De tierras, felicidad, negocios… y política

Hace más de una década escribí un artículo que comenzaba así: “el ministro de Ganadería y Agricultura, José Mujica, volvió estos días a la carga con su pedido/exigencia (incluida la amenaza de renuncia) de que se perdone una buena parte de las deudas que desde hace años mantienen los llamados ‘productores rurales’ con los bancos del Estado”. Da la impresión, pues, de que la queja es una de las tradiciones más arraigadas entre los empresarios agropecuarios, porque hoy volvemos a escuchar la misma letanía. Cuando no es la caída de los precios, es el valor del dólar, las deudas asfixiantes o los impuestos desmesurados.

No soy experto en artes agropecuarias. Pero no hace falta serlo para reflexionar sobre un movimiento cuyos reclamos nos conciernen a todos, incluso a los urbanitas que no comprendemos que “el campo no es un negocio”, sino “un modo de vida”, como alegó una asistente a la protesta de los ruralistas autoconvocados.* Porque lo que está en juego son asuntos políticos tales como la relación entre intereses particulares y el horizonte del bien común, la política impositiva y, por ende, la justicia (o injusticia) con que se obtienen y distribuyen unos recursos públicos nunca suficientes para contentar a todos, la desigual capacidad de los diferentes agentes económicos de influir en la definición de lo que se considera importante y luego en la toma de decisiones políticas, la incierta capacidad del gobierno para decidir cómo evoluciona una economía de mercado abierta en tiempos globales, por mencionar los que me parecen más evidentes.

No voy a discutir aquí si la alegada caída de la rentabilidad de los empresarios agropecuarios es fingida, exagerada o rigurosamente cierta. Es más, para el propósito de estas líneas se puede aceptar la premisa de que la rentabilidad de nuestros empresarios agropecuarios ha caído sensiblemente… aunque dispongamos de algunos datos que permiten poner en duda su magnitud. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en 2016 (últimos datos disponibles) haya habido 909 operaciones de compra-venta de 136.000 hectáreas y se hayan suscrito 1.915 contratos de arrendamiento de 653.000 hectáreas por casi 74 millones de dólares** si, como se sugiere, la actividad agropecuaria es el prólogo a una quiebra segura? O la actividad en el sector agropecuario es perfectamente rentable (con las naturales oscilaciones de los ciclos de una economía capitalista) o los inversores son unos ingenuos que dilapidan su dinero, inconscientes de las calamidades que les aguardan.

A lo que pretendía ir tras este breve paseo por las ramas del asunto es que la aceptación de la premisa de que la competitividad y la rentabilidad de la actividad agropecuaria han caído, no zanja ninguna discusión… salvo que se piense que, registradas las desgracias y expuestos los reclamos, lo único que queda es que las autoridades los satisfagan. La constatación, sin embargo, debería ser más bien el punto de partida de una discusión bastante más compleja e interesante: si el reclamo es justo y razonable y si se lo puede y debe satisfacer.

Las inversiones de capital en una economía de mercado comportan riesgos. Dado que la aspiración de quien las realiza es obtener unas ganancias de las que llegado el caso se apropiará para sí, pues los empresarios no suelen donar sus beneficios a la comunidad [aunque si uno lee las declaraciones de algunos “autoconvocados” al diario El Observador puede llegar a la conclusión de que se trata de filántropos, como un tal Carlos, quien alega que él no vive “de los caballos que cría, sino para ellos”. “Muchos amigos me dicen que si hiciera otra cosa manejaría un Mercedes, pero yo soy feliz así”], cualquiera diría que lo razonable sería que también asuman las pérdidas a título personal cuando llegan los “años malos”, como indefectiblemente llegan en una economía de libre mercado. Pero esta lógica no parece regir para los productores agropecuarios de este país. Si una empresa constructora, un restaurante, un taller metalúrgico, un laboratorio tienen un “año malo”, a nadie se le ocurre que el Estado deba dedicar los recursos públicos a devolverles la rentabilidad perdida.

El Estado no fija los precios internacionales de los bienes agropecuarios ni la tasa de cambio. Los Estados en el mundo actual no suelen decidir las tendencias económicas, las que se les presentan como datos de la realidad independientes de su voluntad, han perdido capacidad de configurar el mundo y su quehacer consiste más en adaptarse a las transformaciones de vértigo del mundo tecnológico y económico que darle un rumbo a la sociedad. La tasa de cambio en Uruguay la fija el mercado y el gobierno a lo sumo compra o vende dólares para que el asunto no se desmadre demasiado. Apostaría a que nuestros autoconvocados defensores de la libertad económica no quieren un Estado más intervencionista. ¿Qué quieren, pues?

