Así no

A raíz de varias denuncias de agresión o abuso sexual contra mujeres he visto en las últimas semanas reacciones que empiezan a preocuparme seriamente. Reacciones que van desde la celebración de, o la indiferencia ante, el linchamiento mediático del denunciado (antes de cualquier proceso legal obviamente) hasta el malhumor por la supuesta tolerancia de los jueces con la violencia machista, pasando por la indignación ante los, al parecer, excesivos remilgos de los tribunales a la hora de condenar a los denunciados (los remilgos son nada menos que las garantías del debido proceso) y la justificación de esas reacciones por el hecho de que “seguimos sin resolver esta tragedia”. Las personas a las que aludo son personas educadas, universitarias muchas, que se tienen a sí mismas por progresistas para más datos, que suelen sublevarse ante cualquier recorte, o amenaza de recorte, de las libertades civiles, aquí y en cualquier lugar del planeta, que expresan un furibundo disgusto con cualquier forma de castigo institucional. Pero en el caso de la violencia machista no parece haber escarmiento público que les parezca suficiente, ni rigor judicial que les satisfaga, ni impulso represivo que alcance. Es más, hasta la invocación de la simple (y elemental) presunción de inocencia me ha valido ser observado con gesto de desconfianza, como se mira al cómplice de una fechoría.

Cuando manifiesto mi preocupación por estas reacciones no suelo recibir como respuesta alguna demostración de que mi inquietud carece de justificación, sino la indignación moral en estado puro. Del tipo: “¡cómo es posible que ante la horrible violencia contra las mujeres te preocupen la forma en que se reacciona ante ella!”, lo que naturalmente no hace más que aumentar mi preocupación. Porque lo que se sugiere es que para luchar contra la violencia machista vale casi cualquier recurso. Por ejemplo, participar del linchamiento colectivo de una persona, que tiene el “pequeño” problema de que se le puede arruinar la vida al linchado sin proceso previo ni pruebas. Juro que no exagero cuando digo que algunas personas me han dicho, con otras palabras, claro, que se trata de un pequeño daño colateral de una causa justa. “¡Por favor, sólo los puristas pueden inquietarse por esos daños colaterales!”.

El problema con toda esta gritería es que termina en un puro gesto, “postureo” como dicen en España, en golpes de pecho, en una competencia por ver quién es el que está moralmente más indignado. ¿Propuestas y soluciones para acabar con la violencia machista? Pocas. Lo importante es encontrar culpables y colgarlos. En este y en casi todos los asuntos, por cierto. Pero lo que necesitamos es más política y menos moralismo.

De modo que no hay más remedio que recordar lo básico: todos los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, incluso aquellos que tenemos por sujetos despreciables, como los torturadores, los violadores y los que estafan al fisco. ¡Buena fuera que las garantías del debido proceso fueran únicamente para la gente respetable! Por eso, indignada señora, indignado señor, no se indigne tanto cuando un juez libere sin cargo por falta de pruebas a un acusado (incluso cuando usted esté convencida/o de su culpabilidad), pues las garantías del debido proceso son también garantías para usted, para mí, para su suegro y para sus amigotes. Son las garantías de una sociedad civilizada, cuya pérdida tanto denunciamos en su momento y cuya recuperación tanto nos costó. ¿O decíamos esas cosas pour la galerie?

No hay más remedio que volver a recordar que ni el crimen más odioso puede justificar que nos apartemos de los procedimientos legales vigentes. Precisamente porque las víctimas suelen estar inclinadas a la venganza, nuestra tradición política ideó códigos e instituciones judiciales independientes de víctimas y victimarios, para alejar la tentación de la ley del Talión, del ojo por ojo. Por eso mismo la pregunta retórica de cómo reaccionaría cada uno de nosotros en caso de ser víctimas de un delito es tramposa. Y peligrosa. Descenderíamos a la barbarie si la política que se sigue ante los crímenes, ante cualquier crimen estuviera determinada por el estado de ánimo y los sentimientos de las víctimas (aquí no vale lo de “este es un tipo de delito especial”, porque para una víctima todos los delitos son “especiales”). Afortunadamente el dolor de las víctimas no sienta jurisprudencia.

Mi preocupación se nutre además de la experiencia pasada. No es la primera vez en la historia que una cruzada contra los “criminales” demanda que en su altar se sacrifiquen garantías procesales, que dejemos de lado el derecho a un juicio justo y a la legítima defensa, la presunción de inocencia; no es la primera vez que se acusa a los jueces de complicidad, que se demanda mano dura y que un enjambre de ciudadanos, de ciudadanos indignados, se agolpa a las puertas de un juzgado, o a las de Facebook y Twitter, los nuevos tribunales del pueblo, para clamar justicia al precio que sea.

Con esto quiero concluir, con ese grito furibundo, con esa fórmula de “al precio que sea”: ¿nos podemos permitir pagar “el precio que sea” en el combate contra la violencia machista?, ¿podemos permitirnos resolver un problema, el que fuere, con “cualquier procedimiento”? ¿O acaso no sabemos ya cómo terminan las democracias cuando se pretende resolver los problemas “al precio que sea”?

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