El presidente, los militares y el revanchismo

El presidente José Mujica nos viene anunciando desde la campaña electoral que no es un hombre de espíritu vengativo y que por ese motivo está empeñado en concederle la libertad, o la prisión domiciliaria, a los viejos de más de 70 años y evitar así que se pudran en la cárcel por delitos cometidos hace décadas. La difundida confusión entre justicia y venganza merece que nos tomemos en serio su declaración de intenciones.

Cuando en la sociedad impera la creencia de que hacer justicia equivale a encerrar a las personas que cometieron un delito, no puede uno menos que suscribir las palabras de un ex prisionero como Mujica en el sentido de que no quiere que otros sean sometidos a los castigos y crueldades a los que él y muchos otros fueron sometidos. Si cayéramos en la tentación de pagarles a los genocidas con la misma moneda que ellos acuñaron, habrán logrado su victoria definitiva, porque, igualados en la misma abyección, ya no nos estaría permitido invocar ningún ideal. Sufriríamos la peor de nuestras derrotas, la única que no podemos permitirnos.

Ningún ser humano merece el trato que recibieron los presos políticos en este país durante la dictadura. Ni siquiera los responsables de esos tratos. El carácter injusto, monstruoso e inaceptable de los crímenes cometidos por los genocidas, pienso, no tiene nada que ver con los propósitos invocados por las víctimas y los victimarios. Si no fuera así, si nuestra condena de las violaciones de los derechos humanos dependiera de quién las cometa, cabría sospechar de nuestra indignación: podría estar indicando que no nos conmueve ni ultraja el crimen en sí, sino el hecho de que haya sido cometido contra (o por) las personas “equivocadas”. Si consideramos que hay límites que no pueden traspasarse, da igual que las víctimas sean “revolucionarios que luchaban por un mundo mejor” o fanáticos de Peñarol. O torturadores. Por lo mismo, también daría igual que los victimarios sean militares que querían salvar a la patria de la amenaza comunista o gobernantes progresistas empeñados en imponer la justicia sobre la Tierra.

Dicho esto, cabe preguntarnos si efectivamente el trato que están recibiendo los militares encarcelados por haber torturado, matado y desaparecido durante la dictadura puede asimilarse al que ellos dispensaron a sus víctimas, como de alguna manera sugiere el presidente cuando pronuncia la palabra venganza. La respuesta que encontré a esa pregunta ineludible para quienes criticamos un sistema penal inspirado en la venganza es decididamente negativa. Pienso que aquí se extravía toda la argumentación de Mujica, porque parece ignorar que los militares encarcelados por violar los derechos humanos no están recibiendo el trato cruel y degradante que recibieron sus miles de víctimas. Tuvieron un juicio justo e imparcial, dispusieron de abogados, fueron sometidos a la legislación vigente y están detenidos en condiciones razonablemente aceptables. Y es bueno que así haya sido y siga siendo, porque en esas “pequeñas” diferencias reside la gran diferencia.

Los juicios y condenas que recibieron los militares, con todas las garantías legales, no pueden ser ni remotamente comparados con una detención arbitraria, sin pruebas formales, con un juicio amañado y parcial, con confesiones arrancadas bajo tortura, con las ejecuciones sumarias o la desaparición de personas, en las que incurrieron aquellos a los que Mujica quiere ahorrarles hoy, con toda razón, los horrores de la venganza. Falla, pues, el presidente cuando pretende que con la condena de algunos genocidas se está consumando un acto de revanchismo.

En principio, quienes pensamos que con el encierro no se repara una injusticia ni se ayuda al delincuente a corregirse y que ese castigo arcaico tendría que reservarse únicamente para quienes suponen un peligro indudable y directo para los demás, deberíamos interrogarnos en serio sobre lo que propone Mujica.