Lo que pretenden es que el Estado alivie la “asfixiante” presión fiscal a la que supuestamente los somete, nada más. ¡Nada menos! El sector agropecuario tiene una larga historia de excepciones y privilegios fiscales nada ajenos a una influencia económica y política que conoció tiempos mejores. Alguna vez fue la contribución inmobiliaria; en otro tiempo, el impuesto al patrimonio, en otros, el impuesto a Primaria o menores aportes patronales a la seguridad social. Esas gracias se han terminado y sin embargo la presión fiscal global sobre el sector agropecuario (relación entre recaudación fiscal/PIB agropecuario) ha oscilado entre 7,9% y 8,8% entre 2013 y 2017, según la Opypa, lo que a ojos de un urbanita insensible al modo de vida rural no constituye un escándalo. Cualquier asalariado relativamente bien remunerado, no los que están en la cima de la pirámide de ingresos, carga con una mayor presión fiscal.

El sempiterno reclamo de reducir los gastos del Estado (¡achiquen el Estado!), sobre el que volveré, no es un reclamo arbitrario ni extravagante. Es de una racionalidad implacable: si el Estado gasta menos podría (en principio) cobrar menos impuestos a los martirizados productores rurales.

Pero –hay que repetirlo– en un país con recursos siempre insuficientes para satisfacer simultáneamente todas las aspiraciones, la decisión de qué gastos se recortan y qué demandas se atienden y cuáles se postergan es eminentemente política, no técnica; no es un asunto de “sensibilidad”, como se alega, sino de justicia. Reducir impuestos implica reducir los ingresos del Estado, que dispondrá así de menos recursos para gastar. Podría ser, claro, no es una herejía plantearse semejante eventualidad. Simplemente se me ocurre que si el Estado decidiera renunciar a recaudar (o reducir) determinados impuestos, un elemental criterio de justicia sugeriría que debería empezar por otros sectores antes que por los empresarios del campo. Discúlpenme, pero decir que un propietario de centenares de hectáreas está en una situación “desesperada” porque la rentabilidad de su negocio ha caído durante dos o tres años suena exagerado. Desesperante, perdonen, es la situación de un trabajador cuyo salario no le permite mantener dignamente a sus hijos. Y los hay aún en abundancia en este país. Y si es cierto que entre los productores agropecuarios también los hay pobres, un elemental criterio de justicia recomendaría separar la paja del trigo en ese universo, una separación que –y esto no deja de ser muy sugerente– los “autoconvocados” del campo se niegan en redondo a contemplar: ¡ayudas para todos o para nadie!, parece ser su lema.

Si el Estado tuviera que renunciar a determinados impuestos, habría que empezar por reducir el IVA, el más injusto de cuantos se aplican en la actualidad, porque grava por igual a los ricos que a los pobres. Y si la kermesse lo permitiera, cabría esperar que a continuación se redujera la presión impositiva sobre los salarios. Se me ocurre. No parece razonable que los primeros reclamos a atender fueran los de, pongamos por caso, un propietario de 400 hectáreas (de fertilidad media, que en 2016 se vendieron a 3.380 dólares cada una) y que por ende dispone de un capital de 1.350.000 dólares. ¿No es una desmesura que una persona que dispone de ese capital exija que la recuperación de su rentabilidad se convierta en prioridad pública? Conozco el reparo que se le formula a este tipo de objeciones: que nadie vive de la tierra, que ésta en tanto que mero recurso no genera riqueza, sino lo que se haga con y en ella, etc., etc. Pues bien, ¿qué impide a nuestro propietario de 400 hectáreas en dificultades vender una parte, pagar eventuales deudas, capitalizarse y buscar un emprendimiento más eficiente? Desde luego que es más sencillo pedirle al Estado que reduzca sus gastos y la presión impositiva y que devalúe el peso, y desentenderse de los impactos que esas medidas tengan sobre el conjunto de la sociedad, que los tienen. Al parecer esta es la fórmula con la que nuestros autoconvocados piensan lidiar con los “años malos” que cíclicamente aquejan al sector agropecuario y a la economía en general. ¿Esto es lo que nos proponen?, ¿que la sociedad se haga cargo de los emprendimientos rurales cada vez que están en dificultades?

¿Y si los hubiera que simplemente no son viables? Si la pregunta refiriera a cualquier otro sector de actividad, la respuesta no sería demasiado problemática: la empresa quiebra, cierra, le damos el pésame y los trabajadores van al seguro de desempleo. Así funcionan las cosas del mercado. En el ámbito agropecuario da la impresión de que no. Hay una vaga pretensión –y esto es lo que fastidia– de que allí no está en juego un negocio, sino “algo más”. ¿La patria?, ¿la identidad nacional? ¿Algo de orden metafísico que merecería una consideración especial de la sociedad? ¿La felicidad de nuestro mencionado criador de caballos? Está muy bien que el hombre críe caballos porque eso lo hace feliz o que nuestra autoconvocada quiera mantener su “estilo de vida”. Lo que ninguno de los dos puede esperar es que el Estado asuma las cargas de sus particulares formas de ser felices.

