Carta a una amiga de Barcelona

Querida R: después de escuchar el video del señor Monedero que me enviaste no pude dejar de pensar en este asunto del “conflicto catalán” ni en las obvias y enormes diferencias que tenemos sobre ese tema y otros aledaños. Lo más fácil sería dejarlo “para otra ocasión”, pero eludir elegantemente el asunto sería una derrota para ambos.

Lo que más me choca es la pretensión de Monedero (y tuya, supongo, ya que por algo me enviaste su parrafada) de que en el fondo en España no hay democracia, sino algo vagamente parecido a una dictadura (dijiste incluso que con la intervención de la justicia para impedir el referéndum se había consumado un golpe de Estado en Cataluña). No dudo de que si nos atenemos a alguna definición canónica de democracia, la española no sería un modelo perfecto, que se le puede endilgar un abuso aquí o un exceso allí. Después de todo la democracia no es una estación de llegada en la que nos instalamos cómodamente para toda la eternidad, sino una tarea siempre pendiente, una misión siempre inacabada. La mejor democracia no es aquella que se regocija en su imposible perfección, sino una que no cesa de interrogarse acerca de los males que tiene por corregir o las mejores formas de defender los derechos y libertades de los ciudadanos. Eso es una cosa y otra muy diferente es sugerir que lo que impera en España es un régimen neofranquista. En España rigen todas las libertades democráticas, la de expresión, de reunión, manifestación, organización, de huelga, existe una justicia independiente del gobierno, hay elecciones libres y con garantías, prensa de todos los colores ideológicos y para todos los gustos. Entiendo que para justificar su desapego a la legalidad el independentismo y una parte de la izquierda quieran ampararse en una retórica y una épica “antifranquistas”, pero ya está bien. Esa pretensión es un auténtico mamarracho y nadie en su sano juicio puede alegar que en España existe algo remotamente parecido a una dictadura. Partiendo de ese presupuesto la conversación es imposible, pero sigo porque me imagino que no es lo que realmente pensás.

Ni hay un dictador en la Moncloa ni los catalanes son un pueblo oprimido, algo así como unos quechuas sojuzgados por Mariano Rajoy, un Pizarro del siglo XXI. Ese relato lo puede comprar Julian Assange o algún izquierdista nostálgico de las épocas en que todo estaba claro y había malos/malos de un lado y buenos enteramente buenos del otro. Cuando la justicia incauta papeletas, cierra locales de votación y trata de impedir por la fuerza la realización del referéndum no está dando un golpe de Estado, sino aplicando la ley, que, como todas las leyes vigentes, se puede discutir e impugnar, pero no violar.

De la Constitución española vigente yo no hablaría con el desprecio con el que lo has hecho, porque entre otras cosas fue un marco jurídico aceptado por prácticamente todo el espectro político español de la época y que permitió navegar los mares de la transición sin que corriera sangre. La Constitución vigente, te lo recuerdo, fue redactada entre otros por representantes de partidos catalanes y catalanistas, como Miquel Roca y Jordi Solé Tura, y aprobada en referéndum por más del 90% de los catalanes. Es una Constitución democrática, que garantiza una amplísima autonomía de Cataluña, el País Vasco y otras comunidades.

Ya me imagino tus reparos, así que aquí va la pregunta: ¿la actual Constitución española es un libro sagrado? No, claro que no. ¿Se la puede modificar para incluir la celebración de consultas para separarse de España? Se puede. Lo que no se puede es alegar que, “como no me gusta esta Constitución, me la paso por el arco del triunfo”. Se la puede cambiar, derogar, enterrar, pero convendrás conmigo en que hay que hacerlo sobre la base de una legitimidad igual a la que permitió aprobarla. Ya escuché a alguno decir que eso es muuuy complicado, que los independentistas son minoría en España y que nunca lo lograrán. Me quedan dudas de que sea una tarea imposible: ya tienen a Podemos en el bolsillo, hablando de los catalanes como si fueran cristianos perseguidos por el Estado Islámico, y si apuran el tranco, hasta una parte del Psoe. Pero aunque no fuera el caso, es obvio que ser minoría tiene estos inconvenientes, que no se hace lo que esa minoría quiere. Sin ir más lejos yo soy minoría hasta cuando gana el partido al que voté. No, decididamente, estar en minoría no te habilita a carcajearte del marco legal consensuado por la comunidad política en la que vivís.