En su favor, hay que decir que los presos eventualmente excarcelables no representan una amenaza para nadie. De esto no tengo dudas, pero sí las tengo respecto de otras consideraciones que deberían tenerse en cuenta a la hora de tomarse una decisión de esta naturaleza. La primera atañe al tipo de crímenes que cometieron, que toda la legislación penal internacional, a la que Uruguay ha adherido, sostiene que son imprescriptibles. La segunda –mucho más importante que la precedente– es que los condenados por violar los derechos humanos (que a ellos está dirigida la compasión del presidente) no dan la menor señal de enmienda ni de que han comprendido, y aceptado, que nada (ni nadie) puede justificar tratos inhumanos como los que dispensaron a sus víctimas, que después de todo es el requisito del perdón, si es que es verdad, como dice Hannah Arendt, que se perdona a la persona, no a lo que ha hecho. Pues bien, estas personas siguen afirmando que sus crímenes estuvieron plenamente justificados por la causa que los inspiró y que volverían a cometerlos si se repitieran las mismas circunstancias. Es más, todos siguen manteniendo un silencio cruel sobre el destino de los desaparecidos. No representarán una amenaza política, pero siguen delinquiendo y justificando sus fechorías. Mal comienzo para que nos inspiren misericordia.

La tercera duda que suscita el razonamiento de Mujica consiste en que si su propósito fuera el que invoca –divorciar a la justicia de la venganza– debería abarcar, de nuevo con las excepciones del caso, a la gran mayoría de los presos y no sólo a los mayores de 70 años, que en las cárceles convencionales son una minoría que se puede contar con los dedos de una mano. El proyecto del presidente tiene, pues, destinatarios con nombre y apellido, aunque no ose identificarlos. Y eso es lo que rechina.

Estas consideraciones no deberían llevarnos a darles un trato inhumano (ni a los militares de más de 70 años ni, es bueno recordarlo, a ningún preso), pero sí el que contempla la ley, que ya incluye la eventualidad de la prisión domiciliaria por razones de salud, como ocurre con el dictador Bordaberry. No se ve por ningún lado la necesidad de una nueva norma, salvo que forme parte de una reforma global del sistema penal que beneficie a toda la población carcelaria.

Queda, finalmente, algo más que me aleja de la iniciativa de Mujica. Ese algo es la primera persona del singular con la que arranca toda su argumentación. “No quiero tener a unos viejitos tras las rejas”, “no quiero hacer a otros lo que me hicieron a mí”, “no quiero vengarme”. Mujica parece olvidar que los Gavazzo, los Alvarez y todos los militares condenados no lo están por lo que le han hecho a él, sino por lo que le han hecho a otros muchos y de esa forma a la sociedad entera. El perdón que está inclinado a conceder puede hablarnos de su misericordia y generosidad. Pero políticamente no tiene más importancia que el que está (o no está) dispuesto a conceder cualquiera que a su manera haya padecido la dictadura. No es nada personal, presidente.

Puede parecer un detalle menor. Sin embargo, ese colocarse de Mujica en el lugar de la víctima que perdona a sus victimarios no es nada irrelevante. En el fondo es tributario de la muy discutible teoría de los dos demonios, que sostiene que los conflictos de los 70 pueden leerse básicamente en clave de enfrentamiento entre tupamaros y militares, lo que induce a muchos a pensar que las víctimas de los genocidas fueron básicamente tupamaros. De modo que si una de sus figuras emblemáticas está dispuesta a perdonar, podría decirse que ese perdón simboliza el de todas las víctimas o que los “protagonistas de los enfrentamientos del pasado” han saldado sus cuentas. Quizá algunos recuerden aún la famosa frase del entonces senador Mujica en el sentido de que “esto (un esto que no se nombra, calculadamente ambiguo) se terminará cuando todos nos hayamos muerto”. Ese todos, no hace falta subrayarlo, serían los militares y los guerrilleros. Pero el terrorismo de Estado está lejos de poder resumirse en “lo que le hicieron a los tupamaros” o a Mujica (el enfrentamiento entre guerrilleros y militares fue apenas un capítulo de la historia del terrorismo de Estado).

Lo que desde el punto de vista político resulta realmente irrelevante es la disposición de Mujica a perdonar a quienes no han mostrado el menor arrepentimiento, un asunto que tal vez pueda interpretar la nutrida comunidad de psicólogos con que cuenta este país. Pero me animo a pensar que esa disposición no es ajena a la mentalidad del combatiente que, cansado de guerra, está dispuesto a hacer las paces con otros combatientes como él.