Palestinos e israelíes

Sospecho que no tengo nada original para decir sobre el conflicto entre israelíes y palestinos. Y sin embargo no puedo evitar decirlo. Es que a veces es necesario recordar lo obvio. El reciente pedido de que la ONU reconozca a un Estado palestino como uno de sus miembros de pleno derecho es una de esas veces. Da la impresión de que siempre que ese conflicto ocupa las portadas de los diarios debemos comenzar a discutirlo todo de nuevo, como si no hubiera corrido el agua, y la sangre, que efectivamente corrieron en el último medio siglo.

Recordemos, pues, algunas de esas obviedades con las que les he amenazado. No incluyo en esta categoría a la expulsión manu militari de centenares de miles de palestinos por las fuerzas israelíes tras la partición del Protectorado británico de Palestina, que dio lugar a la resolución 194 de diciembre de 1948, que afirma que se debe «permitir a los refugiados que lo deseen regresar a sus hogares lo más pronto posible y vivir en paz con sus vecinos (…) y pagar indemnizaciones a título de compensación por los bienes de aquellos que decidan no regresar a sus hogares». En el origen del Estado de Israel estuvo esta infamia, que ha quedado en el olvido.

Las resoluciones de la ONU que le siguieron en los últimos sesenta años son mucho más conocidas aunque no menos ignoradas. Lamento tener que insistir en este tedioso procedimiento, pero ¿de qué otra forma, si no, podrían sopesarse los reclamos que unos y otros quieren hacer valer? El 22 de noviembre de 1967 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 242, que exige la retirada total de Israel de los territorios que ocupó durante la Guerra de los Seis Días en junio de ese año. La resolución 338 de octubre de 1973, durante la guerra de Yom Kippur, confirma la validez de la precedente. La resolución 3236 de noviembre de 1974 reafirma el “derecho inalienable de los palestinos a regresar a sus hogares y recuperar sus bienes desde donde quiera que se encuentren desplazados y desarraigados”. La 446 de marzo de 1979 declara que la creación de asentamientos por Israel en los territorios árabes ocupados desde 1967 no tiene validez legal y constituye un serio obstáculo para el logro de una paz completa, justa y duradera en el Oriente Medio. Además, exhorta a Israel a que “desista de adoptar medida alguna que ocasione el cambio del estatuto jurídico y la naturaleza geográfica y que afecte apreciablemente la composición demográfica de los territorios árabes ocupados desde 1967, incluida Jerusalén, y, en particular, que no traslade partes de su propia población civil a los territorios árabes ocupados”. La resolución 478 del Consejo de Seguridad de agosto de 1980  “censura en los términos más enérgicos”, por considerarla violatoria del derecho internacional, a la Ley de Jerusalén, aprobada un mes antes por el Parlamento israelí y por la cual se declaró a aquella ciudad “entera y unificada” como capital del Estado hebreo.

Israel ha incumplido sistemáticamente estas resoluciones y ha dado pruebas irrefutables de que no está dispuesto a volver a las fronteras de antes de 1967 ni a permitir el regreso de los refugiados ni que Jerusalén Este sea la capital de un futuro Estado palestino. No sólo eso, sino que además no ha cesado de incrementar los asentamientos y la población judía en los territorios ocupados y en la propia Jerusalén. De los 150 asentamientos que se construyeron desde 1967, donde viven actualmente casi 300.000 israelíes, apenas ha desmantelado los 21 que existían en la Franja de Gaza y 4 en Cisjordania. Hasta antes de ayer, hasta hoy, ha seguido con esa política de hechos consumados. Mientras escribo estas líneas, a pocos días de que Mahmud Abas, presidente de la Autoridad Palestina, pidiera en la asamblea general el reconocimiento de un Estado palestino, las autoridades israelíes autorizaron la construcción de 1.100 nuevas viviendas en Jerusalén Este. No encuentro otra forma de definir esta iniciativa que como una auténtica provocación. Esa política es la que hizo naufragar las negociaciones directas reanudadas el año pasado con el patrocinio de Estados Unidos. Lo único que pedían los palestinos para permanecer en la mesa de negociaciones era que no se siguieran construyendo asentamientos en los territorios ocupados. No que se desmantelaran los ya existentes, sino simplemente que no se incrementaran. Pues ni esa concesión juzgo aceptable el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien sostiene que Jerusalén seguirá siendo “la capital eterna e indivisible de Israel”.