Aquí tenemos otra discrepancia seria. Me refiero al problema de la legitimidad política, un problema heredado de la izquierda de los años 70. La idea, que algunos siguen defendiendo, consistía en que si tal o cual regla nos parece injusta o poco democrática, se la ignora y santas pascuas… porque además se tiene a mano la coartada de que los ciudadanos (o los representantes de los ciudadanos) que la aprobaron o bien están comprados por el enemigo o son tontos alienados por la prédica de los medios. Y al disponer además de una causa que nos convertía en moralmente superiores, la causa de la revolución se entiende, estábamos autorizados a desconocer esa boludez burguesa que era la ley (ahora al parecer esa causa superior es la independencia de Cataluña). Como sea, por una vía o por otra, nunca faltan los que creen tener derecho a desconocer las reglas que nos hemos dado. Para que se entienda: no estoy hablando del derecho a cambiar las reglas, que es indiscutible, sino del derecho a ignorarlas (por mí y ante mí). Si la figura del insumiso, ese que a título individual dice “yo no me someto a las normas que considero injustas o inmorales”, puede resultar simpática, al menos cuando asume las consecuencias de esa decisión y vive en el ostracismo y los márgenes, tú y yo sabemos que cuando hablamos de política el criterio de que “si no me gusta la norma, la violo” es inaceptable; es más, conduce a la tiranía. No hay democracia ni sociedad que pueda funcionar sin reglas básicas consensuadas. Lo irónico de todo esto es que esa misma izquierda que no ve con malos ojos que algunos se pasen la ley por el forro, sigue adhiriendo a regímenes que no se han caracterizado precisamente por su tolerancia con los que no respetan las leyes.

Aunque hace más de 30 años que me fui de Barcelona, nunca dejé de interesarme por la política española. Estos últimos años he seguido la cada vez más demencial deriva del prucés. Una cosa que me ha llamado la atención es que en un momento dado que no puedo identificar con exactitud, los independentistas han dejado de invocar razones para justificar su anhelo de secesión y se han concentrado maniática y obsesivamente en el “derecho a decidir”. Cualquier observador atento percibe que el “tenemos derecho a…” ocupa mucho más espacio en el discurso independentista que el “nos queremos ir por tales y cuales razones”. Y aquí es donde quiero detenerme especialmente. Porque a mis conciudadanos yo les debo razones y argumentos, no caprichos. Sobre todo cuando se trata de algo tan serio como romper el pacto que nos vincula: irse de un país no es asunto trivial. Y el tengo derecho a irme es como el “quiero porque quiero” de los infantes. Si mañana en Uruguay una porción de habitantes de Punta del Este empieza a pregonar “el derecho a marcharse de Uruguay”, lo primero que haría es preguntarles por qué quieren marcharse para hacerme una idea de si su anhelo es justo y democrático o no. Porque perfectamente podría no serlo… aunque se lo haga con palabras bonitas como autodeterminación. Y si me responden: nos queremos ir porque nos queremos ir, o porque somos “diferentes” (como si los diferentes no pudieran convivir en la misma comunidad política), empiezo a sospechar y la cosa empieza a no gustarme, porque barrunto que sus razones no son públicamente defendibles.

También está el largo inventario de agravios supuestos y reales, porque hay de los dos, que los independentistas esgrimen un día sí y otro también para explicar su aspiración. Ampararse en esos agravios y en el “derecho a decidir” tiene la gran ventaja de que evita tener que exponer razones para la independencia. Si el problema fueran los agravios reales o imaginarios, los independentistas dejarían de serlo al día siguiente de que cesaran los agravios. ¿Pero alguien cree de verdad que tal cosa ocurriría? Es que del agravio viven… siempre se sentirán agraviados, pase lo que pase.

Me dirás que en su momento se esgrimieron “razones”. Es verdad. pero ahora han desaparecido en las aguas del “dret a decidir”. Eso es lo que percibo del debate público en Cataluña (si es que se puede calificar de tal la sucesión de ladridos a la que asistimos). De modo que tenemos dos asuntos: los motivos alegados para querer largarse de España (aunque ahora estén algo, o bastante, dejados de lado), y por otro la pertinencia del derecho a largarse.

