensión de ser exhaustivo: 1) en las democracias liberales de mercado las elecciones no traducen, como se pretende, las preferencias de los votantes porque éstos no eligen determinadas políticas, sino exclusivamente a quienes tomarán las decisiones, no se eligen políticas, sino candidatos; 2) los términos del “contrato” entre los partes son imprecisos, constan por lo general de unas promesas vagas cuyo incumplimiento es casi imposible denunciar; incumplimiento que no necesariamente se debe a la maldad o la perfidia, sino al carácter cambiante e imprevisible de nuestro mundo, que no siempre permite anticipar aquello que estaremos en condiciones de hacer o no hacer; y si se lo pudiera denunciar, tampoco habría formar de reclamar devolución porque desde un punto de vista estrictamente legal se eligen personas, no programas. Además, el programa electoral de los partidos viene a ser un paquete cerrado, se lo compra completo o se lo rechaza in totum, de modo que es imposible saber si un votante/consumidor dio su consentimiento a todo el paquete o a una parte; 3) al igual que en el mercado a secas, también en el mercado político es discutible que ofertantes y clientes gocen de las mismas posibilidades, porque si bien todos somos votantes, no todos podemos ser ofertantes. Precisamente por el asunto que nos convoca, el descomunal costo de las campañas, no todos podemos llegar con nuestras ofertas a los ciudadanos/clientes. Como dicen los economistas, hay enormes barreras al ingreso a esa actividad. Tampoco están presentes todas las demandas, porque quienes tienen más poder e influencia logran que las suyas sean más audibles que otras; 4) la democracia de mercado tampoco estimula las conductas virtuosas: dado que el político que incurriera en la franqueza de anunciar que los problemas no tienen las soluciones fáciles y a corto plazo que reclaman los votantes, sufrirá un castigo en las urnas. ¿Quién votaría a un candidato con el coraje suficiente como para decir que no tiene soluciones para todos los problemas? El diseño institucional ayuda, pues, a escamotear los problemas, a que los candidatos prometan lo que el ciudadano quiere escuchar. El mercado político está atento exclusivamente a las expectativas de los clientes/votantes: ese es su mayor problema, pues sacraliza las preferencias de los votantes, en lugar de problematizarlas, ya que al igual que los gustos del consumidor, en las democracias de mercado los ciudadanos no tienen que justificar sus preferencias. Pueden ser perfectamente caprichosas o puramente interesadas. Esas preferencias no serían susceptibles de modificarse en la deliberación pública. Tampoco fomenta la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, el sentido de la justicia, la tolerancia ni que los ciudadanos se informen a la hora de elegir. Sólo está preocupado por contar las preferencias de los ciudadanos.

Para el liberalismo político, la falta de participación, la ausencia de virtud cívica y la elección entre candidatos en función de intereses egoístas serían datos irrevocables de la realidad. Es más, está conforme con que las cosas discurran como discurren. No quiere que los ciudadanos participen y deliberen sobre qué hay que hacer y luego elijan a los que hagan lo que consideran que debe hacerse. Para los liberales, votar es el principio y el fin de la política.

 

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Sólo en este contexto, insisto, las campañas electorales adquieren todo su sentido y se transforman en un asunto de vida o muerte. En las antípodas de una democracia deliberativa, la competencia entre polìticos/empresarios discurre durante las campañas en el resbaladizo terreno de la publicidad, el aviso televisivo, la cancioncita, la pura imagen. Y las posibilidades de éxito en esa competencia no dependen de las razones, sino casi exclusivamente del dinero. El problema del dinero en las campañas electorales y en la política en general es que pervierte el ideal democrático, para el cual se supone que todos contamos por igual (una persona, un voto). Del mismo modo que en el mercado a secas, el que tiene más recursos económicos influye más. Y lo hace por dos vías: por un lado, sus demandas son más audibles que las de quienes no tienen esos recursos y de esa manera es más común que formen parte de la “agenda pública”, que sus problemas se conviertan en los problemas de todos. Y por otro, como ha sido dicho, el dinero limita la posibilidad de competir en igualdad de condiciones.

No es un problema moral, o no lo es principalmente. Es político, atañe a las reglas de las que nos dotamos como comunidad política; las vigentes permiten que el dinero influya de forma desmesurada en la política y convierten la búsqueda de fondos en un quehacer indispensable. Legal o ilegal, el dinero es un asunto de vida o muerte de los competidores. En una democracia republicana, las decisiones deberían responder a razones y argumentos; en una de mercado responden a la pura aritmética de los votos. El dinero ignora razones y argumentos porque influye sobre las decisiones por vías informales, no contempladas por las instituciones democráticas. Una constatación que no pretende sumarse al coro de denunciadores de la falsedad y la impostura de nuestras democracias, sino reconocer el problema para erigir las barreras necesarias para mantener a raya la influencia del poder del dinero.

Por supuesto que el dinero puede corromper a un funcionario aquí, a un legislador allá y a un alcalde en tal otra parte. Pero al margen de esas anomalías (sean la excepción o la rutina, como está inclinado a creer el ciudadano contemporáneo) en las condiciones normales de funcionamiento de nuestras democracias, la influencia del dinero opera principalmente a través del financiamiento de los partidos, y antes que nada en el de las campañas electorales. El dinero erosiona la democracia cuando quien financia las campañas espera (y lo habitual es que espere) favores a cambio o cuando los que no cuentan con recursos suficientes quedan excluidos del mercado (al menos en calidad de candidatos). Estados Unidos es el caso más emblemático. Ya es tradición que sin centenares o miles de millones de dólares ningún candidato o partido puede participar con auténticas posibilidades en la carrera. Pero el fenómeno ya es parte del paisaje electoral en casi todos los países del mundo.