La única razón que esgrime el gobierno israelí para justificar su política de hechos consumados es la seguridad del Estado de Israel. No se avista un solo argumento que haga referencia a la justicia, ni siquiera a la legalidad internacional (no faltan quienes evocan inciertos mandatos bíblicos y voluntades divinas para justificar este terrenal expolio, pero aún no han tenido la osadía de exponerlos en foros internacionales). Sin embargo, es dudoso que la seguridad del Estado de Israel vaya a garantizarse a través de la ocupación y la opresión. Diríase que es la garantía de que los israelíes vivirán bajo permanente amenaza, que sin duda es funcional a la retórica del pueblo asediado. La apelación palestina a las resoluciones de la ONU y a las fronteras de 1967 no es un gesto sin consecuencias. Del reconocimiento de esa legalidad derivaría necesariamente el reconocimiento de Israel, cuya existencia también es resultado de aquélla. Israel está hoy formalmente reconocido sólo por los dos únicos países con los que tiene acuerdos de paz: Egipto y Jordania. El apego de Israel a la legalidad internacional supondría automáticamente su reconocimiento por todos los Estados vecinos, tal vez con la excepción de Irán.

Yaser Arafat dijo hace años en la tribuna de las Naciones Unidas que llegaba con una rama de olivos y un fusil y pedía que no dejaran que se le cayera la rama de olivos. La semana pasada Abas dijo en esa misma tribuna que sólo tenía una rama de olivos. Y tenemos motivos para creerle. Aunque más no sea porque sabe que el camino de las armas está condenado y que la palabra es la única posibilidad de que sus pedidos sean escuchados. Evocar la hostilidad de Hamas hacia Israel supone tomar la parte por el todo. Hamas no es el pueblo palestino y tomarlo por tal se parece demasiado a una coartada para la intransigencia israelí. Por lo demás, una paz justa, erosionaría totalmente la influencia de esa organización islamista, algo que las autoridades israelíes no pueden desconocer.

En este contexto y con todos estos antecedentes, la sugerencia de que la iniciativa de la Autoridad Palestina de pedir la adhesión como Estado de pleno derecho a la ONU es unilateral y conspira contra las negociaciones entre las partes suena a broma macabra. Abas recurrió al máximo exponente del (imperfecto) multilateralismo actual para pedir que se ponga fin a los excesos del unilateralismo de Israel. ¿Cómo es posible, pues, que las responsabilidades se inviertan de forma tan grotesca? Asunto diferente es la muy difundida creencia en que la creación de un Estado propio pondrá fin como por arte de magia a cuantos padecimientos se han sufrido y se siguen sufriendo. Yo no adhiero a esa fe, pero es derecho de los palestinos profesarla.

Hay pocos conflictos en el mundo en los que resulte tan evidente que la razón le asiste (mayormente, si se prefiere) a una de las partes. No ignoro que sobre esta afirmación caerá el sambenito de antisemitismo, pero no estoy dispuesto a retirarla ni a dejarme amedrentar por una acusación infame a la que sistemática y calculadamente recurren diplomáticos israelíes, asociaciones judías de todo el mundo, e incluso judíos progresistas, cada vez que alguien se atreve a impugnar la política de los gobiernos israelíes.