Voy a empezar por los primeros, en los que figura(ba) en lugar destacado y prominente el “España nos roba”. Personas mucho más expertas y autorizadas que yo han destruido esa falacia, que parte de la falsa premisa de que “los territorios” pagan impuestos (si te interesan los detalles de la controversia te puedo enviar muchos links sobre el asunto). Las que pagan impuestos son las personas (y las empresas). En España, como en muchos otros países europeos y americanos existe un sistema tributario progresivo, lo que supone que los que más ganan, más impuestos pagan. Si “Cataluña” aporta (muy poco) más de lo que recibe se debe a que los catalanes tienen ingresos medios más altos que la media española. Eso ocurre en Argentina, en Uruguay y muchísimas democracias contemporáneas. En Uruguay nunca se ha hecho, que yo sepa, un estudio de aportes fiscales por regiones, porque nadie está especialmente preocupado por saber cuánto aportan Tacuarembó, Colonia o San José a la caja común, pero si se hiciese, el resultado no sorprendería a nadie: Montevideo aporta en términos absolutos y por habitante más que ningún otro “territorio”… porque la renta media de los montevideanos está entre las más elevadas del país. Nadie está especialmente preocupado por averiguar los aportes “por territorio”, porque consideramos que todos los ciudadanos uruguayos tenemos los mismos derechos y obligaciones con independencia del lugar en el que vivimos. Y aunque aporten menos, porque menos ingresan, tienen derecho a recibir los mismos servicios y prestaciones que el más rico de los montevideanos. Si se aplicara el criterio de los independentistas, los contribuyentes catalanes tendrían que aportar en promedio exactamente lo mismo (aunque tengan rentas más altas) que los ciudadanos de otras comunidades, es decir menos de lo que están aportando ahora a la caja común o, de lo contrario, como aportan más, recibir más servicios y prestaciones que sus pares de Galicia o Andalucía, lo que se parece más a un criterio mercantil que a uno de justicia. ¿No te parece un mamarracho reaccionario el grito de “España nos roba”?

La capacidad recaudatoria de una comunidad depende de la renta de sus contribuyentes, pero la finalidad de un sistema de financiación equitativo consiste en que todos los ciudadanos reciban las mismas prestaciones. Eso es lo justo dentro de una comunidad política de iguales, pero a los independentistas eso les parece “un robo”. ¿De qué mente habrá salido la convicción de que una idea tan antiigualitaria es de izquierda o progresista? Mis argumentos son bastante parecidos a los de Evo Morales para enfrentar la retórica separatista de la provincia de Santa Cruz, cuando hace unos años sus dirigentes amenazaron con independizarse de la mestiza, holgazana, improductiva e indolente Bolivia andina, “que nos roba a nosaltres santacruceños, que tenim un adn de treball y esfuerzo” (y blanco además).

Alegan “robo” porque –y aquí viene el segundo ingrediente del combo independentista– no consideran al resto de los españoles sus iguales. Fijate que estos cálculos mezquinos no los harían en una eventual república catalana, no andarían sacando cuentas de balanzas fiscales entre Lérida, Gerona o Barcelona, porque unos y otros pertenecen a la tribu. En cambio los demás, el resto de los españolitos, sí serían diferentes. Ese “somos diferentes” con el que se llenan la boca los independentistas tiene, a qué negarlo, un tufo etnicista (remember Jordi Pujol, quien para referirse a la inmigración en Cataluña usó la metáfora de la sal que, cuando es excesiva, no termina de disolverse en el agua pura, o Artur Mas diciendo que no hay cristo que entienda el castellano de los andaluces). Ya sabes, el rollo de la identidad, de los sentimientos, asuntos vaporosos, inasibles, verdaderos muros frente a los que se estrellan razones y argumentos, porque un sentimiento, claro, no puede ser objeto de deliberación, de defensa o refutación argumentada. Ese “somos diferentes, no nos puedes entender” es, para entendernos, bastante facho, como todo lo que pretende apoyarse en alguna esencia singular, inmutable emanada de la tierra o la sangre. Me lo pensé un rato el adjetivo, porque no ignoro que hoy en España se aplica el calificativo de facha con una frivolidad que asusta. Pero lo mantengo. Sí, claro, todos tenemos una identidad y el derecho a que sea respetada. Lo que no tenemos derecho es a pedir un trato privilegiado en nombre de ninguna identidad (nacional, étnica, sexual). Yo me siento identificado con una tradición republicana que abominaría de la idea de erigir una comunidad política y una ciudadanía sobre criterios identitarios (te recomiendo que hurgues por ahí para recordar lo que pensaban del catalanismo los dirigentes de la II República española).

Esos rasgos singulares, ese “somos diferentes”, ha sido escrupulosamente respetado a lo largo de las últimas décadas, incluso al precio de imponer el catalán en la enseñanza, en TV3, de subvencionar generosamente toda la producción artística en catalán en detrimento de una de las lenguas oficiales de Cataluña, el castellano, hablada por más de la mitad de los catalanes (o sea, basta de fábulas sobre el catalán perseguido).

