Lo ideal, lo bueno y lo posible

A los muchos defectos que tiene la ley que despenaliza el aborto aprobada por la Cámara de Diputados hay que agregar la posibilidad de que no termine de conformar a nadie. Los que se oponen al derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado consideran que se ha ido demasiado lejos y que se legalizará un asesinato, mientras que para los que consideramos que ese derecho no debe estar condicionado a tutelas o fiscalizaciones de expertos, el proyecto aprobado ha pagado un tributo demasiado elevado a los sectores más conservadores de la sociedad.

Los reparos a esta ley ya han sido expuestos hasta la saciedad por organizaciones feministas y defensoras del derecho de las mujeres a decidir. No los voy a repetir aquí porque los comparto casi todos y porque ya he escrito en otra parte por qué pienso que el aborto debe ser despenalizado y legalizado sin condiciones de ningún tipo. Apenas quiero mencionar el que tal vez sea el aspecto más criticable de la norma, el que refiere a la creación de una suerte de tribunal conformado por un médico, un psicólogo y un asistente social, al que la mujer que quiera abortar deberá exponer los motivos de su pretensión y que eventualmente tratará de persuadirla de que cambie de opinión. Es una disposición horrorosa porque las mujeres no deberían tener que dar explicaciones a nadie sobre los motivos que la llevan a abortar. Esa disposición es hija de la indemostrable convicción de que una mujer que quiere abortar es una desgraciadita a la que hay que proteger. No me caben dudas de que la idea misma de crear semejante tribunal moral es un peaje pagado a los pocos legisladores de cuyo voto dependía la aprobación de esta ley para que se atrevieran a cruzar el rubicón. De modo que, de acuerdo, la ley está lejos de la perfección y no es la ley por la que luchó durante años el movimiento por el derecho de las mujeres a decidir.

Sin embargo, conviene no quedarnos en la mera indignación porque nuestros diputados aprobaron un proyecto que juzgamos imperfecto y con algunas concesiones al sentido común más conservador. Propongo trascender la indignación porque los dilemas que plantea la controversia en torno a la despenalización del aborto son los dilemas de la política en general y es improbable que se puedan eludir en éste y en cualquier otro caso.

Aun con las restricciones que establece, sería necio no reconocer que la ley permitirá que las mujeres aborten legalmente por su sola voluntad dentro de las doce semanas de gestación y en condiciones seguras en hospitales y mutualistas. Respecto de la situación actual, el cambio es enorme y no es necesario que renunciemos a mejorar la ley para reconocerlo. La discusión no debería limitarse a si el texto es todo lo justo que podría ser, sino si constituye un progreso respecto del estado actual de cosas.

El primer problema que suelen ignorar los partidarios del todo o nada, es que con frecuencia esa disyuntiva equivale a nada. Sólo con principios no se puede hacer política, entre otras cosas porque en una sociedad pluralista lo que sobran son principios (los hay para todos los gustos). Quien dice «he aquí mis principios innegociables» puede caer simpático, además de dejar constancia de sus insobornables ideales, pero raramente cambia algo en política.

Por descontado que la política es también aspiración a configurar la sociedad, a tratar de establecer relaciones y condiciones que se consideran más justas que las vigentes –y no solo gestión y adaptación al orden establecido como propone cierto pragmatismo imperante­– y ese empeño sólo puede tener algún éxito si se tiene algún ideal, o ideales, que se consideran más valiosos que otros. Ideales de los que parecen carecer quienes se atienen a ‘lo que quiera la mayoría’. La política no consiste en acomodar el cuerpo a lo que hay, sino en darle sentido a nuestras acciones. No obstante, dicho esto, parecería que hay que recordarles a los indignados que en política no tenemos que lidiar sólo con “los nuestros”, con los miembros de la propia tribu, y que para persuadir a los muchos otros que no están persuadidos de la justicia de nuestros planteamientos, lo primero que hay que hacer es reconocer la existencia de esos otros, que en no pocos casos son legión. Para dejar de ser minoría, lo primero es reconocer que se es minoría.

Hay que reconocer, por ejemplo, que vivimos en una sociedad plagada de instintos conservadores, que en el tema que nos ocupa estamos lejos de una unánime aceptación de un derecho a abortar libremente que habría sido traicionada por la clase política. Tan atravesada está la sociedad por esos pujos conservadores que los mismos no se detienen a las puertas de la izquierda. En este sentido al menos podemos decir que la ley de despenalización del aborto a punto de aprobarse es una que está a la altura de nuestra sociedad y de nuestra izquierda. ¿Una exageración? No lo creo. Basta con recordar quién será el próximo (y aclamado) candidato del Frente Amplio a la presidencia y qué postura ha tomado precisamente sobre el tema del aborto. O que la Cámara de Diputados aprobó una versión menos audaz en materia de interrupción del embarazo que la aprobada en el Senado debido a las concesiones que se debieron hacer para conseguir los votos de un diputado oficialista y otro de la oposición. ¿No hablan acaso esas concesiones de las presiones provenientes de la sociedad?, ¿no habla de lo mismo la naturalidad con la que la izquierda aceptó que uno de sus diputados se refugiara en “su conciencia personal” para negarse a votar a favor del proyecto, en lugar de recordarle que el partido al que pertenece llevaba en su programa electoral la legalización del aborto?

Con todo, me parece descabellado oponerse a la ley que se acaba de aprobar en nombre de alguna pureza esencial, porque el texto aprobado es preferible al statu quo. Creo que las que han luchado en los últimos años por la legalización del aborto y que hoy se sienten defraudadas y decepcionadas, al igual que muchos votantes del Frente Amplio, deberían tener en cuenta algunas cosas: la primera, que la mayor parte de las transformaciones democráticas del último siglo serían impensables sin los movimientos que las exigieron; sin ellas, pues, no tendríamos ni siquiera esta norma que repudian. La segunda es que la alternativa a este proyecto, insisto, no es esa ley ideal que una y otra vez ha naufragado en el Parlamento en los últimos 25 años, sino el mantenimiento del aborto en el ámbito clandestino con todas las penalidades y riesgos que eso supone para las mujeres. Si esta ley defectuosa no se aprueba, no habrá otra mejor, porque nuestro próximo presidente será Fray Tabaré o un líder de alguno de los dos partidos tradicionales. La tercera es que la norma no está grabada en piedra, puede ser modificada, mejorada y perfeccionada y nadie que la apoye está obligado a renunciar a seguir luchando por su ampliación y mejoramiento.