Aunque en esto hay que decir que nuestro gobierno tiene un flanco muy vulnerable a los reclamos de los empresarios agropecuarios al haber financiado con recursos públicos emprendimientos abocados a la ruina, invocando apuestas a un incierto socialismo. Pero una persona animada por el principio de justicia, o simplemente razonable, no puede pretender “corregir” un despilfarro de recursos públicos con un privilegio o un “si le diste a x, ahora me tienes que dar a mí”, porque no es así como funcionan los asuntos de la polis. Ese “argumento” está bien para las turbas de las redes sociales, pero en una discusión seria nadie puede justificar un reclamo sobre la base de un despropósito precedente.

He dejado para el final, uno de las reivindicaciones más notorias y ruidosas del movimiento de los autoconvocados del campo, con el que pretendieron darle a sus demandas un toque ciudadano, no sectorial. En esto de hacer pasar las propias aspiraciones por causas nacionales los ruralistas son auténticos maestros. Me refiero al reclamo de reducir el tamaño del Estado, el déficit público, recortar gastos, no contratar más funcionarios públicos, que se vienen a sumar a la eterna serie de blasfemias e invectivas que tienen como blanco al Estado, sede, al parecer, de la holgazanería, la corrupción, el clientelismo y una burocracia infame.

La ideología antiestatal tiene pocos rivales en el actual mercado de las opiniones. Los ataques a lo público en general rinden buenos dividendos, pero suelen tener el defecto de ser algo caricaturescos. Hay miles, decenas de miles, de trabajadores públicos que hacen humilde y concienzudamente su trabajo a cambio de salarios nada gloriosos. Tampoco se corresponde con la realidad la creencia de que constituyen una pandilla de vagos entregados al ocio a costa del dinero de los contribuyentes. La mayoría, de nuevo, cumple funciones imprescindibles en las sociedades contemporáneas. Son docentes, personal sanitario, policías, funcionarios judiciales, sin cuya labor nuestras vidas serían hoy impensables. También es objetable el mantra de que el Estado tiene que gastar menos. Según se vea, el Estado en verdad debería, si pudiera, gastar más. Por ejemplo, en educación, salud, seguridad social en general, infraestructuras, vivienda. Tampoco el déficit debería ser una mala palabra: la mayoría de las democracias modernas funcionan regularmente con déficit público.

El Estado como institución, como idea si prefieren, y el derecho que le es consustancial han permitido encauzar los conflictos entre los hombres y no resolverlos a los cachetazos. De modo que habría que andarse con más cuidado a la hora de denostar todo el tiempo al Estado.

Ahora viene lo que muchos de ustedes estarán encantados de leer: me parece de lo más pertinente que se preste atención a los gastos y a la eficiencia del Estado, que sean objeto de deliberación pública, porque el uso de sus recursos nos concierne a todos. Porque aunque el Estado no sea una empresa (que no lo es ni debe serlo) ni sus “gastos” deban evaluarse con arreglo a criterios mercantiles, eso no quiere decir que no deba rendir cuentas, que le sea permitido el despilfarro, la ineptitud, el clientelismo o la ineficiencia burocrática. El Estado no puede derrochar recursos públicos, porque eso tiene consecuencias (negativas) sobre el bienestar de todos los ciudadanos y no pocas veces contribuye a pervertir el ideal democrático. De modo que está muy bien que los señores autoconvocados nos convoquen a discutir si el Estado gasta mucho, poco, bien o mal. Pero a quien pretende intervenir en política –y a su manera los agroconvocados lo pretenden– y aspira a algo más que a la tediosa retórica del Estado ladrón que nos esquilma con sus impuestos, lo mínimo que debe pedírsele es que identifique con claridad dónde pueden y deben recortarse los gastos públicos, en qué ámbito, rubro, organismo, plan, ministerio (o intendencia) se está gastando insensata e irresponsablemente, qué cantidades deben reducirse y de qué modo podrían sostenerse los servicios afectados por ese recorte. La demanda no es trivial, porque el 70% del gasto estatal en este país es directamente gasto social. Y en este sentido la plataforma de los movilizados del campo es de una vaguedad pasmosa. Y aunque tiene cierta pretensión de regeneración republicana, lo que esconde es una demanda sectorial, legítima como cualquier otra. Pero la política no debería dirimir qué aspiraciones prioriza y cuáles posterga según cuán audibles sean unas y otras en el mercado de la atención, porque la justicia no es un asunto de decibeles.

* Las declaraciones citadas fueron textualmente extraídas del diario El Observador.

** Todos los datos son de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias del MGAP menos el relativo a la presión fiscal sobre el sector agropecuario, que es del Anuario Opypa 2017.

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