Como las razones esgrimidas para separarse de España son de una fragilidad pasmosa, refutables y refutadas todas, los independentistas se aferran al derecho. “No importa si tenemos motivos atendibles para irnos. Basta con que tengamos ganas y el derecho de hacerlo”. Eso me lo han dicho en varias ocasiones después de discusiones infértiles, incluso gente que no es independentista: “bueno, si quieren irse, deberían poder irse”. ¿Tú te contentarías si un grupo de salteños y jujeños te dijera algo parecido para defender un plan de secesión de Argentina? Yo no me contentaría en absoluto, porque no es lo mismo abandonar una comunidad política que abandonar una universidad o una asociación numismática, a las que uno no tiene por qué dar explicaciones.

Pero resulta que tampoco tienen derecho. El mentado derecho de autodeterminación de los pueblos invocado a menudo está incluido en la Carta fundacional de las Naciones Unidas de 1945, en las resoluciones 1514 y 2625 de la Asamblea General, Pacto Internacional de Derechos Civiles pero como un derecho de los pueblos a que sus ciudadanos puedan realizarse políticamente, votar en elecciones democráticas y participar en las instituciones.

Solo en situaciones muy específicas este derecho a la autonomía dentro del Estado se puede convertir en autodeterminación frente al Estado y, por tanto, en derecho a la secesión. Esas excepciones se circunscriben a la “situación particular de los pueblos sometidos a dominación colonial o a otras formas de dominación u ocupación extranjeras”. Me parece que hay que ser muy necio para sostener que en Cataluña se dan esas circunstancias. Escocia, Quebec y Montenegro han celebrado referendos de autodeterminación, pero conforme a su legislación y con autorización del Gobierno central y del Parlamento, nunca de forma unilateral. La Constitución española no contempla —como ninguna otra de Europa ni de prácticamente ningún país— el derecho de un territorio a desgajarse.

Y me parece de toda lógica. Porque salvo en el caso de manifiesta opresión o de conculcarse derechos no cabe decir “si no me gusta me voy” con lo mío, porque no hay tal mío: ni el territorio ni la ciudadanía españoles son una tarta divisible en trozos. Los catalanes son tan ciudadanos en Lérida como en Gijón, y lo mismo los madrileños y extremeños. Si no fuera así, entonces los ricos, por ejemplo, se podrían ir si juzgaran que les cobran demasiados impuestos. Y por cierto que algunos que no quieren pagar impuestos altos en su país lo han hecho y lo hacen, pero el detalle es que no pueden llevarse territorio alguno. La democracia sería simplemente imposible si cualquier minoría disconforme con una decisión de la mayoría amenaza con marcharse.

De modo que la única salida racional, democrática, justa que tienen los independentistas es negociar, intentar persuadir con argumentos y no con caprichos para llegar a un referéndum pactado y legal. Es lo que por otra parte quiere el 80% de los catalanes: una consulta pactada y legal. Dos de cada tres catalanes creen que no es el caso del plebiscito del domingo, al que consideran una chapuza ilegal y sin garantías.

En lugar de esto, los independentistas quieren independizarse por las bravas, ignorando olímpicamente toda la legalidad vigente. Los procedimientos en el Parlament de Cataluña para convocar el referéndum y aprobar la ley de Transitoriedad son propios de dictadores que necesitan decorar las decisiones tomadas de antemano con chirimbolos legales. Y además anuncian que cualquiera sea el porcentaje de participación, si el Sí gana por un voto, se considerarán legitimados para declarar unilateralmente la secesión (!!).

Detrás del mantra del “derecho a votar” se esconde la falacia de que democracia y votar son sinónimos. No siempre es así hay que decir, entre otros detalles porque no se puede votar sobre cualquier cosa, no todo es susceptible de ser decidido por mayoría y papeletas dentro de las urnas. Por ejemplo, ¿sería aceptable suprimir derechos de una minoría mediante un referéndum? Si todo es susceptible de decidirse mediante el procedimiento del voto, entonces está servida la posibilidad de que las mayorías opriman a, o conculquen los derechos de, una minoría.

No sé francamente de dónde ha salido la idea de que la causa de la independencia de Cataluña (y la de los nacionalismos en general) es una que merece ser defendida por la izquierda. Da la impresión de que en una época en la que el capital y la vida económica en general se han globalizado y desterritorializado, lo que más necesitamos es una política y un derecho que estén a su altura para poder ponerles algún coto, es decir una política trasnacional si cabe. Y no parece que crear un nuevo Estado nacional vaya a contribuir a ello. Es un hermoso juguete en manos de una casta burocrática que aspire a tener privilegios y poder, pero es dudoso que vaya a aportar algo a la causa de la justicia.