Si faltaba alguna evidencia de que los conflictos internacionales no suelen dirimirse con arreglo al derecho y al criterio de justicia, el palestino-israelí está aquí, frente a nuestras narices, para suministrárnosla. Si en una deliberación política nacional nadie puede alegar el interés o la fuerza para defender una postura, porque automáticamente quedaría deslegitimado, no sucede lo mismo en el ámbito de las relaciones entre Estados, en el que la fuerza suele ser más decisiva que el más persuasivo de los argumentos y en el que se considera legítimo defender intereses despojados de razones.

El poder y la fuerza desnuda no dejan espacio para la exposición razonada de argumentos ni para la deliberación acerca de la justicia de las soluciones propuestas ni para la eventual persuasión de unos por otros. Cuando ambos ocupan toda la escena, a lo sumo queda espacio para la negociación, es decir para las concesiones mutuas… si es que las fuerzas en liza son medianamente parejas. He aquí el drama del conflicto entre israelíes y palestinos cuyas fuerzas no son precisamente parejas. La principal explicación del impasse en el que se encuentra ahora, y desde hace más de medio siglo, el conflicto –un conflicto que es sinónimo de sufrimiento y humillación para la mayoría de los palestinos– es la abrumadora superioridad militar de Israel. Otro problema añadido es que para negociar, tiene que existir un margen para las concesiones mutuas. Los palestinos ya no lo tienen, han concedido todo lo que tenían para conceder. La única concesión que se le pide a Israel, si es que a ello se le puede llamar concesión,  consiste en que respete las resoluciones de las Naciones Unidas y que renuncie a lo que nunca tuvo derecho. Por decirlo en pocas palabras, la única salida justa y duradera a este inacabable conflicto es que Israel cese la ocupación y la colonización de unos territorios que no le pertenecen.

El problema con la parte que ahora reclama algo perfectamente razonable (el 22% del territorio en el que vivieron durante siglos) es que es la más débil de la relación. Las armas condujeron, y seguirán conduciendo, a un callejón sin salida frente al poder militar israelí. La negociación bilateral que hoy se le vuelve a ofrecer a los palestinos sólo ha servido para darle largas al asunto y para que Israel ganara tiempo para consolidar sus avances territoriales.

Por eso puede argüirse que el pedido de reconocimiento de un Estado palestino la semana pasada en la ONU es el recurso al que apeló Abas para romper el inmovilismo. “Esta es la hora de la verdad, nuestro pueblo está esperando oír la voz del mundo”, ha dicho en su discurso. Ante la amenaza de veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, lo más probable es que la iniciativa palestina no tenga consecuencias políticas. ¿O sí? Porque ese último gesto desesperado pone a todos los gobiernos del mundo ante la exigencia de tomar partido.

En su discurso de hace dos años en la universidad de El Cairo Obama dijo que “no es posible negar que el pueblo palestino sufre desde hace más de 60 años el dolor del desarraigo y las humillaciones diarias de la ocupación. La situación es insostenible”. El propio Obama dio indicios al comienzo de su gestión de que no sería un aliado incondicional de Israel, pero con su amenaza de vetar la solicitud palestina ha dejado claro que Estados Unidos sigue siendo juez y parte en este conflicto. La postura de Estados Unidos y de Occidente en general desafía mi capacidad de entendimiento. Está condenada a sufrir el repudio de buena parte del mundo, a mantener la inestabilidad en esa región y a servir de coartada para la violencia islamista. No lo comprendo: la influencia del lobby judío en Washington es una explicación trivial de una postura que, a primera vista, parece contraria a los intereses de una potencia en un tiempo en el que el poder se basa más en la seducción que en el garrote.

Y a pesar de que hoy parezca un camino que conduce a ninguna parte, la Autoridad Palestina no dispone de otro recurso que la rama de olivo. El apego al derecho internacional, la insistencia en la justicia de sus reclamos son los únicos terrenos en los que la superioridad palestina es aplastante. Convocar a derramar más sangre sólo puede servir para aumentar el sufrimiento, en primer lugar el de los propios palestinos.