En Uruguay ese gasto se ha ido multiplicando con el correr de los años. Sólo en la primera vuelta de la última elección de 2014 los partidos se gastaron alrededor de 20 millones de dólares y 32 millones si se cuenta el ciclo completo (internas, segunda vuelta y municipales). Cuando se necesitan esos montos en un país de poco más de dos millones de votantes para participar de la carrera, difícilmente puede hablarse de iguales oportunidades para todos… salvo que ese todos se reduzca a los grandes partidos ya implantados. Pero lo más relevante para el asunto que nos ocupa es que cerca del 80% de ese gasto se dedica a publicidad en los grandes medios, en particular la televisión. El resto corresponde a impresión de hojas de votación, mantenimiento de sedes partidarias, desplazamiento de candidatos y otros rubros.

 

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Casi todas las legislaciones nacionales contemplan el aporte del Estado a los partidos políticos, limitaciones al financiamiento de empresas y particulares y plazos acotados para las campañas. El ideal –y esto va en contra de la sensibilidad antipolítica actual para la que cualquier gasto en política es un gasto injustificado– sería que solo el Estado financiara a los partidos. Se evitarían así los males descritos más arriba, se limitarían las influencias de los poderosos, se prohibirían las donaciones opacas e intransparentes, que serían sencillamente ilegales. El asunto es que el apetito de dinero de las campañas es insaciable; no hay dinero que alcance ni imaginación publicitaria que se agote. El dinero público para financiar las campañas siempre sería insuficiente si se mantienen las actuales campañas de marketing político y siempre habría incentivos para aprovecharse de las zonas grises de la legislación y recurrir al financiamiento ilegal.

Las cosas lucirían de otro modo si las campañas tuvieran prohibido todo lo superfluo para una democracia republicana, de todo aquello que no hace a la deliberación, a la exposición de razones, ideales y programas, y que paradójicamente es esencial para una democracia de mercado y que, por ende, se engulle la mayor parte del dinero que disponen los partidos para las campañas, tal como demuestran los estudios disponibles: avisos y cancioncillas en las que riman el nombre del candidato con alguna aspiración difusa, merchandising, sondeos de intención de voto, imágenes de un rostro, elogios de un partido, publicidad pura y dura para vender un producto y en las que no hay rastro de una mísera idea o propuesta. Sería, es, inaceptable que el Estado dedique los dineros públicos a esos fines, como indirectamente ocurre en la actualidad. Pero suprimido el costo de esa inanidad, a los ciudadanos nos resultaría perfectamente aceptable, creo yo, que el Estado pagara íntegramente una austera difusión de los programas y diera a conocer los candidatos de los partidos. La exigencia de información que invoca el principio liberal para que el votante pueda escoger con propiedad las ofertas que se le presentan estaría satisfecha. ¿Qué más debería saber un ciudadano a la hora de escoger a un partido? ¿Acaso alguien puede defender seriamente que las campañas publicitarias aportan información relevante a los votantes?

Cuento con el reparo liberal de que no se puede prohibir a nadie hacer marketing político o realizar donaciones a un partido, porque eso equivaldría a coartar la libertad de las personas. Pero le opongo un argumento de matriz republicana: si priman esos principios o derechos sobre cualquier otra consideración, se lesionan otros, por ejemplo la igualdad política, y el dinero pervierte la democracia, que sin forzar las cosas podría considerarse el bien común.

¿Qué perdería una democracia si se prohibieran las campañas? Nada. En lo que concierne a la formación del juicio de los ciudadanos, nada, porque detrás de los pitos y matracas no hay información relevante, sino más bien una invitación a suspender el juicio. Por el contrario, ganaríamos mucho. Tanto desde el punto de vista estrictamente económico como de la calidad de la democracia. Por descontado que no es una garantía para terminar con la corrupción, pero al menos reduciría los incentivos para procurarse dinero por cualquier vía (legal o ilegal) y ni qué hablar que reduciría la influencia del dinero en la política, porque el necesario para difundir los programas, propuestas y candidatos de los partidos sería de competencia exclusiva del Estado. Prohibir las costosas campañas de marketing político contribuiría además a igualar las posibilidades de los actores políticos.

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One Response to ¿Tendríamos peores democracias sin campañas electorales?

  1. Estimado, muy penetrante su análisis (aunque tiene la paradoja que en este momento vehiculiza publicidad política). Pero es muy interesante porque muestra que nos encontramos sin salida. La opacidad de la democracia liberal travestida en un producto de marketing en que las opiniones del consumidor son o bien excitadas artificialmente –subliminarmente- o bien sobrevaloradas en una aceptación no-critica de sus planteos muestra que vivimos en una ficción que se ha consumido a si misma. Nos deslizamos hacia ella con la irrupción del marketing masivo (que ahora incluye las redes sociales, además de la TV) y ahora estamos en otra cosa. La solución que propone (que el Estado financie campañas políticas cortas) no esta libre de riesgos que no me voy a detener a analizar porque usted los puede prever. El tema es que la democracia como sistema de gobierno ya no sirve para gerenciar el futuro. ¿y entonces?. Montesquieu encontró la formula de la democracia liberal en este versículo:

    “Porque YaHWéH es nuestro juez,
    YaHWéH es nuestro legislador,
    YaHWéH es nuestro Rey,
    él mismo nos salvará”.
    Isaías 33:22

    Pero lo leyó al revés. El versículo dice que Uno solo será juez, legislador y Rey. Y que Él nos salvará. Por ese lado esta la solución.

    Saludos

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