Hacerse cargo

El sistema carcelario uruguayo volvió a suministrar en estos días la cuota de sufrimiento y muerte a la que nos tiene acostumbrados desde hace ya demasiado tiempo. El 8 de julio murieron doce presos en un incendio en la cárcel de Rocha (al este del país). Una tragedia, dicen las autoridades. Una desgracia, añade la prensa. La tragedia y la desgracia no son gobernadas por la voluntad de los hombres. Cuando alguien hace referencia a una tragedia o a una desgracia está diciendo: «no estaba en mis manos evitar ese mal, soy inocente».

La tragedia era el género dramático por excelencia cultivado por los antiguos griegos. En la tragedia se expone un conflicto sin salida, un dilema sin solución aparente. Una tragedia tiene algo de inapelable e inexorable. Y hay quienes dicen que nuestro sentido trágico de la existencia proviene de nuestra condición de seres mortales, un problema sin salida si los hay.

Por su lado, la desgracia siempre tiene algo de imponderable, de azaroso, de incontrolable. La fórmula “desgracia inevitable” suena redundante. Porque no hay pericia ni voluntad que pueda evitar las desgracias, que nos caen como los truenos, sin consultarnos. Si las desgracias fueran evitables, no serían tales. Nadie las desea, pero que las hay las hay. Las desgracias no tienen responsables. Simplemente ocurren.

Por eso la muerte de los doce presos de la cárcel de Rocha no puede considerarse una tragedia ni una desgracia. Esas doce muertes se pudieron evitar. No fueron el resultado de una catástrofe natural o un accidente imprevisible, sino de decisiones políticas y administrativas tomadas por personas con poder para hacerlo. Es más: el sistema carcelario (y penal en general) de este país es una máquina de producir “tragedias” y “desgracias” como las que ahora lamentamos. Dados el hacinamiento y las inhumanas condiciones de reclusión (conocidos de sobra por todo el mundo), podría decirse que es un milagro que las mismas no ocurran más a menudo.

Si la muerte de los doce infelices fuera una tragedia, es decir un acontecimiento inevitable, un problema sin solución aparente, entonces el ministro del Interior está en condiciones de salvar su pellejo, que es al parecer lo único que le importa. “Nadie habla de otros incendios y de otras muertes” ocurridas en estos días, fue uno de sus más penosos recursos defensivos.

Lo más llamativo del alegato de nuestro ministro es que nadie hizo nada incorrecto, todos cumplieron con su deber, no hay responsables ni culpables… y, sin embargo. Y sin embargo, murieron doce personas. Algo tiene que funcionar rematada y criminalmente mal cuando doce presos mueren abrasados a pesar de que todos (autoridades políticas, guardacárceles, etcétera) hicieron lo que debía hacerse. Si lo que sugiere el ministro del Interior es cierto, tampoco se extinguiría su responsabilidad: querría decir que el normal funcionamiento de las prisiones, de unas prisiones que están bajo su jurisdicción, incluye cada tanto la muerte de algún detenido.

Que las causas de este grave problema no sean fácilmente imputables o que no podamos identificar a un responsable concreto (como ocurre con muchos otros), no quiere decir que nadie sea responsable y que estemos asistiendo a una lamentable desgracia. Alguien aprueba (y casi nadie se opone a) la rutina de la prisión preventiva, que es la madre de la superpoblación y el hacinamiento carcelarios, alguien autoriza que haya cárceles que carecen de extinguidores y mantiene abierta una prisión sin la correspondiente autorización del departamento de Bomberos, como sucedía en la de Rocha, alguien autoriza un presupuesto raquítico para el sistema penitenciario, que necesariamente conduce a deshumanizarlo y a que los presos calienten sus barracones con artefactos caseros peligrosos, alguien dio su visto bueno para que durante las noches apenas hubiera tres guardias en la cárcel de Rocha. Pero nadie, empezando por el propio ministro, asume la responsabilidad política de esas elecciones. Nadie se hace cargo. Nada puede resultar más insólito que un ministro del Interior diga que “lo que más me preocupa es que un tema trágico (las muertes de los presos) se transforme en un hecho político”. De creer a Bonomi, estas terribles muertes nada tienen que ver con las decisiones políticas mencionadas. Pero, ¿cómo ignorar que son precisamente esas polìticas las que conducen regularmente a estos resultados? En 2009 murieron en muy parecidas circunstancias siete presos (en los penales de Libertad y Santiago Vázquez) y más de veinte en circunstancias violentas en el último año y medio.

Bonomi dijo en su descargo que ya “había advertido” que teníamos una “situación crítica” en varias cárceles, entre ellas la de Rocha. Pero esa advertencia no lo exime de ninguna responsabilidad, como parece suponer. Al contrario, si “el problema era conocido”, como alega, su responsabilidad es aun mayor. Bonomi no parece caer en la cuenta de que es el actual ministro del Interior y que precisamente sobre él recae la responsabilidad política de los horrores del sistema carcelario. A veces parece que fuera un diputado de la oposición.

Está claro que los problemas de las cárceles vienen de mucho tiempo atrás, pero el Frente Amplio ya no puede ampararse en la “herencia maldita” que le habrían dejado los gobiernos conservadores. Ya lleva más de cinco años en el poder y su incapacidad para resolverlo es cada vez más patente; puede decirse incluso que los problemas del sistema carcelario (entre otros, la permanente violación de los derechos humanos) no han hecho más que agravarse durante el gobierno de izquierda.

Mueren en prisión doce personas procesadas por la justicia cuya custodia corresponde al gobierno y nadie se hace cargo. La vida sigue su curso y los ministros en sus despachos, como si nada anormal hubiera acontecido. Si efectivamente el ministro del Interior no puede hacer nada para evitar que los presos se hacinen en las cárceles, se calienten con artefactos caseros peligrosos y en algunos casos mueran de forma espantosa, entonces debería poner inmediatamente a los presos en la calle, porque el Estado, que debe velar por los derechos, la seguridad y la vida de las personas, no puede mantenerlas encerradas si no asegura esas condiciones. La otra opción que tiene el ministro es renunciar y dejar su puesto a alguien que sí se haga cargo.