A mí, por el contrario, me parece que es una causa profundamente antiigualitaria (“España no nos sale a cuenta” es el razonamiento), que se niega a compartir recursos con sus conciudadanos españoles; antidemocrática porque pretende que millones de españoles dejen de ser ciudadanos y pasen a ser extranjeros en una parte del territorio invocando inciertas “diferencias” y singularidades y además elige procedimientos absolutamente reñidos con la democracia y la legalidad. Por todo esto, la causa de la independencia catalana me parece profundamente reaccionaria.

Bueno, hasta aquí llego, no te harto más. Me quedaron algunas cosas en el tintero, por ejemplo la pretensión de los independentistas de que existe una entidad llamada “pueblo catalán”, homogéneo, unido, y que ellos, faltaba más, lo representan. Se iba a alargar demasiado esto. Otra era el dato de que el apoyo a la independencia es significativamente mayor en los estratos de mayor renta y mucho menor en los sectores de ingresos más bajos. Se puede alegar que esa correlación no es relevante, pero yo lo encuentro sugerente.

He intentado exponer lo más ordenadamente posible mis ideas. No sé si lo he logrado. No espero convencerte sino apenas que leas y comprendas mis razones. Y eventualmente me digas en qué estoy errado.

Con todo mi afecto

C.

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7 Responses to Carta a una amiga de Barcelona

  1. meche dice:

    Gracias Coco por ayudarme a poner en orden los pensamientos que me han revoloteado desde que me desperté. Una carta además de ser un mensaje es un excelente recurso didáctico. Te felicito por los dos perfiles.

  2. Cristina Cavestany dice:

    Coincido con Meche, tu carta ordena perfectamente mi ignorancia sobre muchas cosas de Cataluña. Yo también pasé un domingo de mierda, como dice Fernando, porque de alguna manera me siento
    muy atraída sentimentalmente, a España y sus problemas. Gracias, Beso, Cris

  3. Tomas Miller dice:

    Tanto los secesionistas como los unionistas, autodenominados en España ‘independentistas’ y ‘partidos constitucionalistas’, utilizan como argumento principal el de la Democracia que dicen defender. El artículo de Jorge Barreiro deja de lado la cuestión con demasiada ligereza, a mi juicio, diciendo que en España hay democracia porque no hay una dictadura, y que no corresponde adoptar una definición canónica de la democracia, que por ser esta perfectible etc. etc… Lo interesante del momento que se está viviendo en Cataluña y en toda la nación española, sin embargo, es que representa un paso importante en la configuración de una Democracia auténtica, después de muchos siglos de monarquías absolutas y dictaduras, de manera que sí corresponde analizar el sistema actual. Y la piedra de toque a estos efectos es si se trata de un gobierno del ‘demos’ o pueblo, a través de representantes libremente elegidos. En los hechos, los que gobiernan a los españoles incluídos los catalanes y están obligados a responder ante el pueblo por el uso que hacen del poder son demasiado pocos. Aquí hay más bien una ‘partidocracia’, y dentro de los partidos hay prácticamente una autocracia, ya que los representantes electos no responden ante el pueblo sino ante las autoridades partidarias que los incluyen en las listas de votación para los cargos de representación. Este es el problema clave. En los países anglosajones y en Francia hay un fraccionamiento adecuado de las circunscripciones electorales que eligen representantes, y existe auténtica democracia. En casi todos los demás países el sistema electoral de circunscripción única, impuesto por la social democracia a fines del s. 19 y principios del 20, es un obstáculo para llegar a una verdadera democracia. Este es también el motivo profundo por el que los británicos han rechazado seguir en la UE, en mi humilde opinión. El sistema electoral de circunscripción única está teniendo otros efectos en el sistema político español: como alternativa al fraccionamiento del cuerpo electoral para tener representantes que sean responsables ante el pueblo que los elige, los partidos se están fraccionando (han surgido varios partidos nuevos de derecha, centro e izquierda, además de los dos grandes y los partidos nacionalistas que había), y el propio estado tiende a fraccionarse. El sistema de democracia representativa anglosajón es, para mí, el único viable a la larga.

  4. Magdalena Bervejillo dice:

    Muchas gracias por todas estas reflexiones, me pareció un análisis muy serio y centrado. Me ayudó a pensar y ordenar el tema al que veía medio de lejos y con gran temor por lo que ocurrió.

  5. Rosalba dice:

    Excelente análisis, punto por punto. Con pavor de que me acusen de plagiar a Sendic, “si es nacionalista, no es de izquierda”. Una cosa es el amor al terruño, la afiliación a una cultura. Otra, y bien reaccionaria, es ese “nosotros los especiales”.

  6. Si es nacionalista no es de izquierda… en esto, juntos hasta que la muerte nos separe.

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